Un vigilante de seguridad encerró a una trabajadora en una cámara frigorífica
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por el empleado de una empresa de seguridad contra la sentencia de un Juzgado de Cartagena que declaró procedente su despido por encerrar a la trabajadora de una gran superficie en la cámara frigorífica.
La sentencia declaró probado que el demandante prestaba sus servicios de vigilancia en ese establecimiento comercial cuando, el 21 de enero de 2015, procedió a encerrar en la cámara frigorífica a la empleada.
A los gritos de esta, acudió en socorro una compañera, y al abrirse la puerta y poder salir de la estancia, la mujer que había estado encerrada"salió angustiada y llorando", mientras le decía al vigilante que"desconocía por que había procedido a encerrarle".
Publicidad
El febrero siguiente, la empresa procedió a comunicarle el despido disciplinario, al considerar intolerable la conducta que había tenido al cerrar la puerta de la cámara frigorífica con la trabajadora en su interior.
El cese de la relación laboral fue declarado procedente por el Juzgado de lo Social de Cartagena, en una sentencia que ahora se ve confirmada por el TSJ con una resolución que tiene como ponente al magistrado José Luis Alonso.
Dice la Sala que "cerrar la cámara frigorífica sabiendo que hay una persona dentro es, de inicio, un claro abuso de confianza que justifica el despido, uniéndose a ello la circunstancia de que implica un mal trato de obra inaceptable".
Y añade que no es admisible esa conducta porque "dependiendo de la habilidad y fortaleza de la persona en concreto, se crea una situación de riesgo, incompatible con lo que debe procurar un vigilante de seguridad, que es lo contrario"
USO suspende de militancia a su responsable de Seguridad Privada
- La dirección del sindicato abre un expediente disciplinario al secretario general de esa federación, Antonio Duarte
- Sus líos judiciales y su defensa a ultranza de las grandes empresas en detrimento de las pequeñas, clave en la decisión
El máximo órgano directivo de la Unión Sindical Obrera (USO) ha acordado en una reunión extraordinaria la apertura de un expediente disciplinario al secretario general de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte Álvarez. Esta decisión, cuyos motivos no han sido comunicados por el sindicato, conlleva la suspensión cautelar de militancia de Duarte mientras dure la tramitación del expediente.
La decisión de la comisión ejecutiva confederal de USO implica que, a partir de este momento, Antonio Duarte no representa a la organización sindical, por lo que cualquier actuación del mismo ante las empresas del sector lo será a título personal, indica una nota enviada a las empresas por el sindicato para comunicar la suspensión del hasta ahora responsable de su sección de Seguridad Privada.
Sus numerosos líos judiciales y su defensa a ultranza de las grandes compañías del sector, especialmente Prosegur, en detrimento de las más modestas, han sido cuestiones clave para la toma de decisión del sindicato. Sin ir más lejos, la pasada semana Duarte inventó una rueda de prensa única y exclusivamente para pedir que la justicia decretara el ingreso en prisión del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria, una de las empresas de la competencia de Prosegur. Este hecho lo hizo, además, sin el más mínimo rigor ético y jurídico que se requiere para la labor sindical.
En ese mismo documento, la dirección de USO señala que próximamente informará de los motivos de esta decisión, así como de la persona designada para sustituir a Antonio Duarte al frente de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada.
TSJ respalda el despido de un vigilante por su falta de puntualidad
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha respaldado la sentencia de un Juzgado que hace ahora poco más de un año declaró procedente el despido del trabajador de una empresa de seguridad por su reiterada falta de puntualidad y por desobedecer a sus superiores.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que este trabajador presentó contra la dictada por el Juzgado de lo Social de Murcia que absolvió a la empresa, a la que había acusado incluso de vulnerar derechos fundamentales.
El juez, en la sentencia que ahora se ve ratificada por el TSJ, recogió que la empresa entregó al apelante una carta de despido en el que le comunicaba que esta medida había sido acordada por una falta muy grave de desobediencia a sus jefes y por más de doce faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de seis meses.
La carta exponía igualmente que no cumplió con su obligación de mantenerse con el uniforme puesto durante toda la prestación del servicio, además de que tampoco atendió la obligación que tenía impuesta respecto al sistema de fichaje para comprobar el cumplimiento horario.
Frente a lo sostenido por el recurrente, que atribuyó el cese a una represalia por las reclamaciones que había entablado contra la empresa, el TSJ comenta que esa afirmación no ha sido acreditada, cuando, por el contrario, sí se han comprobado sus faltas de puntualidad a la hora de incorporarse a su trabajo.
El Pinaret suspende de empleo y sueldo al vigilante que inició una huelga de hambre
Rafa Cabello, el vigilante de Es Pinaret que inició una huelga de hambre hace poco más de una semana ha sido suspendido de empleo y sueldo.
«Sobre las 13:42 horas, fue visto desde la zona de control haciendo una llamada telefónica con su móvil particular, así como de nuevo fumando dentro del centro de menores, en la zona de esclusa. Estas conductas suponen una falta muy grave. La empresa ha decidido suspenderla de empleo y sueldo dos meses», afirma Víctor Tendero, gerente de seguridad Iss, la concesionaria del servicio.
Cabello, que según partes médicos ha perdido 7 kilos, comenta: «Mi pesadilla comenzó hace dos años cuando denuncié que una educadora mantenía una relación sexual con un menor. Desde entonces los dos responsables de servicio iniciaron una campaña de acoso y derribo contra mi persona, ahora quieren acabar con mi vida y la de mi familia».
Sebastián Oliver, miembro de Alternativa Sindical cree que «lo que están haciendo con este pobre hombre es una salvajada, una falta de humanidad. Acaban de dejar en la calle sin un duro de manera ilegal a un hombre de cuyo sueldo viven su mujer, hijos y una nieta».
CCOO critica que "empresas incumplidoras" se postulen a la Seguridad Privada de Comunidad
CCOO de Construcción y Servicios de Madrid, junto a otros sindicatos con representación en el sector, ha registrado un escrito mostrando su preocupación ante las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid, al conocerse que "empresas incumplidoras" como Marsegur y Sinergia de vigilancia y seguridad habían quedado postuladas en el concurso como las empresas con más posibilidades de cara a la adjudicación final. El personal de los servicios de seguridad privada de las Consejería
de la Comunidad de Madrid, al conocerse que "empresas incumplidoras" como Marsegur y Sinergia de vigilancia y seguridad habían quedado postuladas en el concurso como las empresas con más posibilidades de cara a la adjudicación final.
El personal de los servicios de seguridad privada de las Consejerías de Economía, Empleo y Hacienda y Educación, Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid son los principales afectados en caso de que finalmente estas empresas se hagan cargo del servicio, ya que estas empresas no aplican el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.
De esta forma, el sindicato ha alertado que los trabajadores "verán reducidas sus condiciones laborales y sobre todo económicas hasta en un 30 por ciento porque la Administración contrata a la empresa más barata sin importarle que no pague los salarios o no cumpla con la legislación".
El problema no es nuevo, por este motivo han tenido lugar concentraciones frente a la Asamblea de Madrid para exigir que se contraten empresas que cumplan. Incluso han recordado que el Parlamento regional aprobó una Proposición No de Ley para regular los concursos de servicios de seguridad privada y exigir unos requisitos mínimos, como el cumplimiento del convenio colectivo.
CCOO ha señalado que a la espera de que la ley se materialice, la Administración se comprometió ante el Instituto Laboral a que la nueva adjudicataria cumpliera el convenio colectivo estatal, así como a escuchar a los representantes sindicales con anterioridad a una nueva contratación.
"Esto ocurrió durante la adjudicación por un procedimiento de urgencia, por tres meses, de una empresa, ya que la anterior no pagaba. Ahora, en el procedimiento de adjudicación ordinario, la Administración parece olvidarse de sus compromisos y vuelve a cometer los mismos errores", han criticado.
Por ello CCOO, ha asegurado que hay resoluciones judiciales que hay contra estas empresas por este motivo, por lo que quiere que en la nueva adjudicación se apliquen los compromisos aceptados por la Administración en el Instituto Laboral para el procedimiento de urgencia "y se contraten empresas que cumplan con la legislación vigente y respeten los derechos de laborales".
CCOO muestra su preocupación adjudicaciones seguridad privada en la Comunidad de Madrid
Informamos del escrito registrado en las diferentes consejerías pertenecientes a la comunidad de madrid sobre la posible adjudicación del servicio de seguridad a empresas que no cumplen el convenio estatal de empresas de seguridad privada
La Comunidad de Madrid vuelve a admitir a dos empresas 'pirata' para la vigilancia de edificios públicos
Compañías como Sinergia o Marsegur se descuelgan del convenio colectivo para pujar a la baja en contratos públicos y pagar hasta un 30% menos a sus trabajadores.
Tanto Marsegur como Sinergia son las empresas mejor posicionadas para cubrir el servicio de vigilancia de tres consejerías madrileñas, según ha podido saber CCOO. Y han sido admitidas como adjudicatarias a pesar de incumplir reiteradamente el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada: los vigilantes cobrarán hasta un 30% menos de lo que marca la ley si resultan ganadoras. En juego quedan contratos de vigilancia estimados en alrededor de 1,2 millones de euros por cada seis meses de servicios.
Sinergia y Marsegur son dos de las conocidas como 'empresas piratas' de la seguridad, llamadas así por los trabajadores y sindicatos del sector por incumplir el convenio paraofertar a la baja en las licitaciones públicas. “La Administración contrata a la empresa más barata sin importarle que no pague los salarios o no cumpla con la legislación”, denuncia CCOO.
El sindicato recuerda que el problema no es nuevo, y que la Comunidad de Madrid se comprometió a expulsar de los concursos públicos a las empresas incumplidoras. No obstante, la Proposición no de Ley para exigir unos mínimos en los contratos de vigilancia bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes aún sigue en trámite.
“A la espera de que la ley se materialice, la Administración se comprometió ante el Instituto Laboral a que la nueva adjudicataria cumpliera el Convenio Colectivo estatal así como a escuchar a los representantes sindicales con anterioridad a una nueva contratación”, denuncia el colectivo, que ve ahora frustrados sus intentos de que los vigilantes privados en dependencias públicas no vuelvan a cobrar 700 euros al mes, casi un tercio menos de lo fijado en el convenio.
Además, ambas empresas han sido denunciadas por las plataformas sindicales del sector. En el caso de Marsegur, la Audiencia Nacional calificó de nulo el convenio defendido por la empresa para prestar el servicio, aunque la compañía lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo, según CCOO. Marsegur es una filial de Seguridad Integral Canaria, firma conocida en los tribunales por delitos imputados a su presidente, Miguel Ángel Álvarez.
Los representantes sindicales recuerdan que durante este año ya se produjo una adjudicación a una de las empresas 'pirata' por un procedimiento de urgencia y solo por tres meses. Pero denuncia que la Comunidad siga contando con firmas que se descuelgan del convenio al que tienen derecho sus trabajadores ahora que se abre un nuevo plazo ordinario. “La Administración parece olvidarse de sus compromisos y vuelve a cometer los mismos errores”, critica CCOO.
Tanto esta plataforma como los demás sindicatos del sector han registrado un escrito mostrando su preocupación por las licitaciones para la vigilancia de las sedes de la Consejería de Presidencia, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y la de Cultura y Turismo. Calculan que las adjudicaciones para los contratos se conocerán al final de esta semana y exigen “que se contraten empresas que cumplan con la legislación vigente y respeten los derechos de laborales”.
Detienen a un vigilante de seguridad por amenazar y extorsionar a sus compañeros
Un vigilante de seguridad de 42 años y nacionalidad española ha sido detenido en Santa Cruz de Tenerife por amenazar y extorsionar a sus compañeros, a los que exigía dinero a cambio de no informar de la mala prestación del servicio.
El total de las cantidades obtenidas de esta manera fueron unos 10.000 euros, oscilando las peticiones entre los 200 y los 500 euros, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.
La investigación se inició hace más de un mes a raíz de la denuncia de un exvigilante de seguridad, compañero del detenido, que desde hacía más de un año estaba siendo obligado a pagar diferentes cantidades de dinero para poder mantener su puesto de trabajo, ya que el detenido era su jefe y se lo exigía para no despedirle.
Todas las víctimas manifestaron que, prevaliéndose de su condición de inspector de servicios, les amenazaba con despedirles si no accedían a sus pretensiones, haciéndoles promesas de obtener contratos indefinidos en la empresa siempre y cuando le entregasen las cantidades de dinero solicitadas, que en algunos casos superaron los 500 euros.
Según la Policía, si bien es cierto que las cantidades que les solicitaba a sus compañeros no eran muy elevadas, éstas suponían para los extorsionados un gran esfuerzo económico que podía llegar a suponer hasta más del 20 por ciento de sus ingresos mensuales.
Tras la investigación policial se determinó que esta persona había exigido dinero a otros seis compañeros más, llegando incluso a obligar a una de ellas a ejercer como avalista para poder financiar la compra de un automóvil, teniendo todos ellos importantes pérdidas patrimoniales.
Una vez tramitado el correspondiente atestado policial se remitió al Juzgado de Guardia de los de Santa Cruz junto con el detenido, que ya había sido en otra ocasión detenido por hechos también vinculados a la seguridad privada.
Un vigilante desarmado, héroe en el tiroteo entre clanes gitanos en el hospital de Orense
A tiros a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Así acabaron la noche del domingo dos clanes gitanos que se enfrentaron junto al vestíbulo de la entrada principal del centro sanitario.
La presencia de dos mujeres embarazadas ingresadas en dos plantas distintas del complejo hospitalario "parece que está en el origen de la disputa", según aclara la Subdelegación del Gobierno, que puntualiza que "ésta procedía de un tiempo anterior y con vínculos de parentesco entre sí". Los agresores y agredidos son originarios del poblado de A Fontela, en el municipio de Maside.
Los disparos, unos 12 según datos de la Policía Científica, procedían de dos escopetas y un rifle. Los proyectiles alcanzaron la fachada del edificio y el interior del vestíbulo, según han asegurado las mismas fuentes.
El héroe de la noche fue el vigilante de seguridad del complejo, según destaca la Subdelegación, que no sólo fue "testigo de excepción", ya que "observó cómo los ocupantes de un vehículo Fiat Punto y de un Ford Focus efectuaban los disparos", sino que, "armado" únicamente con una linterna y su teléfono móvil consiguió ahuyentar a los autores del tiroteo.
En la reyerta se vieron implicadas al menos siete personas, todas ellas de etnia gitana.
El vigilante de seguridad Alberto Ramos fue uno de los héroes de la noche durante el tiroteo en la puerta principal del CHUO. El guarda del hospital recuerda que un par de minutos antes de las once y media de la noche se encontraba con su compañero de turno en la zona de urgencias y relata lo que oyó y vio: «Oímos detonaciones y nos dimos cuenta que eran disparos y que venían de la entrada principal. Había un coche aparcado con cuatro individuos disparando con escopetas y fusiles contra la puerta. Al vernos, se marcharon rápidamente».
Esos primeros disparos causaron heridas a dos personas que esperaban en la entrada, familiares políticos de una mujer de una etnia gitana que había ingresado para dar a luz. Una de las familias no habría avisado a la otra de que una de las féminas estaba ingresada para dar a luz y a partir de ahí se generó el enfrentamiento. Según fuentes de la investigación, las disputas entre los dos clanes (que tienen vínculos familiares entre sí) venía de tiempo atrás. Todos los implicados en el tiroteo, tanto agresores como agredidos, son originarios del poblado de A Fontela.
Los vigilantes fueron corriendo hacia el lugar, donde yacían las víctimas (Eduardo M. J. y Francisco M. G.). Pero la tensa situación no acabó ahí, según explica Alberto Ramos: «Se oían disparos que procedían del callejón lateral, de un coche apostado con cuatro personas disparando a discreción hacia la puerta principal. Suerte que no pasaba más que la familia con la que tenían la rencilla. Si hubiera sido una hora antes, en el cambio de turno, hubiera sido una masacre».
Ahí fue donde intervino el vigilante de seguridad ourensano, arriesgando su propia vida, para evitar que los malhechores siguiesen disparando y entrasen al interior del hospital, donde se habían refugiado sus objetivos. «Uno venía con la escopeta cargada, con la intención de rematar a los heridos. Se veía que iba muy ciego. Instintivamente me puse delante de él porque lo que más temía era que entrase en el hospital. Me encañonó y me dijo que me partía a la mitad. Le dije que tirara el arma. Saqué el móvil para grabar lo que pasaba y supongo que se acobardaría pensando que sacaba un arma y se fue a la carrera en el coche».
Cinco personas se han entregado este mediodía y han sido detenidas por su implicación en el tiroteo de anoche en la puerta principal delComplexo Hospitalario Ourensano en el que resultaron heridos dos hombres de etnia gitana. Uno de ellos recibió un tiro en la pierna y el otro en la espalda. Ambos fueron atendidos en las urgencias del CHUO y ya han sido dados de alta. Los heridos son Eduardo M. J. y Francisco M. G. Los cinco nuevos detenidos se unen a los dos arrestos que tuvieron lugar de madrugada.
PSOE pide al Gobierno medidas más concretas en futuros pliegos de contratación de seguridad privada (Murcia).
El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno regional a realizar acciones para incluir en los futuros pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales "que como mínimo cumplan el Convenio Estatal de Seguridad Privada".
En una moción, recogida por Europa Press, el diputado regional Emilio Ivars expone que en los últimos meses se han conocido la situación de algunas empresas de seguridad privada que prestan servicio a la Administración autonómica, "que han entrado en concurso de acreedores y llevan varios meses de retraso en el pago a los trabajadores".
"Esta situación hace que muchas de estas familias se vean abocadas a la petición de préstamos personales para subsistir con las consiguientes cargas financieras o a solicitar ayuda a sus familiares directos, encontrándose absolutamente desamparados y sin ninguna solución por parte de la Administración regional", continúa Ivars.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide al Ejecutivo murciano que "se realicen todas las acciones necesarias para incluir en los futuros pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que cumplan el Convenio Estatal de Seguridad Privada y se aplique la rescisión del contrato en el caso de dejar de hacerlo".
Así como medidas de mediación, exigencia de responsabilidades o incautación del aval comprometido "para que los trabajadores afectados puedan percibir lo antes posible los salarios que se les adeudan".
CCOO denuncia las condiciones de los servicios de seguridad en los hospitales malagueños
El secretario general del Comisiones Obreras de Málaga, Antonio Herrera, acompañado por el secretario general del Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Málaga, Alfonso Galisteo, y el delegado de CCOO en Eulen en el Hospital Regional de Málaga, Pedro Ruiz, ha denunciado ante los medios la actuación del servicio andaluz de salud en materia del concurso de prestación de servicios de seguridad en todo el área hospitalaria de Málaga.
Herrera alega que cualquier servicio tiene que recoger en los pliegos el valor por el que sale el concurso. Si esto no se cumple se pone en riesgo a los trabajadores, ya que al no haber gran margen de beneficios se producirá un recorte de plantilla. Por otra parte, asegura que se ha detectado un incumplimiento del convenio, lo que supone un recorte de más 3.440.000 millones de euros desde el año 2011.
Destaca que a pesar de la gran importancia de las funciones del personal de seguridad en todas las instalaciones sanitarias, trabajo que repercute directamente en todos los empleados del servicio de salud, se han destruido 30 puestos de trabajo.
Asimismo, el secretario general del Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Málaga, Alfonso Galisteo, comentó el riesgo que existe si se adjudican servicios a empresas que no garantizan las condiciones sociales y laborales de las plantilla. Además, mostró el informe elaborado por APROSER, asociación que agrupa a las grandes empresas de seguridad privada, el cual recoge los principales problemas del sector: competencia desleal, intrusismo laboral y bajos precios de licitación. De las más de 1.700 empresas de seguridad privada que hay habilitadas en España, no más del 5% cumple con el convenio de aplicación y con las condiciones de subrogación. Desde la plataforma sindical, quieren poner en funcionamiento todos los mecanismos para impedir la desprotección, la desrregulación y la explotación.
Por su parte, el delegado de CCOO en Eulen, aclara que otro motivo de la impugnación han sido varias cláusulas abusivas que favorecen el enchufismo mediante la discriminación de los trabajadores y las estipulaciones que atentan contra la subrogación de los trabajadores.
Después de presentar la denuncia, se ha solicitado que se reconsidere el presupuesto económico para recuperar los puestos de trabajo perdidos y el cumplimiento de las condiciones presentadas. En caso de no ser así, están decididos a acudir al contencioso administrativo por la vía judicial.
Dos condenados por agredir a dos mossos y a un vigilante de la estación de Sants de Barcelona
Un juez ha condenado a dos hombres a indemnizar a dos mossos d'Esquadra a los que agredieron y a un vigilante de seguridad al que dieron un fuerte empujón después de protagonizar un altercado el 3 de enero de 2015 cuando querían subir al tren sin billete en la estación de Sants.
En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, Juan Emilio Villa Mallo, obliga al acusado Juan Esterlin C. a indemnizar a uno de los mossos con 150 euros y al vigilante con 250, mientras que Ángel Greudi R. deberá pagar 150 euros al otro de los agentes que intervinieron; todo ello, por tres faltas de lesiones.
Sucedió sobre las 19 horas del 3 de enero de 2015: los dos acusados --junto a un tercero, que era menor-- querían bajar a los andenes sin billete, por lo que intervinieron el vigilante de seguridad y dos agentes de los Mossos, que actuaban de paisano.
Juan Esterlin C. dio un fuerte empujón al vigilante y "propinó bofetadas" a uno de los policías cuando éste ya estaba en el suelo; al mismo tiempo, Ángel Greudi R. dio un fuerte golpe en el pecho al agente, según el relato de los hechos que da por probado la sentencia.
EL JUICIO
En el juicio, el 19 de abril, el vigilante relató que había escuchado un fuerte ruido y vio a un grupo de jóvenes que reventaba una puerta a patadas para acceder al tren sin pagar: "Fui a apoyar a los mossos y uno de los jóvenes me empujó a las vías. Me empujó al tren para matarme, para que el tren me arrollara".
Según su versión, al caer a la vía ocho, donde un tren estaba estacionado, el vigilante se quedó inconsciente --aunque no pudo concretar por cuánto tiempo-- y aseguró que tras los hechos estuvo seis meses de baja "visitando al neurólogo, al psiquiátrico y sufriendo desmayos por ansiedad", ha explicado la víctima, que ahora trabaja para la misma empresa pero en una estación diferente.
Uno de los mossos que intervino declaró que el joven menor de edad le cogió del cuello y le pegó patadas, y que vio cómo otro cogía de la chaqueta al vigilante, se apoyaba con los pies en la pared para coger impulso y lo empujó al andén, tras lo que el vigilante quedó inconsciente.
El otro agente de la policía catalana ha dicho que uno de los agresores estaba dentro del convoy, amenazando e insultando a los policías, y que fue hacia él, se identificó como policía, le pidió que saliera del tren, él desobedeció sus órdenes, le golpeó en el pecho y el agente lo sacó a la fuerza.
Al juicio no se presentaron ninguno de los dos agresores; el que empujó al vigilante a las vías, porque llevaba dos meses ingresado en un psiquiátrico, según explicó en la sala su abogado, que pidió que se tuviera en cuenta la difícil situación del chico y su familia, que está sin trabajo.
Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas
La primera denuncia es contra un inspector jefe que no expedientó a las empresas que gestionan el centro de control de La Moraleja, a pesar de no estar bien instalados los sistemas de alarma. La multa habría llegado a los 30 millones de euros, según los denunciantes.
Los trabajadores de Seguridad Privada llevan desde 2011, cuando el PSOE cambió la legislación denunciando la instalación de sistemas no homologados de alarma y viodevigilancia, sin que la Policía, encargada de inspeccionar y abrir expedientes a las empresas, haya obligado a cumplir la normativa. Por eso la Intersindical que los reúne ha decidido comenzar a interponer denuncias caso por caso, como el ahora denunciado, que afecta a 961 usuarios de La Moraleja (Madrid).
La denuncia interpuesta va dirigida contra el inspector jefe de la Sección de Inspecciones que, desde que se implantó la nueva normativa, debió abrir distintos expedientes contra Seguridad La Moraleja S.L y Prosegur, encargados de instalar sistemas de alarma que no estaban homologados. Los denunciantes aseguran que “sólo por los sistemas de alarma en La Moraleja los expedientes sancionadores debían haber sido por una falta grave o muy grave y la multa ascendería a 30 millones de euros”. También le atribuyen a este funcionario concreto por su “inacción y la falta de incoación de expedientes sancionadores por faltas graves (3) y muy graves (10.000)” a esta empresa en toda España “casi 300 millones de euros que la Administración ha dejado de recaudar”.
Fue ese año cuando presentaron los primeros escritos ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCPS) de la Policía Nacional, dirigida por el comisario Esteban Gándara, “que nunca ha hecho caso a nuestras denuncias que ponen en peligro, como en este caso, no ya a los trabajadores, sino a los usuarios de estos servicios que son carísimos y que en la mayoría de las ocasiones no están homologados”, según la responsable sindical.
El caso Moraleja
Sumando los expedientes a todas las empresas de seguridad que podrían conllevar multa por instalar sistemas no homologados en centros comerciales, bancos, universidades o urbanizaciones de todo el territorio español, los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.
“Vista la pasividad del comisario Gándara y de la Unidad Central decidimos poner las denuncias directamente en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, ante el comisario Eugenio Pino, que no sólo ha seguido el mismo camino de no abrir expedientes si no que ha mantenido al comisario en su puesto. Aquí habría que pensar dónde acaban muchos de los policías cuando se van a segunda actividad o se jubilan, porque la puerta giratoria con las empresas de seguridad que deberían ser sancionadas es muy habitual”, asegura la portavoz de los denunciantes.
En la lujosa zona de La Moraleja, en Madrid, -donde vivió por ejemplo la cantante Isabel Pantoja, que sufrió un robo- en 2011 el inspector avisó a Seguridad La Moraleja de que no cumplía los requisitos de una central receptora de alarmas, lo que suponía la apertura de un expediente por una infracción muy grave. No se abrió dicho expediente y se decidió subcontratar a Prosegur para esa parte del trabajo.
Sin embargo, “un año después tuvimos que volver a denunciar a ambas empresas ante la Policía debido a que los sistemas seguían infringiendo las leyes de seguridad. Pero nunca nos contestaron”, asegura la portavoz de la Intersindical que añade: “Los 961 sistemas de seguridad de los vecinos de La Moraleja no eran bidireccionales como decía la ley. Es decir, cuando saltaba la alarma, era imposible saber qué zonas se habían activado, la ubicación concreta de las mismas, ni los datos del titular”.
Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada. En el caso de los sistemas no bidireccionales, que no identifican claramente a los usuarios sino que lo hacen con las siglas “BB”, el problema está en que además “Prosegur llegó a reconocer ante las quejas de los trabajadores que carecía de los teléfono válidos para localizar a clientes, las incidencias no se pueden gestionar directamente con los afectados”.
La situación llegó a ser “tan grotesca”, aseguran en su escrito, que con fecha 30 de octubre de 2012, “se produjo una situación de incomunicación en la receptora de SEGURIDAD LA MORALEJA por ‘caída de servicio’, de manera que ni en PROSEGUR ni en el centro de control de SEGURIDAD LA MORALEJA se recibían señales de los cientos de sistemas de seguridad no homologados de la FASE I (BB). La UCSP siguió sin intervenir, poniendo en peligro los bienes de los usuarios de esta urbanización”.
Finalmente y después de años de quejas, en 2014 la Unidad Central de Seguridad Privada contestó a los sindicatos que la inspección de productos sin homologar “no es competencia” de la Policía. “Ciertamente, la UCSP es una institución inservible para el ciudadano y solo parece tener una función: facilitar el 'negocio" a las grandes empresas de seguridad de España”, aseguran en su escrito.
Un vigilante de Es Pinaret denuncia acoso laboral e inicia una huelga de hambre (Mallorca).
Cansado de soportar coacciones, vejaciones y trato humillante por parte de sus compañeros de trabajo Rafa C.B., vigilante de seguridad del reformatorio Es Pinaret, ha decidido iniciar una huelga de hambre.
«Mi pesadilla comenzó hace unos dos años cuando denuncié que una educadora mantenía una relación sexual con un menor. A partir de ese momento los dos responsables de servicio iniciaron una campaña de acoso y derribo contra mi persona», afirma el vigilante.
«Tengo que decir que, en la actualidad, la educadora y el interno -que ahora ya es mayor de edad- viven juntos. Allí no puedes discutir nada a la dirección del centro o a los supervisores, ellos son los brazos opresores y te hacen la vida imposible», destaca Rafa, visiblemente afectado.
Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la directora general de Menores del Govern balear sin recibir respuesta alguna. Abusos sexuales, fugas de menores, agresiones a vigilantes, incendios con resultado de muerte, son algunas de los escándalos que salpican al centro de menores de Es Pinaret en los últimos años.
Grupo Segur lamenta el fallecimiento de dos de sus vigilantes en el atunero vasco Txori Gorri
Grupo Segur ha emitido un comunicado para lamentar el fallecimiento, el 8 de abril, de los dos vigilantes que formaban parte del equipo de seguridad del atunero vasco Txori Gorri, que faena en aguas del océano Índico.
La compañía “lamenta profundamente el suceso y ha trasladado a los familiares de las víctimas sus condolencias, y les está brindando la ayuda necesaria para estos duros momentos”, asegura el texto. “El apoyo a las familias y la colaboración con las autoridades competentes son nuestras máximas prioridades”, sentencia.
Personal responsable de la compañía se desplazó al lugar de los hechos, según explica la empresa, “para estar presente de primera mano en la investigación y en la custodia de los cuerpos”, tras el incidente aún por esclarecer en el que presuntamente uno de los vigilantes mató al otro y después se suicidó.
“Desde la empresa garantizamos que todos nuestros vigilantes y demás personal de seguridad cumple escrupulosamente con lo que marca la Ley para el desempeño de su labor, y que este triste hecho es un suceso aislado y totalmente desafortunado”, apunta la empresa.
Un vigilante de Renfe herido tras ser empujado a la vía por unos grafiteros en Reus
Cuando el vigilante de seguridad intentó detenerles, los jóvenes salieron corriendo y en la huida uno de ellos empujó al guardia
Un vigilante de seguridad ha resultado herido esta madrugada en la estación de Renfe de Reus. Según ha podido saber el Diari los hechos han ocurrido minutos antes de las cuatro de la madrugada. El guardia cayó en la vía después de ser empujado por un grupo de jóvenes que estaban intentando pintar un grafiti en uno de los convoyes de la estación y que fueron sorprendidos ‘in fraganti’ por el empleado. Cuando el vigilante de seguridad intentó detenerles, los jóvenes salieron corriendo y en la huida uno de ellos empujó al guardia. Como consecuencia de la caída el guardia de seguridad se hizo daño en la pierna, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El empleado se encuentra bien y que ha sido dado de alta.
Fuentes de los Mossos d’Esquadra, así como de la empresa Renfe, corroboraron al Diari los hechos descritos, y remarcaron que “no se trató de ninguna agresión, sino que fue un accidente”. “Fortuitamente uno de los jóvenes empujó al vigilante con tanta mala suerte que éste cayó a la vía”, aseguran.
Despiden al vigilante al que robaron 41.000 euros del coche cuando paró a comprar
El Tribunal Superior de Justicia considera que el guardia de seguridad cometió una negligencia grave por dejar el vehículo fuera de su vista.
El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado el despido de un vigilante de seguridad a quien robaron del coche 41.000 euros que había descargado de dos cajeros automáticos, cuando se detuvo en un comercio a comprar agua, al considerar que cometió una negligencia grave por dejar el vehículo fuera de su vista.
La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el vigilante y ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Palma que declaró procedente el despido y absolvió a la empresa de seguridad que lo había echado.
El vigilante trabajaba en el operativo de cajeros automáticos de entidades financieras de Mallorca de una empresa de seguridad y fue despedido en el verano de 2011 con carácter disciplinario porinfracción laboral muy grave, nueve días después de que le robaran el dinero que llevaba en un vehículo rotulado de la compañía.
Según la empresa, el guardia de seguridad tenía que acompañar a un vehículo blindado que debía cargar y descargar un cajero automático de Can Picafort, pero se puso de acuerdo con el vigilante del furgón para hacer él dicho servicio y llevar el dinero a la base.
El vigilante vació dos cajeros automáticos y posteriormente paró en un centro comercial para comprar una botella de agua. Cuando estaba en el comercio, una mujer le dijo que le estaban robando y al salir al aparcamiento encontró la luna trasera del vehículo rota, nadie en los alrededores y habían desaparecido tres de los cuatro cajetines de dinero que llevaba y una bolsa.
Aunque la compañía tenía contratado un seguro, perdió una franquicia de 7.000 euros que tuvo que aportar porque el dinero del robo no se recuperó. Despidió al guardia de seguridad y además suspendió de empleo y sueldo dos meses al trabajador del furgón.
El vigilante recurrió la sentencia que declaró procedente el despido alegando infracción del principio constitucional de igualdad por entender que fue discriminado por la empresa, ya que la sanción a su compañero por los mismos hechos fue muy inferior a la suya.
La sala de lo Social del TSJIB desestima el recurso porque considera que los incumplimientos de los dos trabajadores no son los mismos y la sanción está ajustada a la gravedad de la falta.
El tribunal confirma la procedencia del despido porque considera que el vigilante cometió "una grave negligencia" que "contraviene los más elementales principios de profesionalidad y diligencia" al detenerse en un centro comercial para comprar una botella de agua y perder de vista el vehículo que llevaba el dinero.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)