La Universidad de Valencia le adjudicó el servicio de seguridad. El Juzgado de lo Penal 8 de Valencia le condena ahora a seis meses de prisión por conseguirlo de manera irregular
La empresa de seguridad Magasegur, que acaba de presentar concurso de acreedores, no solo se ha visto salpicada por problemas económicos, sino también por falsedad de documentos oficiales. En concreto, el Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha condenado a uno de sus directivos, M. G. G., porimitar la firma del comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, para conseguir una adjudicación pública.
Según considera acreditado la resolución judicial, el acusado presentó a la mercantil a la que representaba al concurso promovido por la Universidad de Valencia, que iba a adjudicar el servicio de seguridad privada de todo el complejo educativo. Entre las condiciones que la institución requería a los solicitantes, estaba que estos dispusieran de una delegación autorizada en la capital de la Comunidad Valenciana, cosa que Magasegur no tenía.
Aun así, el condenado presentó el resto de documentación al concurso como si no supiera que faltaban cosas. En paralelo, inició también los trámitespara solicitar a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía -organismo competente- una autorización para establecerse en la ciudad del Turia.
Al advertir que no tenía delegación en Valencia, la universidad hizo un requerimiento a la empresa para que esta aportara la documentación que faltaba. Le dio de plazo hasta el 25 de junio de 2014 para presentar la autorización de la Policía que le mostraba que tenía luz verde para establecer la sede provincial. Sin embargo, como el permiso aún no había llegado, el acusado decidió actuar por su cuenta.
"Sin que conste el modo, consiguió un documento falso que parecía auténtico, supuestamente librado por el comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional", fechado el 24 de junio, justo un día antes de que se cumpliera el plazo concedido por el adjudicatario, que autorizaba a Magasegur a abrir una delegación en Valencia, en una calle indicada expresamente por la mercantil. El mismo día que vencía la prórroga, M. G. G. presentó la documentación en el Servicio de Contratación de la universidad.
El centro educativo le adjudicó poco después la contratación de los servicios de seguridad del recinto a pesar de que había presentado un escrito falsificado, extremo que la institución desconocía. Cuatro meses más tarde, Magasegur recibió el documento auténtico de la Policía Nacional que autorizaba a la mercantil a establecerse en Valencia, pero ya no hacía falta.
El acusado, que reconoció los hechos, ha sido condenado a seis meses prisión y 540 euros de multa. La pena de cárcel, sin embargo, puede ser conmutable por 1.080 euros que el hombre previsiblemente abonará para eludir la privación de libertad.
Magasegur se encuentra actualmente en concurso de acreedores y deja en situación de inestabilidad a sus 800 trabajadores, que ya desde hace meses vienen protestando por los impagos de la mercantil que les tenía contratados hasta el momento.
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