La solución ideada por el Gobierno para apaciguar el conflicto con los vigilantes de El Prat amenaza con derivar en un nuevo problema en el conjunto del sector de la seguridad privada en España. El árbitro Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), dio a conocer ayer un laudo que obliga al grupo Eulen a pagar un complemento mensual de 200 euros a sus trabajadores en 12 pagas, reforzar la plantilla del aeródromo catalán con más personal en los filtros y suspender todas las medidas sancionadoras aplicadas contra los vigilantes por la huelga indefinida convocada este mes de agosto.
Apenas unas horas después de conocer el resultado del laudo, los sindicatos UGTy CCOO -sin representación en el comité de vigilantes de El Prat- exigieron a las patronales de seguridad privadas que aplicaran «de forma generalizada y palpable» una serie de mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores. De no hacerlo, insisten las organizaciones laborales en un comunicado conjunto, «se iniciará a partir de septiembre de forma conjunta y creciente movilizaciones en todos los centros de trabajo donde haya presencia de vigilantes de seguridad privada para que sean atendidas sus reclamaciones».
CCOO y UGT apuntan directamente al Gobierno, que se ha erigido durante el conflicto en El Prat como juez tras fracasar las propuestas de mediación realizadas por la Generalitat de Cataluña. Fue el propio Ejecutivo quien reforzó la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto para acabar con las colas frente a los filtros de seguridad, quien nombró al árbitro para establecer un laudo de carácter vinculante y quien, en tercer lugar, impulsó una mesa de negociación junto a sindicatos y organizaciones empresariales para abordar las condiciones laborales de todos los vigilantes de seguridad privada del país.
El comunicado remarca que estas condiciones están caracterizadas por «bajos salarios, horas extra no remuneradas, duplicidad de tareas, mala planificación del trabajo y progresivo empeoramiento con cada cambio de empresa adjudicataria del servicio».
MESA COLECTIVA
Es precisamente en la mesa convocada por el Gobierno donde UGT y CCOOquieren que se realice «un análisis global de la situación del sector para poner fin a las diferencias existentes en las condiciones laborales en los centros de trabajo pertenecientes a las Administraciones Públicas». Una de sus principales propuestas pasa porque en las licitaciones no se tenga sólo en cuenta la oferta más barata de una empresa, sino también el respeto a las condiciones salariales de los convenios colectivos.
El laudo conocido ayer abre la puerta a una mejora salarial para el conjunto del sector. Uno de sus principales puntos -el del complemento salarial de 200 euros a los vigilantes- remarca que la mejora salarial en El Prat será «absorbible» si se llevara a cabo una negociación al alza del convenio nacional. Es decir, que si en la mesa de negociación entre patronal y sindicatos se acuerda una revisión al alza de las nóminas de 250 euros, los trabajadores de Eulen sólo la verán repercutida en 50 euros.
Los otros dos puntos fundamentales del laudo conllevan un refuerzo de la plantilla de vigilantes por parte de la empresa y la suspensión de las medidas sancionadoras aprobadas por ésta en relación a la huelga indefinida. La primera obliga a Eulen a dotar un total de cinco trabajadores por cada filtro de seguridad y crear un «corre-turnos» de 25 agentes en los periodos de mayor tráfico:Verano, Navidad, Semana Santa y durante la celebración del World Mobile Congress. En relación a los expedientes por parte de la compañía, el laudo obliga a Eulen a readmitir a los dos empleados despedidos por saltarse los servicios mínimos durante la huelga del mes de agosto.
Los vigilantes habían convocado una nueva oleada de huelgas a partir del 8 de septiembre en protesta por las «coacciones y represalias» llevadas a cabo por la empresa. No obstante, la plantilla se reunirá el próximo lunes para valorar la desconvocatoria de los paros tras estudiar su contenido.
La Generalitat advirtió ayer que el laudo firmado por Marcos Peña no contribuirá a pacificar el aeropuerto catalán. «Cuando se impone un laudo, es difícil conseguir la paz», subrayó el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario