El acceso a las cárceles aragonesas de Zuera y Daroca (ambas en la provincia de Zaragoza), así como su perímetro de seguridad, depende, y ha dependido siempre, de la Guardia Civil. A partir del próximo 1 de abril esta situación cambiará. A partir de ese día se incorporarán a estas labores personal de empresas de seguridad privada,tal y como ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Se trata de siete personas que se incorporarán como apoyo a los guardias civiles que realizan las labores de seguridad en el exterior de los centros penitenciarios. Esta medida fue anunciada por el Ministerio del Interior en 2012 y se consuma ahora. Su justificación, tal y como informó en enero la cartera que dirige Jorge Fernández Díaz, reside en reubicar al gran número de escoltas que ejercían en País Vasco y Navarra y que se quedaron sin trabajo los meses siguientes al anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA(octubre de 2011).
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sin embargo, denuncian que este es el primer paso del Gobierno hacia la privatización de los centros penitenciarios españoles. “De no ser así”, dice la asociación en un comunicado, “no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada”.
“No se están dando estas plazas a los escoltas”, indica Juan José García Calvo, secretario general de AUGC en Aragón. “Nos han vendido que la incorporación de personal privado es una experiencia piloto pero lo cierto es que esta medida es parte del ideario del PP de privatización en diversos sectores: primero fue la Educación, después la Sanidad y ahora la seguridad”, opina García. “Si no han tomado esta decisión antes es porque razones económicas se lo han impedido”, agrega.
Alrededor de un centenar de guardias civiles trabajan en los centros de Zuera y Daroca (entre 60 y 70 en el primero y en torno a una treintena en el segundo). Las siete personas de seguridad privada que entrarán a trabajar el próximo mes de abril lo harán bajo las órdenes de los guardias civiles pero estos no conocen, al menos así lo aseguran desde AUGC, qué funciones desempeñarán. Dos irán a Zuera y cinco a Daroca.
“Estamos todos expectantes por saber qué trabajos van a desempeñar.No sabemos si estarán en la sala de control de accesos, si harán vigilancia perimetral de los centros o si estarán en las garitas”, señala García Calvo. Lo que es seguro es que este personal estará bajo el mando de los responsables del Instituto Armado de cada centro.
Un modelo similar al de los aeropuertos
Las fuentes de la asociación de guardias civiles creen que lo que pretende Interior es implantar en las cárceles un sistema de seguridad similar al de los aeropuertos españoles. “En estas instalaciones conviven Guardia Civil, Policía Nacional y personal de seguridad privada bajo la coordinación de uno o dos responsables de la Guardia Civil”, indica García Calvo.
“La realidad es que este sistema no funciona bien y hay problemas de coordinación entre el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el privado que deriva en problemas de seguridad”, se lamenta el secretario general de AUGC en Aragón. “Los intereses de unos y otros no son los mismos”, añade.
En toda España hay 21 centros penitenciarios afectados por la medida del Ministerio de Interior. Los responsables de esta cartera han pedido tranquilidad a los guardias civiles y les han asegurado que no se va a despedir a nadie, algo que no evita el “malestar” entre los trabajadores, según AUGC.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sin embargo, denuncian que este es el primer paso del Gobierno hacia la privatización de los centros penitenciarios españoles. “De no ser así”, dice la asociación en un comunicado, “no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada”.
“No se están dando estas plazas a los escoltas”, indica Juan José García Calvo, secretario general de AUGC en Aragón. “Nos han vendido que la incorporación de personal privado es una experiencia piloto pero lo cierto es que esta medida es parte del ideario del PP de privatización en diversos sectores: primero fue la Educación, después la Sanidad y ahora la seguridad”, opina García. “Si no han tomado esta decisión antes es porque razones económicas se lo han impedido”, agrega.
Alrededor de un centenar de guardias civiles trabajan en los centros de Zuera y Daroca (entre 60 y 70 en el primero y en torno a una treintena en el segundo). Las siete personas de seguridad privada que entrarán a trabajar el próximo mes de abril lo harán bajo las órdenes de los guardias civiles pero estos no conocen, al menos así lo aseguran desde AUGC, qué funciones desempeñarán. Dos irán a Zuera y cinco a Daroca.
“Estamos todos expectantes por saber qué trabajos van a desempeñar.No sabemos si estarán en la sala de control de accesos, si harán vigilancia perimetral de los centros o si estarán en las garitas”, señala García Calvo. Lo que es seguro es que este personal estará bajo el mando de los responsables del Instituto Armado de cada centro.
Un modelo similar al de los aeropuertos
Las fuentes de la asociación de guardias civiles creen que lo que pretende Interior es implantar en las cárceles un sistema de seguridad similar al de los aeropuertos españoles. “En estas instalaciones conviven Guardia Civil, Policía Nacional y personal de seguridad privada bajo la coordinación de uno o dos responsables de la Guardia Civil”, indica García Calvo.
“La realidad es que este sistema no funciona bien y hay problemas de coordinación entre el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el privado que deriva en problemas de seguridad”, se lamenta el secretario general de AUGC en Aragón. “Los intereses de unos y otros no son los mismos”, añade.
En toda España hay 21 centros penitenciarios afectados por la medida del Ministerio de Interior. Los responsables de esta cartera han pedido tranquilidad a los guardias civiles y les han asegurado que no se va a despedir a nadie, algo que no evita el “malestar” entre los trabajadores, según AUGC.
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