- Un vigilante de seguridad de la UGR inicia su segunda huelga de hambre frente al Hospital Real para que la adjudicataria del servicio cumpla las condiciones que prometió para que abandonara su primera protesta.
“Mi hija no podrá estudiar en la Universidad que yo custodio por 600 euros”. Con el exiguo sueldo que cobra como vigilante de seguridad para la UGR Manuel Puertas no alcanza a pagar los 180 euros de tasas que precisa su hija para acceder a los exámenes de Selectividad. Sus lágrimas al saber que tantas horas de estudio no ‘pagan’ su derecho a las pruebas y que su sueño de ser abogada no cabe en los números rojos de la familia han impulsado a este padre a iniciar una nueva huelga de hambre este 11 de junio frente al Hospital Real. Es la segunda que el trabajador emprende y, en esta ocasión, piensa continuar hasta que “cumplan todo lo que prometieron” para que abandonara la primera protesta.
El pasado diciembre Puertas optó por dejar de comer para exigir su readmisión después de que Casesa, filial deServicas adjudicataria del servicio de vigilancia en Universidad de Granada y el Ayuntamiento, lo dejara en la calle junto a otros 16 vigilantes para afrontar el recorte de horas de la Gerencia de la UGR. El trabajador llevaba cinco años encadenando contratos de obras y servicios con la categoría de auxiliar, pese a desempeñar las funciones de vigilante (en los últimos meses en el Centro de Transferencia Tecnológica de la UGR) lo que implica cobrar 645 euros, en lugar de los 940 que le corresponden, recuerda. Tras cuatro días de inanición, la propia Universidad y la empresa le ofrecieron un contrato indefinido como auxiliar en un centro de trabajo del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) con la promesa de asignarle un puesto de vigilante en cuanto hubiera una vacante.
Seis meses después, Puertas continúa empleado como “correturnos” en distintos edificios de la UGR. Trabaja 166 horas por 640 euros y la situación económica de su familia es asfixiante: ha perdido su hogar por no poder hacer frente a la hipoteca y tiene su nómina embargada por otras facturas que tampoco pudo pagar. “Por suerte el banco nos concedió la dación en pago, pero con lo poco que mi mujer gana echando horas y mi mísero salario vivimos al límite y no podemos dar unos estudios universitarios a nuestras dos hijas”, se entristece.
Para reivindicar el puesto de vigilante que en su día le prometieron este padre de familia ha vuelto a ‘acampar’ frente al Hospital Real, donde también recoge firmas. Allí permanecerá sin más alimento que agua hasta que “cumplan lo que prometieron”. Puertas culpa a la propia Universidad y al Ayuntamiento de sus “precarias” condiciones laborales y las del resto de la plantilla de Casesa y Servicas. “Cuando adjudican ese servicio público por migajas saben que con esa cantidad resulta imposible mantener un empleo digno”, refiere, al tiempo que lamenta el trato “vejatorio” que sufrió durante la firma de su nuevo contrato, cuyas condiciones no se correspondían con lo que pactaron, asegura. “Lo más bonito que me dijeron en Casesa es que de haber sido por ellos, me habría muerto de hambre”, parafrasea.
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