“El problema está ahora en los aeropuertos, pero ya veremos qué pasa si se declaran en huelga los vigilantes de las prisiones”, explican fuentes del SUP (Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el cuerpo), que denuncian cómo, en los últimos años, “se está produciendo un adelgazamiento y se están derivando a la seguridad privada filtros que eran públicos”.
La situación que se ha vivido en las últimas semanas en el aeropuerto de El Prat, y la que se puede dar en las prisiones, como consecuencia de los conflictos laborales tiene dos causas en su origen, explican fuentes policiales: el recorte de plantillas en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, intensificado en los últimos cinco años hasta superar los 12.000 efectivos, y la ley de Seguridad Privada de 2014, que habilita a las empresas privadas para asumir tareas de vigilancia en espacios e instalaciones públicos.
Esa sustitución de policías por vigilantes es generalizada en los 48 aeropuertos de Aena (Eulen vigila 21; Prosegur, 17; ICTS, 7; Segurisa, dos; y Tablisa, uno), por los que el año pasado transitaron 230 millones de pasajeros y casi 800 millones de toneladas de mercancía. Sin embargo, la prestación de esos servicios privados de seguridad ha comenzado a verse alterada, básicamente por conflictos de carácter laboral entre los que resulta emblemático el de El Prat, donde el personal que controla los accesos a los vuelos volverá a la huelga el 6 de octubre, mientras los empleados de otros, como los de Santiago y A Coruña, por una parte, y los de Valencia y Alicante por otra, han amagado con unos paros que no llegaron a producirse.
Seis años sin formar guardias civiles
El recorte de las plantillas policiales ha sido notable desde finales de 2011, con la llegada de Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior. Alcanza los 5.764 efectivos en el instituto armado (de 82.692 a 76.928) e incluye reducciones en todas las provincias, mientras Ceuta y Melilla ganaban 45 agentes, según los datos facilitados por AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el cuerpo) y extraídos de respuestas parlamentarias. Mientras, la reducción de puestos en la Policía supera los 7.000 para quedarse ligeramente por encima de los 65.000. Eso supone casi una décima parte del personal, mientras los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas reducen las plantillas a 74.395 y 64.488 miembros.
En el caso de la Guardia Civil, cuerpo encargado de supervisar el tráfico de mercancías, esa política de personal ha ido acompañada de otras medidas como desmantelar los grupos de especialistas fiscales (el de Barajas fue fusionado con otro hace año y medio), aparcar la formación de agentes (el último curso fue convocado en julio de 2011), asignar las vacantes por antigüedad (sin valorar otros méritos) y recortar medios: aeropuertos como el de Zaragoza, que con 110 millones de toneladas le disputa a El Prat el segundo puesto en género transportado, carecen de perros adiestrados, mientras son varios los complejos que incumplen la obligación de que dos agentes supervisen los embarques mientras otros se encargan del trasiego fronterizo y el control de mercancías.
“Hay agentes que gestionan y tramitan mercancías sin tener preparación para hacerlo”, explican fuentes policiales, que llaman la atención sobre otro aspecto: “la Agencia Tributaria comienza a delegar funciones de despacho en empresas privadas, como las aéreas, que solo avisan cuando un envío lleva el distintivo rojo que identifica las remesas de armas y explosivos, los de origen sensible y algunos señalados aleatoriamente”, explican fuentes de AUGC.
Cárceles y cuarteles
Ese desmantelamiento de las unidades fronterizas también afecta a la Policía Nacional, responsable de vigilar el tráfico de personas y cuya presencia se redujo tras los acuerdos de Schengen a cinco comisarías conjuntas con la Gendarmería en el Pirineo y cuatro con la Guardia Nacional Republicana en Portugal, aunque las UIP (Unidades de Intervención Policial, antidisturbios) realizan controles móviles de manera esporádica.
“Hay Guardia Civil y Policía en los aeropuertos, pero muy poca y cada vez con menos funciones”, señalan fuentes del SUP. Mientras, comienza a ocurrir lo mismo en las cárceles y los cuarteles militares.
El Consejo de Ministros sacó el año pasado a concurso por 58 millones de euros el segundo contrato de vigilancia de cárceles, que incluye la cobertura permanente de 203 puestos (unas 900 personas) en los 67 centros penitenciarios del Ministerio del Interior (todos salvo los catalanes, transferidos en los años 80). Los vigilantes privados comenzaron en 2014 a reemplazar a la Guardia Civil en el control de los perímetros y los accesos y la gestión de los circuitos cerrados de televisión y las alarmas.
Meses después, el abril de este año, Marsegur se hacía, por casi 19 millones de euros, con la contrata para vigilar 188 instalaciones de Defensa entre las que se incluyen cuarteles y bases, además de sedes administrativas y museos.
Registros y detenciones
“La reforma de la ley de seguridad privatiza la seguridad pública, ya que habilita a empresas para prestar servicios en espacios públicos en los que estaba restringida su presencia”, señalan las fuentes consultadas, que se preguntan: “¿eso puede tener ventajas? Puede. Pero lo que está claro es que tiene desventajas, y las estamos viendo”.
Esa reforma otorga a las empresas de vigilancia privada y a su personal competencias que hasta hace poco eran exclusivas de las fuerzas de seguridad, como “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos” públicos, registrar el interior de vehículos y los efectos personales de un ciudadano e, incluso, detenerlo, aunque con la obligación de ponerlo “inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”.
La tramitación de esa ley, que el PP sacó adelante con el apoyo de la extinta CiU y el PNV, provocó un tenso debate parlamentario.
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