Un vigilante de seguridad pasa tres horas atrapado bajo una puerta que se le vino encima (Ciudad Real).


Un vigilante pasa tres horas atrapado bajo una puerta que se le vino encima

La puerta de grandes dimensiones se soltó de sus guías debido a las condiciones climatológicas adversas.

Un vigilante de un aparcamiento de Tomelloso (Ciudad Real) pasó más de tres horas atrapado bajo una puerta de grandes dimensiones que se le vino encima, hasta que fue rescatado por la Guardia Civil con heridas por aplastamiento e hipotermia.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el suceso ocurrió el pasado día 19, por la noche, cuando debido a las condiciones meteorológicas adversas, una puerta de grandes dimensiones se soltó de sus guías en un complejo de estacionamiento de vehículos.

El herido fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Tomelloso que se encontraba de servicio vigilando las empresas y locales para evitar los robos.

Así fue como vieron que había una persona atrapada bajo una puerta metálica de grandes dimensiones en el complejo de estacionamiento de vehículos denominado «Pentágono», ubicado en la vía de servicio de la autovía A-43, perteneciente al término municipal de Tomelloso.

Inmediatamente, los tres efectivos que formaban la patrulla liberaron a este hombre, de 40 años, vigilante de seguridad en el citado recinto, quien les contó que llevaba más de tres horas y media atrapado bajo la puerta.

Los agentes lo cubrieron con mantas y al observar las heridas por aplastamiento que presentaba en las extremidades así como síntomas de hipotermia lo inmovilizaron hasta que llegaron los servicios sanitarios y lo trasladaron al Hospital General de Tomelloso donde fue atendido de las lesiones que presentaba.

La otra amenaza de los escoltas.

  • La gran mayoría de los escoltas que protegieron a los amenazados por ETA se ha convertido en parados de larga duración que rondan los servicios de beneficencia.
  • Ante las escasas posibilidades de reciclarse, reclaman al Ejecutivo que cumpla su promesa y les emplee como vigilantes de seguridad privada del perímetro exterior de los centros penitenciarios.
  • El Gobierno de Rajoy dice ahora que ese "compromiso específico" del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era "una declaración de intenciones"
Las empresas de seguridad engendraron en tiempos de máxima amenaza de ETA un ejército de escoltas que desembarcó, principalmente, en Euskadi y Navarra. Su misión, proteger día y noche a los amenazados, era prioritaria e imprescindible. Ahora, tras más de tres años del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista, los servicios de estos guardaespaldas ya no son necesarios. Y, como consecuencia del fin de la violencia, el sector está sobredimensionado con 37.215 personas en España con licencia para desempeñar tareas de vigilancia. La recolocación de estos trabajadores en paro en los perímetros de vigilancia de las prisiones anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy es lenta y según los afectados, y en esto coinciden diversos movimientos y asociaciones consultadas, prácticamente inexistente.

La gran mayoría de los escoltas que protegieron la vida de cargos públicos, periodistas, jueces, empresarios, etc., engrosa la lista de parados de larga duración. Muchos están a punto de perder sus prestaciones y son usuarios habituales de los servicios de Cáritas. Ahora son ellos los que se sienten desprotegidos. Lo peor, no saben con qué armas combatir esta situación. Sus credenciales habituales, un intenso adiestramiento en desactivación de explosivos, en defensa personal o conducción evasiva, ahora ya no sirven.

En los años más duros de la violencia llegaron a ser 3.800 los que operaban en Euskadi y Navarra. Desde que ETA anunció el fin de la violencia, se ha ido retirando la protección de forma progresiva a los amenazados. Todos han emprendido una nueva vida. Los protegidos continúan sus carreras políticas y profesionales, esas que no se vieron forzadas a dejar gracias al apoyo, entre otros, de escoltas y estos por su parte, deben emprender una nueva etapa profesional ahora que ya no custodian Euskadi y Navarra. En ese camino son ellos los que ahora se encuentran desamparados y desorientados.

"He tirado muchos años por la borda"

Rondan una edad difícil, entre los 40 y 50 años, y sus trayectorias suscitan rechazo, según sus relatos, una reacción que se torna incluso, en ocasiones, en desprecio. “No voy a esconder que he trabajado de escolta, he dedicado mi vida a ello, aunque ocultarlo sería lo conveniente para darme alguna oportunidad en puestos ajenos a esta profesión. De carretillero, de camionero de materias peligrosas, de chófer… Me he ofrecido para cualquier actividad, pero ha sido inútil. Todos torcían el morro cuando conocían mi historial. Por eso volví a mi tierra. Y ahora, aquí, lo que doy, es pena”.

Este escolta de 49 años y que prefiere no desvelar su identidad, rehace su vida en Cádiz después de proteger a parlamentarios socialistas y populares durante casi una década y sin contar con las bendiciones de su familia. “No compartían mi decisión, pero yo en aquel momento sentí que era la adecuada. Sentí que aquí se me necesitaba. Ahora me arrepiento. Me siento utilizado y engañado. He tirado por la borda muchos años. Otros compañeros que rechazaron venir a Euskadi de escolta y apostaron por hacer carrera como instructores, ahora conservan su puesto y tienen el futuro garantizado. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me acabe la prestación”, confiesa este hombre que cobra 420 euros para hacer frente a una hipoteca de 500 y con cuatro hijos. Él, como el resto del colectivo, reclama que el Gobierno, como prometió, les recoloque en las cárceles, pero esta promesa no acaba de cumplirse.

"Nosotros sí hemos cumplido. Los políticos, no"

Bajo esa reivindicación común se constituyó un colectivo que se hace llamar Las sombras olvidadas de Euskadi. Son 160 afiliados a este asociación. Su vicepresidente, Mario Zas, asegura que no pararán hasta que el Gobierno cumpla lo pactado. No descartan iniciar movilizaciones para dejarse oír. “Los que sí hemos cumplido somos los escoltas. Nuestro pacto de confidencialidad sigue intacto. Todos conocemos mucho sobre la vida de nuestros protegidos pero nuestros labios están y estarán sellados para siempre porque somos hombres de palabra. No se puede decir lo mismo de los políticos. No han hecho nada por nosotros. Sí han movido ficha por las empresas de seguridad en compensación por los contratos perdidos con la protección de los amenazados. Pero no por nosotros. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Zas. El Gobierno ha adjudicado a varias empresas contratos para extender la vigilancia privada al perímetro exterior de las cárceles, pero las empresas no han reclutado a los escoltas para cubrir esos puestos. “No les han obligado a hacerlo y tiene fórmulas a su alcance. Podían haber incluido cláusulas en los pliegos de condiciones”, sugiere el vicepresidente del colectivo.

Demasiada formación

Otro escolta que responde al nombre de Juan Luis manifiesta abiertamente que malviven. “En mi entorno conozco casos de compañeros que están a meses de que le expropien por no poder hacer frente a los gastos de la vivienda y de la manutención de los hijos”. Juan Luis alterna un trabajo de 12 horas al mes en un estadio de fútbol, junto a otro de otras tantas como vigilante en una discoteca. “De vez en cuando, como tengo el título de instructor, me sale alguna clase. Pero poco más”, reconoce resignado. Este profesional no entiende como estando España en un nivel de alerta por amenazas yihadistas se reduce la plantilla destinada a la seguridad en ciertos servicios públicos o en los transportes. “El Gobierno debería reactivar esta actividad. Los escoltas estamos sobradamente preparados para abordar este cometido porque la gran mayoría tenemos una formación específica”.

Es precisamente esa cualificación la que a veces les perjudica. “Los mandos intermedios de las empresas de seguridad están menos preparados que nosotros y son reacios a contratar personal que les supera en formación. Por otra parte nos rechazan porque estamos demasiado preparados para estar 24 horas quietos en una garita de seguridad de las cárceles”, dicen desde Sombras Olvidadas de Euskadi. Denuncian que las condiciones de esos servicios son en muchos casos “lamentables e incluso infrahumanas”. Hablan de turnos de guardia sin relevo para poder ir al baño y otras irregularidades. No obstante, nadie les ha dado opción a negociarlas porque insisten que nadie les ha ofrecido esos puestos.

Según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta del PSOE, 81 escoltas han sido compensados con esta salida, una cifra insignificante cuando han llegado a ser 3.800. El Gobierno utiliza ese escrito para matizar que ese “compromiso específico” del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era “una declaración de intenciones”.

Gaceta Sindical CCOO-FOREM ofrecen cursos gratuitos de formación para trabajadores y trabajadoras‏

Os envio el enlace al último número de Gaceta Sindical, en el que informamos de los nuevoscursos gratuitos de formación que CCOO, a través de la red FOREM, pone a disposición de trabajadores y trabajadoras.

                                 Gaceta Sindical. Ediciones especiales

Noticias para afiliados.Cooperativa de viviendas Vitra.

Estimad@ compañer@:

La cooperativa de viviendas VITRA MADRID, impulsada por CCOO, está organizando colectivos para desarrollar viviendas en lugares preferentes de Madrid, con expectativas a corto plazo, concretamente en Valdebebas, Carabanchel, Vallecas, y Méndez Álvaro-Arganzuela; todas ellas en el municipio de Madrid y también otro en Rivas.

Al tratarse de distintas opciones, tanto por las diferentes parcelas, como tipologías (protegida y libre), así como por el precio de mercado de los solares, las condiciones económicas y de costes son muy diversas.

¿Cómo INFORMARTE Y RESERVAR?

En el caso de que alguno de los proyectos resulte de tu interés, puedes informarte e incorporarte a su colectivo.

Para informarte de cada uno de los proyectos puedes contactar con la oficina de VITRA y también en la página http://www.vitra.es/, pinchando en el link, Plan: vivienda en Madrid"La Llave de tu casa", en donde se detalla cada uno de los DOSSIERES.

A continuación, te reenvío documento-resumen de VITRA. Espero que resulte de tu interés.



Una juez prohíbe a dos mujeres acercarse al vigilante de seguridad de un «súper» que les acusó de robar (Alicante).

La juez en funciones de guardia decretó ayer para dos mujeres –madre e hija– una orden de alejamiento respecto al vigilante de seguridad de un supermercado del barrio alicantino de Juan XXIII después de que ambas agredieran supuestamente al guarda tras advertir éste a un empleado de que habían cogido un maquillaje, según indicaron ayer fuentes judiciales a este diario.

Las mujeres fueron detenidas y puestas ayer a disposición de la juez de guardia, quien además de imputarles un intento de hurto les prohibió acercarse al vigilante a menos de cien metros durante un tiempo de seis meses para evitar posibles altercados, según explicaron fuentes judiciales. Tras declarar ante la magistrada, ambas quedaron en libertad con cargos.

El supermercado se encuentra situado junto a la vivienda de las mujeres, por lo que no podrán, en ese tiempo, hacer la compra en el establecimiento y en teoría no pasar por delante del mismo.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del miércoles, cuando el vigilante de seguridad se percató de que las mujeres estaban merodeando por la zona de pinturas y maquillajes del local. Según las citadas fuentes judiciales, el guarda alertó a un empleado de que habían sustraído un maquillaje. El trabajador les llamó la atención y devolvieron las pinturas –al parecer una caja de maquillaje–, pero a la salida se enfrentaron al vigilante por «chivato» y se desarrolló una trifulca que terminó con el arresto de ambas por parte de la Policía Nacional.

El fiscal que atendió el caso entendió que la situación podría generar tensiones futuras entre el vigilante y las mujeres y solicitó a la juez seis meses de alejamiento, una medida de carácter provisional que fue acordada por la magistrada antes de que las dejara en libertad.

Los hurtos en las cadenas de supermercados han llevado a muchas empresas a optar por un vigilante personado en el local durante el tiempo de apertura al público, algo que resulta de lo más efectivo para las empresas debido a los trucos y picaresca desarrollada en torno a las alarmas y arcos de seguridad.

Por otro lado, dos arrestados por el robo de varios artículos en una tienda del centro comercial Plaza Mar de Alicante pasaron también ayer a disposición del juzgado de guardia de Alicante, si bien la juez les dejó en libertad aunque imputados por un delito de robo, ya que la tasación efectuada por los productos según el establecimiento superaba los 400 euros. Así lo indicaron ayer a este diario fuentes judiciales, que no precisaron de qué tipo de productos se trataba.

Serramar Seguridad y Damaterra Servicios Auxiliares, en Concurso Voluntario de Acreedores.

Las empresas Serramar Vigilancia y Seguridad, S.L. y Damaterra Empresa de Servicios S.L., han presentado el pasado día 18 de este mismo mes concurso voluntario de acreedores, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.

                             

Madrid Semanal Digital nº 378, 26 de Febrero de 2015.

En este número 378, las noticias más destacadas son:
  • "No vais a ir a la cárcel, no lo vamos a consentir"
  •  "La Marea Naranja exige que la Constitución blinde los servicios sociales" 
  • Editorial: "Cárcel contra el sindicalismo":



Ver la revista


Acceso a números anteriores

Grupo Segur ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Directivos de Seguridad Integral.‏

Grupo Segur ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), con el objetivo de apoyar todas las iniciativas que dicha asociación lleva a cabo, según informa la compañía.

Este acuerdo de patrocinio forma parte del compromiso del Grupo con el impulso del sector de la seguridad tanto pública como privada en España y su deseo de contribuir al fomento y desarrollo de la misma.

En palabras del consejero delegado de Grupo Segur, Ignacio Suárez, "la compañía apuesta por la profesionalización del sector y el intercambio de ideas y conocimientos en la industria. Sin duda, la historia del Grupo ha discurrido paralela al desarrollo del sector de la seguridad prácticamente desde su creación", donde se han "involucrado activamente en la profesionalización del mismo".

"Con este acuerdo, impulsaremos el diálogo y la colaboración, además de facilitar las herramientas informativas necesarias, para que los actores principales del sector nos preparemos para los próximos años. Por ello, apostamos por los foros y asociaciones que, como ADSI, facilitan un excelente marco de debate e intercambio de conocimientos", ha añadido.

Por su parte, el presidente de ADSI, Francisco Poley, ha agradecido a Grupo Segur "la confianza depositada en ADSI, ya que con su colaboración nos permite desarrollar los objetivos de promoción de la actividad profesional del director de seguridad, de la competencia de las personas que la ejercen y, en general, cualquier aspecto que ayude a la mejora de la imagen del sector".

Un vigilante de seguridad, hospitalizado tras un acto vandálico durante la huelga en la Universitat de València.

Un vigilante de seguridad de la Universitat de València ha sido trasladado al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad como consecuencia de un acto vandálico en el Aulario Norte del Campus de Tarongers. Aunque en un principio se barajaba la posibilidad de que se hubiera intoxicado como consecuencia de un bote de humo, arrojado para boicotear una clase que se estaba impartiendo, las pruebas que le han realizado en el Clínico han determinado que ha sufrido una crisis de ansiedad como consecuencia de la tensión vivida.

El acto vandálico ha consistido en arrojar un artefacto casero compuesto en parte por azufre, metido dentro de una lata de cerveza, lo que ha generado una gran humareda que ha obligado a vaciar el aula. Cuando el vigilante ha accedido a la planta tercera del edificio, el vigilante ha inhalado el humo, lo que le ha provocado una indisposición además de una crisis de ansiedad. Tras ser atendido por un Soporte Vital Básico en el propio Campus, ha sido trasaladado a un centro hospitalario para realizarle un chequeo completo.

Como consecuencia del incidente, un grupo de agentes de la Policía Nacional ha perseguido a un piquete que se movía por la zona y se han producido varias identificaciones. Eso sí, una parte importante del grupo ha conseguido huir a través de la calle Ramón Llull hacia la zona universitaria de Blasco Ibáñez.

En este ocasión los piquetes, la mayoría a cara descubierta, no han causado problemas en los acceso gracias a la presencia de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que ha facilitado la entrada a cualquier persona que quería acceder a la Universitat Politécnica. En el Campus de Tarongers, más allá de los botes de humo (por lo menos se han lanzado tres) no ha habido problemas. En parte porque la asistencia a clase ha sido anecdótica.

A las 12 horas está prevista una manifestación multitudinaria en la que además de alumnos universitarios también participarán los de institutos, convocados por el Sindicato de Estudiantes.

En cuanto a la jornada de ayer, la organización cifró el seguimiento al paro en un 81% en los institutos y en un 86% en la UV. No hubo datos oficiales.

Prosegur ganó 158,7 millones de euros en 2014, el 1,8 % más.

La compañía de seguridad privada Prosegur obtuvo un beneficio neto de 158,7 millones de euros en 2014, lo que supone un incremento del 1,8 % respecto al año anterior, ha comunicado hoy la empresa de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos de Prosegur se incrementaron el 2,4 %, hasta alcanzar 3.782,5 millones de euros, la mayor parte de ellos obtenidos en su principal mercado, Iberoamérica, donde facturó 2.201 millones de euros con un descenso del 2,4 %.

La compañía ha atribuido esta caída de la cifra de negocio en Iberoamérica al impacto de la devaluación de las principales monedas de la región, por lo que, eliminado ese efecto, las ventas crecerían por encima del 16 %.

En cuanto a Europa y Asia-Pacífico, los ingresos aumentaron un 10 % hasta 1.581 millones de euros, gracias al buen comportamiento de España, influido por la recuperación económica, y de Alemania, donde las ventas se incrementaron más del 32 %, mientras que en la región asiática subieron por encima del 20 %.

Por líneas de negocio, el principal segmento de Prosegur es el de soluciones integrales de seguridad, que aportó 1.937 millones de euros a la cifra de negocio, una cuantía en línea con la obtenida en 2013.

Por su parte, el área de logística de valores y gestión de efectivo alcanzó los 1.664 millones, el 5 % más, en tanto que el negocio de alarmas ingresó 181 millones de euros.

La compañía ha lanzado una nueva división de ciberseguridad para completar su línea de servicios y ha creado un centro global de operaciones desde el que desarrolla sus propuestas de seguridad de la información.

La deuda neta de la compañía se situó en 611 millones de euros al cierre del ejercicio.

La opinión de las asociaciones de seguridad.

Interempresas ha entrevistado a las principales asociaciones de seguridad. El presidente de Acaes, Josep Bellot; la directora ejecutiva de AES, Paloma Velasco; el presidente de Protecturi, Jesús Alcantarilla; el presidente de Apess, Rafael Tinoco; el presidente de FES, José Manuel López; la presidenta de Aresmur, Encarna Ortiz; el presidente de FAS, Enrique López del Estal; y el presidente de Aesab, Jesús Castillo; han querido contestar a algunas preguntas concretas sobre la actualidad del sector de la seguridad así como de la Asociación a la que pertenecen.

¿Qué postura mantiene la Asociación frente a la nueva Ley de Seguridad Privada? ¿En qué medida les puede favorecer? ¿Hay algún elemento que pueda perjudicar su actividad?

Josep Bellot: La nueva Ley de Seguridad Privada responde a una demanda que el sector venía realizando desde hace ya algún tiempo. Se fundamenta en unos principios y una nueva visión de la Seguridad Privada que compartimos, y contempla y recoge algunos aspectos de gran relevancia para el sector. En el propio preámbulo de la norma destaca por un lado, la referencia a la seguridad integral, respondiendo a una realidad social muy distinta de la del año 1992, y por otro, la complementariedad entre seguridad pública y la seguridad privada, dejando a un lado la subordinación y haciendo referencia a la cooperación y la corresponsabilidad.

Tenemos una Ley en la que se recogen aspectos tan importantes como la disminución de cargas burocráticas, los principios rectores de la actividad del personal de seguridad privada, la protección de agente de la autoridad de dicho personal (si bien hubiéramos celebrado que se le hubiera otorgado la condición de agente de la autoridad), el principio de proporcionalidad, la prestación de servicios en espacios públicos, la regulación de la seguridad informática y la videovigilancia, entre otros, y la apuesta por la lucha contra el fraude y contra el intrusismo. Apuesta que va más allá del ámbito de la seguridad privada, para hacer referencia incluso a la contratación pública y a la coordinación interdepartamental de la Administración.

Nuestra valoración, por lo tanto, es en general positiva, pero no por ello debemos obviar nuestra disconformidad con el régimen sancionador establecido, que consideramos excesivo y asimismo tampoco podemos compartir la regulación de las actividades compatibles tal y como están en la norma. La relevancia de la nueva Ley es obvia pero en estos momentos las expectativas están centradas en la elaboración del Reglamento que deba desarrollarla, más aún si tenemos en cuenta que la gran parte de los artículos de la nueva norma se remiten, ya sea forma expresa o no, a su posterior desarrollo reglamentario.
Josep Bellot, presidente de Acaes.

Paloma Velasco: Consideramos que, en general, la nueva Ley de Seguridad Privada es beneficiosa para nuestra industria. La anterior era del año 1992, con lo que esto conlleva, es decir, después de 22 años se había quedado obsoleta y atrasada en muchísimos aspectos, fundamentalmente en los tecnológicos. AES es una asociación que engloba empresas dedicadas a la industria de la seguridad física y de la vigilancia electrónica, con lo que los avances tecnológicos tocan muy de cerca a nuestras empresas. Por eso hemos peleado mucho para la publicación de esta ley, y para que especialmente se recogiesen en ella las normas europeas sobre normalización y certificación de productos de seguridad. Además, en su artículo 6 la nueva ley abre un abanico de nuevos campos para que se dediquen nuestras empresas (actividades compatibles) que antes no podían hacer al ser la actividad de seguridad privada exclusiva y excluyente para las empresas de seguridad. En el lado negativo de la balanza, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones, el excesivo régimen sancionador, que ahoga a las empresas en un momento de grave crisis económica, y que en algunos aspectos, en nuestra opinión, no están justificadas.

Jesús Alcantarilla: Nuestra asociación —Protecturi— está volcada con la protección integral del patrimonio histórico, siendo la seguridad sólo una parte del sistema de gestión que hemos diseñado hace muy poco. Con todo, nunca hemos hecho un pronunciamiento oficial sobre la Ley de Seguridad Privada, dicho lo cual consideramos que era necesaria, que es innovadora, que está alineada con los objetivos y proyectos que defendemos y que nos permite mirar al desarrollo del futuro reglamento como una oportunidad excepcional para que se recoja como “sujeto obligado” el sector cultural.

España es la tercera nación con mayor patrimonio histórico y cultural, su riqueza excepcional atrae a millones de visitantes internacionales y nacionales y el impacto económico es de tal alcance en el producto interior bruto que el estado no es capaz de hacer una aproximación al dato. Nuestro pasado, presente y futuro está marcado por el arte en sus múltiples expresiones, ello merece de un especial cuidado de los gestores y administradores. El no recoger con profusión su protección y seguridad en Reglamento de Seguridad Privada sería un error estratégico imperdonable que esperamos no tenga lugar.

Rafael Tinoco: Todos estábamos esperando el cambio de la anterior ley, con más de 20 años de antigüedad, por lo que era muy esperado este cambio, valorándolo muy positivamente. Nos puede favorecer en muchas medidas, la más importante a mi entender es la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen su trabajo, debidamente identificados en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; también la ampliación de los servicios que pueden prestar las empresas de vigilancia, en polígonos industriales, parques comerciales y de ocio, vigilancia perimetral de centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. No veo nada que pueda perjudicarnos excepto el capítulo de sanciones, el cual ha aumentado considerablemente con el consiguiente perjuicio económico que pueda ocasionar, por ejemplo el olvido de algunas obligaciones administrativas.

José Manuel López: La Federación Española de Seguridad, en general, considera positiva la nueva Ley de Seguridad Privada, principalmente porque con su publicación se han abierto nuevas oportunidades de negocio para las empresas de seguridad, y se han flexibilizado ciertos aspectos que permitirán una mejora en los servicios que prestan, pero no hay que olvidar que sigue siendo una Ley intervencionista, con un régimen sancionador a nuestro entender elevado. De todas formas, queda pendiente su desarrollo reglamentario, pues, aunque es una Ley que regula muchos aspectos que la anterior Ley del 92 no regulaba, muchos de sus preceptos no pueden aplicarse con la efectividad necesaria hasta tanto en cuanto no se publique el nuevo Reglamento de Seguridad Privada. Por ello, será en ese momento cuando se van a poder valorar de una manera más concluyente, los efectos de la nueva Ley de Seguridad Privada.

Encarna Ortiz: Lo que más nos ha perjudicado en los últimos años fue la ley ómnibus, que liberó el sector de las instalaciones. La nueva ley sigue haciendo hincapié en un régimen sancionador muy duro, que comparado con otros sectores nos vemos perjudicados. Nos ha favorecido en tener la posibilidad de realizar servicios de seguridad en zonas públicas y sobre todo la protección de los vigilantes de seguridad como agentes de la autoridad en el caso de realizar un servicio bajo las órdenes directas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Enrique López del Estal: Consideramos que la nueva Ley de Seguridad Privada es positiva y perfecciona el sector. Damos mucha importancia al hecho de haber podido colaborar en la redacción del texto aportando ideas. Nos puede favorecer en la clarificación y ampliación de las distintas actividades, tanto de las empresas como del personal de seguridad privada. Desde el punto y hora en que el presente texto legal viene a profesionalizar aún más el sector, no vemos perjuicios. Lo importante es que todos respetemos la Ley.

Jesús Castillo: La Ley de Seguridad Privada, bien llevada, ayudaría a profesionalizar el sector. El problema sería si no se aplicase debidamente, porque favorecería la competencia desleal. Ha habido casos de empresas que se han aprovechado de estos cambios normativos, perjudicando a su vez a otras cuyos equipos funcionaban correctamente y estaban homologados. Como presidente de la Asociación, lo que pido es que se cumpla estrictamente la ley, para todos igual, y sin excepciones. De esta forma, la ley favorecería la profesionalización del sector.

¿Cómo contempla, a su juicio, la nueva ley una mayor colaboración entre seguridad pública y seguridad privada?

J. B.: Ya hemos comentado que el propio preámbulo de la Ley hace referencia a la complementariedad entre seguridad pública y seguridad privada, abandonando el concepto de subordinación y sustituyéndolo por el de cooperación y corresponsabilidad.

La madurez que ha alcanzado el sector de la seguridad privada ha comportado que desde hace unos años la seguridad pública y la seguridad privada trabajen de forma conjunta. La realidad ha constatado la complementariedad entre ambas y la relevancia que la segunda tiene para la primera. De este modo, con anterioridad a la publicación de la Ley ya se habían establecido protocolos de colaboración entre seguridad pública y la seguridad privada, que han dado resultados positivos.

Así pues, no podía ser de otra manera que la nueva norma recogiera la realidad existente, y reflejara la relación de colaboración existente. Será importante que la relevancia que la seguridad privada tiene para la seguridad pública, y en definitiva, para la sociedad, la complementariedad de una respecto de la otra y la colaboración entre ambas, rija como principio rector del desarrollo reglamentario.

P.V.: La colaboración entre la seguridad pública y la privada es fundamental para los fines de nuestras empresas, proteger vidas y bienes. Es cierto que esta colaboración ya se estaba produciendo con anterioridad a la publicación de la Ley, pero ahora está más estructurada y organizada, facilitando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los profesionales de la seguridad privada. Evidentemente esto facilita y mucho la labor que hacemos en pro de la seguridad de los ciudadanos. Y la sociedad se da cuenta de esta labor lo que le hace sentirse más segura.
Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES.

J. A.: Como muy bien relata la Ley 5/2014 “La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad”. Para mejorar la seguridad pública, mediante el intercambio de información con las garantías legales, y la creación de unos órganos de encuentro. La importancia y el logro, pasa por poner el acento en el principio de la subordinación, a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como el de cooperación o de corresponsabilidad. Creer en la figura del personal de seguridad privada en todos sus ámbitos, con el fin de que sirva para completar o perfeccionar “la suma”, en bien de la ciudadanía y de su patrimonio.

R.T.: El nuevo texto define claramente a la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública, luego creo que ha venido para acercar más a empresas y cuerpos de seguridad.

J. M. L: La ley da un paso más en este aspecto, pues se pasa de poner el acento en la subordinación a poner el acento en la complementariedad y, por tanto, en la cooperación y la corresponsabilidad, y este aspecto para FES es muy positivo, pues permite que la relación entre la seguridad privada y la seguridad pública sea más efectiva.

E. O.: Igual que la ley anterior.

E. L. E.: Los profesionales de la seguridad privada siempre hemos colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la nueva Ley reconoce, promueve y fomenta una relación más activa y profesional, así como reciprocidad en la información. 

J. C.: La policía de Albacete y las empresas de seguridad privada de la provincia tenemos una fuerte colaboración, con mucha comunicación entre nosotros. Contamos con gente muy competente en este sector. Eso no quita que, a pesar de la unión que tenemos, si te tienen que sancionar, lo van a hacer. Creemos que la nueva Ley favorece esta unión, indudablemente.
Jesús Alcantarilla, presidente de Protecturi.

¿De qué manera esta nueva Ley puede entrar en conflicto con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal?

J. B.: La elaboración de la Ley, como cualquier norma de su rango, ha pasado por un procedimiento de tramitación en el que el borrador de la Ley fue remitido a todos los órganos correspondientes para que hicieran llegar sus observaciones al respecto.

Partiendo de ello, no creemos que haya conflicto relevante alguno que merezca ser destacado.

P.V.: Sí, entra en conflicto en los temas de video vigilancia, pero este conflicto se resuelve rápido, prima la de protección de datos, al ser una Ley Orgánica y ya que la de Seguridad Privada es solamente una Ley Ordinaria. Por eso hemos solicitado que se especifique en el Reglamento cuál debe ser el mínimo espacio de seguridad para las instalaciones de cámaras de seguridad que captan imágenes en la vía pública (por ejemplo las que se ponen en los cajeros automáticos de entidades financieras).

J. A.: Es muy antiguo y manido el conflicto de intereses que se genera en la colisión entre lo privado y lo público, el interés particular en lucha con el interés general. Más aun, en los tiempos presentes donde el integrismo y las nuevas formas de violencia radical ponen contra las cuerdas el estado de derecho, el orden público y la seguridad colectiva, haciendo estresar las medidas de seguridad hasta límites invasivos en la vida privada de las personas. Se trata de una línea muy sutil que, al cruzarse, puede herir a los más celosos en la defensa de su intimidad.

Creemos que los legisladores y gobernantes españoles han sido exquisitos en el tratamiento de este asunto, y no albergamos ninguna duda de que las garantías jurídicas amparadas en la Constitución y en los principios generales del ordenamiento jurídico español son la mejor garantía de que ambos derechos – los individuales y los generales – saldrán airosos en este nuevo marco normativo.

R.T.: La verdad es que si hay discrepancia entre la Aepd, la nueva ley determina en sus Artículos 5.1 y 42 quien puede visionar y tratar las imágenes de un centro de control que es una de las dudas que surge con más frecuencia, pero hay que reconocer que los sistemas de video vigilancia estarán sometidos a lo previsto en la Lopd.
Rafael Tinoco, presidente de Apess.

J. M. L: A priori no parece que tengan que entrar en conflicto ambas normas, pues en aquellos aspectos que puedan afectar la protección de datos, respeta dicha Ley o, en cualquier caso se remite a ella, como es el caso de los servicios de videovigilancia y la investigación privada.

E. O.: Entra en conflicto en las instalaciones de cámaras en zonas de transito público, no debería de haber conflicto ya que según mi punto de vista prevalece el interés general de seguridad.

E. L. E.: En este momento tenemos cierta confusión pero el Reglamento de la Ley y alguna clarificación de la Agencia de Protección de Datos resolverán estas diferencias. Es indudable que ambas han de complementarse, fundiéndose el derecho a la seguridad al tiempo de proteger los datos del asegurado.

J. C.: Creemos que no entra en ningún conflicto, van en paralelo, aunque es cierto que muchas veces hemos debatido circunstancias concretas en las que pensábamos que podían interferir las dos. Pero en general, no creemos que haya conflicto.

¿Cómo ha afectado la crisis al sector de la seguridad que ustedes representan?

J. B.: La crisis ha afectado a todos los sectores en general y por supuesto el sector de la seguridad privada no se ha librado. La reducción de los servicios, la morosidad, la falta de liquidez, los obstáculos para la obtención de crédito, la bajada de precios de los servicios, son algunos de los aspectos que han repercutido negativamente en el sector de la seguridad privada y han comportado tanto una reducción de la facturación como el cierre de empresas.

Desde Acaes consideramos que el sector de la seguridad privada debe seguir apostando por la calidad del servicio, por una formación adecuada y continua de su personal, por la innovación y por la lucha contra el intrusismo.

Precisamente porque somos conscientes de las dificultades económicas y de liquidez que tienen las empresas del sector, creemos que la calidad del servicio, que va unida a la formación y a la innovación, es fundamental en estos momentos. El sector debe evolucionar hacia el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de avances tecnológicos. Es importante apostar por la investigación y la innovación, que ayudarán a las empresas a diferenciar sus servicios y fidelizar al cliente. Y esta innovación requiere formación continua del personal de seguridad privada.

En este sentido, estamos trabajando conjuntamente con la Generalitat de Cataluña para que en la contratación pública se incluyan indicadores de todos los ítems referidos, e incentivar a las empresas de seguridad privada para que apuesten por ellos. También es importante que la Administración no sólo valore la calidad en el servicio en el momento de la adjudicación, sino que haya un control y seguimiento de la ejecución de la contratación pública. A tales efectos, también estamos trabajando para que se incluyan controles de calidad durante la ejecución de los contratos. Del mismo modo, estamos apoyando el futuro Código de Buenas Prácticas del sector servicios, y por tanto también dirigido a la seguridad privada en sus relaciones con ciudadanos, que esperamos sea aprobado durante este año, y en el que los citados extremos adquieren relevancia.

Todo ello debe ir unido a nuestros esfuerzos para seguir luchando contra el intrusismo. La dignificación de nuestro sector pasa por denunciar todas aquellas conductas contrarias a la legislación vigente, y por una actuación contundente por parte de la autoridad competente.

Por último destacar la necesidad de analizar la actuación de la seguridad privada en nuevos ámbitos en los que actualmente tan sólo está actuando la seguridad pública. Consideramos que la seguridad privada es lo suficientemente madura para asumir nuevas responsabilidades y complementar a la seguridad pública.

P.V.: La crisis no llegó a nuestra industria tan pronto como a otros sectores, llegó más tarde pero ha afectado muchísimo en la caída de la facturación de nuestras empresas e incluso el cierre de algunas de ellas. Lógicamente, la ausencia de contratación pública, así como la grave crisis producida en la construcción, ha hecho mella en nuestras empresas, que han tenido que encontrar otras oportunidades y nichos de negocio en los que antes no trabajaban, así como salir de España incluso para encontrar otros ámbitos.

J. A.: El objetivo primordial del PH, es proteger a las personas y a los bienes, teniendo en cuenta que el daño al patrimonio tiene un valor incalculable y que es insustituible. Sus componentes básicos en la protección son: el Valor, el Protector, la Amenaza. Los parámetros básicos para una gestión eficaz y eficiente de la seguridad, es la investigación, el desarrollo y la innovación. Siendo su posicionamiento diferenciador: la mentalidad.

La crisis ha provocado una relajación y pérdida de mentalidad y actitud en lo referente a garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, atendiendo a las peculiaridades propias de la custodia y conservación de las obras de arte.

Ha provocado que esa protección-seguridad en la seguridad patrimonial se haya visto como un Gasto y no como se debería haber visto, un Coste necesario, una Inversión en medidas de seguridad. Lo obvio es invertir cuando más se necesita y en los momentos más críticos en los apartados riesgos-amenazas-vulnerabilidades. La protección del PH necesita día a día de unas contramedidas elementales en seguridad: la detección-disuasión-la dilación y la defensa.

R.T.: Hemos sufrido la crisis como todos los sectores en nuestro país, ya que la demanda tanto de los organismos públicos como del sector privado se ha visto mermada por dicha crisis; pero creo que en este 2015 veremos despegar la economía y con ello las expectativas de crecimiento de nuestras empresas.

J. M. L.: El sector de la seguridad privada ha sufrido y sigue sufriendo los efectos de la crisis, lo que ha obligado a muchas empresas a realizar recortes salariales, despidos, e incluso el cierre de muchas de ellas. Esta crisis ha golpeado muy fuerte a las Pymes, pues algunas han perdido clientes importantes, o han visto reducidos multitud de servicios y conexiones que les ha llevado a tomar las medidas anteriormente expuestas.

En cuanto a cifras, podemos decir que desde el año 2.008, la facturación de las empresas de seguridad ha ido descendiendo hasta alcanzar unas cifras que son muy difíciles de mantener: el año 2013 cerró con una caída de alrededor del 7% de la facturación.

Aun así, las asociaciones patronales más representativas del sector, de entre las que se encuentra FES, se han esforzado en la negociación del convenio colectivo, pues se ha acordado una subida del 0.5 % para el año 2015.
José Manuel López, presidente de FES.

E. O.: Ha afectado por un lado a las empresas que disponen de menos presupuesto para la seguridad, así como a los particulares que también prescinden de la seguridad sobre todo en la segunda vivienda. En cuanto a las empresas de seguridad, ésta situación de crisis ha dado lugar a una guerra de precios fomentando una competencia desleal.

E. L. E.: En esta crisis todos los sectores estamos sufriendo dificultades económicas. Los sistemas y servicios de seguridad no hemos sido ajenos a estas dificultades, no obstante, hemos sabido ajustar convenios colectivos y continuamos en ello, para de esta forma, aguantar y mantenernos hasta que lleguen mejores tiempos para todos.

J. C.: Debido a los despidos que se han tenido que llevar a cabo, el sector está hundido. Las empresas con mayor peso estructural están fastidiadas. Si tienes que dar servicio, necesitas una estructura. Para ello necesitas personal, medios técnicos, medios de transporte, etc. Es decir, una empresa de seguridad conlleva unos gastos muy altos, y muchas veces los clientes no comprenden los precios de los servicios que realizamos. Se necesitan unos ingresos muy elevados para mantener una empresa y muchas veces, por mucho que factures, te quedas corto. Con la crisis, ha habido muchas bajas de servicios, se han quitado muchas alarmas con la intención de ahorrar en gastos, y eso lo notan las empresas.

¿Cuáles son los objetivos de la asociación para el año 2015?

J. B.: Este año Acaes cumple 30 años desde su constitución formal en 1985, aunque la actividad se inició en 1983 sin haberse constituido formalmente como asociación hasta dos años más tarde.

De cara a este nuevo año que se inicia, seguiremos trabajando como desde hace 30 años Acaes lleva haciéndolo. Defenderemos los intereses de nuestros asociados y participaremos en todos aquellos proyectos que lo puedan hacer posible. Más concretamente, como miembros de la plataforma multisectorial contra la morosidad, estamos apoyando la elaboración y publicación de un régimen sancionador que ahora no está previsto en la Ley 15/2010. El objetivo es rebajar la media de días de pago que actualmente, según datos de Pimec del 2013, está en 111 días la Administración y 85 días el sector privado. Dicho régimen sancionador debe ser ágil y económico, para incentivar las denuncias por incumplimiento de la Ley y dotarlas de un resultado efectivo.

Como miembro también de la Comisión de Relaciones laborales y recursos humanos de Pimec, seguiremos haciendo llegar al Govern de la Generalitat y al Gobierno de España las propuestas que desde la Comisión se están elaborando para incentivar la actividad empresarial.

Más concretamente refiriéndonos al sector de la seguridad privada, seguiremos apostando por la formación de nuestro personal, para consolidar al sector como un sector maduro, profesional y responsable. Nuestra apuesta por la formación ha sido y es importante por cuanto que influye positivamente en la calidad del servicio, y es reclamada por el mercado. La evolución constante de la tecnología y el y uso intensivo de la misma, debe formar parte de la formación de nuestro personal y Acaes apostará por ello. Asimismo seguiremos atentos a la tramitación del futuro Reglamento de Seguridad Privada, respecto al cual ya hemos hecho llegar nuestras propuestas concretas. Estaremos pendientes de la apertura del trámite de audiencia para poder examinar el texto que se publique y hacer llegar las observaciones que consideremos convenientes.

Desde el punto de vista institucional, seguiremos trabajando para que nuestras relaciones con las Administraciones públicas sigan siendo tan dinámicas y estables como hasta ahora, formando parte en todos aquellos grupos de trabajo o comisiones que se vayan creando y a los que Acaes sea invitada a participar.

Desde el punto de vista internacional, seguiremos, como hasta ahora, en colaboración con la Cámara de Comercio y Acc1ó, divulgando, informando y potenciando la internacionalización de las empresas asociadas.

P.V.: Nuestros objetivos para este año son:
  • Mantener la representatividad de AES
  • Implementación de los estatutos y del código de conducta
  • Organización 11º encuentro Seguridad Pública
  • Influir en la creación del Reglamento
  • Reuniones periódicas de las áreas de trabajo
  • Colaboración con otras Asociaciones de la Industria
  • Representación internacional: Asambleas de Euralarm y Eurosafe
  • Utilización comunicaciones electrónicas
  • Ampliación del número de miembros asociados.
Encarna Ortiz, presidenta de Aresmur.

J. A.: A partir de nuestra tríada fundacional que pivota en la prevención-protección-salvaguarda del Patrimonio Histórico (PH). Protecturi se embarcó en el mayor reto que como asociación nos podíamos plantear: la elaboración de un Sistema de Gestión del PH. Una manera de generar Know-How, y concienciar a los agentes implicados del valor de desarrollar un modelo de Cultura de Seguridad en la Seguridad de la Cultura, basado en procesos.

Seguir avanzando en la protección del PH en el itinerario profesional. Seguir buceando en los valores personales para conseguir mejor respuesta, tanto a nivel personal, colectivo, de ciudadanía, de protección.

Seguir difundiendo el concepto de seguridad y protección más allá de los entornos que tradicionalmente son aceptados como propios. Esa conducta dará las sinergias para alcanzar la transversalidad como hilo metodológico y funcional.

Seguir mentalizando a todos los actores de la importancia de una buena formación y un aprendizaje continuo como especialidad en la protección del PH.

Seguir mentalizando a las instituciones, museos, organizaciones, etc. de la importancia de la figura del Director de Seguridad y de su departamento.

R.T.: En este año tanto la Asociaciones como las más de 1.400 empresas que formamos el sector de la Seguridad estamos a la expectativa de ver las novedades que el nuevo reglamento nos va a deparar, esperando que algunas de las propuestas presentadas por los grupos de trabajo, hayan sido tenidas en cuenta, pues de este reglamento depende el futuro de muchas empresas de seguridad.
Enrique López del Estal, presidente de FAS.

J. M. L: Este año la Federación se enfrenta a varios retos y uno de ellos es la publicación del Reglamento de Seguridad Privada. Una vez que se abra el trámite de audiencia, FES presentará sus propuestas para el nuevo texto, trabajo que ya se ha iniciado. Y una vez que se publique, se estudiará y se informará a los asociados sobre las principales novedades del mismo.

Otro aspecto es la negociación del convenio colectivo, que aunque ya se ha publicado el del 2015, está pendiente la impugnación del anterior (2012 – 2014), que puede repercutir en una posible impugnación del vigente e incluso en las negociaciones para el próximo. Cabe destacar que FES es la patronal de las Pymes con mayor representación en el Convenio, con lo cual nuestra aportación es determinante para defender los intereses de las mismas, pues es éste es “el contrato más importante que firman las empresas todos los años”.

Por supuesto que seguiremos trabajando en aumentar el número de asociados para así conseguir mayor representatividad y, por tanto, tener más fuerza a la hora de defender los intereses de las Pymes, que es nuestro objetivo primordial y fundamental.

E. O.: Nuestro principal objetivo para el 2015 es conseguir más asociados.

E. L. E.: Desde nuestras Asociaciones y Federaciones trabajamos constantemente por la unidad del sector, para de esta forma fortalecer la formación, información y calidad de nuestros profesionales, pretendemos continuar en esta línea de trabajo, convencidos de que es la única manera de lograr objetivos positivos para todos.
Jesús Castillo, presidente de Aesab.

J. C.: Me gustaría que hubiera más unión entre todas las empresas de seguridad de la provincia y que trabajásemos todos bajo los mismos parámetros. Las Asociaciones son necesarias, desde mi punto de vista. Es importante la unión de todos para que este sector trabaje profesionalmente y bien.

Nuevo catálogo de formación en FOREM Confederal.‏




Acceso al catálogo

Heridos cuatro vigilantes del metro de Bilbao al agredirles 7 jóvenes en Santurzi.

Cuatro vigilantes de seguridad del metro resultaron heridos durante la madrugada del pasado domingo al ser agredidos en la estación de Santurtzi por un grupo de siete jóvenes que celebraba los carnavales. El incidente se produjo sobre las doce y media de la noche. Una supervisora del suburbano advirtió hasta cuatro veces a una pareja de que no se podía comer en el andén. Los jóvenes a los que llamaron la atención se empezaron a poner agresivos y la mujer llegó a empujar a la empleada del metro.

Para entonces, los vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur habían sido alertados de lo que ocurría. Además de los dos destinados a la estación de Santurtzi, se encontraban un tercero, responsable de equipo de la zona entre Cruces y Cabieces, y una cuarta compañera de las que suelen viajar en los trenes. En ese momento, una cuadrilla de jóvenes que se encontraba en el andén de la estación «se unió a la gresca» y «empezó a dar mamporrazos» a los cuatro vigilantes, según indican desde la sección sindical de Cispe en Prosegur. Patadas y puñetazos por parte de los siete «sinvergüenzas» que terminaron con los empleados de seguridad lesionados. Los cuatro fueron a la mutua y permanecen de baja, según la misma fuente. La vigilante sufrió la fractura de un dedo de una mano.

Desde Cispe no dan crédito a que el número de efectivos fuera sólo de dos «en una fecha tan señalada, en la que pueden pasar por la estación de Santurtzi hasta 6.000 personas». «La responsabilidad está claramente compartida tanto por Metro Bilbao por no solicitar más efectivos y por la propia Prosegur, por no instar a su cliente a tener un mínimo de efectivos».

Metro Bilbao considera que dos vigilantes es un número «suficiente» y advierte de que en carnavales, tanto de Bilbao, como Algorta, Sestao y Santurtzi, se intensifica siempre el servicio de metro y también la vigilancia. Además, aseguran que tras el altercado se presentaron en el lugar otros cinco empleados de seguridad, por lo que el número total era de cinco. Recuerdan desde el suburbano que no hubo ningún otro incidente y que tampoco el año pasado se registraron problemas.

Antecedentes

Según los datos de Cispe, en 2014 acontecieron una veintena de agresiones hacia el personal de seguridad del suburbano y casi una decena hacia empleados propios de Metro Bilbao. En lo que va de 2015, se contabilizan ocho agresiones contra vigilantes y tres contra integrantes de la plantilla del suburbano. Cispe cree que muchas de estas agresiones «se deben en parte a la falta de personal, no sólo en horario nocturno, sino en el diurno, en el que los vigilantes de seguridad patrullan solos por estaciones y trenes».

Un vigilante de seguridad pasa tres horas atrapado bajo una puerta que se le vino encima (Ciudad Real)

Un vigilante de un aparcamiento de Tomelloso (Ciudad Real) pasó más de tres horas atrapado bajo una puerta de grandes dimensiones que se le vino encima, hasta que fue rescatado por la Guardia Civil con heridas por aplastamiento e hipotermia.

Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno, el suceso ocurrió el pasado día 19, por la noche, cuando debido a las condiciones meteorológicas adversas, una puerta de grandes dimensiones se soltó de sus guías en un complejo de estacionamiento de vehículos.

El herido fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Tomelloso que se encontraba de servicio vigilando las empresas y locales para evitar los robos.

Así fue como vieron que había una persona atrapada bajo una puerta metálica de grandes dimensiones en el complejo de estacionamiento de vehículos denominado "Pentágono", ubicado en la vía de servicio de la autovía A-43, perteneciente al término municipal de Tomelloso.

Inmediatamente, los tres efectivos que formaban la patrulla liberaron a este hombre, de 40 años, vigilante de seguridad en el citado recinto, quien les contó que llevaba más de tres horas y media atrapado bajo la puerta.

Los agentes lo cubrieron con mantas y al observar las heridas por aplastamiento que presentaba en las extremidades así como síntomas de hipotermia lo inmovilizaron hasta que llegaron los servicios sanitarios y lo trasladaron al Hospital General de Tomelloso donde fue atendido de las lesiones que presentaba.

Revista "Cuadernos de seguridad" nº 297, Febrero de 2015.




Ver la revista

Declaran improcedente el despido de un trabajador que se negó a hacer horas extras (Murcia).

La empresa ofreció a los trabajadores compensarlas con horas de descanso, a lo que estos se negaron.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una empresa contra la sentencia de un Juzgado de Cartagena que declaró improcedente del despido de un trabajador que fue cesado al negarse a realizar horas extraordinarias.

La sentencia del TSJ señala que el Juzgado declaró probado que hasta junio de 2012 la empresa abonaba a sus empleados un complemento de productividad, pero a partir de esa fecha les comunicó que el mismo se abonaría de forma variable, según los resultados.

Igualmentes les indicó que las horas extraordinarias serían abonadas hasta un máximo de 80 al año y que el resto se compensaría con periodos de descanso, a lo que los trabajadores respondieron que no las realizarían si no percibían la correspondiente retribución económica.

En esta situación, el demandante fue despedido al considerar sus jefes que había producido daños a la empresa al no incorporarse al equipo en el que estaba incluido para prestar un servicio.

El Juzgado, en la sentencia ahora confirmada por el TSJ, declaró improcedente el despido y condenó a la demandada a su readmisión o al pago de un indemnización cercana a los 39.000 euros.

Afirma la Sala que los hechos atribuidos al demandante y sobre los que se basó el despido no tienen la gravedad exigida para acordar una medida así.

Y en cuanto a las horas extraordinarias, comenta que con excepción de los supuestos incluidos en el convenio colectivo, "su realización debe reputarse voluntaria, en los términos del Estatuto de los Trabajadores".

Privatización de la seguridad: un negocio de 3.000 millones en el que se cruzan amiguismo y corrupción.

Es un sector en el que operan 1.500 empresas y mueve más de 3.000 millones de euros al año. Pero la crisis les ha afectado y el gobierno del PP ha salido a su rescate. El negocio de la seguridad privada es tan suculento, que inevitablemente se mezcla el amiguismo y el cruce de intereses opacos.

Privatización de la vigilancia y protección de las prisiones, de centros militares sanitarios adscritos a Defensa o de las instalaciones de la Administración General del Estado, o medidas como que mancomunidades de municipios no puedan disponer de Policía Local y tengan que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”. La fuerte apuesta del Gobierno del PP por la privatización de la seguridad -que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas- ha puesto de manifiesto una política de amiguismo, de enchufismo y en ocasiones de corrupción –como en Melilla- en relación a la seguridad privada, un negocio que mueve más de 3.000 millones de euros al año.

Los datos son preocupantes: con la crisis económica y tras la desaparición de ETA, el Gobierno ha optado por la privatización de servicios públicos para que sobrevivan empresas amigas que están haciendo su negocio con la seguridad privada, a expensas de recortes en Policía y Guardia Civil, que es de lo que se quejan a Vozpópuli sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos.

Y es que el de la seguridad privada es un suculento mercado en el queoperan 1.500 empresas y que factura alrededor de 3.000 millones de euros al año; pero la crisis y la desaparición de ETA les había afectado profundamente y pidieron árnica al Gobierno del PP.Rajoy y Fernández Díaz se la han concedido privatizando la seguridad de numerosos establecimientos públicos, e incluso haciendo desaparecer la Policía Local en determinados municipios pequeños en Castilla y León.

La supervivencia de 1.490 empresas de seguridad

Según los datos de Aproser, la principal patronal del sector, España contaba en 2013 con un total de 1.490 empresas de seguridad privada, de las cuales 1.273 habían sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el Gobierno Vasco. En torno al 21% de estas empresas se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación, ya que aporta el 65% del total.

Pero la cifra de negocio de empresas privadas de seguridad ya había decrecido en 2013 en relación a ediciones anteriores: los contratos habían ido descendiendo y la facturación total, también: sobre un 6,87% entre 2011 y 2013. Es decir, que se había retrocedido de una facturación de 3.215 millones de euros a 2.994 millones, y eso se nota en un sector tan sensible como éste, en el que, además, la procedencia del negocio se hallaba entonces en un 78% en el sector privado y sólo en un 22% en el sector público.

Un ejército privado de guardias armados

Según datos oficiales, en diciembre de 2012 había en España un total de 223.299 vigilantes habilitados, de los cuales sólo 82.150 estaban en activo. Paralelamente, en el sector público había un total de 241.791 agentes, de los cuales 80.300 pertenecían a la Guardia Civil, 70.733 a la Policía Nacional, 64.500 a la Policía Local, 17.160 a los Mossos d’Esquadra (Cataluña), 8.008 a la Ertzaintza y 1.090 a la Policía Foral de Navarra. Como se ve, las cifras globales son muy similares entre el total de unos y de otros.

La crisis en la seguridad privada era un hecho y en 2013 el Gobierno de Rajoy acudió en ayuda de un sector en el que han estado relacionados desde la familia Mayor Oreja –por ejemplo, en el Grupo Eulen, ahora con problemas con la justicia en Melilla- hasta el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Segur Ibérica, pasando por otros antiguos ministros populares con Aznar, como Arias Salgado o dirigentes como Martín Villa y numerosos nombres más.

Ya en 2013, según datos del propio gobierno a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo de Rajoy concedió nada menos que un total de 224.094 contratos sólo en vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) a sólo 32 empresas de seguridad.

Según la documentación remitida por el Ministerio del Interior al diputado socialista Juan Carlos Corcuera, Securitas Direct España fue la receptora del mayor número de contratos con la Administración General del Estado, con un total de 130.282; le seguíaProsegur España, con 22.725 contratos; Tyco Integrated Security, con 9.026; Detector De Seguimiento y Transmisión, con 8.076; Segur Control, con 5.091, o Ralset Seguridad, S.L., con 4.590.

En total, y en definitiva, 224.094 contratos que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente. La cifra asciende a 250.000 contratos públicos si tenemos en cuenta otros documentos gubernamentales remitidos al Congreso en los que amplía la lista de contrataciones hasta 50 empresas; es decir, 18 más de las aquí relacionadas.

La importancia de tener amigos

Ahora bien, los sindicatos de clase denuncian que, pese al volumen de contratación, las empresas beneficiarias del Gobierno han llegado incluso a incumplir el convenio colectivo del sector, con pagos de salarios mínimos. Citan como ejemplo a Securitas Seguridad(2.165 contratos) y Cyrasa (1.226). Y como dato curioso hay que señalar que Securitas Seguridad, por ejemplo, obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales: ese aeropuerto fantasma que puso en marcha el condenadoCarlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. El contrato se lo otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía el propio Fabra.

Por esas y otras razones, los sindicatos están que trinan, y no sólo los policiales. Según fuentes sindicales, en estos contratos promovidos por el gobierno del PP ni se ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos ni se les ha exigido que mantengan las plantillas. UGT ha denunciado, por ejemplo, cómo días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores asignara un contrato de dos millones a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla.

Prosegur, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, cuenta con más de 22.725 contratos con la Administración General –según la documentación oficial en poder de Vozpópuli- y recibe un excelente trato por el gobierno del PP. Los sindicatos citan las buenas relaciones que Revoredo y sus hijos Chistian y Chantal mantienen con el exministro de Defensa y actual embajador en Londres,Federico Trillo.

Es público que Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa, implantando vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y ¡en la sede de varias unidades del Ejército!

Pero nada de esto es extraño: las relaciones con el PP siempre fueron buenas, dado que la presidencia de esta empresa fue ocupada en diversos periodos por los exministros Rodolfo Martín Villa y Rafael Arias Salgado. Y también es público que José María Mayor Oreja, hermano Jaime, exministro de Interior de Aznar, facilitó en su momento la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado.

La privatización de la seguridad en las cárceles

Pero nada de lo anterior parecía bastar para un sector que entró en doble crisis –la económica y la desaparición del terrorismo etarra- y, tal vez por la presión constante de esas empresas, el Gobierno de Rajoy ha venido abriendo nuevos caminos –es decir, nuevos espacios de negocio- para la seguridad privada, como la decisión adoptada hace unas fechas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de privatizar la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil.

En ese punto, asociaciones como la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) están que trinan y han denunciado cómo el Gobierno del PP abre el negocio a lo privado mientras la plantilla de la Guardia Civilha descendido en 7.000 guardias en los últimos años y se les comunica que “no es posible rejuvenecer el parque móvil por falta de partida presupuestaria”, con vehículos con más de 200.000 km. y otros con más de diez años que suman ya el 30% del total. “Pero sí es posible la privatización de 67 prisiones de competencia estataly la integración de 800 vigilantes de seguridad”, dicen.

En ese punto, diversas asociaciones de la Benemérita, como UniónGC y AUGC, han calculado encarecimientos cercanos al 200% en la seguridad exterior de las prisiones con esta privatización, además de complicar en gran medida los protocolos policiales de actuación, que deben integrar una nueva figura como es la del vigilante privado.

La familia Mayor Oreja y el ministro Morenés

Además, UniónGC ha denunciado directamente la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas y en mayor medida a Ombuds que, dicen ellos, “algo tiene que ver con el ex ministro Mayor Oreja y también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés”. En realidad, Ombuds está vinculada a Rodrigo Cortina López y a su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga.

UniónGC también ha denunciado que otra no menos importante, Segur Ibérica, “también parece cercana al actual ministro Morenés, además de otras empresas pantalla que de una u otra forma rendirán primeramente servicio a su consejo de administración y en segunda medida prestaran un servicio público con lo sobrante”..

Y es que Interior consiguió la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobbyCírculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza. De ahí la cita de las asociaciones de guardias civiles a esta empresaria.

Con el Grupo Eulén, que ahora se investiga en Melilla, se citan las excelentes relaciones con el mismo de la familia Mayor Oreja y hasta el que fuera director general de la Policía con Aznar, Juan Cotino.

En Segur Ibérica, que ha obtenido un buen número de contratos públicos de todo tipo, figuró como presidente el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Bueno, en realidad, las buenas relaciones de Morenés se hallan más bien con el sector naval (en enero de 2009 presidió el Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte), y el armamentístico: fue director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA, así como consejero de Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo.

Rizar el rizo: la desaparición de la Policía Local

La última en esta manía privatizadora de la seguridad ha sido la decisión adoptada a finales del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual las mancomunidades de municipios de Castilla y León no podrán disponer de Policía Local y tendrán que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”, según publicó el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de septiembre.