La Policía registró el viernes durante horas las oficinas de Alcor en Monforte y detuvo al gerente de esta empresa de seguridad privada, que presta servicios en diferentes comunidades autónomas. Todavía no han trascendido detalles concretos sobre esta operación, que tiene ramificaciones en diferentes ciudades.
El viernes por la mañana se presentaron en la sede central de Alcor, en el número cuatro de la calle de la Estrella, agentes de una unidad especial de la Policía Nacional acompañados de una comitiva judicial. Una vez dentro, las personas al mando del dispositivo comunicaron a los trabajadores que disponían de una orden judicial para registrar las instalaciones y acceder a la información de los ordenadores de la empresa.
El registro se prolongó todo el día y los empleados que se encontraban en las oficinas tuvieron que permanecer en todo momento en sus puestos, con la única excepción de un tiempo al mediodía, cuando les dieron permiso para que saliesen a comer. En el marco de esta operación, fue detenido Carlos S. F., el gerente de Alcor. Según las fuentes consultadas, la operación continuó ayer con un registro en la casa del detenido.
No hay todavía información oficial sobre las causas de una investigacion que, al parecer, está siendo dirigida por un juzgado de fuera de Galicia. Los policías encargados del caso son asimismo agentes de la unidad central de seguridad privada, un servicio de la Policía Nacional dedicado específicamente al control de las empresas que trabajan en este sector.
La primera firma gallega que prescindió del convenio para bajar salarios
Alcor Seguridad fue fundada en el 2009 y es una de las principales empresas del sector. Portavoces de la firma apuntaban en el 2014 que en unos meses habían duplicado su plantilla hasta colocarla en los ochocientos trabajadores. Un año antes, adquirió notoriedad porque fue la empresa empresa gallega de seguridad en descolgarse del convenio estatal y aplicar fuertes recortes salariales a su plantilla, lo que le valió un conflicto con la Diputación de Lugo, para la que trabajaba y que acababa de aprobar la aplicación a todos sus contratos la denominada cláusula social, que impide contratar servicios a empresas privadas que recorten salarios o derechos laborales. Con su sede principal en Monforte, Alcor presta servicios a administraciones públicas y empresas privadas en diferentes comunidades autónomas. En su página web puede leerse que en su nómina de servicios entran el control de espectáculos públicos, la protección de personas, la instalación de sistemas de seguridad, la planificación de actividades de seguridad para empresas o propiedades y la vigilancia de exposivos.
La investigación judicial sobre Alcor lleva más de un año en marcha.
Una denuncia presentada en septiembre del 2014. Ese es el origen de la investigación judicial que ha sacudido a la empresa monfortina Alcor Seguridad, con la detención de su gerente y dos cargos intermedios de la firma en Asturias más y el registro de sus oficinas centrales por parte de la Policía Nacional. Los tres han sido puestos en libertad después de ser interrogados en el juzgado, pero la investigación sigue en marcha.
«Todo es evanescente, es uno de los casos más cómodos que me ha tocado defender», aseguraba ayer aparentemente confiado Javier Gómez de Liaño. Este letrado madrileño, muy conocido porque fue juez de la Audiencia Nacional y por su reciente papel como defensor de Luis Bárcenas, es el abogado de Carlos Somoza Fouces, gerente y alma máter de Alcor desde la fundación de esta empresa en el año 2009.
El aparente optimismo de su abogado contrasta con el hecho de que su cliente pasase todo el fin de semana retenido en comisaría, con la Policía estirando cerca del límite el plazo máximo de 72 horas de detención. Puede parecer chocante que después de eso ni siquiera la Fiscalía se opusiese a la puesta en liberta de Carlos Somoza. Pero puede suceder que la Policía prolongase el tiempo de detención ante la creencia de que el imputado podía aprovechar una salida rápida de comisaría para alterar pruebas.
Algo más de suerte tuvieron los dos empleados de Alcor, con puestos de responsabilidad en Asturias y Canarias, que fueron detenidos también el viernes. Ellos fueron llamados a declarar en el juzgado monfortino el domingo, así que quedaron en libertad un día antes que su jefe.
En esta operación no han tenido participación directa los agentes adscritos a la comisaría de la Policía Nacional de Monforte, más allá de la labor de custodia de los detenidos durante el tiempo que permanecieron en los calabozos y en su traslado al juzgado. Pero contra lo que trascendió en un primer momento, su trata de una investigación que nació en Monforte y que está siendo dirigida por un juzgado local, el número dos. Lo que sucede es que el juzgado recurrió a la unidad de la Policía Nacional que se dedica específicamente a la supervisión de las empresas que operan en el sector de la seguridad privada.
«Todo es evanescente, es uno de los casos más cómodos que me ha tocado» Javier Gómez de Liaño
Libertad con cargos y sin fianza para el propietario de Alcor Seguridad
El empresario monfortino Carlos Somoza, detenido el pasado viernes, quedó en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración este lunes por la mañana en el juzgado de Monforte.
El gerente de la firma de seguridad privada Alcor, al que se le imputan delitos contra los trabajadores, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tendrá que comparecer cada 15 días en dependencias judiciales.
Su abogado, Javier Gómez de Liaño, aseguró, en declaraciones ante los periodistas, que se trata de "uno dos casos más fáciles" que llegaron a su despacho.
Carlos Somoza fue detenido el viernes y hasta hoy estuvo custodiado por los agentes de la Policía Nacional en los calabozos con los que cuenta la comisaría de la ciudad del Cabe.
La investigación la inició el juzgado de Monforte en septiembre de 2014. Un grupo especializado de la Policía Nacional en seguridad privada y delincuencia organizada sigue tomando declaraciones a personas relacionadas con Alcor y volcando datos de los ordenadores que se incautaron en la sede de la empresa, situada en la Rúa Estrela, así como numerosa documentación en papel.
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