El TSJCM declara improcedente el despido de un vigilante de seguridad grabado con una cámara oculta en una empresa de Daimiel.
El trabajador había sido despedido alegando la empresa que fumaba en la caseta y que practicaba conductas inapropiadas, como masturbarse, hechos que calificaba de muy graves y que entendía merecedores de despido. Para respaldar esta acusación aportó al proceso una grabación aun admitiendo que el trabajador no había sido informado de la existencia de una cámara en el interior de una caseta de vigilancia.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaró el pasado 12 de enero que el despido de un vigilante de seguridad que ejercía su labor en una empresa de Daimiel es improcedente por estar basado en una grabación con una cámara de vigilancia de la que no se había informado previamente a los trabajadores.
El trabajador había sido despedido alegando la empresa que fumaba en la caseta y que practicaba conductas inapropiadas, como masturbarse, hechos que calificaba de muy graves y que entendía merecedores de despido. Para respaldar esta acusación aportó al proceso una grabación aun admitiendo que el trabajador no había sido informado de la existencia de una cámara en el interior de una caseta de vigilancia.
La Sala del TSJCM admite que, si bien es un tema controvertido y vacilante en la jurisprudencia española, tras exponer los vaivenes jurisprudenciales al respecto, considerando un “panorama ciertamente incierto”, mantiene la legalidad de las cámaras de exterior que advierten genéricamente de grabaciones genéricas, pero rechaza la grabación en el interior de una caseta de videovigilancia sin la información previa al trabajador. Por este motivo considera nula la prueba practicada derivada de la grabación al estimar que la empresa tenía otros medios más proporcionales para vigilar la conducta del trabajador. La Sala considera vulnerado el derecho constitucional del trabajador.
La sentencia considera que el comportamiento empresarial no cumple el triple juicio de la proporcionalidad exigible a toda medida restrictiva de los derechos fundamentales como es la instalación de una cámara en el puesto de trabajo. Si bien la medida puede estar justificada ante sospechas de que el trabajador realiza conductas irregulares, cree que no puede afirmarse que fuera necesaria al existir otros medios menos agresivos para la intimidad personal del trabajador. Ve, por tanto, la medida desproporcionada y nula por vulneración de los derechos fundamentales del mismo.
Despido improcedente, no nulo
Como cuestión jurídica novedosa, según informa el letrado que ha llevado la defensa del trabajador, Jesús Velascoín, la Sala considera el despido improcedente y no nulo, como es lo habitual en la vulneración de derechos fundamentales. Estima que la sanción de nulidad de despido tiene su fundamento en el móvil del empresario cuando el despido en sí mismo corresponde a una causa vulneradora de un derecho fundamental, pero no cuando la finalidad del empresario es comprobar un comportamiento del trabajador para obtener la prueba de la existencia de una causa para justificar el despido.
Por todo ello, la Sala prescinde de la prueba de la grabación y considera probado únicamente como hecho sancionador el que el trabajador hubiera fumado en la caseta, lo que estima insuficiente para justificar un despido al no considerar grave ni culpable tal conducta conforme al convenio colectivo de aplicación. Así, condena a la empresa bien a la readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir, bien al abono de la indemnización legal por despido improcedente.
El Supremo declara nulo el acuerdo de sueldos bajos de Marsegur
El Tribunal Supremo ha declarado nulo el convenio de la empresa de vigilancia Marsegur, que, como recoge la propia sentencia llegaba a reducir un 54,3% los salarios. El fallo confirma la sentencia que impuso en marzo de 2016 la Audiencia Nacional invalidando el pacto al que llegó la compañía, conocida en el sector por competir a base de precios bajos reduciendo los sueldos.
El sindicato USO, uno de los denunciantes, califica de “pirata” a esta firma, que se encarga de la vigilancia de las instalaciones del Ministerio de Defensa, entre otros edificios públicos. Marsegur cambió hace meses su razón social y se llama ahora Novosegur.
La demanda, presentada por los sindicatos CC OO, UGT y USO, y las patronales Aproser, FES y UAS, denunciaba el convenio nacional de la empresa firmado cinco representantes de los trabajadores de un solo centro de trabajo. La empresa en aquel momento tenía más centros de trabajo y eso supone que una de las partes, en este caso la de los trabajadores, no estaba legitimada para negociar ni para firmar convenio alguno.
Esta es una de las prácticas habituales de las empresas de seguridad de bajo coste y de las llamadas empresas multiservicios. Firman con una no legitimada de la plantilla un convenio que tiene unas condiciones laborales, especialmente, con unas condiciones laborales bastante peores que los convenios sectoriales.
Salarios un 54% menores
La sentencia de primera instancia ya daba la razón a los sindicatos y las patronales en su queja sobre los sueldos pactados por Marsegur al margen del convenio nacional, que tachaban de competencia desleal con el resto del sector de la seguridad privada (el propio tribunal cifraba la diferencia salarial en un 54%).
Para la Audiencia, resultaba “obvio que la reducción de costes de personal que para la empresa (Marsegur) le implica el convenio impugnado, que como se ha dicho fue indebidamente negociado, le supone a esta una injusta ventaja a la hora de competir con el resto de empresas del sector”.
Cinco detenidos, tres menores, por una brutal paliza a dos vigilantes del Metro de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco jóvenes, tres de ellos menores, por presuntamente dar una brutal paliza a dos vigilantes de seguridad del Metro de Barcelona y a un tercer profesional de la seguridad privada fuera de servicio en octubre de 2017.
Según ha informado la policía catalana este viernes en un comunicado, el 22 de octubre de madrugada, los detenidos abordaron a los vigilantes en un vagón de la Línea 5 y les dieron puñetazos, patadas y golpes en todo el cuerpo con las porras que les acababan de robar, incluso cuando uno de ellos estaba inconsciente en el suelo.
Un vigilante quedó con dos dedos y un diente rotos, otro con un corte en la frente que necesitó seis puntos de sutura, y el tercero que intervino para separarles necesitó 14 puntos de sutura en la mandíbula y 17 en la cabeza.
Ese día, este grupo, que estaba formado por seis jóvenes de nacionalidad hondureña y ecuatoriana, entraron en el Metro manteniendo una actitud hostil hacia los otros usuarios, generando altercados y desafiando a los dos vigilantes.
Antes de agredirles, empezaron a increparles e insultarles y les arrebataron las credenciales del uniforme y las porras, que luego usaron en la agresión.
La investigación para localizarles la ha realizado el Área de seguridad del transporte metropolitano de los Mossos, en colaboración con la Unidad de seguridad y protección civil de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), y las imágenes de las cámaras de seguridad han sido claves.
Finalmente, el 10 de enero los Mossos desplegaron un operativo que permitió la detención de cinco de los agresores en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde residen, por delitos de lesiones y atentado a agentes de seguridad y tras pasar a disposición judicial los dos adultos han ingresado en prisión.
La Fiscalía de Menores ha dejado en libertad con cargos a los menores detenidos y la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Antiviolencia propone una sanción de 60.001 euros al presunto agresor del vigilante del Wanda que perdió un ojo
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una sanción muy grave de 60.001 euros, así como prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 5 años, para el acusado de propinar un puñetazo a un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano, que le hizo perder el ojo izquierdo durante el partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado el pasado 18 de noviembre.
Los hechos ocurrieron minutos antes de la finalización del partido cuando el agresor trató de entrar por uno de los tornos de acceso que custodiaba el vigilante pese a que ya se encontraban cerrados. Fue entonces cuando este individuo, español y de 27 años, le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar a la carrera.
La víctima fue asistida en un primer momento por los servicios médicos de emergencia presentes en el estadio, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal, donde tras ser operado se le tuvo que extraer el globo ocular izquierdo.
El individuo, tras la presunta agresión, se dio a la fuga, aunque posteriormente fue identificado y detenido por la Policía el 1 de diciembre, después de una investigación que incluyó el visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio. El hombre está acusado de un delito de lesiones graves.
Los escoltas olvidados del País Vasco: "Nos jugamos la vida y no tenemos ni para comer"
Unos 3.000 escoltas trabajaron en el País Vasco. Seis años después de la tregua, malviven desubicados por España. Ocho de ellos cuentan su historia: "No tengo ni para comida"
Están a miles, diseminados por España. Se jugaron la vida en el País Vasco defendiendo a políticos, jueces, periodistas… y ahora la mayoría está en las colas del paro, de vigilantes de seguridad por 800 euros, desahuciados, en algún pequeño bar que han montado… Seis años después de que ETA anunciara una tregua indefinida, los más de 3.000 escoltas que durante años combatieron el terrorismo en Euskadi dicen sentirse desprotegidos, abandonados y en muchos casos amargados. “Nadie se acuerda de nosotros y digo yo que alguna línea tendremos que escribir en la historia de este país”, cuenta Gema Ruiz Regato, una de las pocas mujeres de la profesión. Estas son las vidas de ocho de ellos.
Óscar, de 41 años, trabajó de escolta entre 1998 y 2012. Entró muy joven, en cuanto dejó el ejército. Él es de Pamplona, aunque lo habitual es que al norte llegasen de fuera. “Siendo de aquí era un poco más duro porque la gente no lo veía bien. Si alguien se enteraba nos llamaban 'txakurras' [perros], nos insultaban…”. En 2012, un año después de la tregua, se fue al paro. Así estuvo tres años y medio. “Buscaba trabajo, pero no ponía en el currículum que había sido escolta, lo he llevado en secreto y no quiero que se sepa".
Ahora cuenta que su situación apenas ha mejorado. “Ahora echo unas horas de vigilante, pero solo ocho horas mensuales. Mi casa pende de un hilo, salimos porque mi padre, que está jubilado, me da la mitad de su pensión y mis hermanas me dan dinero para comida. Estuvimos en la calle luchando y pasándolo mal y ahora solo pedimos que se acuerden de nosotros. Suena mal decirlo, pero me siento un poco un apestado”.
A casi 800 kilómetros al sur está José Ángel. Tras dejar el ejército, este cartagenero llegó en 1999 al norte para trabajar de guarda de seguridad en la autovía de Leizarán y después fue escolta, donde pasó la mayor parte de los 16 años. “Era salir por la mañana y despedirte de tu mujer: 'Si no vuelvo, no vuelvo'. No es un trabajo, es una forma de vida en la que o te mataban o no. Tres compañeros se pegaron un tiro en la cabeza, otro se disparó en la pierna. Yo tuve que disparar un par de veces porque era dar o que te dieran”, cuenta. Hoy está en el bar que ha montado en una barraca a las afueras de Cartagena.
Con una cerveza y mientras el sol se pone recuerda aquellos días: “Tengo mil historias. Yo vivía con mi mujer, pero nadie nos veía juntos. Ella llevaba un bar y yo era un cliente más. Si nos íbamos a pasar el día fuera del pueblo, ella cogía el autobús hasta otra zona y yo la recogía lejos de casa y a la vuelta, lo mismo. Como cada 15 días tenía un coche nuevo, para que no lo identificaran, al hijo de mi pareja le dijimos que vendía coches. A veces, el padre de algún compañero de colegio del niño me pedía que le consiguiera un coche de segunda mano que estuviera bien. Entonces tenía que llamar a la empresa en la que los alquilábamos y pedir uno. Tenía que mantener la apariencia. Cuando el niño tuvo 14 años ya le dijimos la verdad”.
La vida que recuerda era la de una angustia: “Cuando estás allí piensas que tu enemigo vive al lado, que cualquiera puede serlo. De mis 20 vecinos calculo que había tres 'abertzales' y uno de ETA. Una vez la Ertzaintza me llamó y me dijo que los etarras tenían la matrícula de mi coche y de mi moto, que me tenía que ir. Para ti, allí todo el mundo era etarra. Luego ya veías que algunos no, pero en principio y por precaución actuabas como si todos lo fueran”.
"Venían a trabajar de escoltas de fuera. Pasaban los primeros meses en Ermua, Rentería, Eibar o Elgoibar, zonas duras, y la mayoría pedía volver"
Este tipo grande con barba recuerda sus primeros días. “En uno de mis primeros servicios como escolta llevaba a una concejal mayor. A un lado en un semáforo se paró un coche de la Ertzaintza y pasaron por el paso de cebra tres chavales cargando algo. Saludé a los ertzaintas con la cabeza. De repente, de un autobús que estaba delante se empezó a bajar la gente y empezó a arder. Los chicos esos lo habían quemado y se fueron andando. Yo miraba a los ertzainas, pero no se movieron hasta un rato después que ordenaron el tráfico. Llamé a Interior y les dije: 'Oye, aquí acaban de quemar un autobús y un coche de la Ertzainza que estaba al lado no ha hecho nada'. Me dijeron que me fuera de allí. Eso era el País Vasco entonces”.
Esos años de la 'kale borroka' quedan hoy lejísimos, su vida no puede ser más distinta. Su mujer vino con él del País Vasco y cuando alguien llama con antelación prepara un marmitako en la tasca “la vasca” que dicen que es para chuparse los dedos. “Hago cursos de seguridad y chapuzas, pero no nos dieron nada”.
Los últimos escoltas salieron del País Vasco el pasado mes de marzo, pero ya quedaban muy pocos. “En 2011, semanas antes de la tregua, la empresa me ofreció irme a Andalucía. Ya sabíamos que venía la tregua. Era para ir de vigilante y nadie quería porque de ganar casi 4.000 euros pasabas a menos de la mitad. Yo acepte”. Óscar Arias habla desde Málaga, donde se ha recolocado. “Yo he tenido suerte, aunque al principio lo pasamos muy mal. Soy de Bilbao y esto es muy distinto. Mi mujer estuvo durante meses llorando a diario”. Cada dos por tres le llaman compañeros preguntando si puede colocarlos.
Óscar cuenta que aun así le resultó muy duro. “Las empresas ofrecían a mucha gente de fuera venir al País Vasco. Pero pasaban los primeros meses en Ermua, Rentería, Eibar o Elgoibar, zonas duras, y la mayoría pedían volver a sus pueblos aunque aquí ganaran el triple”. Él, como muchos, se fue a vivir a Castro Urdiales, el primer pueblo de Cantabria si se va desde Euskadi. Era una forma de poder respirar. “Al final todo el mundo te conocía. Decíamos que te habían 'mordido'. En un pueblo pequeño cuando miraban al alcalde siempre buscaban alrededor a los que íbamos a una distancia de él. Entrabas a un bar y te decían que allí no te daban de comer aunque vieses a todas las mesas con comida”.
Los que no eran vascos lo tenían peor para pasar desapercibidos. Sobre todo por el acento. “Yo iba con la 'txapela', barba y pelo largo. Si entraba un bar decía “¡Apa!” o “¡Agur!” y procuraba hablar poco, pero en algún momento pedías un café y veías que te habían pillado que eras de fuera. Ya sabías que ahí no podías volver, pero es que, joder, en algún sitio tienes que tomar café”.
Gema Ruiz Regato, presidenta de la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi y Navarra, recuerda las promesas tras la tregua. “El subdelegado del Gobierno nos reunió en un hotel y nos prometió que nos iba a reubicar en los perímetros de las cárceles. En efecto, se privatizó la seguridad de las prisiones, pero no nos recolocaron. Beneficiaron a las empresas de seguridad que estaban en el País Vasco, pero ellas metieron a la gente que le daba la gana”. Otra de las salidas por las que pelearon era para dedicarse a proteger a mujeres amenazadas por violencia machista, pero las escoltas salen con cuentagotas. Javier, otro escolta, critica los que les cuesta conseguir una reunión en Interior: "Luego al hermano de Ignacio González bien que lo reciben rápidamente".
Gema, de 50 años, pasó 10 en el País Vasco como escolta. Es de las primeras mujeres que fueron. “No queremos dar pena, pero estamos formados con el dinero del Estado y ahora no servimos para nada. Hay gente en situaciones precarias”. Ella ha pasado años en el paro y desde hace tres meses ha vuelto a trabajar para una empresa de seguridad. Su reclamación además de laboral es de reconocimiento: “Digo yo que alguna línea mereceremos en la historia de este país. Creo que España tiene una obligación moral con los escoltas”.
"Solo trabajo ocho horas al mes. Mi padre me da la mitad de su pensión y mis hermanas para comida"
Muchos han sufrido un enorme golpe salarial. “Ganábamos bien, y es cierto, pero yo salía a las 5.30 de mi casa y volvía a medianoche. Una vez hice el cálculo y salía a tres euros la hora. Te pagaban igual si trabajabas tres horas o doce”. Y eso, por una vida muy exigente: “Yo en Euskadi compartía piso con dos desconocidas a las que les decía que era enfermera en el hospital de Basurto. Eso sí, mi habitación estaba cerrada con pestillo. A veces te reconocían por la calle y te insultaban o escupían: 'txakurra', hija de puta. Ya sabías que te habían 'mordido”. “Ahora nos dicen que nos reciclemos. ¿Cómo? La gente no tiene dinero y con 50 años no es tan fácil”, protesta.
El cordobés José Luis Corpas ha vuelto a su tierra. De 54 años, estuvo en el País Vasco entre 2005 y 2014. “Tengo compañeros que han sido desahuciados, un drama total. Somos los olvidados de la victoria contra ETA. Despidieron a la gente de mala manera. Nos han dejado en la miseria. Hace un mes, un compañero se suicidó”. Corpas pasó dos años en el paro y ahora está con un contrato de obra y servicio de vigilante de seguridad. “De escolta empecé ganando 4.000 euros y terminé ganando 2.000. Ahora como vigilante de seguridad se pagan 940 euros y tengo suerte. Lo que no entiendo es que si estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista yo, que estoy formado, esté de vigilante solo con una porra y unos grilletes”.
Hubo mucho abuso. "Hay gente que va de honorable y luego te hacía hacer 70km para comprar el pan"
Los consultados tienen algo en común: añoran el trabajo de escolta, como si pese a las amenazas esa fuese su pasión, mucho más que estar de vigilante. “Tuve que cambiar tres veces de domicilio. Me pintaron un anagrama de ETA en el coche y en mi buzón pusieron una bala. Estuve en Irún, Rentería, Hernani, Tolosa, una zona muy complicada”, recuerda Corpas. “He estado al pie del cañón y defendía a gusto la democracia española, pero ahora han pasado de nosotros como de la mierda”. Corpas compara su situación con la de policías y guardias civiles: “El síndrome del norte es solo para policías y guardias civiles. ¿Qué pasa, que como somos de empresas privadas para nosotros no existe?”.
Si alguien parece haber sufrido ese síndrome del norte es J. G. A., un escolta al que un día en una revisión médica rutinaria en la empresa le quitaron el arma. “Estaba narcotizado y bebía mucho. Apenas dormía. La médico me dijo que yo era un peligro con el arma y me dieron una pensión. Me lo tomé muy mal porque era mi pasión, imagínate que a ti te quitan el trabajo de periodista de un día para otro. Tardé muchos años en comprender que hicieron bien”. Ahora trabaja en una empresa de limpieza. “Voy con mi furgoneta, limpio portales y hago algo de jardinería. Trabajo solo y me gusta, pero sigo vigilando los contenedores y haciendo las mismas rutinas que cuando era escolta”.
Muchos coinciden en que el sistema de escoltas ha generado despilfarro y abusos. Todos han firmado contratos de confidencialidad y no pueden dar nombres. Pero las historias que cuentan son todas similares: cargos públicos que derrochaban kilómetros aprovechando que el coche era oficial por la escolta, uso para fines privados… “No puedo contar lo que he escuchado, pero hay gente que va de honorable y luego usaba el coche del escolta para pasear a su novio por San Sebastián o que hacía 70 kilómetros para comprar un panque le gustaba mucho. Eso lo hacían porque los kilómetros no los pagaban ellos”.
"Apenas dormía. La médico me dijo que yo era un peligro con el arma y me dieron una pensión"
José Ángel recuerda una historia que suena parecida: “A alguien le dabas un coche con dos personas a su disposición y todos los gastos pagados y empezaba a tirar de él. 'Nos vamos a Bilbao a comprar. ¿Comemos en Pamplona? Vamos'. Al final, a veces estaba el tipo borracho en un hotel a las tantas y tú en la puerta. Hacían cosas que sin escolta no hubieran hecho porque habrían ahorrado en viajes. En eso hubo mucho abuso. Había quien te llevaba a pillar coca”.
Los escoltas explican que era mejor tener que escoltar a un juez que a un político. “Los jueces venían de fuera a hacer su trabajo e iban del juzgado a casa, los políticos se mueven mucho”, cuenta uno. Aunque el terrorismo se juzga en la Audiencia Nacional, allí se levantaban los cadáveres y al principio también 'kale borroka'. Los escoltas revisaban el correo para que no hubiera bombas. Uno recuerda los anónimos que les llegaban para que se inhibieran en algunos casos. “Señoría, otra carta', le decía yo. He visto cómo una causa pasaba por cinco juzgados. Había que tener muchos huevos”.
Uno recuerda a un concejal que hacía 3.000 kilómetros al mes en coche aunque solo iba al Ayuntamiento a un pleno en ese tiempo. Otro cuenta la historia de ese edil que quiso entrar con la bandera de España al hombro en el casco viejo de Bilbao un domingo a media mañana: “Le dije que yo no entraba. Llamé a la Ertzaintza y dije que suspendía el servicio. Me dijeron que de acuerdo, que lo esperara fuera y si salía vivo que lo retomara. Tú tienes que cuidar del protegido, pero para eso primero tienes que cuidar de tu compañero. Si pasa algo a los escoltas, el protegido está muerto”.
A los problemas laborales se suma que muchos se han quedado en tierra de nadie. Se fueron de sus casas a pasar los mejores años de su vida profesional fuera y ahora no tienen arraigo en ningún sitio. Antonio es andaluz pero vive en Pamplona. “Vine aquí de fuera y aislé a mis hijos por miedo. Les decía que dijeran que su padre trabajaba en la Volkswagen. Ahora apenas tienen amigos y me siento responsable”. Como otros, sobrevive en precario con trabajos de seguridad. El problema es que en plena crisis el sector de la seguridad no pudo absorber a miles de escoltas. O no quiso, ya que venían con mejores sueldos y preparación que lo que se requería en un sector muy precario.
Los escoltas sienten que su relato se ha ignorado, que nadie les pregunta a la hora de escribir la historia de la lucha contra ETA. Quizá porque no están organizados, porque había muchas empresas y cada uno era de un rincón de España y aunque se muerden la lengua no pueden contar todo lo que vieron. Uno lo explica: “Yo no sé cómo fueron las negociaciones del Gobierno de Zapatero con ETA, pero tengo mi parte del puzle. Una noche, el protegido al que escoltaba nos llevó a un caserío que era la boca del lobo. Allí estaba todo el mundo armado y nadie sabía quién mandaba. Vi a Eguiguren, a Otegi, a Permach. Los etarras iban con sus pistoleros. Había gente del Ejército, del CNI, hasta que nos dijeron que nos fuéramos. No queríamos obedecer porque no sabíamos con quién los dejábamos, pero nos teníamos que ir”.
Esos años el País Vasco era un hervidero de armas. “Siempre pensé que la peor desgracia podía venir de un petardo. Un día hice un cálculo y me salían 25 armas por metro cuadrado en el País Vasco. En cuanto dejaba al paquete me alejaba. Cuando había actos iba todo el mundo armado y siempre pensé que a la menor se podía liar. En San Sebastián acabábamos siempre en la discoteca Kabutzia, y a las tres de la mañana conocías a todo el mundo: el de los malos, el del CNI, el guardia civil… Decíamos de broma que tendrían que poner un arco de metales en la entrada y no dejar a pasar a quien no fuera armado”.
Condenados a un año de cárcel por agredir a una vigilante que les sorprendió robando en una tienda (Mallorca).
Una pareja de acusados admitió en los juzgados de Vía Alemania ser responsable de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.
Un juzgado penal de Palma ha condenado a sendas penas de un año de prisión a dos acusados, un hombre y una mujer, por agredir con patadas a una vigilante de seguridad que les sorprendió cuando robaban perfumes en un conocido comercio de la plaza de España, en la ciudad, a mediados de septiembre de 2016.
La pareja de sospechosos admitió en la vista oral su responsabilidad en los hechos y se declaró autora de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Ambos aceptaron un año de cárcel. Tras reconocer los cargos, el magistrado dictó sentencia 'in voce'. Además, la condena les fue suspendida y se les apreció la circunstancia atenuante de reparación del daño. Inicialmente, la fiscalía solicitaba para cada uno una pena de cuatro años de prisión.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre de 2016, sobre las siete menos cuarto de la tarde, cuando la pareja entró en una conocida tienda ubicada en la plaza de España de Palma. Allí, ambos se apoderaron de distintos frascos de perfume, valorados en más de 210 euros, que introdujeron en una bolsa que llevaban con la intención de no pagar. Cuando ya se disponían a abandonar el establecimiento y salían del local, fueron interceptados por la vigilante de seguridad del comercio. Esta profesional, en compañía de otra empleada de la tienda, les pidieron que devolvieran los efectos sustraídos.
Acto seguido, los dos sospechosos reaccionaron de forma violenta y empezaron a gritar y forcejear dando patadas a la vigilante, quien resultó herida en un hombro, dos dedos de una mano y en la pierna izquierda. La afectada precisó asistencia médica y tardó en curar de las lesiones siete días.
Gracias a la intervención de las dos mujeres, consiguieron evitar que los dos acusados huyeran del lugar y también recuperaron los artículos sustraídos.
Agrede a un vigilante del metro en la estación de Etxebarri (Bizkaia).
El agresor, en aparente estado de embriaguez, había cogido el suburbano en Matiko, donde el personal de seguridad le había amonestado por entrar con un perro de gran tamaño.
Un vigilante de la Línea 3 del metro fue agredido ayer presuntamente por un hombre de mediana edad en la estación de Kukullaga, en Etxebarri, según informaron fuentes policiales. El individuo, que presentaba síntomas de «embriaguez», había sido interceptado por la víctima y otros dos empleados de seguridad, después de que un compañero les avisase desde Matiko de que un varón había subido a la unidad con un perro de gran tamaño.
El supuesto agresor ya mantuvo una primera discusión con el vigilante de la estación bilbaína, que le advirtió de que no podía viajar con su mascota en el suburbano. Sin embargo, hizo caso omiso. Cuando llegó a Etxebarri, sobre las 18.30 horas, se enfrentó a los tres agentes que le esperaban y golpeó a uno de ellos, aunque pudo ser reducido. El agredido no «necesitó atención sanitaria ni fue trasladado a ningún centro médico», según los medios citados.
Avisados por los empleados de Euskotren -operadora de esta línea del metro-, al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Ertzaintza. Los agentes calmaron al presunto agresor para que no generase más incidentes y este finalmente se marchó con su perro, caminando por la N-634 hacia Basauri. El vigilante le ha denunciado por agresión, por lo que en las próximas horas podría ser imputado.
Con motivo de la agresión, Euskotren ha convocado a una concentración el sábado 30 a las 12:00 en al estación de Atxuri a toda la plantilla y ha emitido un comunicado donde ha mostrado «su más absoluta repulsa ante esta y todas las agresiones sufridas hacia los trabajadores y trabajadoras durante su jornada laboral».
También han señalado que «resulta absolutamente inaceptable que haya trabajadores que reciban insultos, amenazas o incluso agresiones por el simple hecho de realizar su trabajo».
Vigilante de Metro-Madrid deja la huelga de hambre tras 17 días por motivos de salud
El vigilante de seguridad del Metro Daniel Galán, contratado por la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), ha abandonado la huelga de hambre que comenzó el pasado 11 de diciembre para denunciar que lleva dos meses sin cobrar por motivos de salud que le están incapacitando físicamente.
"Lo dejo a sabiendas de que no hemos conseguido nuestro objetivo, que era simple y llanamente cobrar nuestras nóminas", ha manifestado a Efe Galán, de 42 años y que ha estado todos estos días bajo control del Samur.
Aunque ha asegurado que se siente "fuerte mentalmente", Galán ha reconocido que estos 17 días de huelga le han provocado una "merma considerable de energía" que le "incapacita para llevar una vida normal".
Galán, que lleva 15 años trabajando como vigilante de seguridad de Metro y que continúa en la empresa, no se arrepiente de haber iniciado esta protesta y espera que "haya servido para remover conciencias".
Es más, ha llamado a sus compañeros a continuar con las protestas para "intentar dignificar" la profesión y ha asegurado que él seguirá acudiendo a todas las manifestaciones que se convoquen para reivindicar el pago de las nóminas de 550 trabajadores de SIC tras dos meses sin cobrar.
Este vigilante lleva días denunciando que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento se desentienden del problema.
Por su parte, el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, se interesó por su situación y le transmitió que la compañía del suburbano paga a la empresa subcontratada SIC y que no puede abonar directamente las nóminas a los trabajadores.
Un vigilante recibe seis puntos en un ojo y en la nariz tras ser agredido en el metro en Astrabudua (Bizkaia).
El trabajador y un compañero acudieron al andén porque dos personas estaban alterando el orden y habían roto una maquina expendedora de la tarjeta Barik.
Un vigilante de seguridad tuvo que recibir seis puntos de sutura en el párpado derecho y en la nariz tras ser agredido el lunes, a las 10.15 horas, en la estación del metro de Astrabudua.
El trabajador y un compañero acudieron al andén porque dos personas estaban alterando el orden y habían roto una maquina expendedora de la tarjeta Barik.
Sin embargo, al intentar identificarles y retenerles mientras llegaba la Ertzaintza, uno de ellos se revolvió y «le dio un puñetazo en la cara», según denunciaron fuentes sindicales.
Ambos aprovecharon la confusión para darse a la fuga.
El informe de la Policía autonómica confirma que el agresor rompió las gafas del vigilante, de más de 50 años, que fue atendido en la mutua de la empresa. Metro Bilbao se ha solidarizado con el empleado de seguridad.
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