Las grandes empresas de la seguridad privada se han revuelto contra los bajos precios ofertados por las empresas públicas y las administraciones ignorando varios contratos licitados en el último año. Todas las firmas tienen muy presente la pérdida de prestigio que supuso para Eulen los incidentes de El Prat del pasado verano y se han negado a pujar por unos contratos, que según los sindicatos, eran insuficientes para cubrir las necesidades de servicio en un momento en el que el tráfico de pasajeros en España bate récords cada trimestre. Así, más allá de Aena, Adif se ha visto obligada a subir un 10% su presupuesto en seguridad y vigilancia ante el plantón del sector.
En marzo de 2017, el gestor ferroviario licitó un concurso para contra los servicios de seguridad de toda su red de estaciones con un presupuesto máximo de licitación de unos 45,2 millones de euros (IVA incluido) para el primer año. El concurso, que estaba dividido en seis lotes, fue declarado desierto en octubre de 2017 después de que ninguna empresa presentara una oferta.
Tras declararlo desierto, Adif revisó al alza los presupuestos y presentó un nueva licitación exprés cuyo plazo para pujar terminaba el 23 de noviembre, es decir, apenas dos días después de que Fomento, Empleo, Interior, sindicatos y empresas firmaran el acuerdo para mejorar las condiciones en la contratación de los servicios de seguridad privada para las infraestructuras de transporte estatales.
Segundo concurso
Así, el segundo concurso licitado por Adif contemplaba un presupuesto máximo de 49,7 millones, IVA incluido, para el primer año. El contrato incluye una prorroga de 12 meses, elevando el contrato hasta los 88 millones de euros en todo el periodo (2018-2019), frente a los 80 millones de euros recogidos en los pliegos iniciales. El concurso se adjudicó el 19 de diciembre de 2017 a Eulen, Prosegur y Securitas por 48,6 millones de euros, lo que implica una rebaja del 2,2% con respecto al presupuesto máximo de licitación de los servicios de seguridad y vigilancia de la red pero un alza del 7,5% con respecto al presupuesto máximo inicial, que en principio también tendría que haber registrado algún ajuste con las ofertas presentadas a la puja.
Por ejemplo, Prosegur se ha llevado el contrato de seguridad de la zona centro, uno de los más grandes, por 11,015 millones de euros, IVA incluido, para el primer año, lo que supone una reducción de unos 100.000 euros con respecto al presupuesto revisa al alza, pero un millón de euros más con respecto al máximo planteado en el concurso inicial.
Pese a que el nuevo contrato se formalizó en febrero de este año y que tiene opción a una prorroga de 12 meses, Adif ya se está preparando para repetir la licitación y así adaptar el servicio a "las nuevas necesidades". Es decir, aumentar los efectivos y, por extensión, el presupuesto del mismo. "En los próximos meses está previsto licitar un nuevo contrato motivado por la necesidad de redefinir un nuevo modelo de prestación de estos servicios más actualizado y que se adapte tanto al tamaño actual de la red como al incremento futuro de las instalaciones", explica Adif a este diario. En este punto, el gestor señala también al incremento de las líneas de AVE en el corto y medio plazo y al espero incremento del tránsito de pasajeros como uno de los motivos para revisar el servicio. "El nuevo contrato dotará al servicio de mayores capacidades y soluciones técnicas, incrementando los niveles de seguridad activa y garantizando una operatividad óptima", apunta el gestor presidido por Juan Bravo.
El precedente de Aena
Adif no ha sido la única empresa que ha sufrido el plantón de las grandes del sector. Pese al alza del 35% del gasto en seguridad, Eulen y Prosegur evitaron presentarse a los contratos de inspección de pasajeros y maletas de Barajas y El Prat, que finalmente han acabado en manos de Ilunion y Trabilsa. El sindicato USO ya denunció en su día que el presupuesto era insuficiente para prestar el servicio, cumplir con los acuerdos y que la firma ganase dinero. Además, uno de los lotes, el que englobaba los aeropuertos canarios de Tenerife Sur, Tenerife Norte y La Palma, quedó desierto, por lo que el gestor ha aprobado una nueva licitación con un 10% de incremento sobre el importe anterior.
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