La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 46,4 millones de euros a Prosegur Compañía de Seguridad y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España, así como a Loomis Spain, por repartirse el mercado, acordar precios e intercambiar información sensible para el transporte y manipulación de fondos.
Prosegur ha sido multada con 39,4 millones de euros y Loomis Spain con 7 millones. Además, la CNMC ha impuesto sanciones a directivos de ambas compañías por valor de 52.600 euros (36.000 euros a José Luis Illana Garcia -Prosegur- y 16.600 a Juan Miguel Mata Montejo -Loomis-).
Según ha informado el organismo sancionador en un comunicado, las empresas incurrieron en una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea durante al menos siete años, entre 2008 y 2015.
La existencia de estas prácticas anticompetitivas se ha acreditado, entre otras vías, a través de los contenidos de los correos electrónicos de los empleados en correos electrónicos, así como en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado con el fin de respetar la posición del rival en el mercado, afirma la CNMC.
Una denuncia anónima puso sobre la pista al organismo regulador tras dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014.
La resolución no admite recurso administrativo, aunque sí a través de la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional en los próximos dos meses.
Prosegur ya ha anunciado que recurrirá la sanción al considerar que ha actuado con respeto a la legalidad vigente.
A juicio de la empresa, el organismo supervisor no ha tenido en cuenta al menos dos cosas que inciden “de manera directa” en la gestión del negocio de la logística de valores y en la gestión de efectivo: la subrogación laboral y la subcontratación.
Según ha explicado, las empresas que, como Prosegur, aplican el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, “garantizan una importante protección al empleado”. No obstante, “esta situación se traduce en un mayor coste para el nuevo prestador del servicio cuando hay un cambio de proveedor”, pues este está obligado a asumir todo el personal del proveedor anterior que se acoja a su derecho a subrogarse.
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