Los vigilantes del Centro de menores de Sograndio (Oviedo) convocan huelga de una semana
La plantilla de vigilantes del Centro de Menores de Sograndio ha acordado en asamblea la convocatoria de una huelga para la semana del 10 al 17 de abril como medida de protesta ante el comportamiento de la empresa adjudicataria del servicio.
Según han informado UGT, USO y CCOO, sindicatos mayoritarios de el ámbito de la seguridad privada, la actuación de la empresa Alcor, que tiene a su cargo la seguridad del Centro de Menores, al no abonar la paga extra de marzo a los trabajadores, ha sido "el detonante" para que hayan tomado esta decisión.
En un comunicado, las centrales afirma que desde que esta empresa se hizo cargo de este servicio han sido continuos los problemas laborales de toda índole, sobre todo el económico, "engañando a sus trabajadores y al Principado y causando una reducción del 20 por ciento en los salarios".
Como preámbulo de la huelga los sindicatos han convocado una concentración para el próximo 7 de abril a las 14:00 horas en los exteriores del Centro de Menores, coincidiendo con el cambio de turno, en solidaridad con los trabajadores afectados.
Un directivo de Magasegur falsificó la firma de la Policía para lograr un concurso público
La Universidad de Valencia le adjudicó el servicio de seguridad. El Juzgado de lo Penal 8 de Valencia le condena ahora a seis meses de prisión por conseguirlo de manera irregular
La empresa de seguridad Magasegur, que acaba de presentar concurso de acreedores, no solo se ha visto salpicada por problemas económicos, sino también por falsedad de documentos oficiales. En concreto, el Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha condenado a uno de sus directivos, M. G. G., porimitar la firma del comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, para conseguir una adjudicación pública.
Según considera acreditado la resolución judicial, el acusado presentó a la mercantil a la que representaba al concurso promovido por la Universidad de Valencia, que iba a adjudicar el servicio de seguridad privada de todo el complejo educativo. Entre las condiciones que la institución requería a los solicitantes, estaba que estos dispusieran de una delegación autorizada en la capital de la Comunidad Valenciana, cosa que Magasegur no tenía.
Aun así, el condenado presentó el resto de documentación al concurso como si no supiera que faltaban cosas. En paralelo, inició también los trámitespara solicitar a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía -organismo competente- una autorización para establecerse en la ciudad del Turia.
Al advertir que no tenía delegación en Valencia, la universidad hizo un requerimiento a la empresa para que esta aportara la documentación que faltaba. Le dio de plazo hasta el 25 de junio de 2014 para presentar la autorización de la Policía que le mostraba que tenía luz verde para establecer la sede provincial. Sin embargo, como el permiso aún no había llegado, el acusado decidió actuar por su cuenta.
"Sin que conste el modo, consiguió un documento falso que parecía auténtico, supuestamente librado por el comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional", fechado el 24 de junio, justo un día antes de que se cumpliera el plazo concedido por el adjudicatario, que autorizaba a Magasegur a abrir una delegación en Valencia, en una calle indicada expresamente por la mercantil. El mismo día que vencía la prórroga, M. G. G. presentó la documentación en el Servicio de Contratación de la universidad.
El centro educativo le adjudicó poco después la contratación de los servicios de seguridad del recinto a pesar de que había presentado un escrito falsificado, extremo que la institución desconocía. Cuatro meses más tarde, Magasegur recibió el documento auténtico de la Policía Nacional que autorizaba a la mercantil a establecerse en Valencia, pero ya no hacía falta.
El acusado, que reconoció los hechos, ha sido condenado a seis meses prisión y 540 euros de multa. La pena de cárcel, sin embargo, puede ser conmutable por 1.080 euros que el hombre previsiblemente abonará para eludir la privación de libertad.
Magasegur se encuentra actualmente en concurso de acreedores y deja en situación de inestabilidad a sus 800 trabajadores, que ya desde hace meses vienen protestando por los impagos de la mercantil que les tenía contratados hasta el momento.
La Comunidad de Madrid cambiará la forma de contratar la seguridad privada
El gobierno regional planea empezar a hacer grandes contratos centralizados y divididos en lotes a partir de 2017 para reducir gastos y evitar empresas que incumplen los convenios.
La Comunidad de Madrid mueve ficha en uno de los ámbitos más problemáticos en materia de contratación pública y de impagos a trabajadores: la seguridad privada. Según confirman fuentes del gobierno regional, a partir de 2017 las distintas consejerías dejarán de licitar sus propios contratos para adjudicar la seguridad de sus distintos edificios y sedes, pasando a un sistema de grandes contratos centralizados desde una única consejería que después se dividirán en varios lotes.
Se trata de una iniciativa que parte de la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda: contratos únicos más voluminosos divididos en lotes que incluirán la seguridad privada de todos los edificios dependientes de la Comunidad de Madrid, con los que la administración pretende no sólo ahorrar en costes sino también evitar a empresas que terminan por no cumplir con los convenios colectivos o incurriendo en impagos a los trabajadores.
En los últimos años, la administración pública madrileña ha tenido diversos problemas con empresas dedicadas a la seguridad privada: en el caso de ESABE, la justicia detuvo a su directiva por un supuesto fraude de más de 50 millones de euros a la Seguridad Social. En el caso de Seguridad Integral Canaria, el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un ERE que afectaba a cerca de 70 trabajadores, algunos de ellos en la seguridad de Metro de Madrid.
A finales del mes de enero, Radio Madrid también reveló que la empresa Marsegur - adjudicataria de la vigilancia de residencias infantiles - también incumplía la normativa con un convenio propio con cantidades por debajo de las directrices nacionales.
El caso de Magasegur
Fue la semana pasada precisamente cuando la Comunidad de Madrid se sentó a la mesa con los sindicatos y la empresa Magasegur: esta adjudicataria de las seguridad de edificios de hasta tres consejerías presentó el preconcurso de acreedores entre denuncias de los trabajadores de incumplimientos del Convenio Colectivo. Finalmente, la empresa ha renunciado a sus contratos públicos con la Comunidad de Madrid y el gobierno regional sacará un nuevo concurso para el próximo mes de abril con una nueva empresa. Un nuevo contrato que obligará a subrogar a los trabajadores actuales.
Desde UGT, José Olmo expone más casos en los que empresas de seguridad privada incurren en impagos mientras contratan con administraciones públicas: “Teníamos ya casos como ESABE o Falcon, que si no somos ágiles nos encontramos con que los trabajadores se tiran ocho meses sin cobrar como con ESABE, la situación es totalmente imposible", asegura en declaraciones a la SER. Según asegura en su página web, Magasegur tiene entre sus clientes no sólo a la Comunidad de Madrid sino al Gobierno de España, la Agencia Tributaria, la Junta de Andalucía o la Generalitat Valenciana, entre otros. Olmo también responsabiliza a las administraciones públicas de esta situación: "Es la desencadenante por dar contratos en baja temeraria".
La Comunidad de Madrid mueve ficha en uno de los ámbitos más problemáticos en materia de contratación pública y de impagos a trabajadores: la seguridad privada. Según confirman fuentes del gobierno regional, a partir de 2017 las distintas consejerías dejarán de licitar sus propios contratos para adjudicar la seguridad de sus distintos edificios y sedes, pasando a un sistema de grandes contratos centralizados desde una única consejería que después se dividirán en varios lotes.
Se trata de una iniciativa que parte de la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda: contratos únicos más voluminosos divididos en lotes que incluirán la seguridad privada de todos los edificios dependientes de la Comunidad de Madrid, con los que la administración pretende no sólo ahorrar en costes sino también evitar a empresas que terminan por no cumplir con los convenios colectivos o incurriendo en impagos a los trabajadores.
En los últimos años, la administración pública madrileña ha tenido diversos problemas con empresas dedicadas a la seguridad privada: en el caso de ESABE, la justicia detuvo a su directiva por un supuesto fraude de más de 50 millones de euros a la Seguridad Social. En el caso de Seguridad Integral Canaria, el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un ERE que afectaba a cerca de 70 trabajadores, algunos de ellos en la seguridad de Metro de Madrid.
A finales del mes de enero, Radio Madrid también reveló que la empresa Marsegur - adjudicataria de la vigilancia de residencias infantiles - también incumplía la normativa con un convenio propio con cantidades por debajo de las directrices nacionales.
El caso de Magasegur
Fue la semana pasada precisamente cuando la Comunidad de Madrid se sentó a la mesa con los sindicatos y la empresa Magasegur: esta adjudicataria de las seguridad de edificios de hasta tres consejerías presentó el preconcurso de acreedores entre denuncias de los trabajadores de incumplimientos del Convenio Colectivo. Finalmente, la empresa ha renunciado a sus contratos públicos con la Comunidad de Madrid y el gobierno regional sacará un nuevo concurso para el próximo mes de abril con una nueva empresa. Un nuevo contrato que obligará a subrogar a los trabajadores actuales.
Desde UGT, José Olmo expone más casos en los que empresas de seguridad privada incurren en impagos mientras contratan con administraciones públicas: “Teníamos ya casos como ESABE o Falcon, que si no somos ágiles nos encontramos con que los trabajadores se tiran ocho meses sin cobrar como con ESABE, la situación es totalmente imposible", asegura en declaraciones a la SER. Según asegura en su página web, Magasegur tiene entre sus clientes no sólo a la Comunidad de Madrid sino al Gobierno de España, la Agencia Tributaria, la Junta de Andalucía o la Generalitat Valenciana, entre otros. Olmo también responsabiliza a las administraciones públicas de esta situación: "Es la desencadenante por dar contratos en baja temeraria".
La Comunidad de Madrid cambiará la seguridad privada tras un acuerdo con la actual empresa.
La Comunidad de Madrid cambiará su servicio de seguridad privada a partir del 1 de abril tras llegar a un acuerdo con la actual empresa, que recientemente entró en concurso de acreedores por la ejecución de embargos administrativos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Debido a esta situación, los trabajadores de la empresa Magasegur dejaron de percibir sus salarios desde el pasado 1 de marzo, según ha informado hoy el sindicato UGT en una nota de prensa.
Esta cuestión "agravaba la situación de estos trabajadores" a juicio de UGT, "ya que la empresa no estaba aplicando el convenio colectivo de seguridad, por lo que tenían salarios más bajos y condiciones laborales peores".
Por ello, UGT convocó junto con otras organizaciones sindicales una huelga indefinida a partir del 28 de marzo junto a diversas concentraciones, "medidas de movilización que fueron aprobadas por unanimidad en la asamblea de trabajadores".
La huelga y las concentraciones se han desconvocado, ya que en el acto de mediación del pasado 18 de marzo se alcanzó un acuerdo entre la empresa y diversos representantes de la Comunidad de Madrid.
Con él, Magasegur ha renunciado a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid que, por su parte, se ha comprometido a que exista una nueva empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada a partir del 1 de abril.
Además, el Gobierno regional ha asegurado que en los próximos contratos aplicará "en todos sus términos" el convenio colectivo de empresas de seguridad privada.
Asimismo, consultará con los representantes sindicales antes de la nueva contratación. Desde UGT han agradecido la disposición de la Comunidad de Madrid para solucionar esta situación que, en su opinión, "no solo perjudicaba a los trabajadores sino a los ciudadanos de Madrid que son usuarios de la administración pública, al tratarse de un servicio tan importante como la seguridad"
Debido a esta situación, los trabajadores de la empresa Magasegur dejaron de percibir sus salarios desde el pasado 1 de marzo, según ha informado hoy el sindicato UGT en una nota de prensa.
Esta cuestión "agravaba la situación de estos trabajadores" a juicio de UGT, "ya que la empresa no estaba aplicando el convenio colectivo de seguridad, por lo que tenían salarios más bajos y condiciones laborales peores".
Por ello, UGT convocó junto con otras organizaciones sindicales una huelga indefinida a partir del 28 de marzo junto a diversas concentraciones, "medidas de movilización que fueron aprobadas por unanimidad en la asamblea de trabajadores".
La huelga y las concentraciones se han desconvocado, ya que en el acto de mediación del pasado 18 de marzo se alcanzó un acuerdo entre la empresa y diversos representantes de la Comunidad de Madrid.
Con él, Magasegur ha renunciado a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid que, por su parte, se ha comprometido a que exista una nueva empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada a partir del 1 de abril.
Además, el Gobierno regional ha asegurado que en los próximos contratos aplicará "en todos sus términos" el convenio colectivo de empresas de seguridad privada.
Asimismo, consultará con los representantes sindicales antes de la nueva contratación. Desde UGT han agradecido la disposición de la Comunidad de Madrid para solucionar esta situación que, en su opinión, "no solo perjudicaba a los trabajadores sino a los ciudadanos de Madrid que son usuarios de la administración pública, al tratarse de un servicio tan importante como la seguridad"
Acuerdo en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid sobre la huelga en Magasegur.
En el día de ayer (16/03/2016) se llegó a un acuerdo en el instituto laboral de la Comunidad de Madrid, después de 4 horas de negociación producto de la huelga convocada en los centros de trabajo de la empresa Magasegur en Madrid por CC.OO, UGT, USO y ALTERNATIVA SINDICAL.
La huelga de carácter indefinida daba comienzo el día 28 de Marzo, además se habían solicitado dos concentraciones en la c/Álcala 31(centro de contratación de la comunidad de Madrid), y en la asamblea de Madrid para los días 29 y 31 de Marzo respectivamente.
Las situación de incertidumbre de 300 trabajadores en la Comunidad de Madrid fue el motivo de que con carácter de urgencia los sindicatos convocaran una huelga a petición en asamblea por los trabajadores de Magasegur. Recordemos que la empresa Magasegur comunicó hace unos días el embargo de sus cuentas por la Agencia Tributaria, con la imposibilidad que ello suponía de abonar sus salarios a los trabajadores, presentando pocos días después un pre-concurso de acreedores.
Dicha situación producía que los trabajadores no fueran a cobrar sus salarios durante la vigencia del concurso que finalizaba el 1 de julio, todo esto ya agravado por continuos impagos a sus trabajadores de diferentes cuantías salariales, retrasos de abonos de nomina, impago de salarios pendientes del convenio colectivo, así como la aplicación de un convenio colectivo a al baja que suponía una merma para el trabajador de una media de un 35% según convenio colectivo que venían sufriendo hace ya varios años.
En el día de ayer, acudió al instituto laboral la empresa Magasegur, la totalidad de los responsables de contratación pública de la administración, así como los sindicatos convocantes de la huelga y el comité de huelga.
Después de mucho esfuerzo se consiguió llegar a un acuerdo que garantizaba lo siguiente:
1. Renuncia de la empresa Magasegur a los contratos de seguridad.
2. Compromiso de la administración que con fecha 1 de Abril se adjudicaría dichos servicios a una empresa de seguridad que cumpliera el convenio Estatal de empresas de Seguridad Privada.
3. Ser oídos los representantes sindicales para el control y la elección para la adjudicación de la nueva empresa que preste el servicio de seguridad en los centros de trabajo.
De esta manera se consigue que los trabajadores puedan a partir del día 1 de Abril poder tener un salario que se les venía negando hace tiempo, en una empresa que cumpla el convenio estatal de empresas de seguridad y sobretodo abone los salarios a sus trabajadores.
Aprovechando que la administración pública estaba presente en el acto de mediación, se trataron también temas tan importantes que están siendo la actualidad en varios foros la queja principal de este sindicato como es cambiar la ley de contratación pública y los requisitos para que las empresas que concursen para la administración y el ayuntamiento cumplan con los pagos de los salarios a sus trabajadores y el convenio estatal de empresas de seguridad privada en vigor.
La huelga de carácter indefinida daba comienzo el día 28 de Marzo, además se habían solicitado dos concentraciones en la c/Álcala 31(centro de contratación de la comunidad de Madrid), y en la asamblea de Madrid para los días 29 y 31 de Marzo respectivamente.
Las situación de incertidumbre de 300 trabajadores en la Comunidad de Madrid fue el motivo de que con carácter de urgencia los sindicatos convocaran una huelga a petición en asamblea por los trabajadores de Magasegur. Recordemos que la empresa Magasegur comunicó hace unos días el embargo de sus cuentas por la Agencia Tributaria, con la imposibilidad que ello suponía de abonar sus salarios a los trabajadores, presentando pocos días después un pre-concurso de acreedores.
Dicha situación producía que los trabajadores no fueran a cobrar sus salarios durante la vigencia del concurso que finalizaba el 1 de julio, todo esto ya agravado por continuos impagos a sus trabajadores de diferentes cuantías salariales, retrasos de abonos de nomina, impago de salarios pendientes del convenio colectivo, así como la aplicación de un convenio colectivo a al baja que suponía una merma para el trabajador de una media de un 35% según convenio colectivo que venían sufriendo hace ya varios años.
En el día de ayer, acudió al instituto laboral la empresa Magasegur, la totalidad de los responsables de contratación pública de la administración, así como los sindicatos convocantes de la huelga y el comité de huelga.
Después de mucho esfuerzo se consiguió llegar a un acuerdo que garantizaba lo siguiente:
1. Renuncia de la empresa Magasegur a los contratos de seguridad.
2. Compromiso de la administración que con fecha 1 de Abril se adjudicaría dichos servicios a una empresa de seguridad que cumpliera el convenio Estatal de empresas de Seguridad Privada.
3. Ser oídos los representantes sindicales para el control y la elección para la adjudicación de la nueva empresa que preste el servicio de seguridad en los centros de trabajo.
De esta manera se consigue que los trabajadores puedan a partir del día 1 de Abril poder tener un salario que se les venía negando hace tiempo, en una empresa que cumpla el convenio estatal de empresas de seguridad y sobretodo abone los salarios a sus trabajadores.
Aprovechando que la administración pública estaba presente en el acto de mediación, se trataron también temas tan importantes que están siendo la actualidad en varios foros la queja principal de este sindicato como es cambiar la ley de contratación pública y los requisitos para que las empresas que concursen para la administración y el ayuntamiento cumplan con los pagos de los salarios a sus trabajadores y el convenio estatal de empresas de seguridad privada en vigor.
Respuesta del Ministerio del Interior sobre como deben identificarse los vigilantes
Respuesta del Ministerio del Interior sobre como deben identificarse los vigilantes de seguridad privada en los procedimientos judiciales.
La diligente actuación de los empleados de la seguridad privada impide el robo de un bebe en Valencia.
Las sospechas del padre, médico de profesión, acabaron por descubrir a la falsa sanitaria y frustraron la sustracción del neonato.
Una vez controlada la situación, desde el hospital se informó de los graves hechos a la sala del 091 de la Policía Nacional, que envió una patrulla al lugar. Los agentes se hicieron cargo de la mujer de nacionalidad rumana y la trasladaron a un calabozo del complejo policial de Zapadores. También realizaron las correspondientes diligencias de investigación tras entrevistarse con los padres del bebé y leerle a la detenida sus derechos.
Fuentes de La Fe confirmaron ayer el intento de robo del bebé, pero no facilitaron ninguna información sobre los hechos que causaron un gran revuelo el domingo por la tarde en el hospital. La empresa responsable de la seguridad en el complejo sanitario, ISS Facility Services, también eludió pronunciarse sobre cómo y dónde apresaron sus vigilantes a la mujer. En la puerta de acceso a la tercera planta de la torre F, donde tuvo lugar el intento de robo del bebé, un sanitario colocó un cartel con una nota manuscrita que pedía, por favor, a los familiares de los pacientes ingresados que mantuvieran las puertas cerradas.
El Hospital Universitari i Politècnic La Fe está considerado como uno de los mejores complejos sanitarios públicos de Europa con una superficie construida de 260.000 metros cuadrados. Los trabajadores de este centro hospitalario atienden unos 6.000 partos cada año; mientras que a diario asisten a cerca de 4.000 pacientes en consultas externas y una media de 700 en el Servicio de Urgencias, sin contar las personas hospitalizadas en las 1.000 camas disponibles. Estas cifras dificultan las labores de control en los accesos a los edificios, aunque los vigilantes aumentan la vigilancia en dependencias consideradas como estratégicas por su conflictividad o por el valor de material que almacenan.
En torno a las 13 horas, el padre de un neonato puso en conocimiento del personal del centro el comportamiento peculiar de una enfermera que entró en la habitación de su mujer. Vestía el uniforme habitual de las enfermeras del área y comentó a la mujer que regresaría más tarde cuando la madre hubiese terminado de amamantar a su hijo. Lo haría para llevarlo a la conocida como prueba del talón.
Fue entonces cuando la paciente alertó a su marido, que fue quien alertó de que a su hijo ya se le había realizado tal prueba. A partir de ese momento se alertó a los servicios de seguridad del centro así como a la Policía Nacional. Se buscó a la mujer por el interior y aledaños del recinto sin poder localizarla.
Pero las cámaras de vigilancia sí la captaron. Las imágenes describen a una joven de entre unos 20 y 25 años de aspecto magrebí y 160 centímetros de altura. Desde la Consejería de Sanidad se aseguró al medio anteriormente citado haber iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Una mujer disfrazada de enfermera intentó robar un bebé recién nacido en el Hospital La Fe tras hacerse pasar por una sanitaria y decirle a los padres que se llevaba al neonato para que le realizaran una prueba. Los insólitos hechos ocurrieron el domingo por la tarde en la habitación 318 de la torre F, donde se encuentran hospitalizadas la mayoría de parturientas y otras pacientes del Servicio de Obstetricia y Ginecología.
Las sospechas del padre, médico de profesión, acabaron por descubrir a la falsa enfermera y frustraron también la sustracción de la criatura. Aunque llevaba una bata de sanitaria, el aspecto desaliñado de la mujer hizo que el padre desconfiara. Además, el médico le preguntó acerca de la prueba que supuestamente iban a realizar a su bebé y obtuvo una respuesta poco convincente. Tras verse acorralada por las sospechas de los padres, la falsa enfermera abandonó de forma precipitada la planta del Servicio de Obstetricia y Ginecología.
Sin embargo, la diligente actuación de los empleados de la seguridad privada de La Fe impidió que la mujer escapara. Las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado de televisión y el seguimiento de los vigilantes a la individua posibilitaron su captura antes de que abandonara el recinto sanitario.
Las sospechas del padre, médico de profesión, acabaron por descubrir a la falsa enfermera y frustraron también la sustracción de la criatura. Aunque llevaba una bata de sanitaria, el aspecto desaliñado de la mujer hizo que el padre desconfiara. Además, el médico le preguntó acerca de la prueba que supuestamente iban a realizar a su bebé y obtuvo una respuesta poco convincente. Tras verse acorralada por las sospechas de los padres, la falsa enfermera abandonó de forma precipitada la planta del Servicio de Obstetricia y Ginecología.
Sin embargo, la diligente actuación de los empleados de la seguridad privada de La Fe impidió que la mujer escapara. Las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado de televisión y el seguimiento de los vigilantes a la individua posibilitaron su captura antes de que abandonara el recinto sanitario.
Una vez controlada la situación, desde el hospital se informó de los graves hechos a la sala del 091 de la Policía Nacional, que envió una patrulla al lugar. Los agentes se hicieron cargo de la mujer de nacionalidad rumana y la trasladaron a un calabozo del complejo policial de Zapadores. También realizaron las correspondientes diligencias de investigación tras entrevistarse con los padres del bebé y leerle a la detenida sus derechos.
Fuentes de La Fe confirmaron ayer el intento de robo del bebé, pero no facilitaron ninguna información sobre los hechos que causaron un gran revuelo el domingo por la tarde en el hospital. La empresa responsable de la seguridad en el complejo sanitario, ISS Facility Services, también eludió pronunciarse sobre cómo y dónde apresaron sus vigilantes a la mujer. En la puerta de acceso a la tercera planta de la torre F, donde tuvo lugar el intento de robo del bebé, un sanitario colocó un cartel con una nota manuscrita que pedía, por favor, a los familiares de los pacientes ingresados que mantuvieran las puertas cerradas.
El Hospital Universitari i Politècnic La Fe está considerado como uno de los mejores complejos sanitarios públicos de Europa con una superficie construida de 260.000 metros cuadrados. Los trabajadores de este centro hospitalario atienden unos 6.000 partos cada año; mientras que a diario asisten a cerca de 4.000 pacientes en consultas externas y una media de 700 en el Servicio de Urgencias, sin contar las personas hospitalizadas en las 1.000 camas disponibles. Estas cifras dificultan las labores de control en los accesos a los edificios, aunque los vigilantes aumentan la vigilancia en dependencias consideradas como estratégicas por su conflictividad o por el valor de material que almacenan.
En torno a las 13 horas, el padre de un neonato puso en conocimiento del personal del centro el comportamiento peculiar de una enfermera que entró en la habitación de su mujer. Vestía el uniforme habitual de las enfermeras del área y comentó a la mujer que regresaría más tarde cuando la madre hubiese terminado de amamantar a su hijo. Lo haría para llevarlo a la conocida como prueba del talón.
Fue entonces cuando la paciente alertó a su marido, que fue quien alertó de que a su hijo ya se le había realizado tal prueba. A partir de ese momento se alertó a los servicios de seguridad del centro así como a la Policía Nacional. Se buscó a la mujer por el interior y aledaños del recinto sin poder localizarla.
Pero las cámaras de vigilancia sí la captaron. Las imágenes describen a una joven de entre unos 20 y 25 años de aspecto magrebí y 160 centímetros de altura. Desde la Consejería de Sanidad se aseguró al medio anteriormente citado haber iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Securitas Direct fue condenada en 2015 a abonar cerca de 800.000 euros a las compañías de seguros que cubrían las viviendas de sus clientes y cuyas alarmas no saltaron
De la treintena de recursos presentados en la Audiencia Provincial, Securitas solo fue absuelto en 4 de ellas. La Compañía, presidida por Antonio Anguita Ruiz, insiste en que cumple “estrictamente” con la normativa y que actúa “conforme a Ley”
Más de 20 Sentencias judiciales en contra
Sin embargo, de la treintena de recursos interpuestos en las diferentes Audiencias Provinciales de España contra Securitas Direct, y facilitadas a este periódico por Intersindical STSP, en tan solo cuatro, se ha absuelto a la Compañía de toda carga. El resto de las denuncias han provocado sentencias por las que se ha condenado parcial o totalmente a Securitas Direct debido a errores de comunicación en sus alarmas. Todas estas denuncias tienen un común denominador, ya que en ningún caso se transmitió señal alguna cuando se produjo el robo. La mayoría de los sucesos acaecidos en estas propiedades pueden englobarse en torno a dos tipos de intrusiones. En el primero de ellos, tras la inhibición de la alarma, la Central Receptora debe recibir señales de fallo de comunicación o sabotaje; en el segundo, tras el destrozo ocasionado en el panel de control, se suelen recibir señales de sabotaje central, fallo de comunicación y fallo de algún detector. En estos 21 casos, no se recibió señal de ningún tipo, facilitando sobremanera el vil trabajo de los ladrones.
Entre todas ellas cabe destacar una Sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 30 de julio de 2015, interpuesta en Madrid por un robo producido en el mes de noviembre de 2010 por la que Securitas Direct se vio obligada a pagar cerca de 20.000 euros a FIATC Mutua de Seguros debido a un robo en una casa protegida con uno de sus sistemas. El robo se produjo gracias a que los cacos conocían que dentro de un cajetín de seguridad anexo a la casa se encontraba un juego de llaves para el servicio Acuda de Securitas Direct. La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), de la Policía Nacional acabó prohibiendo esta práctica.
Securitas Direct, pese a las Sentencias, asegura que “actuamos conforme a Ley”
Hablamos de casi 800.000 euros (757.079,11 euros), que Securitas Direct se ha visto obligada por Sentencia Judicial a pagar a actores del sector de los seguros como Zurich, Catalana Occidente, Allianz, Seguros Bilbao, Reale, Helvetia o Groupama. Sentencias Judiciales que han dictado a lo largo y ancho de España, en las Audiencias Provinciales de Madrid, Oviedo, Ciudad Real, San Sebastián, Bilbao, Alicante, Málaga, Pontevedra o Santander. En dos de estos casos, la sanción a Securitas fue superior a los 100.000 euros, sucesos en los que el sistema de alarma fue destrozado y no llegó señal alguna a la central.
¿Para qué tener una alarma pues, si no realiza su función básica de alerta? Muchas preguntas siguen sin respuesta en el intrincado entramado que rodea a algunas Compañías de Seguridad y sus alarmas. Algunas de ellas, son contestadas de modo irregular por los agentes del sector. Este periódico se puso en contacto con Securitas Direct y un portavoz autorizado asegura que en todas las instancias en las que han sido denunciados “se ha considerado que cumplimos estrictamente”. La Compañía española de seguridad insiste en que “se nos ha dado la razón, las causas ya están resueltas a nuestra favor y por tanto tenemos el respaldo de quien ha tomado la decisión quedando demostrado que actuamos conforme a Ley”. ¿Por qué la Justicia entonces condena a Securitas?
Doinel Castro
La inhibición es a las alarmas lo que el butrón a las joyerías, lo que el óxido al hierro o, para que los más legos en la materia lo entiendan, lo que la kryptonita a Superman. La inhibición de radiofrecuencias es una técnica que genera interferencias de modo intencionado en una radiocomunicación, provocando que un dispositivo concreto no emita señal alguna. Esta práctica parece haberse instalado con fuerza en los modus operandi de las bandas criminales que se rigen bajo la ley del hampa. Ante este contratiempo, compañías como Securitas Direct, han desarrollado sistemas que protejan a los clientes de la inhibición de sus alarmas. El nuevo sistema permite que, a pesar de que se neutralice la alarma a través de un corte de línea fija o inhibición de frecuencia, ésta pueda notificar el fallo a la Central Receptora de la Compañía presidida por Antonio Anguita Ruiz. De este modo, aunque se inhiba la señal GSM, las alarmas seguirán enviando señal a través del sistema Red ATN.
Independientemente del supuesto progreso aportado por este nuevo mecanismo, lo que se vende como un extra mejorado de los servicios de protección a través de alarmas de seguridad, no es más que una obligación exigida por las Órdenes Ministeriales aprobadas en agosto de 2011. El punto número 8 de la norma UNE 50131-1, referido a los requisitos funcionales asegura que “el I&HAS debe incluir, según sea apropiado para su configuración, los medios para la detección de los intrusos, activaciones, manipulación y constatación de fallos, necesarios para cumplir con los requisitos de esta norma”. Y en el punto 8.9 continúa: “Deben procesarse las señales de intrusión, atraco y de manipulación cuya duración sea superior a 400 ms” y notificarse “en un plazo máximo de 10 s”.
Independientemente del supuesto progreso aportado por este nuevo mecanismo, lo que se vende como un extra mejorado de los servicios de protección a través de alarmas de seguridad, no es más que una obligación exigida por las Órdenes Ministeriales aprobadas en agosto de 2011. El punto número 8 de la norma UNE 50131-1, referido a los requisitos funcionales asegura que “el I&HAS debe incluir, según sea apropiado para su configuración, los medios para la detección de los intrusos, activaciones, manipulación y constatación de fallos, necesarios para cumplir con los requisitos de esta norma”. Y en el punto 8.9 continúa: “Deben procesarse las señales de intrusión, atraco y de manipulación cuya duración sea superior a 400 ms” y notificarse “en un plazo máximo de 10 s”.
Más de 20 Sentencias judiciales en contra
Sin embargo, de la treintena de recursos interpuestos en las diferentes Audiencias Provinciales de España contra Securitas Direct, y facilitadas a este periódico por Intersindical STSP, en tan solo cuatro, se ha absuelto a la Compañía de toda carga. El resto de las denuncias han provocado sentencias por las que se ha condenado parcial o totalmente a Securitas Direct debido a errores de comunicación en sus alarmas. Todas estas denuncias tienen un común denominador, ya que en ningún caso se transmitió señal alguna cuando se produjo el robo. La mayoría de los sucesos acaecidos en estas propiedades pueden englobarse en torno a dos tipos de intrusiones. En el primero de ellos, tras la inhibición de la alarma, la Central Receptora debe recibir señales de fallo de comunicación o sabotaje; en el segundo, tras el destrozo ocasionado en el panel de control, se suelen recibir señales de sabotaje central, fallo de comunicación y fallo de algún detector. En estos 21 casos, no se recibió señal de ningún tipo, facilitando sobremanera el vil trabajo de los ladrones.
Entre todas ellas cabe destacar una Sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 30 de julio de 2015, interpuesta en Madrid por un robo producido en el mes de noviembre de 2010 por la que Securitas Direct se vio obligada a pagar cerca de 20.000 euros a FIATC Mutua de Seguros debido a un robo en una casa protegida con uno de sus sistemas. El robo se produjo gracias a que los cacos conocían que dentro de un cajetín de seguridad anexo a la casa se encontraba un juego de llaves para el servicio Acuda de Securitas Direct. La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), de la Policía Nacional acabó prohibiendo esta práctica.
Securitas Direct, pese a las Sentencias, asegura que “actuamos conforme a Ley”
Hablamos de casi 800.000 euros (757.079,11 euros), que Securitas Direct se ha visto obligada por Sentencia Judicial a pagar a actores del sector de los seguros como Zurich, Catalana Occidente, Allianz, Seguros Bilbao, Reale, Helvetia o Groupama. Sentencias Judiciales que han dictado a lo largo y ancho de España, en las Audiencias Provinciales de Madrid, Oviedo, Ciudad Real, San Sebastián, Bilbao, Alicante, Málaga, Pontevedra o Santander. En dos de estos casos, la sanción a Securitas fue superior a los 100.000 euros, sucesos en los que el sistema de alarma fue destrozado y no llegó señal alguna a la central.
¿Para qué tener una alarma pues, si no realiza su función básica de alerta? Muchas preguntas siguen sin respuesta en el intrincado entramado que rodea a algunas Compañías de Seguridad y sus alarmas. Algunas de ellas, son contestadas de modo irregular por los agentes del sector. Este periódico se puso en contacto con Securitas Direct y un portavoz autorizado asegura que en todas las instancias en las que han sido denunciados “se ha considerado que cumplimos estrictamente”. La Compañía española de seguridad insiste en que “se nos ha dado la razón, las causas ya están resueltas a nuestra favor y por tanto tenemos el respaldo de quien ha tomado la decisión quedando demostrado que actuamos conforme a Ley”. ¿Por qué la Justicia entonces condena a Securitas?
Doinel Castro
La Asamblea de Madrid aprueba una proposición no de ley para garantizar el Convenio Colectivo en la contratación de servicios de seguridad privada
Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos y PSOE recogen el malestar de los sindicatos con presencia en el sector de la seguridad privada, con especial mención al trabajo de realizado por CCOO, y sacan adelante, con la abstención del PP, un proyecto no de ley para garantizar el cumplimiento del convenio colectivo en las contrataciones de la administración autonómica de Madrid en materia de seguridad privada.
El pasado día 9, la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley con los votos a favor 76 parlamentarios de los grupos de Ciudadanos, Podemos y PSOE, 48 abstenciones de del grupo Popular y ninguno en contra.
Durante las intervenciones los grupos a favor de la medida recogieron la problemática que los sindicatos les han trasmitido en diferentes reuniones, dónde CCOO de Construcción y Servicios de Madrid ha colaborado activamente aportando soluciones, medidas y propuestas, además de un extenso dosier de documentación. Por lo que CCOO ha recibido la felicitación de diversos grupos políticos.
La proposición no de Ley tiene la intención de acabar con la problemática, que gracias a la dañina reforma laboral, se está produciendo en las contrataciones de personal de seguridad privada. Estos trabajadores ven rebajado su salario en un 30%con respecto al Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada, así como sus condiciones laborales.
Entre las medidas básicas de esta proposición se encuentran la exigencia de la aplicación del Convenio Estatal del Sector y la rescisión del contrato de aquellas empresas que no lo cumplan. Así como la aplicación estricta del reglamento de contratación de las administraciones públicas. Dónde el trabajo de CCOO ha sido fundamental al aportar sentencias, resoluciones y documentación fehaciente sobre las irregularices en materia de seguridad social de empresas contratadas con dinero público en la Comunidad de Madrid.
CCOO de Construcción y Servicios se congratula de la medida aprobada por la Asamblea de Madrid y seguirá colaborando en los diferentes grupos de trabajo, que se han creado a raíz de esta situación, con las diferentes formaciones políticas. Siguiendo con la línea de trabajo de esta Federación de dignificar el sector de la seguridad privada y defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras que lo componen.
El pasado día 9, la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley con los votos a favor 76 parlamentarios de los grupos de Ciudadanos, Podemos y PSOE, 48 abstenciones de del grupo Popular y ninguno en contra.
Durante las intervenciones los grupos a favor de la medida recogieron la problemática que los sindicatos les han trasmitido en diferentes reuniones, dónde CCOO de Construcción y Servicios de Madrid ha colaborado activamente aportando soluciones, medidas y propuestas, además de un extenso dosier de documentación. Por lo que CCOO ha recibido la felicitación de diversos grupos políticos.
La proposición no de Ley tiene la intención de acabar con la problemática, que gracias a la dañina reforma laboral, se está produciendo en las contrataciones de personal de seguridad privada. Estos trabajadores ven rebajado su salario en un 30%con respecto al Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada, así como sus condiciones laborales.
Entre las medidas básicas de esta proposición se encuentran la exigencia de la aplicación del Convenio Estatal del Sector y la rescisión del contrato de aquellas empresas que no lo cumplan. Así como la aplicación estricta del reglamento de contratación de las administraciones públicas. Dónde el trabajo de CCOO ha sido fundamental al aportar sentencias, resoluciones y documentación fehaciente sobre las irregularices en materia de seguridad social de empresas contratadas con dinero público en la Comunidad de Madrid.
CCOO de Construcción y Servicios se congratula de la medida aprobada por la Asamblea de Madrid y seguirá colaborando en los diferentes grupos de trabajo, que se han creado a raíz de esta situación, con las diferentes formaciones políticas. Siguiendo con la línea de trabajo de esta Federación de dignificar el sector de la seguridad privada y defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras que lo componen.
El personal de seguridad del hospital de Lorca (Murcia) lleva 2 meses sin cobrar por quiebra de la empresa.Magasegur S.L.
El personal de seguridad privada del Hospital Rafael Méndez de Lorca lleva dos meses sin cobrar por la quiebra de la empresa concesionaria del servicio, según ha hecho público hoy el PSOE que se ha solidarizado con la situación de los trabajadores y que ha pedido al Servicio Murciano de Salud (SMS) "que tome cartas en el asunto".
La concejala Marisol Sánchez ha explicado que los trabajadores de la empresa Magasegur SL han trasladado la situación de impago salarial a su partido, al que han informado también de que el pasado mayo se produjo una situación similar.
Esta circunstancia se suman a que los trabajadores, una veintena, "no han cobrado su salario según lo estipulado en el convenio colectivo", ha dicho la edil, que ha señalado que el sueldo que percibían era unos 200 euros inferior a lo fijado en el acuerdo que mantiene la adjudicataria con el SMS.
Sánchez ha explicado que la empresa ha entrado en concurso de acreedores sin que el SMS haya comenzado a redactar los pliegos de la nueva concesión, ya que el contrato con la actual concesionaria vencía en mayo.
Por ello ha reclamado máxima rapidez dentro del marco legal para que se proceda al nuevo concurso y para que se incluya en el pliego de condiciones la subrogación de la plantilla actual en su totalidad.La edil ha abundado en que la misma empresa es la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad privada de las oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y ha señalado que según sus informaciones la situación de los empleados es la misma que la del hospital lorquino.
La concejala Marisol Sánchez ha explicado que los trabajadores de la empresa Magasegur SL han trasladado la situación de impago salarial a su partido, al que han informado también de que el pasado mayo se produjo una situación similar.
Esta circunstancia se suman a que los trabajadores, una veintena, "no han cobrado su salario según lo estipulado en el convenio colectivo", ha dicho la edil, que ha señalado que el sueldo que percibían era unos 200 euros inferior a lo fijado en el acuerdo que mantiene la adjudicataria con el SMS.
Sánchez ha explicado que la empresa ha entrado en concurso de acreedores sin que el SMS haya comenzado a redactar los pliegos de la nueva concesión, ya que el contrato con la actual concesionaria vencía en mayo.
Por ello ha reclamado máxima rapidez dentro del marco legal para que se proceda al nuevo concurso y para que se incluya en el pliego de condiciones la subrogación de la plantilla actual en su totalidad.La edil ha abundado en que la misma empresa es la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad privada de las oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y ha señalado que según sus informaciones la situación de los empleados es la misma que la del hospital lorquino.
Cifuentes encarga la seguridad de los juzgados a la firma de un exedil del PP
La vigilancia de 71 sedes judiciales de la Comunidad de Madrid recae por
9,4 millones de euros en una UTE integrada por Sasegur, compañía
fundada por Jesús Capote, exconcejal popular de Urbanismo en
Navalcarnero. El contrato se ha otorgado "con el precio como único
criterio de adjudicación".
Uno de los contratos que más polémica había levantado últimamente en la Comunidad de Madrid, el de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales de la región, ha terminado recayendo en una UTE (unión temporal de empresas) integrada por una firma vinculada a Jesús Capote Calvo, exedil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero (entregó el acta en el año 2000 tras diez meses como tránsfuga a raíz de un enfrentamiento con el alcalde). El que fuera concejal popular de Urbanismo en este municipio ha sido administrador único de Sasegur SL hasta 2013, fecha en que pasó a figurar como apoderado de la entidad, según consta en el Registro Mercantil. Al frente de la empresa, que se encuentra en el puesto 18º en el ranking eInforma del sector, le sustituye desde entonces su hijo Pedro Jesús Capote Conejos.
El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) explicó este martes en una nota que el contrato, otorgado por un importe total de 9,4 millones de euros, había sido concedido mediante "concurso público" y "con el precio como único criterio de adjudicación, ya que las prestaciones están perfectamente definidas desde un punto de vista técnico y no es posible introducir modificaciones de ninguna clase". La Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Ángel Garrido, señaló que el procedimiento seguido ha sido el abierto para promover "la máxima concurrencia y posibilitar que todos los interesados pudieran presentar su oferta, garantizando una competencia efectiva". Sin embargo, ello sólo se buscaba sobre el papel, pues la realidad muestra un proceso que si bien fue legal, ha estado rodeado de demasiadas sombras.
El Ejecutivo de Cifuentes informó este martes de que habían sido tres las empresas concurrentes (pero sólo dio el nombre de la adjudicataria): Sasegur SL, en UTE con Grupo On Seguridad, la opción ganadora; Alerta y Control SA, que ha sido la firma la que ha estado prestando el servicio hasta ahora, y Marsegur SA. En concreto, Alerta y Control SA ha venido cubriendo la seguridad de las 71 sedes judicial de la Comunidad mediante un "encargo directo con gasto a convalidar". Es decir, el plazo de ejecución del contrato que consiguió en abril de 2013 por 15 millones de euros era de dos años y en base a una prórroga terminó el pasado 31 de diciembre de 2015. Según las fuentes consultadas, Alerta y Control SA no quiso firmar otra prórroga, pero se vio obligada a seguir prestando el servicio durante enero, febrero y los primeros días de marzo de este año, ya que el Gobierno regional podía actuar en su contra, acogiéndose a la ley de contratos. Las mismas fuentes redondean en 1,5 millones de euros el dinero que ha costado esta prolongación de más de dos meses.
Mientras Alerta y Control SA ha realizado una oferta a la baja de 1.000 euros, la UTE Sasegur-Grupo On Seguridad ha hecho lo propio pero cediendo hasta en 150.000 euros, lo que le ha valido para hacerse con el contrato, indican las fuentes citadas. Para el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, no se entiende que el Gobierno regional sólo emplee el criterio precio, cuando también debería haber tenido en cuenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica de la empresa y sus recursos materiales. Además, critica que la Dirección general de Justicia y Seguridad pidiera a la contratista asumir una bolsa de horas extra al año, de su propio bolsillo, sin poderlo repercutir en la Administración autonómica. Según Veloso, con la calculadora en la mano y en base a lo presupuestado y las tareas exigidas, los números no salen. Este contrato es "inviable económicamente". Para llegar a esta conclusión, subraya, basta sumar los costes salariales de los trabajadores, el número de horas de servicios, los pluses por uso de armas, el mantenimiento de las armas, de los arcos de seguridad, de las alarmas, de las cámaras de vigilancia...
De este modo, Veloso destaca que el contrato debería tener un importe mayor. Sobre todo, explica, porque se ha previsto un incremento de plantilla en 30 agentes con respecto al contrato que había con Alerta y Control SA, pasando así de 270 a 300. "Han sacado un nuevo contrato que tiene exactamente el mismo precio de adjudicación que el anterior, pero -y aquí está la clave- el anterior tenía menos vigilantes y menos armas". Por tanto, Veloso denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas". De los 4 agentes armados pasarán a ser 20, con el aumento de coste que ello conlleva. Según el portavoz de C's, la directora general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, no explicó los motivos de este incremento en su comparecencia del pasado 1 de marzo.
Asimismo, Veloso lamenta que Díaz Márquez achaque a "dificultades técnicas y presupuestarias" el no haber podido buscar otra solución legal más allá de dicho "encargo directo" a Alerta y Control SA, prologando su prestación del servicio durante más de dos meses. El portavoz de C's recalca, además, que si Alerta y Control SA se negó a firmar otra prórroga, fue porque "estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado".
El indultado Miguel Ángel Ramírez, omnipresente
En relación a Marsegur SA, el Gobierno madrileño afirma que "la propuesta no fue admitida, ya que su oferta fue recibida fuera del plazo de diez días que establece la ley desde que la Administración recibe el anuncio de su participación en el proceso". Marsegur SA es una filial de Seguridad Integral Canarial (SIC), cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol UD Las Palmas e indultado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón (la medida de gracia ha sido revocada por el TS) de una condena a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En 2004, este empresario canario realizó obras ilegales en su vivienda, ubicada un espacio protegido.
En el supuesto de que Marsegur SA hubiese presentado la documentación en tiempo, no se habría alzado de ninguna manera con el contrato de las sedes judiciales al tener un historial -como el de Seguridad Integral Canaria SA- que se caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad. Una maniobra premeditada para ajustar su presupuesto y presentar una oferta más ventajosa económicamente. De ello daba cuenta el propio consejero de Justicia en la Asamblea de Madrid el pasado 11 de febrero tras una interpelación de Ciudadanos: "Y aun en el hipotético caso de que la empresa de referencia (Marsegur) hubiera podido participar, le comunico también, para su tranquilidad, en relación a todos los trabajadores que tengan relación con la Comunidad de Madrid, que el pliego técnico del concurso, en su artículo 1, establece que, en la prestación de los servicios de vigilancia y protección por personas físicas y jurídicas, las empresas deberán ajustarse a determinada normativa, entre la que se encuentra el convenio colectivo del sector y demás disposiciones concordantes". El pasado enero, Podemos denunció en la Cámara madrileña que el Gobierno de Cifuentes había consentido que los trabajadores de seguridad privada de los centros de menores regionales vieran su sueldo reducido considerablemente. La formación morada señaló que se les había bajado el salario un 33%, cobrando 750 euros por 40 horas semanales. Además, indicó que estos vigilantes eran contratados por Marsegur SA que "aunque se presente como independiente, es una filial encubierta de Seguridad Integral Canaria", también muy cuestionada por los sindicatos por sus descuelgues salariales del convenio estatal. Fuente: Vozpopuli
El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) explicó este martes en una nota que el contrato, otorgado por un importe total de 9,4 millones de euros, había sido concedido mediante "concurso público" y "con el precio como único criterio de adjudicación, ya que las prestaciones están perfectamente definidas desde un punto de vista técnico y no es posible introducir modificaciones de ninguna clase". La Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Ángel Garrido, señaló que el procedimiento seguido ha sido el abierto para promover "la máxima concurrencia y posibilitar que todos los interesados pudieran presentar su oferta, garantizando una competencia efectiva". Sin embargo, ello sólo se buscaba sobre el papel, pues la realidad muestra un proceso que si bien fue legal, ha estado rodeado de demasiadas sombras.
El Ejecutivo de Cifuentes informó este martes de que habían sido tres las empresas concurrentes (pero sólo dio el nombre de la adjudicataria): Sasegur SL, en UTE con Grupo On Seguridad, la opción ganadora; Alerta y Control SA, que ha sido la firma la que ha estado prestando el servicio hasta ahora, y Marsegur SA. En concreto, Alerta y Control SA ha venido cubriendo la seguridad de las 71 sedes judicial de la Comunidad mediante un "encargo directo con gasto a convalidar". Es decir, el plazo de ejecución del contrato que consiguió en abril de 2013 por 15 millones de euros era de dos años y en base a una prórroga terminó el pasado 31 de diciembre de 2015. Según las fuentes consultadas, Alerta y Control SA no quiso firmar otra prórroga, pero se vio obligada a seguir prestando el servicio durante enero, febrero y los primeros días de marzo de este año, ya que el Gobierno regional podía actuar en su contra, acogiéndose a la ley de contratos. Las mismas fuentes redondean en 1,5 millones de euros el dinero que ha costado esta prolongación de más de dos meses.
Mientras Alerta y Control SA ha realizado una oferta a la baja de 1.000 euros, la UTE Sasegur-Grupo On Seguridad ha hecho lo propio pero cediendo hasta en 150.000 euros, lo que le ha valido para hacerse con el contrato, indican las fuentes citadas. Para el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, no se entiende que el Gobierno regional sólo emplee el criterio precio, cuando también debería haber tenido en cuenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica de la empresa y sus recursos materiales. Además, critica que la Dirección general de Justicia y Seguridad pidiera a la contratista asumir una bolsa de horas extra al año, de su propio bolsillo, sin poderlo repercutir en la Administración autonómica. Según Veloso, con la calculadora en la mano y en base a lo presupuestado y las tareas exigidas, los números no salen. Este contrato es "inviable económicamente". Para llegar a esta conclusión, subraya, basta sumar los costes salariales de los trabajadores, el número de horas de servicios, los pluses por uso de armas, el mantenimiento de las armas, de los arcos de seguridad, de las alarmas, de las cámaras de vigilancia...
De este modo, Veloso destaca que el contrato debería tener un importe mayor. Sobre todo, explica, porque se ha previsto un incremento de plantilla en 30 agentes con respecto al contrato que había con Alerta y Control SA, pasando así de 270 a 300. "Han sacado un nuevo contrato que tiene exactamente el mismo precio de adjudicación que el anterior, pero -y aquí está la clave- el anterior tenía menos vigilantes y menos armas". Por tanto, Veloso denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas". De los 4 agentes armados pasarán a ser 20, con el aumento de coste que ello conlleva. Según el portavoz de C's, la directora general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, no explicó los motivos de este incremento en su comparecencia del pasado 1 de marzo.
Asimismo, Veloso lamenta que Díaz Márquez achaque a "dificultades técnicas y presupuestarias" el no haber podido buscar otra solución legal más allá de dicho "encargo directo" a Alerta y Control SA, prologando su prestación del servicio durante más de dos meses. El portavoz de C's recalca, además, que si Alerta y Control SA se negó a firmar otra prórroga, fue porque "estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado".
El indultado Miguel Ángel Ramírez, omnipresente
En relación a Marsegur SA, el Gobierno madrileño afirma que "la propuesta no fue admitida, ya que su oferta fue recibida fuera del plazo de diez días que establece la ley desde que la Administración recibe el anuncio de su participación en el proceso". Marsegur SA es una filial de Seguridad Integral Canarial (SIC), cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol UD Las Palmas e indultado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón (la medida de gracia ha sido revocada por el TS) de una condena a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En 2004, este empresario canario realizó obras ilegales en su vivienda, ubicada un espacio protegido.
En el supuesto de que Marsegur SA hubiese presentado la documentación en tiempo, no se habría alzado de ninguna manera con el contrato de las sedes judiciales al tener un historial -como el de Seguridad Integral Canaria SA- que se caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad. Una maniobra premeditada para ajustar su presupuesto y presentar una oferta más ventajosa económicamente. De ello daba cuenta el propio consejero de Justicia en la Asamblea de Madrid el pasado 11 de febrero tras una interpelación de Ciudadanos: "Y aun en el hipotético caso de que la empresa de referencia (Marsegur) hubiera podido participar, le comunico también, para su tranquilidad, en relación a todos los trabajadores que tengan relación con la Comunidad de Madrid, que el pliego técnico del concurso, en su artículo 1, establece que, en la prestación de los servicios de vigilancia y protección por personas físicas y jurídicas, las empresas deberán ajustarse a determinada normativa, entre la que se encuentra el convenio colectivo del sector y demás disposiciones concordantes". El pasado enero, Podemos denunció en la Cámara madrileña que el Gobierno de Cifuentes había consentido que los trabajadores de seguridad privada de los centros de menores regionales vieran su sueldo reducido considerablemente. La formación morada señaló que se les había bajado el salario un 33%, cobrando 750 euros por 40 horas semanales. Además, indicó que estos vigilantes eran contratados por Marsegur SA que "aunque se presente como independiente, es una filial encubierta de Seguridad Integral Canaria", también muy cuestionada por los sindicatos por sus descuelgues salariales del convenio estatal. Fuente: Vozpopuli
La justicia da la razón a CC.OO. Segur Ibérica- Sevilla confirmando la decisión de la mesa electoral.
COMPAÑER@OS, EN LA MAÑANA DE AYER, SALIO LA SENTENCIA SOBRE LAS PASADAS ELECCIONES DE SEGUR IBÉRICA SEVILLA DEL MES DE MAYO DEL 2015, DONDE CC.OO LAS GANÁBAMOS CONTUNDENTEMENTE.
EL JUEZ NOS HA DADO LA RAZÓN ANULANDO TOTALMENTE EL LAUDO ARBITRAL INTERPUESTO POR LOS SINDICATOS STS A Y UGT, LOS CUALES VUELVEN A PERDER.
POR LO QUE SOMOS EL COMITÉ DE EMPRESA LEGAL ELEGIDO POR VOLUNTAD DE TODOS USTEDES Y ADEMÁS AHORA DICTADO POR SENTENCIA JUDICIAL.
AL SR. CENTENO ACTUAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE SEGUR IBÉRICA Y EX SECRETARIO SECTORIAL POR U.G.T, PARTE ACTORA Y FIRMANTE DE LOS ÚLTIMOS CONVENIOS DE SEGURIDAD Y ÚLTIMAMENTE, TAMBIÉN “INVESTIGADO” POR LA JUSTICIA, POR "PRESUNTO" DELITO CONTRA EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES NO LE HA SALIDO BIEN LA JUGADA, YA QUE NO HABRÁ ELECCIONES Y EL COMITÉ POR MAYORÍA SERA DE CC.OO EL CUAL, ESTE SEÑOR, ANULO DE MANERA "FASCISTA Y ANTEDEMOCRATICA" .
UN SALUDO A TODOS
UN SALUDO A TODOS
SECCIÓN SINDICAL CC.OO SEGUR IBÉRICA SEVILLA
Vigilante de Seguriber dice que Madridec ordenó abrir portón del Madrid Arena. Un vigilante: "Practiqué reanimación a una chica en el suelo de la enfermería al no ver reacción de los médicos"
Un vigilante: "Practiqué reanimación a una chica en el suelo de la enfermería al no ver reacción de los médicos"
El vigilante de seguridad de Seguriber encargado de supervisar el portón por donde se colaron 3.000 personas en el Madrid Arena procedentes del "botellón", ha declarado hoy durante el juicio que fue la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec) la que ordenó su apertura.
Segundo Eladio Pupuche ha manifestado en la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid que él era el único vigilante del portón de cota 0 por el que, en principio, solo podían acceder "mercancías y personal de la organización" y, en caso de emergencia "había que abrirlo para evacuar".
No obstante, el vigilante ha relatado que sobre las dos y media de la mañana el jefe de Seguriber, Jose Antonio Díaz Romero, le comunicó por el walkie talkie que iba a bajar alguien de la organización a abrir el portón porque así lo había autorizado alguien de producción, es decir, de Madridec.
En su escrito, el fiscal acusa a Díaz Romero de dar la orden al vigilante para que abriera el portón, tras recibir una llamada de Francisco del Amo, coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, quien previamente lo había acordado con el número 2 de Diviertt, Santiago Rojo.
"Yo abrí el portón porque estaba cumpliendo una orden de mi jefe, no podía decidir yo si abrirlo o no", ha asegurado, antes de añadir que el portón se mantuvo abierto el resto de la noche porque "nadie me ordenó cerrarlo".
El vigilante de seguridad de Seguriber encargado de supervisar el portón por donde se colaron 3.000 personas en el Madrid Arena procedentes del "botellón", ha declarado hoy durante el juicio que fue la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec) la que ordenó su apertura.
Segundo Eladio Pupuche ha manifestado en la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid que él era el único vigilante del portón de cota 0 por el que, en principio, solo podían acceder "mercancías y personal de la organización" y, en caso de emergencia "había que abrirlo para evacuar".
No obstante, el vigilante ha relatado que sobre las dos y media de la mañana el jefe de Seguriber, Jose Antonio Díaz Romero, le comunicó por el walkie talkie que iba a bajar alguien de la organización a abrir el portón porque así lo había autorizado alguien de producción, es decir, de Madridec.
En su escrito, el fiscal acusa a Díaz Romero de dar la orden al vigilante para que abriera el portón, tras recibir una llamada de Francisco del Amo, coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, quien previamente lo había acordado con el número 2 de Diviertt, Santiago Rojo.
"Yo abrí el portón porque estaba cumpliendo una orden de mi jefe, no podía decidir yo si abrirlo o no", ha asegurado, antes de añadir que el portón se mantuvo abierto el resto de la noche porque "nadie me ordenó cerrarlo".
El testigo ha manifestado que desconoce la razón de la apertura, pero que supuso que "estaba previsto" que entrara la gente que accedió por ahí. Además, ha reconocido que no conocía el plan de vigilancia elaborado por Seguriber para el evento ni tampoco el aforo que estaba permitido esa noche.
Fuente: La vanguardia
"La atendí en el suelo al no ver reacción. La situación era de caos y estrés", ha dicho. Así lo ha narrado Cristian Fraile en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, a cuyo tribunal ha explicado que esa noche era la persona encargada de las llaves que abrían las puertas de las dependencias del pabellón.
Fraile fue una de las personas que ayudó a socorrer a las víctimas. Llevó a una de las chicas a la enfermería y evaluó su estado, dado que tiene conocimiento de primeros auxilios. Tras depositarla en una camilla, la tomó el pulso y comprobó el estado de sus pupilas. En ese momento entró alguien y le pidió ayuda para trasladar a otra afectada que se encontraba en el sector C.
"Había una chica tirada en un pasillo entre los monitores de sonido y de luz. Decidimos trasladarla a la enfermería. Nadie tomaba actuación. No reaccionaron con la chica. Al no tomar cartas sobre el asunto le practiqué la reanimación en el suelo al no atenderla. No vi reacción", ha recordado.
"En el momento que entré en la enfermería había una situación de caos y estrés", ha agregado especificando que había cuatro técnicos, dos médicos y dos ATS.
EL PABELLÓN SATÉLITE, ABIERTO
También ha señalado que la puerta que da acceso al pabellón satélite siempre está abierta de cara al Arena. "La única manera de entrar es por dentro", ha indicado el testigo a preguntas del abogado de Seguriber.
Precisamente, la Policía Judicial halló en este pabellón las urnas con las entradas que supuestamente había ocultado Flores y que, según el empresario, habían sido manipuladas. En su declaración, manifestó que la llave de este pabellón solo la tenía Madrid Espacios y Congresos (Madridec).
Además, el vigilante ha recalcado que el control interior del pabellón lo llevaba el personal de Kontrol 34, un extremo que niegan las personas de esta empresa. También ha dicho que los auxiliares de Kontrol 34 impedían el paso en algunas zonas como los espacios dónde estaban los artistas invitados.
Un vigilante: "Practiqué reanimación a una chica en el suelo de la enfermería al no ver reacción de los médicos"
Uno de los vigilantes de Seguriber que estuvo en el pabellón del Madrid Arena en la fiesta mortal de Halloween ha relatado que tuvo que practicar en la enfermería un masaje cardiaco a una de las víctimas en el suelo al no haber camillas disponibles y al no ser atendida por el personal médico, que estaba asistiendo a otras personas afectadas.
"La atendí en el suelo al no ver reacción. La situación era de caos y estrés", ha dicho. Así lo ha narrado Cristian Fraile en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, a cuyo tribunal ha explicado que esa noche era la persona encargada de las llaves que abrían las puertas de las dependencias del pabellón.
Fraile fue una de las personas que ayudó a socorrer a las víctimas. Llevó a una de las chicas a la enfermería y evaluó su estado, dado que tiene conocimiento de primeros auxilios. Tras depositarla en una camilla, la tomó el pulso y comprobó el estado de sus pupilas. En ese momento entró alguien y le pidió ayuda para trasladar a otra afectada que se encontraba en el sector C.
"Había una chica tirada en un pasillo entre los monitores de sonido y de luz. Decidimos trasladarla a la enfermería. Nadie tomaba actuación. No reaccionaron con la chica. Al no tomar cartas sobre el asunto le practiqué la reanimación en el suelo al no atenderla. No vi reacción", ha recordado.
"En el momento que entré en la enfermería había una situación de caos y estrés", ha agregado especificando que había cuatro técnicos, dos médicos y dos ATS.
EL PABELLÓN SATÉLITE, ABIERTO
También ha señalado que la puerta que da acceso al pabellón satélite siempre está abierta de cara al Arena. "La única manera de entrar es por dentro", ha indicado el testigo a preguntas del abogado de Seguriber.
Precisamente, la Policía Judicial halló en este pabellón las urnas con las entradas que supuestamente había ocultado Flores y que, según el empresario, habían sido manipuladas. En su declaración, manifestó que la llave de este pabellón solo la tenía Madrid Espacios y Congresos (Madridec).
Además, el vigilante ha recalcado que el control interior del pabellón lo llevaba el personal de Kontrol 34, un extremo que niegan las personas de esta empresa. También ha dicho que los auxiliares de Kontrol 34 impedían el paso en algunas zonas como los espacios dónde estaban los artistas invitados.
Un vigilante de seguridad inmoviliza y desarma a un ladrón que pretendía robar en un edificio en Torrent (Valencia).«Me la jugué, tenía que hacer algo porque veía que me iba a disparar» (Contiene vídeo)
"Me la jugué, pero tenía que hacer algo porque veía que me iba a pegar un tiro". David G., vigilante de seguridad de 31 años, cuenta a Las Provincias el momento en el que se jugó la vida por impedir que un ladrón accediera a una finca de Torrent, localidad en la que reside. El asaltante le apuntó con una pistola después de que le llamara la atención por intentar saltar una verja para entrar en el edificio. Lejos de amedrentarse, el vigilante consiguió reducir al asaltante, desarmarlo e inmovilizarlo en el suelo hasta que llegó la Policía Local y lo detuvo.
David salía de su casa el pasado miércoles pasadas las cuatro de la tarde para ir a recoger a sus hijas al colegio. La calle Jesús de Torrent estaba desierta, sólo estaban él y otro vecino que le alertó sobre un hombre "con mala pinta y sospechoso" que rondaba el lugar. Sin dudarlo, el vigilante de seguridad localizó al individuo, que intentaba colarse en una finca de la calle Mare de Déu del Bon Consell saltando una verja exterior. "¿Qué haces?", le preguntó. Nada más escuchar la cuestión, el hombre se acercó a David y le pidió que le diera todo el dinero que tuviera. "Le dije que se tranquilizara. En ese instante recordé que no llevaba ni un euro encima y, como tardaba en reaccionar, se pensó que no le quería dar nada. Se impacientó, sacó una pistola y me apuntó", recuerda el también expolicía militar en el cuartel de Bétera.
"Estaba muy alterado"
"Cargó el arma, pero tuve suerte, o no tenía munición o el proyectil se quedó encasquillado. Le dije que se acercara para darle el dinero. Estaba en juego mi vida, tenía que hacer algo. Le noté muy alterado, quizá con el mono de alguna dorga". En cuanto el ladrón se aproximó a David, éste le realizó una llave de judo denominada sankaku-jime, una técnica de estrangulación sanguínea usada en varios tipos de artes marciales, en la que se emplean las piernas para rodear la cabeza y un brazo del oponente en la forma de un triángulo.
"No quería estrangularle, sólo inmovilizarle hasta que llegara la Policía, los vecinos ya habían dado el aviso", cuenta David, trabajador de Prosegur con nueve años de experiencia en el sector de la seguridad privada. Todo duró alrededor de 10 minutos. "Lo tuve allí quieto unos cinco minutos", justo el tiempo que tardó en acudir al lugar un motorista de la Policía Local de Torrent para engrilletar al delincuente, de nacionalidad rumana y que cuenta con antecedentes penales por robos con fuerza e intimidación.
"Cariño, recoge tú a las niñas"
Una vez controlada la situación y con el malhechor entre sus piernas pidiéndole que no le hiciera más daño, David cogió su móvil y llamó a su esposa. "Cariño, recoge tú a las niñas que a mí no me va a dar tiempo", le dijo, además de contarle todo lo que había pasado y en la situación en la que se encontraba. "¡Estás loco!", le contestó ella entre preocupada y aliviada.
David salía de su casa el pasado miércoles pasadas las cuatro de la tarde para ir a recoger a sus hijas al colegio. La calle Jesús de Torrent estaba desierta, sólo estaban él y otro vecino que le alertó sobre un hombre "con mala pinta y sospechoso" que rondaba el lugar. Sin dudarlo, el vigilante de seguridad localizó al individuo, que intentaba colarse en una finca de la calle Mare de Déu del Bon Consell saltando una verja exterior. "¿Qué haces?", le preguntó. Nada más escuchar la cuestión, el hombre se acercó a David y le pidió que le diera todo el dinero que tuviera. "Le dije que se tranquilizara. En ese instante recordé que no llevaba ni un euro encima y, como tardaba en reaccionar, se pensó que no le quería dar nada. Se impacientó, sacó una pistola y me apuntó", recuerda el también expolicía militar en el cuartel de Bétera.
"Estaba muy alterado"
"Cargó el arma, pero tuve suerte, o no tenía munición o el proyectil se quedó encasquillado. Le dije que se acercara para darle el dinero. Estaba en juego mi vida, tenía que hacer algo. Le noté muy alterado, quizá con el mono de alguna dorga". En cuanto el ladrón se aproximó a David, éste le realizó una llave de judo denominada sankaku-jime, una técnica de estrangulación sanguínea usada en varios tipos de artes marciales, en la que se emplean las piernas para rodear la cabeza y un brazo del oponente en la forma de un triángulo.
"No quería estrangularle, sólo inmovilizarle hasta que llegara la Policía, los vecinos ya habían dado el aviso", cuenta David, trabajador de Prosegur con nueve años de experiencia en el sector de la seguridad privada. Todo duró alrededor de 10 minutos. "Lo tuve allí quieto unos cinco minutos", justo el tiempo que tardó en acudir al lugar un motorista de la Policía Local de Torrent para engrilletar al delincuente, de nacionalidad rumana y que cuenta con antecedentes penales por robos con fuerza e intimidación.
"Cariño, recoge tú a las niñas"
Una vez controlada la situación y con el malhechor entre sus piernas pidiéndole que no le hiciera más daño, David cogió su móvil y llamó a su esposa. "Cariño, recoge tú a las niñas que a mí no me va a dar tiempo", le dijo, además de contarle todo lo que había pasado y en la situación en la que se encontraba. "¡Estás loco!", le contestó ella entre preocupada y aliviada.
Detenidos por robar en un local de A Coruña y herir al vigilante de seguridad.
La Policía Nacional detuvo a dos hombres de 37 y 40 años como los presuntos autores de un robo sucedido el pasado 16 de febrero sobre las 21.00 horas en un establecimiento comercial del polígono de Pocomaco. Los sospechosos, según informó ayer el 091, comenzaron a ocultar productos entre sus ropas y, cuando intentaban abandonar el local, fueron interceptados por el vigilante de seguridad y varios empleados. Entonces, sacaron los objetos que llevaban escondidos, pero uno de ellos comenzó a ponerse agresivo cuando les dijeron de que iban a alertar a la policía.
Los ladrones consiguieron llegar al aparcamiento y arrancar el coche tras forcejear con el vigilante. El encargado de seguridad intentó esquivar el turismo, pero la rueda delantera le pasó por encima de un pie y la parte derecha del coche le golpeó en la rodilla. Los sospechosos huyeron a gran velocidad, pero fueron detenidos esta semana por la Policía Nacional, que informó de que tienen un amplio historial delictivo.
Los ladrones consiguieron llegar al aparcamiento y arrancar el coche tras forcejear con el vigilante. El encargado de seguridad intentó esquivar el turismo, pero la rueda delantera le pasó por encima de un pie y la parte derecha del coche le golpeó en la rodilla. Los sospechosos huyeron a gran velocidad, pero fueron detenidos esta semana por la Policía Nacional, que informó de que tienen un amplio historial delictivo.
Detenido por amenazar a un vigilante con un cuchillo jamonero (Jaén)
La Policía Nacional ha detenido en Jaén a un hombre acusado de amenazar con un cuchillo jamonero a un vigilante de seguridad que le sorprendió cuando intentaba sustraer combustible de un camión estacionado en un aparcamiento.
Los hechos, según ha informado la Policía Nacional, han sucedido este martes cuando el vigilante de seguridad observó como un hombre merodeaba por el aparcamiento donde se encontraba aparcado un camión.
Ante las sospechas de que pudiera estar intentando sustraer combustible del vehículo, le llamó la atención. Fue en ese momento cuando el presunto agresor se dirigió directamente al lugar donde se encontraba el vigilante de seguridad y sin mediar palabra alguna le propinó un puñetazo en el rostro, causándole diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido.
Posteriormente, el arrestado regresó portando en sus manos un cuchillo jamonero de grandes dimensiones con el que amenazó al vigilante de seguridad para posteriormente darse a la fugo.
La víctima realizó una llamada a la Sala Operativa del 091 solicitando presencia policial y facilitó la descripción del presunto agresor que finalmente pudo ser localizado e interceptado por los agentes.
Los hechos, según ha informado la Policía Nacional, han sucedido este martes cuando el vigilante de seguridad observó como un hombre merodeaba por el aparcamiento donde se encontraba aparcado un camión.
Ante las sospechas de que pudiera estar intentando sustraer combustible del vehículo, le llamó la atención. Fue en ese momento cuando el presunto agresor se dirigió directamente al lugar donde se encontraba el vigilante de seguridad y sin mediar palabra alguna le propinó un puñetazo en el rostro, causándole diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido.
Posteriormente, el arrestado regresó portando en sus manos un cuchillo jamonero de grandes dimensiones con el que amenazó al vigilante de seguridad para posteriormente darse a la fugo.
La víctima realizó una llamada a la Sala Operativa del 091 solicitando presencia policial y facilitó la descripción del presunto agresor que finalmente pudo ser localizado e interceptado por los agentes.
Unn juzgado de Sevilla admite denuncia contra Segur Ibérica por un poible delito contra los derechos de los trabajadores.
EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 8 DE SEVILLA, HA ADMITIDO A TRÁMITE, LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA SECCIÓN SINDICAL DE CC.OO EN SEGUR IBÉRICA SEVILLA.
SR. CENTENO Y COMPAÑÍA, ESTA ES LA PRIMERA DE LAS QUE ESTÁN POR LLEGAR, TANTO PARA USTED, COMO PARA TODOS AQUELLOS QUE HAN APOYADO SU “BRILLANTE” IDEA..
COMPAÑER@S, SEGUIREMOS INFORMANDO.
http://ccooseguribericasevilla.blogspot.com.es/
UN SALUDO.
EN LA QUE APARECEN COMO “INVESTIGADOS”, POR “PRESUNTO” DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES LOS SRES. EMILIO GARCÍA RAMOS (JEFE DE SERVICIOS DE SEGUR IBÉRICA EN SEVILLA), NICOLAS BOSCH PEÑA (GERENTE TERRITORIAL DE SEGUR IBÉRICA EN ANDALUCÍA) Y RAFAEL GOMEZ CENTENO (ACTUAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN EN SEGUR IBÉRICA) , TAMBIÉN CONOCIDO POR TODOS NOSOTROS, COMO EX SECRETARIO SECTORIAL DE SEGURIDAD PRIVADA POR U.G.T. Y PARTE ACTORA DE LA FIRMA DE LOS ÚLTIMOS CONVENIOS DE SEGURIDAD.
ADEMAS DE SER TAMBIÉN CONOCIDO POR ESTA SECCIÓN SINDICAL DE CC.OO, POR UNIRSE A LOS SINDICATOS UGT, CSI F Y STS A Y ANULAR UN COMITÉ DE EMPRESA, EL CUAL FUE ELEGIDO DEMOCRATICAMENTE POR MAS DEL 80 % DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES DE SEGUR IBÉRICA EN SEVILLA, TODO ELLO SOLO Y EXCLUSIVAMENTE , PARA ATENTAR CONTRA EL DERECHO DE TODOS LOS TRABAJADORES, ALGO DE LO QUE YA NO SOMOS NOSOTROS LOS ÚNICOS EN EXPRESARLO.
SR. CENTENO Y COMPAÑÍA, ESTA ES LA PRIMERA DE LAS QUE ESTÁN POR LLEGAR, TANTO PARA USTED, COMO PARA TODOS AQUELLOS QUE HAN APOYADO SU “BRILLANTE” IDEA..
COMPAÑER@S, SEGUIREMOS INFORMANDO.
http://ccooseguribericasevilla.blogspot.com.es/
UN SALUDO.
SECCIÓN SINDICAL DE CC.OO EN SEGUR IBÉRICA SEVILLA
Prosegur, en el punto de mira de Hacienda y de Competencia
Prosegur afronta en España en el presente ejercicio reclamaciones fiscales por 20 millones de euros y una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia por presunta práctica irregular.
La compañía ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo reclamación de la Agencia Tributaria relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y asegura que estima “una resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron actuaciones de inspección de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los conceptos de Impuesto sobre Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No Residentes y Retenciones a cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones parciales sobre Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.
La empresa ha firmado en conformidad actas relacionadas con algunas de esas retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre Sociedades por 3,5 millones. Y en disconformidad sobre la reclamación de los 20 millones y otra por retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo por 0,55 millones. Prosegur sólo ha provisionado el acta firmada en disconformidad referida a las retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo, ya que sobre la otra cuestión estima una resolución favorable. “Los asesores externos de la sociedad estiman que no es probable que se produzca un quebranto”, apunta la compañía en las cuentas de 2015 depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Prosegur también advierte en sus últimas cuentas sobre la existencia de “riesgos fiscales” en Brasil y Argentina por valor de 54,6 millones; los riesgos de mayor cuantía están asociados al mercado brasileño por reclamaciones de impuestos municipales y estatales y provisiones por combinación de negocios.
En el último trimestre de este año previsiblemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) comunicará las conclusiones de una investigación sobre Prosegur iniciada a principios de 2015. En febrero del pasado año funcionarios del organismo inspeccionaron la sede en Madrid del grupo de seguridad por “posibles acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios, la fijación de condiciones comerciales, así como cualquier otra conducta que por su naturaleza pudiera contribuir a la distorsión de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España”.
En abril, la CNMC incoó expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de seguridad también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un periodo de hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen indicios racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y actividades, fijación de precios, intercambio de información comercial sensible y otras condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la confidencialidad de esos datos.
La presidenta, casera de Prosegur
De acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el pasado mes de diciembre la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, adquirió el edificio que el grupo emplea como sede en Madrid, en la calle Pajaritos, por 12,7 millones de euros. La operación la realizó la primera accionista de la empresa a través de su sociedad Proactinmo, a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309 millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una participación valorada en 1.421 millones de euros.
Según las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo “un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por diez años de alquiler).
La compañía ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo reclamación de la Agencia Tributaria relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y asegura que estima “una resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron actuaciones de inspección de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los conceptos de Impuesto sobre Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No Residentes y Retenciones a cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones parciales sobre Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.
La empresa ha firmado en conformidad actas relacionadas con algunas de esas retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre Sociedades por 3,5 millones. Y en disconformidad sobre la reclamación de los 20 millones y otra por retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo por 0,55 millones. Prosegur sólo ha provisionado el acta firmada en disconformidad referida a las retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo, ya que sobre la otra cuestión estima una resolución favorable. “Los asesores externos de la sociedad estiman que no es probable que se produzca un quebranto”, apunta la compañía en las cuentas de 2015 depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Prosegur también advierte en sus últimas cuentas sobre la existencia de “riesgos fiscales” en Brasil y Argentina por valor de 54,6 millones; los riesgos de mayor cuantía están asociados al mercado brasileño por reclamaciones de impuestos municipales y estatales y provisiones por combinación de negocios.
En el último trimestre de este año previsiblemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) comunicará las conclusiones de una investigación sobre Prosegur iniciada a principios de 2015. En febrero del pasado año funcionarios del organismo inspeccionaron la sede en Madrid del grupo de seguridad por “posibles acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios, la fijación de condiciones comerciales, así como cualquier otra conducta que por su naturaleza pudiera contribuir a la distorsión de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España”.
En abril, la CNMC incoó expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de seguridad también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un periodo de hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen indicios racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y actividades, fijación de precios, intercambio de información comercial sensible y otras condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la confidencialidad de esos datos.
La presidenta, casera de Prosegur
De acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el pasado mes de diciembre la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, adquirió el edificio que el grupo emplea como sede en Madrid, en la calle Pajaritos, por 12,7 millones de euros. La operación la realizó la primera accionista de la empresa a través de su sociedad Proactinmo, a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309 millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una participación valorada en 1.421 millones de euros.
Según las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo “un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por diez años de alquiler).
Eulen inflaba las cifras de cursos para hacerse con “el total” de la subvención
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso El Faro, sobre la ‘Operación Tosca’, cuyo secreto de sumario se levantó precisamente esta semana, además de hacerse eco de la adjudicación presuntamente “ilegal” de contratos de servicios de seguridad privada a Eulen, también recoge presuntas irregularidades en la concesión de cursos de formación a esta misma compañía por parte de la empresa municipal Proyecto Melilla S.A. (Promesa).
En concreto, el documento de la Benemérita pone sobre la mesa que la empresa de seguridad privada “incrementaba algunos gastos y facturaba otros indebidos” para abarcar “con el total de las partidas de cada curso el importe de la subvención”, es decir, 50.000 euros.
Según la UCO, por tanto, se llevaba a cabo un “lucro indebido para la empresa adjudicataria y un gasto también indebido para la entidad pública”. Para ejemplificar esta presunta trama, el documento de la investigación hace referencia a cómo “el beneficiario del alquiler de las aulas pasaba de un coste real de 4.000 euros a otro ficticio de 6.950 euros”, lo que suponía un incremento del gasto de la Administración de 2.950 euros.
“Una composición”
En el informe elaborado durante la investigación de esta operación judicial también se recogen correos electrónicos de directivos de Eulen. En uno de ellos, el técnico de Producto de dicha compañía, V.M.R.M., pedía al director provincial de dicha empresa que se hicieran “una composición” con documentos que, supuestamente, les habría enviado el director gerente de Promesa, José Eduardo Gallardo. El asunto que motivaba este correo electrónico era “convocatoria alumnos FP y otros”.
Para la UCO, este tipo de mensajes servían para que la empresa conociera los criterios de adjudicación de antemano y así “justificar las cantidades gastadas en cada uno de los cursos y poder percibir el total íntegro de cada uno”.
“Con lo que mandaste y lo que ya tengo de la Administración he cuadrado lo que ya podemos justificar y lo que nos falta. Todavía queda bastante, aunque es cierto que también hay costes pendientes de recibir”, reza uno de los mensajes de uno de los directivos de Eulen sobre la organización de los cursos de formación de FP sobre seguridad para la empresa municipal, siempre según el documento de la Benemérita.
La empresa quería eludir el “run run del pucherazo”
“Lo ideal sería, como te he comentado, que aunque Prosegur y Securitas nos sacaran dos puntos en la económica, en la técnica sacáramos 5-6. No hace falta más para evitar el run run del pucherazo”. Éstas son las palabras recogidas de un correo de V.G.G., directivo de Eulen, referente al contrato de vigilancia de dependencias de la Ciudad Autónoma del 2013.
Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la conocida como ‘Operación Tosca’ por presunta adjudicación irregular de contratos, principalmente, a esta compañía de seguridad privada.
Otro de los mensajes de este directivo de Eulen que recoge el documento de la UCO es en el que V.G.G. asegura que los pliegos de dicha licitación son “perfectos”. “Parece que los directivos tendrían en su poder el contenido de los pliegos con anterioridad a su publicación. En este mismo correo, dice al responsable de la Ciudad que él tiene “la clave” para que Eulen se lleve el contrato.
La seguridad privada defiende su rol contra la amenaza terrorista en Sicur
La Semana Internacional de la Seguridad (Sicur) ha celebrado hoy una jornada técnica donde se abordado la problemática de la amenaza del terrorismo yihadista y cómo la seguridad privada juega un "papel fundamental" en la lucha contra el terrorismo global.
Durante la conferencia, según un comunicado, se ha señalado que se trata de un escenario "complejo" ya que la amenaza se extiende "por todo el mundo, menos en América Latina" y los principales objetivos de las amenazas terroristas se enmarcan en "grandes ciudades y espacios con una importante afluencia de personas".
Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Estudios de Terrorismo y Políticas de Seguridad en la Universidad Pontificia de Comillas, ha destacado que las sociedades se encuentran ante "una amenaza diversa y más extendida que nunca", la "tercera fase del terrorismo global".
En relación con España, García-Calvo ha asegurado que el país cuenta con "un porcentaje de movilización menor que otros países de nuestro entorno".
El perfil del yihadista actual en España, según esta experta, es "inminentemente autóctono": el 40,5% ha nacido en nuestro país y de este porcentaje, el 75,8% en Ceuta y Melilla, con una media de edad de 28 años.
Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Estudios de Terrorismo y Políticas de Seguridad en la Universidad Pontificia de Comillas, ha destacado que las sociedades se encuentran ante "una amenaza diversa y más extendida que nunca", la "tercera fase del terrorismo global".
En relación con España, García-Calvo ha asegurado que el país cuenta con "un porcentaje de movilización menor que otros países de nuestro entorno".
El perfil del yihadista actual en España, según esta experta, es "inminentemente autóctono": el 40,5% ha nacido en nuestro país y de este porcentaje, el 75,8% en Ceuta y Melilla, con una media de edad de 28 años.
García-Calvo ha insistido en el "importante" papel que juega la seguridad privada en la lucha contra el terrorismo, ya que se maneja un "gran flujo de información" por parte de las organizaciones terroristas. "Entre el 50 y el 60% de los servicios que prestan la empresas de seguridad privada son estratégicos, por lo que la calidad tiene que ser un factor decisivo", ha asegurado Eduardo Cobas, secretario general de Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).
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