- Policía y Guardia Civil se han reunido con los responsables de más de 200 empresas
- Se centran en compañías con presencia en países del Magreb o limítrofes
- El objetivo es conocer cualquier dato que obtengan en esas zonas 'calientes'
Primero fue la Policía Nacional. Apenas 24 horas después, la Guardia Civil. Ambos cuerpos mantuvieron una intensa jornada de trabajo con las empresas de seguridad privada. Y cuál era el objetivo: lograr su implicación en la lucha contra el terrorismo islamista. Es la primera vez que se producen estos encuentros. Es la primera vez que la seguridad pública busca la colaboración activa de la seguridad privada en el ámbito del terrorismo internacional. Porque, como explicaron los mandos de estos cuerpos a los responsables de las empresas, aunque la preparación de España para hacer frente a este fenómeno es muy potente, todo es poco.
El nuevo enemigo es, «demasiadas veces invisible», alertan lasFuerzas de Seguridad. No en vano, tras los atentados en París, el nivel de preocupación en Europa en general y en España en particular ha aumentado. De hecho, las autoridades responsables de la seguridad del Estado decidieron entonces elevar el nivel de alarma, un nivel que se encuentra por encima del que sería el umbral de la tranquilidad. Por este motivo, el pasado miércoles, especialistas de la Policía Nacional se reunieron en el complejo de Canillas (Madrid) con más de dos centenares de representantes de empresas de seguridad privada. Al día siguiente, el encuentro se repitió en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno, para un auditorio parecido.
En ambos casos, el objetivo era doble. Muchas de las empresas de seguridad allí reunidas tienen importantes intereses fuera de España. ¿Prioridad de la Policía y la Guardia Civil?: recabar todo tipo de datos que estas empresas puedan obtener en territorios de máxima sensibilidad. Hablamos de empresas con asentamientos en países del Magreb o limítrofes. Los responsables policiales quieren tener cauces de comunicación directa con estas empresas, quieren conocer, casi en tiempo real, cualquier dato que obtengan en esas zonas «calientes» del planeta y que puedan ser interpretadas en clave de seguridad nacional.
Saben que esas zonas son las de influencia máxima del autodenominado Estado Islámico y de las tramas aún vivas de Al Qaeda. Y saben que esas empresas, con potentes inversiones en las zonas, disponen no sólo de sofisticados y completos despliegues de seguridad, sino que también mantienen buenas relaciones con los gobiernos de las zonas afectadas. Así que consideran que sus aportaciones pueden dar luz en determinados momentos sobre la incidencia terrorista en esa zona y su eco en Europa. Este tipo de encuentros no se habían puesto en marcha jamás. La cooperación entre el sector público y el sector privado se limitaba básicamente a la delincuencia común. La relación es claramente de subordinación, que la seguridad privada está obligada a participar a las autoridades de la seguridad del Estado. Pero en el plano del terrorismo, la colaboración no se contemplaba hasta ahora.
Este salto, calificado de «muy importante» por los empresarios del sector, supone un cambio de tendencia importante en cuanto a la colaboración policial en materia de seguridad entre ambas esferas. Lo que reclama Interior es básicamente información. Ampliar la plantilla de fuentes, de cauces por las que lleguen datos de las zonas calientes.
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