Comunicado para afiliados
Comunicado de la Sección Sindical de CC.OO. en Segur Ibérica-Madrid a sus afiliados en relación a las elecciones sindicales 2015.
La empresa de seguridad LPM entra en concurso de acreedores.
La empresa de seguridad LPM, adjudicataria de la seguridad de las estaciones de Adif en Aragón, ha comunicado al comité de empresa que entra en concurso de acreedores, según ha informado un sindicato.
La compañía tenía un embargo de la Hacienda pública por una deuda de 12 millones de euros, entre Hacienda y la Seguridad Social. Asimismo, informó al comité que no saben cuándo podrán hacer frente al abono de la nomina del mes de diciembre y la paga extra de navidad.
Desde el Sector de Seguridad Privada del sindicato en Aragón ya han solicitado al Departamento de Protección y Seguridad de Adif la rescisión del contrato por los incumplimientos que de la Ley de Seguridad Privada así como del convenio Colectivo se venían produciendo por parte de la empresa.
LPM cuenta con una plantilla en España de cercana a los 800 trabajadores de los cuales 74 realizan su labor en Aragón, repartidos en las estaciones de tren así como en los almacenes y talleres de ADIF.
El sindicato espera que con esta nueva situación ADIF tome la decisión de rescindir el contrato y evitar que esta situación pueda prolongarse en el tiempo, ya que la empresa no ha dado ninguna garantía a los miembros del comité de empresa de que se solucione en breve.
"La situación en la que se encuentran los trabajadores les está generando preocupación, en el ejercicio de una labor profesional que conlleva una gran responsabilidad, no debemos olvidar que en estos momentos nos encontramos en un nivel 4 de alerta antiterrorista, el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de alerta, donde se extrema la seguridad en infraestructuras criticas, estaciones y aeropuertos", ha mencionado el sindicato en una nota de prensa.
El sindicato ha anunciado que está preparando diferentes acciones para intentar que esta situación no se alargue, especialmente en fechas tan señalas.
Detenidos tres menores por romper la pierna a un vigilante de Parc Central (Tarragona).
El herido retenía a un joven para entregarlo a la Guàrdia Urbana y sus amigos lo tiraron escaleras abajo en el centro comercial.
Los vigilantes de Parc Central divisaron el sábado poco antes de la hora del cierre nocturna a un joven, menor de edad y vecino de Tarragona, al que podría estar buscando la Guàrdia Urbana por un robo con fuerza hace escasos días en una tienda de ropa situada en la Rambla Nova.
Tres vigilantes fueron en su busca y lo retuvieron mientras esperaban a una patrulla de la Guàrdia Urbana para que lo recogiera. Sin embargo, el menor no estaba solo y había ido con sus amigos, también menores de edad, a Parc Central.
Cuando estos vieron que su compñaero estaba retenido por uno de los vigilantes, fueron a por él. Según varias versiones, hubo forcejeos hasta el punto de que uno de los vigilantes fue arrojado escaleras abajo en el centro comercial y la caída terminó en una fractura de tibia.
Los cuatro jóvenes huyeron mientras los vigilantes llamaban a emergencias para atender a su compañero. Según fuentes del SEM, el vigilante fue evacuado primero a Joan XXIII, donde se verificó que tenía la tibia rota. Tras el primer diagnóstico, el vigilante fue trasladado a la Clínica Delfos de Barcelona, donde permanece ingresado. Los otros dos compañeros sólo sufrieron magulladuras, según informan fuentes médicas.
Tras la llegada de los agentes de la Guàrdia Urbana, se activó un dispositivo para buscar a los autores de un presunto delito de lesiones.
Uno de ellos fue localizado y detenido en la misma calle Cardenal Vidal i Barraquer (a las afueras de Parc Central) y otros dos en sus casas, en la zona de Ponent. La Guàrdia Urbana está buscando a un cuarto implicado.
CCOO acusa a la empresa Segur Ibérica de "persecución" sindical y prácticas "antidemocráticas"
El secretario general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Sevilla, Juan Martínez, ha advertido este lunes de una situación de "persecución" sindical en la empresa Segur Ibérica, que cuenta en Sevilla con una media (el número de trabajadores y trabajadoras fluctúan según las concesiones) de 120 trabajadores y trabajadoras y con más de 800 en el conjunto de Andalucía. Según avisa, la empresa incurre en prácticas "antidemocráticas" y "persigue y atosiga" a quienes demandan mejoras laborales. En rueda de prensa, Juan Martínez ha expuesto "el modelo de relaciones laborales absolutamente tercermundista que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la empresa Segur Ibérica", concesionaria de los servicios en el Parlamento de Andalucía o empresas como Santa Bárbara o Persán. Según Martínez, en Segur Ibérica se está produciendo un "cuestionamiento permanente de la interlocución sindical" que ha llevado a que CCOO haya tenido que presentar 21 denuncias ante la Inspección de Trabajo, tres tutelas de libertad sindical que el Sindicato ha ganado, dos denuncias a Seguridad Privada o a la Fundación Tripartita. Además, Sindicato y Segur Ibérica se encuentran ahora mismo en los Juzgados por el cuestionamiento que la empresa hace del comité de empresa, electo hace seis meses y en el que CCOO de Sevilla obtuvo mayoría absoluta al ser apoyada por el 70% de los trabajadores y trabajadoras.
Juan Martínez ha explicado la "persecución y atosigamiento" que sufren los trabajadores y trabajadoras que piden mejoras laborales, supuestos que, en ocasiones, siguen sin cumplirse tras resoluciones de la Inspección de Trabajo. El secretario general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios ha subrayado también "las supuestas irregularidades y manipulaciones en cuadrantes para los permisos de formación de trabajadores y trabajadoras". Como ha sentenciado Martínez, estas situaciones están llevando las relaciones laborales en Segur Ibérica "a un callejón sin salida" porque "se ha llegado a un punto de no retorno por la actitud de sus dirigentes". Tanto Juan Martínez como el responsable de Salud Laboral del comité de empresa de Segur Ibérica, Manuel Rueda, han denunciado que la empresa hace "caso omiso" a las peticiones de CCOO de dotar a sus trabajadores y trabajadoras de los equipos de protección integral (EPI), entre los que se encuentra un chaleco antibalas, para los trabajadores y trabajadoras que ejercen su labor de vigilancia en "puntos calientes" por la alerta antiterrorista como el Parlamento de Andalucía o la fábrica de Santa Bárbara.
Junto a Juan Martínez y Manuel Rueda, en la comparecencia ante los medios de comunicación ha estado presente Francisco Márquez, presidente del comité de empresa de Segur Ibérica.
EL TRIBUNAL SUPREMO DA LA RAZÓN A LOS FIRMANTES DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 2016
El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES). Pierde en el Tribunal Supremo, la impugnación (a la que con posterioridad se adhiere el Sindicato CIG) del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad 2016.
La empresa Segur Ibérica abandona la vigilancia de la Fábrica de Armas por impago (A Coruña).
Precintará las instalaciones esta medianoche ante la deuda que mantiene con ella Hércules de Armamento.
La empresa de seguridad de la Fábrica de armas, Segur Ibérica, abandonará a las doce de la noche el servicio de vigilancia de las instalaciones y las precintará, según han advertido trabajadores de la empresa. La compañía toma esta decisión ante el impago de medio millón de euros que mantiene desde hace meses Hércules de Armamento, la adjudicataria de la factoría coruñesa. Representantes del antiguo comité de empresa, adscritos a UGT,dan por hecho de que a partir de la medianoche serán miembros de las fuerzas de seguridad los que asuman la vigilancia de la factoría para salvaguardar las instalaciones y tecnología, propiedad del Ministerio de Defensa.
La empresa de seguridad dejó anoche la fábrica de armas al no cobrar desde el mes de Marzo.
Ocurrió a medianoche. La empresa Segur Ibérica suspendió el servicio de vigilancia de las instalaciones de la fábrica de armas. Lo hizo, según indicaron fuentes de la misma, por la deuda acumulada por la concesionaria de la fábrica, la empresa Hércules de Armamento. El impago vendría produciéndose desde el pasado mes de marzo y la cuantía del mismo rondaría el medio millón de euros. «Esto se queda sin seguridad», afirmaban algunos de los 15 trabajadores que hasta el momento venían prestando sus servicios en estas dependencias. También apuntaban que muchos de ellos cuenta por décadas los años trabajados en la empresa de seguridad, muchos de ellos en las instalaciones de Pedralonga: «Estábamos cuando la fábrica era de Santa Bárbara, luego cuando estuvo General Dinamycs y ahora», explica uno de los empleados, que mañana, jueves, tendrán una reunión con los responsables de su empresa y esperan que los recoloquen en otros lugares de vigilancia.
El principal responsable de Hércules de Armamento es en estos momentos Ramón Mejuto, que ya había sido director de la fábrica cuando esta pertenecía a General Dinamycs. La empresa está intentando reanudar la producción de armas.
Dado que las instalaciones están destinadas a la fabricación de armamento y por ello requieren unas especiales medidas de seguridad, Hércules de Armamento avisó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de que la empresa de seguridad abandonaba las instalaciones a medianoche, pero al cierre de esta edición los empleados de Segur Ibérica seguían esperando a los agentes para fuesen ellos los que se encargasen de las labores de vigilancia mientras la empresa concesionaria buscaba otra solución.
Interior pide a las empresas de seguridad más vigilantes en lugares de gran afluencia para prevenir atentados.
El Ministerio remite un escrito a las compañías del sector para que realicen "el mayor reforzamiento posible de las medidas de seguridad [...] en aquellos lugares de previsible o frecuente concentración" de personas para hacer frente a la amenaza yihadista. También les pide que comuniquen inmediatamente a la Policía "cualquier información que se considere de interés" y que hagan oídos sordos a "inciertos temores".
Toda ayuda es poca contra la amenaza yihadista. El Ministerio del Interior ha enviado una circular a las empresas de seguridad en la que les solicita su colaboración para prevenir un hipotético ataque en España delEstado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerda a los responsables de estas compañías que, pese a que la alerta antiterrorista se mantiene en el nivel 4, "la tipología conocida de la amenaza terrorista" tras la masacre de París hace necesario "el mayor reforzamiento posible de las medidas de seguridad" en aquellos lugares públicos de gran aglomeración de gente donde tengan desplegados vigilantes. La nota pide también la comunicación de "cualquier información que se considere de interés" con la mayor rapidez posible a la Policía.
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El escrito ha sido remitido este lunes a las compañías por la denominada 'Red Azul' de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, encargada de las relaciones con las empresas del sector. En el mismo, los responsables del Interior destacan que tras "la información de urgencia suministrada" durante el fin de semana a las mismas y las llamadas recibidas al teléfono de la Sala de Coordinación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana para recabar más datos sobre las mismas, se hace necesaria una serie de aclaraciones que enumera del uno al seis. Así, en primer lugar recuerda que el Ministerio acordó el sábado anterior mantener "el nivel 4 de alerta de Plan de Prevención y Protección Antiterrorista" y que, por tanto, se deben aplicar "las medidas de seguridad correspondientes a dicho nivel de activación".
No obstante, en el segundo punto reconoce que "en consideración a la tipología conocida de la amenaza terrorista se solicita "el mayor reforzamiento posible de las medidas de seguridad, de vigilancia y protección". ¿Dónde? El escrito únicamente destaca que "en aquellos lugares de previsible o frecuente concentración de gran número de personas", en referencia a los recintos en los que se celebran grandes eventos deportivos, culturales y sociales, así como a zonas comerciales y de ocio. Unas medidas que, recalca en el punto tercero, "se mantendrán activadas y acordes al nivel de amenaza [...] señalado en cada momento" por el propio Ministerio del Interior. Además, en el siguiente punto reclama que "cualquier información que se considere de interés para la seguridad" sea comunicada directamente a la Policía Nacional a través del mismo correo electrónico de la 'Red Azul' desde el que se ha enviado la comunicación, del 091 o del teléfono de la Sala de Coordinación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. El texto también apunta que puede ser transmitida "directamente a la dependencia policial más próxima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Evitar los "inciertos temores"
Como quinto punto de su circular, Interior recuerda a las empresas de seguridad que "la aplicación y desarrollo de las medidas de seguridad" tienen como fin "prevenir posibles hechos delictivos y favorecer el normal desarrollo de las distintas actividades". Por ello, recalca que las mismas deben ser puestas en marcha "en un marco de tranquilidad y seguridad que no debe ser alterado por inciertos temores", en referencia a las numerosas informaciones falsas que ya han comenzado a circular por las redes sociales y servicios de mensajería instantánea sobre supuestas amenazas terroristas concretas. De hecho, el propio Ministerio se vio obligado este lunes a lanzar una nota de prensa en la que aseguraba que estos mensajes "carecen de toda credibilidad y sólo pretenden provocar estados de temor a la población y de alarma ciudadana y otros fines malintencionados que son totalmente ajenos a la seguridad".
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Finalmente, el sexto punto está dedicado a informar a las empresas de seguridad de la difusión, por parte de las autoridades francesas, de la ficha de Abdeslam Salah, el ciudadano belga de 26 años al que se considera el único integrante superviviente de las'células' integristas que cometieron los atentados del pasado viernes en París que sigue vivo. Junto a la foto del mismo y sus datos, la Policía recuerda a los responsables de las empresas de seguridad que "se debe comunicar inmediatamente a los canales previstos" tanto telefónicos como de otro tipo cualquier información que los vigilantes obtengan sobre él. Eso sí, también recomienda no tomar la iniciativa para su captura "en previsión a su peligrosidad y a que vaya armado". Durante el fin de semana, el Ministerio ya había remitido a estas compañías los datos de losdos vehículos de matrícula belga que supuestamente fueron utilizados en los atentados para que previnieran sobre los mismos a sus trabajadores.
Hallan a un vigilante herido en la sala de control de la Alhambra.
Al parecer, el guarda, que estaba a cargo de las cámaras de seguridad del monumento, se hirió con su propia arma de fuego.
Era imposible que el incidente pasara desapercibido porque ocurrió en la Alhambra, el monumento más visitado de España, alrededor de las cinco de la tarde de este pasado viernes. Primero se escuchó un disparo y después, algunos gritos. Instantes más tarde, efectivos médicos y de la Policía Nacional hallaban herido a un vigilante en la sala desde que la que se controla la seguridad de la Alhambra. Al parecer, el guarda, que en esos momentos estaba a cargo de las cámaras que graban lo que sucede en el la fortaleza nazarí, se hirió de gravedad con su propia arma de fuego, según explicaron fuentes policiales.
Las primeras hipótesis apuntaban a que pudo ser un acto voluntario, aunque no se había descartado todavía la posibilidad de un accidente. El vigilante fue trasladado de inmediato al Hospital de Traumatología para ser intervenido de urgencia. Afortunadamente, parece que superó la operación y su evolución era positiva. La llegada de los equipos de emergencia a la Alhambra generó un notable revuelo entre los cientos de visitantes que se encontraban en el monumento cuando ocurrió el suceso.
El centro de control de seguridad de la Alhambra se encuentra en el edificio de Huerta de Fuentepeña. Desde allí, y durante las 24 horas horas del día, el personal de seguridad controla todo lo que sucede en el interior y exterior de las estancias nazaríes a través de las 85 cámaras repartidas por todos los emplazamientos del recinto, así como dos videograbadoras y un 'videowall', que permite el visionado de estas cámaras.
Entre las acciones que permite ese sistema destaca la de solucionar incidencias de los visitantes en los controles de acceso durante su estancia en el recinto y la posibilidad de detectar, en cualquier momento, una emergencia con los grupos de turismo organizado, a través de un sistema de localización.
CCOO critica las adjudicaciones de Seguridad Privada a una empresa que no cumple con el convenio.
CCOO de Extremadura critica que la Junta de Extremadura haya adjudicado las últimas concesiones de seguridad y vigilancia a la empresa Segurex 06, conocida por incumplir con el convenio colectivo estatal y rebajar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, ya de por sí exiguas.
Desde CCOO de Construcción y Servicios muestra su preocupación por estas adjudicaciones que contradicen los compromisos de la campaña electoral y que cubren servicios significativos de la administración regional como la Academia de Seguridad Pública de Badajoz, los Servicios de Hacienda, la Seguridad del Área del SES de Badajoz o el Servicio del 112 en Mérida.
Desde el sindicato se ha trasladado en repetidas ocasiones a los responsables de la Junta de Extremadura que esta empresa tiene una larga trayectoria de incumplimiento del convenio colectivo y que incluso ha perdido algunas demandas presentadas por CCOO por este motivo en la provincia de Cáceres.
Esta empresa, afirma el sindicato, aplica un convenio propio que no ha sido ni presentado ni registrado ante la Autoridad Laboral y que no tiene vigencia, pero que le sirve a esta compañía para justificar la rebaja en los salarios y en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que subroga
Así, por ejemplo, un trabajador de seguridad privada tiene como salario base en el convenio estatal 901 euros, mientras que en la nómina de esta empresa se recogen 801 euros, cien menos, amparándose en ese supuesto convenio propio.
Por si esto no fuera poco, la empresa en cuestión, cambia conceptos que son salariales, a extrasaliares. Como muestra, se ha presentado a la dirección del SES una nómina de una empresa que sí cumple con el convenio colectivo estatal y otra de la adjudicataria. El resultado es que un trabajador pierde en un primer mes alrededor de 50 euros a lo que hay que sumar el cambio de conceptos de salariales a extra salariales.
GERENCIA DEL SES
El sindicato ya alertó que esta misma empresa cambio las condiciones de trabajo del personal que subrogó como auxiliares de servicio que prestaban sus servicios en el Hospital Perpetuo Socorro y en la Propia gerencia del SES de Badajoz.
No solo les disminuyó su salario de forma unilateral, dejándolo en el salario mínimo interprofesional, sino que además, y pese a que los trabajadores no lo firmaron, cambiaron sus condiciones de trabajo así como su contrato, pasando de un contrato indefinido a otro de exceso de producción.
En ambos casos los trabajadores y CCOO denunciaron y los tribunales de justicia dieron la razón al sindicato. Estos antecedentes hacen más incompresibles la decisión de la Junta de Extremadura en estas nuevas adjudicaciones.
Por otra parte, la Administración regional ha contratado con la empresa Urbisegur el Servicio de seguridad y vigilancia de la Escuela de Administración Pública de Badajoz. Se trata de otro proceso cuestionable, porque esta firma no tiene sede en Extremadura a pesar de que se exige que para concesiones de más de 30 trabajadores, como es el caso.
Desde CCOO de Construcción y Servicios se insiste en reclamar a las Administraciones públicas que velen por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas a las que contrata servicios externos y obliguen al menos al cumplimiento de los convenios laborales en las subrogaciones que se produzcan.
La justicia tumba un ERE de Seguridad Integral Canaria de casi 70 trabajadores en Metro-Madrid
Justificó el despido de la mayoría en los malos resultados de Metro cuando la mayor parte de ellos no trabajaban allí.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido declarar no ajustado a derecho el ERE que la empresa Seguridad Integral Canaria afrontó antes del verano y que terminó con el despido de 67 trabajadores en los distintos lugares de la capital en los que sus vigilantes prestan servicio: unos despidos que la empresa justificó en la mala situación económica de Metro de Madrid, donde sólo trabajaban nueve del total de afectados.
Los jueces de lo social del TSJM entienden que la empresa no incurrió en mala fe ni en fraude de ley durante las negociaciones, pero sí que los 67 despidos – inicialmente iban a ser 94 – no estaban justificados, al menos no con las razones que ha expuesto entidad liderada por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. Alegó la entidad que los despidos se debían a “la deficitaria situación atravesada en los servicios de vigilancia en Metro de Madrid”, algo que según los jueces“tuvo que causar una inmensa extrañeza” a 58 de los 67 trabajadores afectados que no prestaban sus servicios en el suburbano madrileño. Es más, los magistrados subrayan que la mayoría de los despedidos trabajaban “en sectores de la empresa que atravesaban una buena situación”.
Los jueces también censuran el despido de los 9 trabajadores de Seguridad Integral Canaria que prestaban sus servicios en el Metro de Madrid: “Tampoco tiene sentido si ha quedado acreditado que realizan con habitualidad horas extras y que se están produciendo, de manera frecuente, descubiertos en la prestación de servicios comprometidos por su peligrosidad, al haberse reducido de manera drástica el número de vigilantes”. Unos “descubiertos” que quedaron relatados por los trabajadores durante el juicio: faltan vigilantes, según el testimonio del presidente del Comité de Empresa, asegurando por ejemplo que en eventos deportivos calificados de alto riesgo “la dotación de vigilantes antes se cuantificaba en diez o doce por estación y ahora se ha reducido a dos vigilantes”.
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De esta manera, el ERE que afrontó Seguridad Integral Canaria en Madrid ha sido declarado contrario a derecho, en una resolución contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo: de devenir en firme, el resultado será que los despidos de los 67 trabajadores afectados serán considerados como improcedentes, aunque no está obligada a readmitirlos.
Los sindicatos consideran que la sentencia confirma todo y cuanto ellos han exigido desde el primer día. Para Luis Bernal, portavoz del sector de Seguridad Privada de Comisiones Obreras, "no había ninguna causa sobrevenida como decía la empresa". Recuerda que Seguridad Integral Canaria conocía que las necesidades de recortes en el Metro eran una de las condiciones para el concurso de la adjudicación. "Se ha buscado echar a determinados trabajadores", sigue Bernal, "y la empresa nunca aceptó ninguna de las medidas que propusimos para ahorrar costes y minimizar el daño a los trabajadores como los calendarios de vacaciones, formación... Se podría haber ahorrado dinero y despidos, pero no quisieron".
El imperio de Seguridad Integral Canaria
La sentencia detalla los números que maneja la empresa de Miguel Ángel Ramírez en Madrid: atesora en torno a una treintena de contratos públicos y privados con diferentes administraciones y empresas para proporcionar seguridad, entre ellas los Ministerios de Defensa, Empleo y Agricultura, además de Metro de Madrid. Los tres contratos que suscribió en 2013 con el suburbano, por ejemplo, ascienden a 42 millones de euros. La empresa cuenta con una plantilla de 1.314 personas en Madrid, según los jueces.
Cae una red de títulos falsos con los que se accedía a puestos de seguridad privada
El propietario de una academia falsificaba el diploma y el sello del Ministerio de Educación y los vigilantes de seguridad compraban el título, que les servía para ser jefes, por 1.000 euros
El Juzgado de lo Penal número 4 de Tenerife ha condenado a una docena de responsables de seguridad privada, entre los que destacan dos directivos de la empresa Seguridad Integral Canaria, por falsificar y adquirir títulos de Bachillerato, que eran necesarios para concurrir a la categoría de director de seguridad, nivel requerido para instalarse de manera legal en los puestos que ocupaban. Los acusados han sido condenados a entre tres y diez meses de prisión.
En concreto, los directivos de la compañía insular son Francisco Javier L. F., jefe de Calidad de la mercantil, y Leonardo C. S., gerente en Tenerife de la sociedad presidida por Miguel Ángel Ramírez. El juez les atribuye a ambos un delito continuado de falsedad en documento oficial. Según la resolución, el primero adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” y, una vez que lo tuvo bajo el brazo, lo mostró para obtener la habilitación como jefe de seguridad y director de seguridad ante la Comisaría de Policía de Tenerife en mayo de 2009. El título de bachiller fue configurado con fecha 17 de mayo de 2002 a pesar de que había sido confeccionado siete años después.
El segundo, Leonardo C. S., compró el título de bachiller falso por entre 700 y 1.000 euros a la misma persona a la que se lo adquirió Francisco Javier. Con su nuevo título, solicitó a la Comisaría Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía de Tenerife la habilitación como director de seguridad también en mayo de 2009, así como el acceso a las pruebas para jefe de seguridad, categoría que le fue concedida en noviembre de ese mismo año.
Fuentes de la compañía de seguridad canaria indicaron a este periódico que "estas dos personas no tenían la obligación de tener título para los puestos que ocupaban. La empresa nada tiene que ver en este asunto, ya que se trata de una responsabilidad personal".
Ambos directivos de Seguridad Integral Canarias compraron su título, como ellos mismos admiten en la sentencia emitida por conformidad entre las partes, a la misma persona, Julián Manuel F. H., a quien también se lo habían comprado otros 10 falsos responsables de seguridad. Este ciudadano había creado una red de venta de títulos falsos a través de su empresa legalmente constituida, Multiservicios Broker, que tenía como objeto social la gestión de una academia que impartía cursos para obtener la categoría de vigilante de seguridad.
Según la sentencia, en febrero de 2009 Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de Formación Profesional. Asimismo, el condenado fabricó unos tampones que falsificaban el sello de la exministra Pilar del Castillo y de su secretario de Estado de Educación, ambos en el cargo entre 2000 y 2004.
Con estas herramientas, confeccionó los falsos títulos y “se dedicó a vender diplomas”, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional. En concreto, el falsificador ofertaba los primeros por 1.000 euros y los segundos por 800. La Policía Nacional comenzó a investigar la trama en mayo de 2010. Cuando dio con el cabecilla de la trama, le interrogó y este entregó un 'pendrive' con documentación que reflejaba claramente cómo había estado elaborando los títulos de modo fraudulento.
La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real,contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo-, debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Por otro lado, Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó el pasado junio la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell -que investiga al empresario por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social superior a los 20 millones de euros-, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.
Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.
Detenido por amenazar de muerte a un vigilante de seguridad en Castellón
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de amenazas graves, tras amenazar de muerte con un destornillador a un vigilante de seguridad.
Según han informado fuentes policiales en un comunicado, sobre las dos de la tarde de ayer, los agentes fueron alertados a través de la Sala Operativa del 091 para que acudiesen a la Plaza Santa Clara, donde se encontraba un hombre amenazando a los viandantes con un "pincho".
A su llegada, localizaron a este hombre visiblemente alterado, y durante el cacheo de seguridad, le incautaron un destornillador sin empuñadura y con la punta curvada hacia arriba.
Al parecer, instantes antes, el ahora detenido se colocó en el pasaje del Mercado Central impidiendo el paso de los viandantes, por lo que el vigilante de seguridad se acercó para indicarle que dejara paso.
El hombre reaccionó de forma violenta, amenazándole con el destornillador (manipulado a forma de punzón), a la vez que le amenazaba con clavárselo en el cuello.
Ante lo ocurrido, los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de amenazas graves.
El detenido, de nacionalidad española, cuenta con antecedentes policiales y ha sido puesto a disposición de la autoridad policial.
Ombuds compra Castellana de Seguridad (Casesa): nace la segunda empresa del sector en España.
La firma de la adquisición, por un precio que no ha trascendido, se realizó la semana pasada, aunque los pasos para la integración comenzaron hace meses. Los trabajadores temen que las sinergias acarreen despidos.
Una gran operación empresarial en el sector de la seguridad se acaba de firmar en Madrid. Se trata de la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa) por parte de Ombuds, que da lugar al nacimiento de un gigante sectorial que contará en un principio con más de 9.000 empleados y una facturación aproximada de 260 millones de euros, según las propias compañías. El nuevo gigante se convertirá en la segunda empresa del sector por volumen de negocio, tan sólo detrás de Securitas, según los datos que facilita eInforma, superando a la cotizada Prosegur.
La operación, largamente rumoreada, ha dado el salto definitivo tras la firma del acuerdo la pasada semana y ha sido confirmada a este diario desde distintas fuentes empresariaes y sindicales. Un portavoz oficial de Ombuds, sin embargo, negaba la mayor a Vozpópulieste mismo lunes. Después de reiteradas llamadas, el aludido ha preferido cortar la conversación por lo sano: "No te voy a decir nada, buenas tardes".
La fusión, con algunos flecos aún por concretar, se ha llevado con la máxima discreción por parte de la empresa compradora, Ombuds, que paradójicamente cuenta con un menor tamaño que Casesa tanto en facturación como en número de empleados (3.000 frente a más de 6.000). En 2011, el grupo Ombuds fue adquirido en un 75% por JZI Capital Partners a su entonces dueño, Rodrigo Cortina López, proveniente de una familia muy bien relacionada con el Partido Popular y sus servicios de seguridad. JZI es un grupo británico de capital riesgo que tiene como objetivo impulsar compañías de tamaño medio y que engloba empresas con una facturación conjunta de más de 1.000 millones anuales.
Tras adquirir Ombuds por un precio que no se hizo público, el inversor prometió convertirla en "uno de los principales operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy corto". En los últimos ejercicios, el grupo adquiriente ha ido haciendo realidad su promesa al colocar a Ombuds en la parte alta del ranking de las compañías más grandes del sector. La absorción de Casesa le permitirá escalar hasta el segundo puesto de dicho ránking. De acuerdo con las cifras de facturación referidas al ejercicio 2012, tras las tres primeras antes aludidas se situarían ahora Eulen, Segur Ibérica o Vinsa.
Compartiendo software
La operación viene rumoreándose desde hace meses, aunque fue a principios de septiembre cuando dio el salto definitivo. Ambas compañías han pasado a compartir ciertos softwares para acelerar su integración y los empleados comienzan a posicionarse. La inquietud es grande ante el temor de que una operación de tal magnitud traiga consigo recortes de plantilla, especialmente en Castellana de Seguridad, que cuenta con más empleados y contratos de más volumen.
Los rumores sobre operaciones corporativas han sido abundantes en el sector en los últimos tiempos, rumores que la mayor parte de las veces no llegan a materializarse. Ocurrió el pasado verano cuando, aprovechando la confusión estival, surgió un bulo según el cual Prosegur habría comprado Casesa y Segur Ibérica, una historia que ni siquiera apareció en la sala de prensa de la compañía dirigida por Helena Revoredo.
"Es una actitud habitual en el sector que haya muchos rumores, pero también que una empresa compre otra para hacerse con sus contratos", comenta a Vozpópuli una fuente sindical. Casesa ha sido la agencia de seguridad de importantes eventos deportivos como la última Vuelta a España. Tiene clientes de renombre en sectores como el financiero (Santander, BBVA o EVO Bank) o de gran consumo (Carrefour, Worten o Cortefiel). También trabaja con Renfe, Iberdrola, Repsol, Peugeot o Altadis, por citar sólo algunas compañías.
Casesa era un
Casesa, cuyos dueños, según la rumorología del sector, llevaban tiempo tratando de venderla, está también presente en la administración pública con especiales buenas relaciones con el Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía o el Gobierno vasco, que le adjudicó en 2010 nada menos que un tercio de todos los servicios de seguridad privada a políticos, jueces y cargos electos en el País Vasco. Precisamente Ombuds fue otra de las agraciadas por este contrato de seguridad de 144 millones de euros. No obstante, el final de la violencia de ETA y la relajación de la tensión en País Vasco y Navarra redujo drásticamente el negocio de la compañía.
Ombuds también tiene buenas relaciones con la administración pública, como evidencia el contrato de 3 millones de euros que le adjudicó el Ministerio de Defensa en 2013 para la seguridad de 10 centros sanitarios militares.
Condenado un vigilante por disparar al aire y retener al atracador de su mujer en Palma
Un juzgado penal de Palma condenó ayer a seis meses de prisión y dos multas a un vigilante de seguridad de la ciudad por disparar al aire con una pistola y retener en un coche a un hombre que horas antes supuestamente había atracado a su mujer en un bar que ella regenta en s´Arenal. El acusado no actuó solo. Le acompañaban otros tres jóvenes, entre ellos su hijo y otro muchacho que ha sido condenado recientemente a diez años de cárcel por la Audiencia de Palma por encargar el asesinato de su expareja y del actual novio de esta. Los cuatro sospechosos salieron en busca del presunto asaltante del bar y, cuando lo localizaron, le dieron una paliza en las inmediaciones del Coll d´en Rabassa. El vigilante, armado con una pistola y equipado con unos grilletes, pegó un tiro al aire para amedrentarle y evitar que huyera. Acto seguido, tras alcanzarle, lo esposó y lo retuvo en su vehículo a la fuerza.
Ayer al mediodía, los cuatro imputados confesaron los hechos y aceptaron las penas que solicitó la fiscal. El principal encausado se conformó con medio año de prisión y dos multas por los delitos de amenazas, lesiones y detención ilegal. Sus tres colaboradores fueron sentenciados a sendas multas de nueve meses a razón de seis euros diarios por las lesiones con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. La fiscalía rebajó su petición de condena al apreciar la atenuante de reparación del daño, ya que los sospechosos, antes del inicio del juicio, pagaron unos 1.500 euros en concepto de indemnización a la víctima. Al final, ante el acuerdo alcanzado, la magistrada dictó sentencia ´in voce´ contra todos.
Los hechos se remontan al pasado 30 de octubre de 2011 cuando el vigilante de seguridad acusado cogió una pistola marca Norinco of the 1911 A1, de la que disponía de la correspondiente licencia de armas, y unos grilletes. El hombre se puso de acuerdo con los otros tres imputados para ir a buscar a un joven, que presuntamente había perpetrado horas antes, ese mismo día, un robo con violencia en el bar que regentaba la mujer del vigilante. Así, poco después, encontraron al supuesto asaltante en un salón de juegos ubicado en la calle Cardenal Rossell, en el Coll d´en Rabassa. Una vez consiguieron que el joven saliera del establecimiento, los cuatro sospechosos comenzaron a golpearle y le causaron heridas sangrantes en el rostro como una posible fractura del tabique nasal. Como consecuencia de las lesiones sufridas, el afectado precisó asistencia médica y puntos de sutura.
Mientras recibía la paliza, el varón trató de huir del lugar, pero el vigilante encausado efectuó un disparo al aire a la vez que le decía que o se paraba o le pegaría un tiro, según la tesis de la fiscalía.
El principal acusado luego alcanzó al perjudicado, le puso los grilletes y lo llevó hasta su vehículo a la fuerza donde lo retuvo con la intención de llevarlo a la Policía por el robo que había cometido con anterioridad. Sin embargo, varias patrullas policiales aparecieron entonces, tras ser alertadas por los vecinos que oyeron un disparo en plena calle, y se hicieron cargo del caso. Los agentes detuvieron a todos, a los cinco hombres, y hallaron en el maletero del automóvil la pistola utilizada. La Policía luego intervino otras armas al guardia que tenía de forma legal. Su mujer había sufrido por la mañana un asalto en su bar cuando un joven no quiso pagar varias consumiciones. Luego, el sospechoso regresó al local, atacó a la dueña y arrojó al suelo la caja registradora para apoderarse de unos cien euros y huir en coche.
Un desempleado agrede al vigilante de la oficina de Empleo en Gamarra (Málaga).
El usuario supuestamente reaccionó de forma violenta cuando le informaron de que había obtenido mal la cita previa y debía solicitarla de nuevo.
La Policía Nacional investiga la agresión sufrida esta mañana por el vigilante de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Gamarra. La víctima, que ha sido trasladada por el 061 al Hospital Carlos Haya, recibió una patada en la parte baja del vientre cuando intentaba calmar a un usuario que pretendía solicitar una prestación, pero que se había equivocado al solicitar la cita previa por Internet, según testigos.
El suceso ocurrió minutos antes de las diez de la mañana. Al parecer, el supuesto agresor se presentó en la oficina acompañado de sus padres y, cuando le tocó el turno, se dirigió al mostrador para solicitar una ayuda familiar. El funcionario le informó de que había obtenido mal la cita previa, por lo que debía volver a pedirla. Fue entonces cuando, según las fuentes consultadas, reaccionó de forma agresiva y, tras amenazar al trabajador, comenzó a dar patadas al mobiliario.
Su propio padre y el vigilante, que acabó con la camisa rota del forcejeo, trataron de calmarlo y lo sacaron de las dependencias del SAE para evitar que el incidente pasara a mayores. La agresión se produjo ya en el exterior de la oficina. Fuentes del 061 confirmaron el traslado del herido al Hospital Carlos Haya, sin precisar su estado.
La Policía registra la sede de Alcor Seguridad y detiene al gerente de la empresa.
La Policía registró el viernes durante horas las oficinas de Alcor en Monforte y detuvo al gerente de esta empresa de seguridad privada, que presta servicios en diferentes comunidades autónomas. Todavía no han trascendido detalles concretos sobre esta operación, que tiene ramificaciones en diferentes ciudades.
El viernes por la mañana se presentaron en la sede central de Alcor, en el número cuatro de la calle de la Estrella, agentes de una unidad especial de la Policía Nacional acompañados de una comitiva judicial. Una vez dentro, las personas al mando del dispositivo comunicaron a los trabajadores que disponían de una orden judicial para registrar las instalaciones y acceder a la información de los ordenadores de la empresa.
El registro se prolongó todo el día y los empleados que se encontraban en las oficinas tuvieron que permanecer en todo momento en sus puestos, con la única excepción de un tiempo al mediodía, cuando les dieron permiso para que saliesen a comer. En el marco de esta operación, fue detenido Carlos S. F., el gerente de Alcor. Según las fuentes consultadas, la operación continuó ayer con un registro en la casa del detenido.
No hay todavía información oficial sobre las causas de una investigacion que, al parecer, está siendo dirigida por un juzgado de fuera de Galicia. Los policías encargados del caso son asimismo agentes de la unidad central de seguridad privada, un servicio de la Policía Nacional dedicado específicamente al control de las empresas que trabajan en este sector.
La primera firma gallega que prescindió del convenio para bajar salarios
Alcor Seguridad fue fundada en el 2009 y es una de las principales empresas del sector. Portavoces de la firma apuntaban en el 2014 que en unos meses habían duplicado su plantilla hasta colocarla en los ochocientos trabajadores. Un año antes, adquirió notoriedad porque fue la empresa empresa gallega de seguridad en descolgarse del convenio estatal y aplicar fuertes recortes salariales a su plantilla, lo que le valió un conflicto con la Diputación de Lugo, para la que trabajaba y que acababa de aprobar la aplicación a todos sus contratos la denominada cláusula social, que impide contratar servicios a empresas privadas que recorten salarios o derechos laborales. Con su sede principal en Monforte, Alcor presta servicios a administraciones públicas y empresas privadas en diferentes comunidades autónomas. En su página web puede leerse que en su nómina de servicios entran el control de espectáculos públicos, la protección de personas, la instalación de sistemas de seguridad, la planificación de actividades de seguridad para empresas o propiedades y la vigilancia de exposivos.
La investigación judicial sobre Alcor lleva más de un año en marcha.
Una denuncia presentada en septiembre del 2014. Ese es el origen de la investigación judicial que ha sacudido a la empresa monfortina Alcor Seguridad, con la detención de su gerente y dos cargos intermedios de la firma en Asturias más y el registro de sus oficinas centrales por parte de la Policía Nacional. Los tres han sido puestos en libertad después de ser interrogados en el juzgado, pero la investigación sigue en marcha.
«Todo es evanescente, es uno de los casos más cómodos que me ha tocado defender», aseguraba ayer aparentemente confiado Javier Gómez de Liaño. Este letrado madrileño, muy conocido porque fue juez de la Audiencia Nacional y por su reciente papel como defensor de Luis Bárcenas, es el abogado de Carlos Somoza Fouces, gerente y alma máter de Alcor desde la fundación de esta empresa en el año 2009.
El aparente optimismo de su abogado contrasta con el hecho de que su cliente pasase todo el fin de semana retenido en comisaría, con la Policía estirando cerca del límite el plazo máximo de 72 horas de detención. Puede parecer chocante que después de eso ni siquiera la Fiscalía se opusiese a la puesta en liberta de Carlos Somoza. Pero puede suceder que la Policía prolongase el tiempo de detención ante la creencia de que el imputado podía aprovechar una salida rápida de comisaría para alterar pruebas.
Algo más de suerte tuvieron los dos empleados de Alcor, con puestos de responsabilidad en Asturias y Canarias, que fueron detenidos también el viernes. Ellos fueron llamados a declarar en el juzgado monfortino el domingo, así que quedaron en libertad un día antes que su jefe.
En esta operación no han tenido participación directa los agentes adscritos a la comisaría de la Policía Nacional de Monforte, más allá de la labor de custodia de los detenidos durante el tiempo que permanecieron en los calabozos y en su traslado al juzgado. Pero contra lo que trascendió en un primer momento, su trata de una investigación que nació en Monforte y que está siendo dirigida por un juzgado local, el número dos. Lo que sucede es que el juzgado recurrió a la unidad de la Policía Nacional que se dedica específicamente a la supervisión de las empresas que operan en el sector de la seguridad privada.
«Todo es evanescente, es uno de los casos más cómodos que me ha tocado» Javier Gómez de Liaño
Libertad con cargos y sin fianza para el propietario de Alcor Seguridad
El empresario monfortino Carlos Somoza, detenido el pasado viernes, quedó en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración este lunes por la mañana en el juzgado de Monforte.
El gerente de la firma de seguridad privada Alcor, al que se le imputan delitos contra los trabajadores, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tendrá que comparecer cada 15 días en dependencias judiciales.
Su abogado, Javier Gómez de Liaño, aseguró, en declaraciones ante los periodistas, que se trata de "uno dos casos más fáciles" que llegaron a su despacho.
Carlos Somoza fue detenido el viernes y hasta hoy estuvo custodiado por los agentes de la Policía Nacional en los calabozos con los que cuenta la comisaría de la ciudad del Cabe.
La investigación la inició el juzgado de Monforte en septiembre de 2014. Un grupo especializado de la Policía Nacional en seguridad privada y delincuencia organizada sigue tomando declaraciones a personas relacionadas con Alcor y volcando datos de los ordenadores que se incautaron en la sede de la empresa, situada en la Rúa Estrela, así como numerosa documentación en papel.
Los cambios del adelanto del IRPF en tu trabajo y tu nómina.
El adelanto de la reforma fiscal prevista para 2016 ha supuesto un cambio en los tipos de IRPF y por lo tanto en tu salario, pero este no es el único cambio laboral.
El pasado mes de julio el Gobierno sorprendió a todo el mundo con el adelanto de la segunda parte de la reforma fiscal que debía implementarse en 2016. La consecuencia más inmediata para la mayoría de trabajadores ha sido mayor renta disponible, Y es que la reforma ha servido para bajar los tipos de IRPF y por lo tanto las retenciones que se practican en la nómina. La traducción ha sido que el sueldo se ha incrementado una media de 12 euros al mes, aunque la cantidad concreta dependerá de cada trabajador.
Para que entiendas mejor por qué, sólo debes fijarte en cómo han cambiado las tablas de IRPF previstas para 2015 y las que finalmente se aplicarán, que son las siguientes.
En términos generales, la rebaja está entre el medio punto y el punto porcentual, dependiendo del tramo del que se trate.
Pero este no ha sido el único aspecto que afecta a los trabajadores y al ámbito laboral. El adelanto de la reforma trae otra serie de novedades que conviene que conozcan, tanto si eres autónomo como empleado.
Restricciones en las indemnizaciones por despido
La indeminización por despido está exenta de tributar hasta 180.000 euros para los despidos posteriores al 1 de agosto de 2014 y lo que sean consecuencia de un ERE o un despido colectivo comunicado también con anterioridad a esa fecha.
El adelanto de la reforma incluye un requisito adicional para que las cantidades permanezcan exentas, y es que el trabajador no podrá volver a ser contratado por la empresa que le despidió u otras compañías vinculadas en un plazo de tres años. El objetivo de esta medida es la de evitar ciertas políticas de despidos y contrataciones de determinadas empresas y que también beneficiaban al trabajador desde un punto de vista fiscal. Si incumple este requisito, deberá tributar por el paro percibido como si fuese una renta del trabajo más.
Reducción para las indemnizaciones fraccionadas
La nueva ley también prevé una reducción del 30 % para las indemnizaciones por despidos laborales que se perciban de forma fraccionadas. Quienes quieran beneficiarse de esta medida deberán acreditar que el coeficiente resultante de dividir el número de años en los que se trabajó, computados de fecha en fecha, entre el número de periodos impositivos de fraccionamiento, es superior a dos.
En cualquier caso, el límite de la indemnización será de 1.000.000 de euros, capital a partir del cual no se aplicará reducción alguna, y también se empezará a limitar el capital a partir de los 700.000 euros.
Cambios en la reducción por movilidad
El IRPF ya prevé una reducción por movilidad geográfica de la que se podrán beneficiar los desempleados que hayan aceptado un puesto de trabajo en un municipio diferente al suyo de residencia.
Esta deducción es de 2.000 euros con el límite de los rendimientos íntegros del trabajo. Dicho de otra forma, el resultado de restar ese dinero a los ingresos salariales no puede ser negativo.
Los últimos cambios normativos han adelantado una modificación según la deducción sólo se podrá aplicar sobre sobre los rendimientos del trabajo referidos al empleo que consiguió a través de la movilidad. De esta forma, si una persona ha dos trabajos, no podrá beneficiarse de este beneficio para el segundo o el primero de ellos que no tenían que ver con un cambio de municipio, según explica Carmen Bujan.
La exención por entrega de acciones
La entrega de acciones a los trabajadores se hace más equitativa con el adelanto de la reforma. Y es que bajo la nueva normativa sólo quedarán exentas de tributar cuando la oferta se aplique a todos los trabajadores por igual. Dicho de otra forma, se terminan con los privilegios de la clase directiva en la retribución con acciones de la empresa.
Además, será necesario mantener los títulos durante un periodo mínimo de tres años.
Los gastos de estudio ya no serán retribución en especie
Cuando la empresa haga un desembolso para formar a los empleados y reciclar al personal, el dinero pagado ya no se considerará retribución en especie siempre que se trate de formaciones exigidas por sus actividades o puestos de trabajo.
Exención de los gastos de transporte
Por su parte, el dinero que los trabajadores reciban de forma directa o indirecta para desplazarse hasta el trabajo en transporte público quedarán exentas hasta los 1.500 euros.
La AN declara que corresponde al trabajador concretar y determinar el periodo de disfrute del permiso de lactancia y la reducción de la jornada ordinaria
La AN declara que corresponde al trabajador concretar y determinar el periodo de disfrute del permiso de lactancia y la reducción de la jornada ordinaria
La AN acuerda estimar las demandas deducidas y declara el derecho de los trabajadores de la empresa demandada a que la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda legal se disfrute sin más requisitos o limitaciones que las que aparecen contempladas en el Convenio Colectivo de Contact Center, sin que la empresa les pueda exigir que dicha concreción horaria se realice obligatoriamente dentro de su jornada ordinaria “diaria”.
Sentencia
Sentencia reciente del TS de 14 de julio de 2015, Recurso de casación para unificación de doctrina, sobre:
DESPIDO VIGILANTE DE SEGURIDAD. NO EXISTE SUBROGACIÓN CUANDO SE EXTINGUE LA CONTRATA ENTRE PRINCIPAL Y CONTRATISTA Y SIN MEDIAR SUCESIÓN ENTRE LA PRIMERA Y OTRA EMPRESA PRINCIPAL ESTA ÚLTIMA EMPIEZA A DESARROLLAR SU PROPIA ACTIVIDAD, IGUAL O DIFERENTE EN LOS LOCALES EN DONDE SE DESARROLLÓ LA CONTRATA ANTERIOR.
Un individuo entra en un edificio del campus y agrede a un profesor,a un vigilante y dos policías (Ourense).
En el edificio politécnico del campus de Ourense se vivió esta la mañana una situación tensa, provocada por un individuo -descalzo y descamisado- que tras mantener un altercado con un vigilante de seguridad y amenazar a otras personas, golpeó a un profesor y posteriormente agredió a dos agentes de la Policía Local que acudieron al aviso y terminaron deteniéndolo como presunto autor de un atentado.
El suceso ocurrió a las 9.43 horas, según informó la Policía Local, en el edificio de Informática y Ciencias. Pero previamente, el mismo supuesto autor había protagonizado otro altercado similar en la sucursal que el Banco Santander tiene en el campus. Allí entró el hombre, de 38 años, exigiendo que le dieran una determinada cantidad de dinero (algo más de 16 euros). De allí, lo tuvo que expulsar el propio personal del banco, empujándolo con una silla.
Supuestamente después de esto, se encaminó a la Facultad de Ciencias y se dirigió a distintas personas pidiéndoles tabaco o dinero. A un profesor de esta facultad, que estaba charlando con un conserje en el patio interior del edificio, le pidió también 16 euros. El docente le ignoró y recibió un fuerte manotazo en la espalda.
La Policía Local recibió el aviso de que un individuo estaba protagonizando un altercado con un vigilante -que recibió un golpe en un costado- y profería amenazas a otras personas. La patrulla que se desplazó al lugar encontró al sospechoso con el torso desnudo y descalzo y se le veían varias heridas en el cuerpo. Cuando los agentes le preguntaron qué le pasaba, el sospechoso «sin mediar palabra», según la Policía Local, comenzó a dar patadas y puñetazos a ambos. Las heridas de los agentes fueron leves. Por este motivo, la patrulla detuvo al agresor por un presunto atentado a agentes de la autoridad.
A la policía le costó reducirlo, pues era de complexión delgada pero fibrosa, y por su estado colérico. Tanto los agentes como el detenido -por las heridas que presentaba- recibieron asistencia médica. La Policía Local abrió diligencias judiciales. El juzgado tendrá que aclarar el estado mental del arrestado. Fuentes universitarias confirmaron que el agresor no tiene ninguna relación con el campus de Ourense
Prosegur se convierte en la primera compañía de seguridad privada con licencia para volar drones.
Prosegur se ha convertido en la primera compañía privada de seguridad con licencia Aesa para volar drones, tras el reconocimiento del Ministerio de Fomento a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
De esta manera, según ha informado la compañía en un comunicado, tendrá licencia para utilizar este tipo de dispositivos en sus tareas de vigilancia.
Prosegur, que se encuentra en una fase de desarrollo de su línea de negocio, trabaja en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia.
Además, la compañía destaca las posibilidades que estos aparatos suponen para la vigilancia de instalaciones sensibles en zonas de difícil acceso, líneas de alta tensión eléctrica, de alta velocidad ferroviaria y protección medioambiental contra incendios forestales, entre otros.
Así, Proseguir considera que el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos estándares de seguridad más elevados.
En este contexto, el avance en el desarrollo de los drones se une con el análisis de video, la detección térmica y la gestión con el Centro de Control Avanzado, como los servicios más destacados que ofrece la empresa a sus clientes.
El director de Tecnología de la compañía de seguridad, Manuel Rodríguez, destaca que este desarrollo muestra la apuesta de Prosegur por situarse a la vanguardia dentro del sector de la seguridad privada.
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