El Consejo de Ministros tramitará este viernes sendos anteproyectos sobre la futura ley de seguridad privada y sobre la figura de la Autoridad Fiscal Independiente, que pretende garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
La reunión del Gabinete estará presidida por Mariano Rajoy, y a ella asistirán todos los ministros excepto el de Economía, Luis de Guindos, quien se encuentra de viaje oficial en Dublín.
El anteproyecto de ley de seguridad privada impone mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohíbe el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.
Con el fin de actualizar la vigente normativa, que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto para adaptar el sector al extraordinario auge experimentado debido, entre otros motivos, a la innovación tecnológica.
Ya el titular de este departamento, Jorge Fernández, anunció el pasado 12 de marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los límites de la actividad de estos profesionales.
Tal y como avanzó el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas "cautelas", como la obligación de "velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado".
Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial.
La ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.
De hecho, el objetivo es hacer más "compatibles" y "complementarias" las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario