La AUGC continúa recabando información de la Dirección General de la Guardia Civil sobre la progresiva implantación de seguridad privada en los centros penitenciarios. El último de los encuentros, celebrado este mes de julio, ha sido a petición de nuestra organización por la lógica preocupación de los múltiples afectados por esta medida.
En dicha reunión se informó a los representantes de AUGC que a finales del presente año 2013 tienen previsto que finalice la primera fase piloto o experimental de la incorporación de los vigilantes privados a los 21 centros penitenciarios seleccionados (19 de Guardia Civil y 2 delCuerpo Nacional de Policía). Desde la Dirección se ha informado que una vez acabada la misma se hará una evaluación por parte de la Administración tras la cual hay tres posibilidades distintas:
A.- Que la experiencia haya sido negativa y no merezca la pena seguir con el proyecto, lo cual es altamente improbable, por no decir imposible.
B.- Que la medida se extienda al resto de centros penitenciarios, ampliando en todos ellos el número de vigilantes de seguridad privada que hay actual- mente (dos por turno).
C.- Que la medida se extienda al resto de centros penitenciarios, pero manteniendo en todos ellos el mismo número de vigilantes de seguridad priva- da existentes ahora en las prisiones de la fase piloto (dos por turno), con duración de un año, y posteriormente ampliar ese número de vigilantes durante otro año. Esta opción es la más probable que se produzca de las tres posibles.
La intención inicial y actual de la Administración, como así ha hecho llegar a AUGC, es que no se produzcan modificaciones de las plantillas de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en los centros penitenciarios, pero si llegado el momento (no antes de dos años y medio a partir de ahora) hubiera que llevar a cabo alguna reducción, el compromiso es que ésta sea la mínima posible, reconociendo el derecho preferente para la misma Comandancia y anunciando vacantes a tal efecto en la misma Comandancia.
En los centros penitenciarios cuya seguridad sea cubierta por los Núcleos de Servicios, el personal que dejara de prestar servicio en las prisiones realizaría, según han informando, otros cometidos dentro de su misma Unidad.
En cuanto a las Unidades de Seguridad Penitenciaria, como los vigilantes de seguridad privada no podrán realizar traslados de presos y detenidos, se mantendrían los servicios de conducciones y traslados existentes y se reforzarían con personal de vigilancia, de modo que los afectados por una posible reducción fueran los menos posibles.
Por su parte AUGC ha aprovechado esta nueva reunión para volver a mostrar su rechazo frontal a esta privatización de los servicios de seguridad en los centros penitenciarios y en cualquier otro ámbito competencial de las FCSE. También ha trasladado a la Dirección General su intención de adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar que esta medida privatizadora siga adelante y afecte a los destinos de los guardias civiles, aunque sea en ese nivel mínimo que argumenta la Administración.
Tras el anuncio de la llegada de vigilantes jurados a las prisiones sindicatos de prisiones y AUGC León crearon la Plataforma Anti-Privatización en León, donde su centro penitenciario de Mansilla de las Mulas es uno de los que forma parte de esta fase experimental. Los miembros de la plataforma han mantenido, desde el anuncio de la privatización reuniones con representantes políticos, la última con el nuevo secretario general del PSOE leones, Tino Rodríguez, quién se había comprometido con los miembros de la comisión en preguntar al Gobierno en el Parlamento por la privatización de la seguridad de la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas.
Rodríguez ha informado a los representantes de la Plataforma que el senador socialista Iván García del Blanco ya ha presentado en el Senado una pregunta parlamentaria, para respuesta escrita, interesándose por “el coste que supondrá el contrato con SEGUR IBËRICA al ministerio del Interior por prestar servicios de seguridad en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas”. Esta empresa forma parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se ha hecho cargo de la seguridad en los centros penitenciarios que el Ejecutivo ha decidido privatizar hasta el momento. Además el líder socialista se ha comprometido con los miembros de la Plataforma en volver a reunirse con ellos en cuanto tenga conocimiento de la respuesta del Gobierno.
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