El aumento del número de ataques de piratas que operan en las aguas del Cuerno de África y el mayor nivel de violencia utilizado en sus asaltos preocupan seriamente a los armadores de la flota atunera española que faena en el océano Índico. De ahí que las dos principales patronales del sector, Opagac y Anabac, lleven meses insistiendo al Ministerio de Defensa que permita el embarque de ametralladoras pesadas en los pesqueros.
Ayer, la ministra Carme Chacón logró dar un paso en esta dirección. En viaje oficial por el este de África, Chacón se reunió ayer con el presidente de Seychelles, James Alix Michel, y consiguió el compromiso de crear una comisión bilateral para estudiar el asunto de las armas de gran calibre.
A finales de 2009, cuando el Gobierno dio luz verde al embarque de seguridad privada para proteger a los atuneros de los ataques piratas, se abrió la posibilidad de que los vigilantes pudieran llevar armamento militar. Así, el Ejecutivo dio el visto bueno a que pudieran utilizar ametralladoras pesadas Browning M2 calibre .50. Sin embargo, el Gobierno de Seychelles se negó a autorizar este tipo de armas. Puerto Victoria, la capital del archipiélago, es la ciudad de referencia de la mayor parte de los atuneros de pabellón español que faenan en la zona.
En la actualidad, los vigilantes de la empresa Segur Ibérica que trabajan en los 17 barcos vascos y gallegos que pescan en el Índico están armados con fusiles de asalto G36 y ametralladoras medias MG3. También disponen de pistolas, chalecos antibalas y gafas de visión nocturnas.
El gesto del Gobierno de Seychelles no le va a salir gratis a España. La ministra ha tenido que ofrecer cursos de formación para militares y policías del país en tareas de búsqueda y salvamento marítimo por parte de la Fuerza Aérea.
Cursos de abordaje
Asimismo, infantes de marina de la Armada española que forman parte de la operación internacional Atalanta instruirán a la guardia costera del archipiélago en técnicas de abordaje e inspección de buques, informó ayer el Ministerio de Defensa.
Además, España va a instalar una unidad permanente de telemedicina dentro de la red hospitalaria de las Seychelles que estará en contacto con el hospital militar Gómez Ulla y que también servirá para atender a los pescadores y vigilantes españoles.
El uso de seguridad privada está evitando nuevos secuestros entre los atuneros españoles. No obstante, su despliegue (suelen trabajar cuatro vigilantes en cada buque) está teniendo un serio impacto económico. Los armadores deben costear la mitad del servicio. El otro 50% se lo reparten el Estado y las comunidades autónomas. El coste estimado de la seguridad para los atuneros vascos, que son mayoría con 12 barcos, asciende en esta campaña a los 5,97 millones de euros.
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