Trasladado a San Fernando (Cadiz) el cadáver del vigilante muerto en un atunero vasco

El cadáver del vecino de San Fernando (Cádiz) que trabajaba como vigilante de seguridad en un atunero vasco que faenaba en aguas del Índico y que murió supuestamente a manos de un compañero el pasado 8 de abril ha sido trasladado al citado municipio gaditano. 

 Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales, que han detallado que el cuerpo llegó pasadas las 21,00 horas de este viernes a San Fernando, y este sábado, a las 16,00 horas, se va a oficiar una misa en su memoria en la Iglesia Mayor del municipio a la que tiene previsto asistir la alcaldesa, Patricia Cavada. 

 Posteriormente se llevará a cabo el entierro de este vigilante, que se celebrará en la intimidad, según han apuntado las mismas fuentes. 

 Como se recordará, los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de abril, cuando un vigilante de la empresa de seguridad privada 'Seguribérica' a bordo del atunero vasco 'Txori Gorri' presuntamente acabó con la vida de un compañero al que disparó, y después se suicidó cuando navegaban en aguas de las Seychelles.


Detenido un vigilante de seguridad tras atropellar a un compañero en Valdemoro (Madrid).

La Guardia Civil ha detenido al vigilante de seguridad que esta mañana ha atropellado a un compañero de trabajo con el que había mantenido una discusión en el relevo de turno en una empresa de mensajería situada en la localidad de Valdemoro.

Según ha informado una portavoz de la Comandancia de Madrid, la detención se ha producido en el domicilio del vigilante, un hombre de 41 años y nacionalidad española.

Los hechos que sigue investigando la Guardia Civil han ocurrido sobre las 7.20 horas en la empresa DHL situada en el kilómetro 31,800 de la autovía de Andalucía (A4).

Al parecer, cuando el detenido terminaba su jornada laboral se ha enzarzado en una discusión con el compañero que debía relevarlo en el puesto de trabajo y, minutos después, lo ha atropellado con un coche.

Como consecuencia del impacto, este hombre, de 35 años, ha sufrido una fractura en el brazo derecho y la semiamputación de su pierna izquierda, según ha explicado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Los sanitarios de la UVI del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA) que se han desplazado al lugar han atendido al herido, que también presentaba dificultades para respirar, y lo han trasladado, intubado, al hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

El Gobierno contrata vigilantes a 700 euros al mes para proteger el edificio del BOE

Los profesionales de la seguridad, que antes pertenecían a otra firma, han visto disminuidos sus ingresos en más de 400 euros mensuales. Todos denuncian la situación

El edificio que el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España tiene en el número 54 de la madrileña avenida de Manoteras alberga parte de las instalaciones donde se hace el Boletín Oficial del Estado (BOE). El edificio está protegido por vigilantes de seguridad que, desde el pasado marzo, han pasado a depender de la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como publicó el propio BOE tras sacar a concurso el servicio el pasado 9 de diciembre.

Los profesionales de la protección realizan el mismo trabajo que antes del cambio. Sin embargo, sus bolsillos no ingresan el mismo dinero y por eso ninguno de los cerca de 30 empleados se muestra satisfecho con la situación actual. El nuevo patrón abona a cada vigilante poco más de 700 euros al mes, una vez sumada la paga extra prorrateada, como ha podido comprobar El Confidencial, cantidad que reduce en 400 euros lo que estos profesionales ingresaban antes del cambio de jefe, y sin contar las pagas extraordinarias.

En concreto, estos profesionales han pasado de cobrar casi 1.100 euros al mes a poco más de 700, en los que además se incluyen las mencionadas pagas prorrateadas. La razón, explican fuentes del sector, es que Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como otras muchas empresas que prestan este tipo de servicios, se ha descolgado del convenio colectivo estatal, como por otra parte permite la ley tras la reforma laboral emprendida por el actual Gobierno. 

La diferencia para el bolsillo de los trabajadores entre estas mercantiles que se descuelgan del convenio y las que lo respetan se sitúa en torno a los 6.000 euros anuales, lo que representa una cantidad sustanciosa para los empleados que ya podían darse con un canto en los dientes por ser mileuristas.

Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han visto afectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos. 


Dos detenidos en Sant Pol de Mar por agredir a dos vigilantes de seguridad del tren

Dos hombres, de 20 y 25 años y de nacionalidad española, han sido detenidos este domingo en Sant Pol de Mar (Maresme) por los Mossos por agredir a dos vigilantesde seguridad del tren en el que viajaban.

Según la policía catalana, los hechos han ocurrido sobre las seis de la madrugada cuando los dos jóvenes se han enfrentado a los guardas. A consecuencia de la pelea, a uno de los guardas le han tenido que hacer varios puntos de sutura. A raíz de estos hechos, los dos individuos fueron detenidos en la estación de Sant Pol de Mar. Se les acusa de un delito de lesiones.

Un hombre de 27 años denuncia a dos vigilantes de Metro por agresión homófoba (Madrid).

Un hombre gay de 27 años fue agredido el 3 de abril por dos vigilantes de Metro en la estación de Puerta del Ángel después de recibir insultos y vejaciones por su aspecto, según la denuncia que ha interpuesto la víctima.

Según el relato del colectivo Arcópoli, V. T. estaba comiendo pacíficamente en la boca de Metro de Puerta del Ángel cuando un vigilante le pidió que se marchara y al negarse, el vigilante le espetó "llevas las uñas y los ojos pintados, eres un maricón, por qué no me chupas la polla".

"El hombre se resistió a abandonar las instalaciones porque consideraba que no estaba haciendo nada prohibido y acudió un compañero del vigilante y entre los dos le redujeron con contundencia mientras le insultaban gravemente por su homosexualidad y, según denuncia la víctima, le tiraron al suelo y le siguieron propinando golpes, pese a estar reducido y esposado", añade.

La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos donde, al ver lo ocurrido, animaron a la víctima a acudir a un centro médico y a denunciar a los vigilantes, según contó la víctima a Arcópoli.

El parte de lesiones recoge hematomas en ambas manos, entrepierna derecha y tórax.

En la denuncia se recogen varios de los insultos homófobos y "profundamente zafios", subraya Arcópoli, proferidos por ambos vigilantes "mientras le reducían y golpeaban".

Ese colectivo, en cuanto tuvo conocimiento de la agresión, se puso en contacto con Metro de Madrid, y la empresa pública, según Arcopoli, les anunció ese mismo día que abriría una investigación interna para aclarar lo sucedido y que si se demostraba el ataque homófobo actuarían con "toda contundencia en defensa de los valores sociales de igualdad y dignidad real de las personas LGTB que asume como propios".

Además, Arcópoli ha puesto el caso en conocimiento del comisario especializado en Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid, instándole a conseguir las grabaciones de seguridad de esa boca de metro.

También lo ha trasladado a la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid y a la Policía Municipal, para que tengan constancia del caso.

En lo que va de año se han registrado 47 ataques contra personas del colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid, según Arcópoli.

"Y esos son solo los que nos llegan al Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. Estamos trabajando muy duro con las Administraciones para poder elaborar un plan de choque para la ciudad de Madrid donde se produce más del 80 % de los casos registrados", según destaca en un comunicado el coordinador de Arcópoli Yago Blando, quien concluye que denunciar sirve para acabar con la impunidad.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha puesto a disposición de la víctimas las 24 horas del día el teléfono móvil 618 547 166 ante cualquier agresión o ataque.

CATALUNYA.-Fiscalía pide 250 euros de indemnización para un vigilante al que empujaron a las vías

La Fiscalía ha solicitado 250 euros de indemnización para un vigilante de seguridad al que tres personas empujaron a las vías del tren de la estación de Sants (Barcelona) en enero de 2015, después de que éste les llamara la atención por haber accedido a la parada sin pagar el billete.

El juicio por la agresión al vigilante, ocurrida el 3 de enero, se ha celebrado este lunes en la Ciudad de la Justicia y, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, se ha despenalizado: "Han aplicado un auto del Tribunal Supremo que despenaliza las faltas y ya no se pueden condenar".

En su declaración, el vigilante de seguridad ha dicho que escuchó un fuerte ruido y vio a un grupo de jóvenes que reventaba una puerta a patadas para acceder al tren sin pagar: "Fui a apoyar a los Mossos y uno de los jóvenes me empujó a las vías. Me empujó al tren para matarme, para que el tren me arrollara".

Al caer a la vía ocho, donde había un tren estacionado, el vigilante se quedó inconsciente, aunque no ha podido concretar por cuánto tiempo, tras los hechos estuvo seis meses de baja "visitando al neurólogo, al psiquiátrico y sufriendo desmayos por ansiedad", ha explicado a Europa Press, y actualmente trabaja para la misma empresa pero en una estación de tren diferente.

Uno de los Mossos d'Esquadra que intervino de paisano ha declarado que uno de los jóvenes, menor de edad, le cogió del cuello y le pegó patadas, y que vio cómo otro cogía de la chaqueta al vigilante, se apoyaba con los pies en la pared para coger impulso y lo empujó al andén, tras lo que el vigilante quedó inconsciente.

El otro agente de la policía catalana ha dicho que uno de los agresores estaba dentro del convoy, amenazando e insultando a los policías, y que fue hacia él, se identificó como policía, le pidió que saliera del tren, él desobedeció sus órdenes, le golpeó en el pecho y el agente lo sacó a la fuerza.

Al juicio, visto para sentencia, no ha acudido el agresor que empujó a las vías al vigilante porque lleva dos meses ingresado en un psiquiátrico, ha informado su abogado, y ha añadido que "se tenga en cuenta la situación de este chico y de su familia, que está sin trabajo".

EL ACTA POLICIAL

Según explicó la víctima a los Mossos d'Esquadra cuando ocurrieron los hechos y recoge el acta, uno de los presuntos agresores, mientras lo empujaba hacia la vía, le gritó: 'Te voy a matar vigilante de mierda' y 'Muere, enano cabrón, muérete'.

El vigilante también aseguró recordar que su cuerpo quedó colgando, con la parte inferior del tronco y las piernas bajo las ruedas del convoy, recibiendo un fuerte golpe y quedando inmóvil.

Los vigilantes de seguridad hablan y cuentan lo que nunca dicen: sus 5 problemas

Cada vez abundan más, pero la imagen que tenemos de ellos suelen ser bastante mala. Muy pocos se han atrevido a preguntarse por los problemas que sufren cada día,

Hasta el nombre con el que solemos conocerlos suena despectivo. “Segurata”, en lugar de guardia o vigilante de seguridad. Se trata, sin ninguna duda, de uno de los sectores profesionales que peor consideración tienen entre la sociedad, entre sus compañeros, entre sus contratantes y entre sus clientes. Para los policías, son unos esbirros de las empresas privadas que les han arrebatado parte de su poder; para la mayor parte de la gente, el brazo blando de la ley, falsas figuras de autoridad cuyo trabajo lo podría hacer cualquiera.

En definitiva, señala una nueva investigación publicada en el 'European Journal of Criminology', pocos sectores encajan mejor que el del agente de seguridad en la definición de “trabajo sucio”. Como explica “Doing 'dirty work': Stigma and esteem in the private security industry”, es uno de los trabajos más estigmatizados, en cuanto que la suciedad de su trabajo abarca tres dimensiones: es una suciedad física (a menudo deben interactuar con personas peligrosas en situaciones de peligro), sociales (porque “necesitan comportarse de una forma servil con sus empleados y clientes”) y moral (porque su sector los percibe como una vergüenza para la profesión).

Es innegable que es cada vez más común que en los Estados democráticos modernos, las agencias de seguridad privadas cumplan parte del rol que en el pasado era detentado por la policía. Sin embargo, y como recuerda la investigación, “la industria de la seguridad privada opera en un contexto en el que la gente aún espera que la seguridad sea proporcionada por el Estado”. En esa situación, los vigilantes privados son los encargados de llevar a cabo el trabajo sucio que el sector público no quiere o piensa que no le incumbe realizar.

Los investigadores descubrieron que las conclusiones de dos trabajos diferentes realizados en Suecia y en Inglaterra tenían muchos puntos en común. Fuesen los agentes de seguridad británicos que trabajaban en un centro comercial o en unos estudios de televisión o los suecos que guardaban el cuartel de policía y se preocupaban de que no se 'okupasen' edificios vacíos, sus preocupaciones eran universales. Y, en muchos casos, pasaban por el desprecio que supone provenir de ocupaciones “mal pagadas, de clase trabajadora”.

¿De qué sirve mi trabajo?

Uno de los participantes recuerda que su compañera Agnes no podía dejar de pensar en “la gran diferencia entre trabajar como policía o en seguridad”, especialmente en lo que concierne a la actitud de la gente. “Me he vendido, simplemente hago el trabajo por el que el cliente ha pagado” era la frase que repetía una y otra vez. Muy a menudo, asegura el estudio, los vigilantes de seguridad tienen la sensación de que su rol no es proteger a la gente, sino las propiedades de sus clientes. Algo que se acentúa cuando la empresa les exige“mirar hacia otro lado” cuando, por ejemplo, ven a un camello enfrente del centro comercial que protegen, ya que deben limitarse a aquello por lo que le han contratado.

Por otra parte, muchos tienen la sensación de que ni ellos ni su empresa son capaces de proporcionar el servicio por el que les pagan: “Adapt Security engaña a los clientes cuando dice que 'responde a las alertas de robo'. No se trata de arrestarlos. Solo vas a asegurarte de que el daño no sea aún más grave”. En respuesta, muchos de ellos hacen más de lo que se les exige para cumplir tanto las expectativas del cliente como las suyas propias: “Una percepción adicional es que la industria de la seguridad es moralmente dudosa porque vende una ilusión de seguridad”.

Me miran de arriba abajo

Es algo que hemos visto en incontables situaciones. Una persona, no necesariamente anciana, se acerca a un agente de seguridad y le pregunta dónde están las latas de tomate, los rollos de papel higiénico o los congelados. Ocurre continuamente, y es algo que hace que se les lleven los demonios. No sólo eso, sino que también les confunden con trabajadores del parking o encargados de información.

“Una señora se ha acercado a Hussain preguntándole por ropa de mujer, moda europea en concreto, y le ha preguntado dónde está la tienda”, explica uno de los testimonios. “Otra le hace una pregunta: '¿eres de seguridad o de información?' Hussain, como la mayoría de sus colegas, sonríe y le responde de la manera estipulada: '¿cómo puedo ayudarle, señora?'”

Eso, en el mejor de los casos. En el peor, no dejan de recibir muestras de desprecio, ya que “el trabajo de seguridad es considerado por algunos como de baja cualificación y trivial, un empleo que no requiere ninguna formación y que por lo tanto es adecuado para los inútiles”. Cuando la seguridad privada externalizada debe rivalizar con la interna, como ocurría en el centro comercial Fantastical Shopping, estos últimos desprecian a los primeros como “leprosos”, el término que utilizaban para referirse a ellos.

A veces, simplemente, se les agrede. “Los agentes de seguridad del estudio sueco reportaron incidentes donde no solo habían sido amenazados, sino que les habían arrojado objetos, habían reventado los neumáticos de sus coches y habían roto las ventanillas”. Hay una historia particularmente sangrante, en la que los vigilantes desarmados de una fábrica cerrada fueron atacados por varios drogadictos; uno de ellos fue alcanzado en el pecho por un dardo. La policía, por su parte, solo entraba en grupos de tres y armados, una diferencia de criterio que le llevó a quejarse a sus superiores.

Ilegalidad e inmoralidad: el pan nuestro

Ser agente de seguridad implica, entre otras cosas, alternar con gente peligrosa o de entornos desfavorecidos: prostitutas callejeras y sus clientes, yonkis, borrachos… En concreto, señala el estudio, controlar la prostitución “invoca sentimientos de peligro, disgusto y fascinación”. Uno de los trabajadores, por ejemplo, explica cómo las prostitutas utilizaban el garaje donde trabajaba para acostarse con sus clientes. Su compañera Agnes le explicó “una vez que había pillado a una prostituta y a su cliente en mitad del acto, y más tarde cuando abandonaba el garaje, el hombre se cruzó en su camino forzándola a dar un volantazo y estrellándose. Estaba convencida de que este comportamiento tenía como objetivo asustarla y que no informase a la policía”.

Otro párrafo define bien la naturaleza del peligro al que algunos han de enfrentarse: “En la reunión Tony pasa por el conjunto más reciente de imágenes dando información sobre cada persona. La mayoría son de violadores. Tony empieza con los de 'riesgo bajo' y termina con los de 'riesgo alto'. Señalando a una imagen, explica: 'Esta es de aquí. Vive en el barrio y toma drogas. Se sabe que es agresiva con la policía y la seguridad: los escupe'. Cogiendo otra, dice: 'Esta tiene problemas mentales. Se mete las manos en las bragas, hurga ahí y te pone las manos en la cara. Nadie quiere tocarla”.

En muchas ocasiones, no obstante, los agentes de seguridad intentan ganarse la confianza de estos personajes. A veces, deshaciéndose de los elementos que harían desconfiar (“los guantes negros, la porra, las esposas”); otras, ofreciéndoles su protección.

Hay que servir a alguien

¿Para quién trabaja un agente de seguridad? En realidad, para muchas personas que para más inri, tienen diferentes intereses y exigencias: sus superiores, sus clientes y otras fuerzas de seguridad. Aunque lo que coincide en todos los casos es que deben centrarse en servir al cliente, especialmente a un nivel emocional: “Deben sonreír o ser educados y suaves durante las interacciones”. Como explica un agente de seguridad de la productora Entertainment Studios, “debes sonreír las 24 horas de los siete días de la semana y no siempre te apetece, especialmente cuando te quedan 12 horas por delante”.

Algo a lo que hay que añadir los previsibles abusos laborales, como la compañía que multa a sus trabajadores si no se presentan al menos 10 minutos antes de que empiece su turno. Además de, como es previsible, que toda iniciativa personal sea amputada, lo que resulta en sentimientos de frustración y degradación: como explica Kigali, que dejó pasar al edificio a un tipo que no tenía pase y que le amenazó porque iba a llegar tarde a una reunión (y que en realidad era un inspector): “Me preguntaron '¿por qué le dejaste entrar?' Le respondí que 'porque llegaba tarde y utilicé mi criterio'. Me dijeron: 'No uses tu criterio. Limítate a seguir las reglas'”.

Los desprecios son habituales, como le ocurre a uno de los agentes de seguridad de la comisaría, que fue respondido con mala gana por dos abogados a los que les pidió la identificación. “Siempre son así”, explica en el estudio. “Ya sabes, son abogados, piensan '¿tú, jovencito, me vas a dar lecciones?'”

Somos buena gente

Un ambiente tan opresivo provoca, lógicamente, que los agentes de seguridad diseñen inconscientemente diversas estrategias para hacer el ingrato trabajo más llevadero. Muchos de ellos intentan explicarse por qué terminaron ahí, generalmente después de ser despedidos de otros trabajos mal pagados y de bajo nivel. Así que es habitual que hablen de sus sueños de futuro, tanto dentro como fuera de la industria; por lo general, no se sienten “definidos por su trabajo como agentes de seguridad”.

En otros casos, les gusta compararse con sus compañeros para recordar que no cualquiera sirve para el puesto. Milo, por ejemplo, dice “no sé por qué la gente piensa que los agentes de seguridad son tontos. Había un artículo en 'News of the World' que decía que somos estúpidos. ¿Por qué? Tenemos contables y estudiantes entre nosotros”. Otro de ellos, por ejemplo, recuerda que “hay muchos que han trabajado durante quince años y aún no valen”.

Muchos agentes de seguridad se identifican con figuras paternas. Uno de ellos, por ejemplo, explica que “somos como papá: cuidamos del edificio y de la gente en él. Nos aseguramos de que todo está bien”. Otro asegura que sabe cuándo los mendigos del edificio que protege están mal: “Nunca miro por encima del hombro a esa gente, los respeto a todos mientras ellos me respeten. Llevas uniforme y te sientes como su padre. Se comportan como críos”. Y, en algunos casos, les gusta comparar su trabajo con el de los policías, con el que comparten muchas de sus contrapartidas, pero muy pocas de las ventajas. 


Detenido en Palma de Mallorca el vigilante de un furgón blindado por robar 20.000 euros

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de un vigilante de seguridad acusado de robar un sobre con 20.000 euros de un furgón blindado.

Los hechos se produjeron hace unos meses en un conocido centro comercial de Palma. Según consta en la denuncia policial, Francisco José V.R., español de 43 años de edad, estaba realizando funciones de vigilante de seguridad de transporte en el interior de un furgón blindado de la empresa Prosegur. A las 07.52 horas, efectuaron una recogida de efectivo en zona segura y por el procedimiento de ‘caja de transferencia’ en las instalaciones de Makro, consistente en la recogida de 15 sobres. Mientras que uno de los integrantes del equipo cumplimentaba el albarán de recogida le entregó la saca abierta al sospechoso con el dinero en el interior para que procediera a su precinto. Los investigadores han constatado que el vigilante se apropió del sobre número 30568, con 20.000 euros en billetes de 50, antes de proceder a precintar la saca, llegando a mostrarle el sobre a su compañero e intentando hacerle partícipe de la apropiación.

Los investigadores de la Policía Nacional practicaron un registro domiciliario en su vivienda y procedieron a su detención tras realizar una exhaustiva investigación.

El robo se produjo el 26 de septiembre de 2015 en Makro. El vigilante fue detenido el 25 de febrero de 2016. Finalmente, con fecha 8 de abril el vigilantefue despedido de la empresa.

Una ladrona denuncia a un vigilante de un supermercado por romperle una pierna (Mallorca)

Una presunta ladrona en un supermercado de Palma ha interpuesto una denuncia contra el vigilante de seguridad del establecimiento. El empleado, según su versión, la sorprendió después de sustraer objetos por valor de 70 euros y le propinó una patada que le causó una fractura de peroné.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo en un supermercado perteneciente a una cadena situado en el polígono de Llevant. El vigilante se percató de que una mujer pretendía abandonar el establecimiento con una serie de artículos ocultos sin pasar por caja.

La mujer, de nacionalidad búlgara, afirma en la denuncia que el vigilante la agredió en la puerta del supermercado y le propinó una fuerte patada. También asegura que los objetos robados los había dejado en la puerta y el empleado la golpeó tras recogerlos. La Policía la trasladó a Son Espases.

Previamente, la denunciante tendrá que comparecer en un juicio el próximo 20 de abril por el hurto.

Un agente de seguridad mata a tiros a su compañero y se suicida en un atunero vasco

Un vigilante de la empresa de seguridad privada Seguribérica que protegía a la tripulación del atunero de Bermeo (País Vasco) Txori Gorri presuntamente acabó ayer con la vida de un compañero al que ha disparado en varias ocasiones. Momentos después se encerró en un camarote donde se quitó la vida. El buque, en el que hay tripulación gallega, navega hacia las Seychelles para llevar los cuerpos de Juan José V.C. y Juan Manuel M.M.

El suceso tuvo lugar cuando el buque se encontraba pescando a unas 90 millas de Puerto Victoria, en las islas Seychelles, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del suceso. Al parecer Juan José V.C. fue el autor de los disparos aunque por el momento se desconocen los motivos, que están siendo investigados. Tras este incidente, el presunto autor del disparo se atrincheró en uno de los camarotes de la embarcación, donde finalmente ha acabado con su vida. "Se le fue la cabeza", comentó a este periódico una fuente próxima al suceso, que recalcó que "ha sido un incidente entre dos personas, ajeno a la tripulación".

Según informa el medio vasco Elcorreo.com, tras el incidente se produjeron momentos de tensión ya que la tripulación temía porque se hubiese producido un ataque de piratas, como ya sucedió en el año 2009. En aquellas fechas, todavía con el recuerdo fresco de los 47 días del secuestro del Alakrana, elTxori Gorri, con 12 gallegos a bordo entonces (seis de Baiona, dos de Moaña, y otros cuatro de Vigo, Cangas, Marín y Ribeira) y cuatro vigilantes de seguridad, sufrió durante media hora la persecución de dos esquifes. En aquel momento, una huida a toda máquina hizo desistir a los bucaneros, que dieron media vuelta cuando se encontraban a apenas seis millas de distancia de la popa del buque

Precisamente aquel año 2009, fue cuando la armadora, la firma vasca Inpesca, firmó un contrato con la empresa de seguridad privada Seguribérica para el embarque de vigilantes de seguridad a bordo de los atuneros que faenan en aguas del océano Índico con el objetivo de evitar el secuestro llevado a cabo por piratas somalíes.

El Txori Gorri es un buque construido en 2007 que cuenta con 95 metros de eslora y capacidad para 1.500 toneladas de carga.

La justicia investiga a la empresa Alcor Seguridad,que vigila el AVE a Galicia, por ocho delitos

Blanqueo, fraude a la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, revelación de secretos, simulación de contratos o alzamiento de bienes

La empresa de seguridad Alcor, responsable de vigilar las obras del AVE Madrid-Galicia o la Y vasca, está en el punto de mira de la justicia cada vez con más intensidad. Y no solo por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social o a la Hacienda Pública, que ya fueron dados a conocer por El Confidencial, sino también por casi media docena más de infracciones contempladas en el Código Penal.

Así se deduce del reciente auto emitido por la jueza María Yanet Puga, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos, localidad donde tiene su sede central la mercantil, fechado el pasado 18 de marzo, que ordena despiezar la causa en cinco investigaciones, además de la principal, correspondientes a la instrucción de otros cinco delitos. En concreto, se trata de alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial por la posible alteración del libro de catálogo de medidas de seguridad de la empresa, estafa por simular un contrato de trabajo para obtener una prestación por desempleo a la que no tenía derecho y tráfico de influencias. 

El Juzgado achaca indiciariamente estos delitos a los directivos de la compañíaCarlos Somoza -presidente y administrador único-, Ramón Mateos, Antonio Francisco Soler, Yaiza del Carmen Santana y dos personas más llamadas Berta y José Manuel sobre los que el auto no apunta los apellidos. Argumenta la jueza que los delitos que se investigarán en piezas separadas son más sencillos de instruir, "por lo que no parece oportuno posponer su eventual enjuiciamiento" al momento en el que se juzgue la causa principal, "más laboriosa y complicada".

La pieza principal de la causa -que se encontraba bajo secreto de sumario hasta ahora- investiga a los responsables de la mercantil por explotar a los trabajadores que vigilaban los explosivos utilizados para las obras, someterles a intensas jornadas de trabajo de 12 y 24 horas al día durante más de dos semanas seguidas, obligarles a dormir y ducharse en casetas de obra o forzarles a cobrar las horas extra en metálico, en B o mediante la presentación de facturas personales emitidas a nombre de la mercantil por consumos realizados por los empleados en su vida privada.

Si los empleados no presentaban facturas -que en algunos casos llegaban a hacer incluso los familiares de los trabajadores, para conseguir hacer frente a toda la deuda-, la empresa no abonaba las horas extra. El día en el que se hacían efectivos los pagos, a través de sobre o mediante talones, los empleados formaban largas colas a las puertas de la empresa provocando imágenes que recuerdan a otros tiempos. 

Decenas de trabajadores de la mercantil se han concentrado esta mañana en la puerta del Juzgado número 2 de Monforte con el fin de protestar contra la cultura laboral de la compañía. Los manifestantes han sido convocados por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO), organización que denunció a Alcor ante la Policía Nacional, que puso los hechos en conocimiento del Juzgado número 2 de Monforte y que dio origen a las presentes diligencias.

Mientras se desarrollaba la protesta, dentro de la sede judicial, la magistrada abrió la caja fuerte que los investigadores intervinieron en el edificio que ocupaba la compañía. Tras llamar a un cerrajero especializado porque inicialmente no se podía abrir, la jueza se llevó la sorpresa de que no había nada en el interior de la caja.

Alcor, mercantil de seguridad privada que presta servicios a la administración pública y a empresas de toda España, fue fundada en 2009 en Monforte. Cinco años después, alcanzó los 800 trabajadores en plantilla. Actualmente cuenta con cerca de 1.500 empleados. A pesar de este fuerte crecimiento, al menos en apariencia, la empresa se descolgó del convenio colectivo estatal en 2013 y recortó el salario de sus trabajadores.


El TS impone el castellano en los distintivos de los vigilantes de seguridad de Cataluña

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una orden de la Generalitat que establece que los distintivos de los vigilantes deben escribirse solo en catalán, al entender que la seguridad privada es competencia exclusiva del Estado y ajena a las políticas de normalización lingüística.

En su sentencia, el Supremo desestima así el recurso que presentó la Generalitat contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en diciembre de 2013 anuló esa misma orden gubernamental, tras ser impugnada por la Delegación del Gobierno en Cataluña.

La sentencia anula una orden que la Generalitat aprobó el 17 de enero de 2012 y que establece que los distintivos de los agentes de seguridad privada que ejercen sus funciones en Cataluña deben lucir las expresiones "vigilant de seguretat" o "vigilant d'explosius", exclusivamente en catalán.

La Generalitat argumentaba en su recurso que la orden quedaba amparada por el Estatuto de Autonomía, que habilita al gobierno catalán a adoptar disposiciones encaminadas a promover la normalización lingüística, "corrigiendo una situación histórica de desigualdad respecto al castellano".

El Supremo argumenta, sin embargo, que el Estado "tiene competencia exclusiva para regular la prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal", lo que incluye aspectos relacionados con la formación, habilitación, documentación, uniformidad, medios de defensa y ejercicio de sus funciones.

Para el TS, los vigilantes de seguridad privada no desempeñan una actividad administrativa ni concesionaria de un servicio público, sino una actividad complementaria y subordinada respecto a la seguridad pública prestada por empresas privadas.

Por ese motivo, razona la sentencia, la Generalitat "carecía de competencia sectorial para regular la actividad de seguridad privada y tampoco por razón de su competencia en materia lingüística podía incidir en esta materia, ajena por completo al uso y normalización del catalán en los términos fijados por la ley catalana (...)".

Y "mucho menos", sostiene el Supremo, podía el gobierno catalán "sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano, tal y como dispone la norma estatal al regular los distintivos de los vigilantes de seguridad privada, por su versión en catalán".

"En este caso", añade el Supremo, "no se trata de regular la cooficialidad del uso del catalán, sino simplemente de sustituir la placa identificativa de tales vigilantes, redactada en castellano, por su versión en catalán, sin que tal previsión tenga acomodo en las disposiciones legales sobre normalización lingüística antes reseñadas"

Revista Seguritecnia nº 429, Marzo 2016

                          Cabecera Home

                                                      Ver revista


Los vigilantes del Centro de menores de Sograndio (Oviedo) convocan huelga de una semana

La plantilla de vigilantes del Centro de Menores de Sograndio ha acordado en asamblea la convocatoria de una huelga para la semana del 10 al 17 de abril como medida de protesta ante el comportamiento de la empresa adjudicataria del servicio.

Según han informado UGT, USO y CCOO, sindicatos mayoritarios de el ámbito de la seguridad privada, la actuación de la empresa Alcor, que tiene a su cargo la seguridad del Centro de Menores, al no abonar la paga extra de marzo a los trabajadores, ha sido "el detonante" para que hayan tomado esta decisión.

En un comunicado, las centrales afirma que desde que esta empresa se hizo cargo de este servicio han sido continuos los problemas laborales de toda índole, sobre todo el económico, "engañando a sus trabajadores y al Principado y causando una reducción del 20 por ciento en los salarios".

Como preámbulo de la huelga los sindicatos han convocado una concentración para el próximo 7 de abril a las 14:00 horas en los exteriores del Centro de Menores, coincidiendo con el cambio de turno, en solidaridad con los trabajadores afectados.

Un directivo de Magasegur falsificó la firma de la Policía para lograr un concurso público

La Universidad de Valencia le adjudicó el servicio de seguridad. El Juzgado de lo Penal 8 de Valencia le condena ahora a seis meses de prisión por conseguirlo de manera irregular

La empresa de seguridad Magasegur, que acaba de presentar concurso de acreedores, no solo se ha visto salpicada por problemas económicos, sino también por falsedad de documentos oficiales. En concreto, el Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha condenado a uno de sus directivos, M. G. G., porimitar la firma del comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, para conseguir una adjudicación pública.

Según considera acreditado la resolución judicial, el acusado presentó a la mercantil a la que representaba al concurso promovido por la Universidad de Valencia, que iba a adjudicar el servicio de seguridad privada de todo el complejo educativo. Entre las condiciones que la institución requería a los solicitantes, estaba que estos dispusieran de una delegación autorizada en la capital de la Comunidad Valenciana, cosa que Magasegur no tenía.

Aun así, el condenado presentó el resto de documentación al concurso como si no supiera que faltaban cosas. En paralelo, inició también los trámitespara solicitar a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía -organismo competente- una autorización para establecerse en la ciudad del Turia.

Al advertir que no tenía delegación en Valencia, la universidad hizo un requerimiento a la empresa para que esta aportara la documentación que faltaba. Le dio de plazo hasta el 25 de junio de 2014 para presentar la autorización de la Policía que le mostraba que tenía luz verde para establecer la sede provincial. Sin embargo, como el permiso aún no había llegado, el acusado decidió actuar por su cuenta. 

"Sin que conste el modo, consiguió un documento falso que parecía auténtico, supuestamente librado por el comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional", fechado el 24 de junio, justo un día antes de que se cumpliera el plazo concedido por el adjudicatario, que autorizaba a Magasegur a abrir una delegación en Valencia, en una calle indicada expresamente por la mercantil. El mismo día que vencía la prórroga, M. G. G. presentó la documentación en el Servicio de Contratación de la universidad.

El centro educativo le adjudicó poco después la contratación de los servicios de seguridad del recinto a pesar de que había presentado un escrito falsificado, extremo que la institución desconocía. Cuatro meses más tarde, Magasegur recibió el documento auténtico de la Policía Nacional que autorizaba a la mercantil a establecerse en Valencia, pero ya no hacía falta.

El acusado, que reconoció los hechos, ha sido condenado a seis meses prisión y 540 euros de multa. La pena de cárcel, sin embargo, puede ser conmutable por 1.080 euros que el hombre previsiblemente abonará para eludir la privación de libertad.

Magasegur se encuentra actualmente en concurso de acreedores y deja en situación de inestabilidad a sus 800 trabajadores, que ya desde hace meses vienen protestando por los impagos de la mercantil que les tenía contratados hasta el momento. 


La Comunidad de Madrid cambiará la forma de contratar la seguridad privada

El gobierno regional planea empezar a hacer grandes contratos centralizados y divididos en lotes a partir de 2017 para reducir gastos y evitar empresas que incumplen los convenios.

La Comunidad de Madrid mueve ficha en uno de los ámbitos más problemáticos en materia de contratación pública y de impagos a trabajadores: la seguridad privada. Según confirman fuentes del gobierno regional, a partir de 2017 las distintas consejerías dejarán de licitar sus propios contratos para adjudicar la seguridad de sus distintos edificios y sedes, pasando a un sistema de grandes contratos centralizados desde una única consejería que después se dividirán en varios lotes.

Se trata de una iniciativa que parte de la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda: contratos únicos más voluminosos divididos en lotes que incluirán la seguridad privada de todos los edificios dependientes de la Comunidad de Madrid, con los que la administración pretende no sólo ahorrar en costes sino también evitar a empresas que terminan por no cumplir con los convenios colectivos o incurriendo en impagos a los trabajadores.

En los últimos años, la administración pública madrileña ha tenido diversos problemas con empresas dedicadas a la seguridad privada: en el caso de ESABE, la justicia detuvo a su directiva por un supuesto fraude de más de 50 millones de euros a la Seguridad Social. En el caso de Seguridad Integral Canaria, el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un ERE que afectaba a cerca de 70 trabajadores, algunos de ellos en la seguridad de Metro de Madrid.

A finales del mes de enero, Radio Madrid también reveló que la empresa Marsegur - adjudicataria de la vigilancia de residencias infantiles - también incumplía la normativa con un convenio propio con cantidades por debajo de las directrices nacionales.

El caso de Magasegur

Fue la semana pasada precisamente cuando la Comunidad de Madrid se sentó a la mesa con los sindicatos y la empresa Magasegur: esta adjudicataria de las seguridad de edificios de hasta tres consejerías presentó el preconcurso de acreedores entre denuncias de los trabajadores de incumplimientos del Convenio Colectivo. Finalmente, la empresa ha renunciado a sus contratos públicos con la Comunidad de Madrid y el gobierno regional sacará un nuevo concurso para el próximo mes de abril con una nueva empresa. Un nuevo contrato que obligará a subrogar a los trabajadores actuales.

Desde UGT, José Olmo expone más casos en los que empresas de seguridad privada incurren en impagos mientras contratan con administraciones públicas: “Teníamos ya casos como ESABE o Falcon, que si no somos ágiles nos encontramos con que los trabajadores se tiran ocho meses sin cobrar como con ESABE, la situación es totalmente imposible", asegura en declaraciones a la SER. Según asegura en su página web, Magasegur tiene entre sus clientes no sólo a la Comunidad de Madrid sino al Gobierno de España, la Agencia Tributaria, la Junta de Andalucía o la Generalitat Valenciana, entre otros. Olmo también responsabiliza a las administraciones públicas de esta situación: "Es la desencadenante por dar contratos en baja temeraria". 
 

La Comunidad de Madrid cambiará la seguridad privada tras un acuerdo con la actual empresa.

La Comunidad de Madrid cambiará su servicio de seguridad privada a partir del 1 de abril tras llegar a un acuerdo con la actual empresa, que recientemente entró en concurso de acreedores por la ejecución de embargos administrativos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Debido a esta situación, los trabajadores de la empresa Magasegur dejaron de percibir sus salarios desde el pasado 1 de marzo, según ha informado hoy el sindicato UGT en una nota de prensa.

Esta cuestión "agravaba la situación de estos trabajadores" a juicio de UGT, "ya que la empresa no estaba aplicando el convenio colectivo de seguridad, por lo que tenían salarios más bajos y condiciones laborales peores".

Por ello, UGT convocó junto con otras organizaciones sindicales una huelga indefinida a partir del 28 de marzo junto a diversas concentraciones, "medidas de movilización que fueron aprobadas por unanimidad en la asamblea de trabajadores".

La huelga y las concentraciones se han desconvocado, ya que en el acto de mediación del pasado 18 de marzo se alcanzó un acuerdo entre la empresa y diversos representantes de la Comunidad de Madrid.


Con él, Magasegur ha renunciado a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid que, por su parte, se ha comprometido a que exista una nueva empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada a partir del 1 de abril.

Además, el Gobierno regional ha asegurado que en los próximos contratos aplicará "en todos sus términos" el convenio colectivo de empresas de seguridad privada.

Asimismo, consultará con los representantes sindicales antes de la nueva contratación. Desde UGT han agradecido la disposición de la Comunidad de Madrid para solucionar esta situación que, en su opinión, "no solo perjudicaba a los trabajadores sino a los ciudadanos de Madrid que son usuarios de la administración pública, al tratarse de un servicio tan importante como la seguridad"

Acuerdo en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid sobre la huelga en Magasegur.

En el día de ayer (16/03/2016) se llegó a un acuerdo en el instituto laboral de la Comunidad de Madrid, después de 4 horas de negociación producto de la huelga convocada en los centros de trabajo de la empresa Magasegur en Madrid por CC.OO, UGT, USO y ALTERNATIVA SINDICAL.

La huelga de carácter indefinida daba comienzo el día 28 de Marzo, además se habían solicitado dos concentraciones en la c/Álcala 31(centro de contratación de la comunidad de Madrid), y en la asamblea de Madrid para los días 29 y 31 de Marzo respectivamente.

Las situación de incertidumbre de 300 trabajadores en la Comunidad de Madrid fue el motivo de que con carácter de urgencia los sindicatos convocaran una huelga a petición en asamblea por los trabajadores de Magasegur. Recordemos que la empresa Magasegur comunicó hace unos días el embargo de sus cuentas por la Agencia Tributaria, con la imposibilidad que ello suponía de abonar sus salarios a los trabajadores, presentando pocos días después un pre-concurso de acreedores.

Dicha situación producía que los trabajadores no fueran a cobrar sus salarios durante la vigencia del concurso que finalizaba el 1 de julio, todo esto ya agravado por continuos impagos a sus trabajadores de diferentes cuantías salariales, retrasos de abonos de nomina, impago de salarios pendientes del convenio colectivo, así como la aplicación de un convenio colectivo a al baja que suponía una merma para el trabajador de una media de un 35% según convenio colectivo que venían sufriendo hace ya varios años.

En el día de ayer, acudió al instituto laboral la empresa Magasegur, la totalidad de los responsables de contratación pública de la administración, así como los sindicatos convocantes de la huelga y el comité de huelga.

Después de mucho esfuerzo se consiguió llegar a un acuerdo que garantizaba lo siguiente:

1. Renuncia de la empresa Magasegur a los contratos de seguridad.

2. Compromiso de la administración que con fecha 1 de Abril se adjudicaría dichos servicios a una empresa de seguridad que cumpliera el convenio Estatal de empresas de Seguridad Privada.

3. Ser oídos los representantes sindicales para el control y la elección para la adjudicación de la nueva empresa que preste el servicio de seguridad en los centros de trabajo.

De esta manera se consigue que los trabajadores puedan a partir del día 1 de Abril poder tener un salario que se les venía negando hace tiempo, en una empresa que cumpla el convenio estatal de empresas de seguridad y sobretodo abone los salarios a sus trabajadores.

Aprovechando que la administración pública estaba presente en el acto de mediación, se trataron también temas tan importantes que están siendo la actualidad en varios foros la queja principal de este sindicato como es cambiar la ley de contratación pública y los requisitos para que las empresas que concursen para la administración y el ayuntamiento cumplan con los pagos de los salarios a sus trabajadores y el convenio estatal de empresas de seguridad privada en vigor.

 

 

Revista Seguritecnia nº 428 Febrero 2016


                Cabecera Home

                                        Acceso a la revista



Respuesta del Ministerio del Interior sobre como deben identificarse los vigilantes

Respuesta del Ministerio del Interior sobre como deben identificarse los vigilantes de seguridad privada en los procedimientos judiciales.