El instituto armado, de hecho, ya ha tenido un primer papel activo en la redacción del actual proyecto de ley de seguridad privada. Así lo puso de manifiesto ayer el coronel César Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, durante su intervención en el seminario organizado por la Universidad Internacional de La Rioja sobre la citada normativa.
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| Coronel César Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil |
La voluntad del legislador, señaló, “es integrar la seguridad privada en el conjunto del sistema público español”, donde participan tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el benemérito instituto. Ese “espíritu integrador”, argumentó Álvarez, se aprecia de hecho ya en “la presencia de la Guardia Civil en la elaboración del borrador” del proyecto de ley.
El coronel subrayó que es la primera vez que esto ocurre, puesto que hasta el momento cualquier reforma normativa era elaborada exclusivamente por los técnicos del Cuerpo Nacional de Policía.
Por su parte, el comisario Esteban Gándara, jefe de la Unidad de Control de Seguridad Privada de la Policía, que no habló del futuro papel de la Guardia Civil en el control o en la gestión de las empresas del ramo, sí destacó que uno de los principales objetivos es “incorporar el sector privado a la seguridad pública”.
Gándara, que participó en una mesa redonda junto a Álvarez para explicar los entresijos de la reforma, recordó que ya en la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que la seguridad privada es un ámbito que está tan intervenido precisamente porque forma parte de la estrategia de seguridad pública y porque está vinculado con la protección de derechos y libertades de los ciudadanos.
En la misma línea, el representante de la Guardia Civil recordó que España es el país de la Unión Europa con el ratio de vigilantes y profesionales de la seguridad privada por ciudadano más bajo, lo que deja por lo tanto un importante margen de crecimiento.
El comisario matizó que, tras la aprobación de la norma, los vigilantes no tendrán el carácter de agente de la autoridad, como se ha dicho en ocasiones, sino que gozarán de “una protección jurídica análoga a la del agente de la autoridad”.
Asimismo, defendió que se endurezca el régimen sancionador contra las empresas o profesionales que no cumplan los requisitos exigidos precisamente para beneficiar la situación jurídica y la imagen del sector, evitando el instrusismo. “El régimen sancionador no tiene carácter recaudatorio”, aclaró.
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