Prosegur afronta en España en el presente ejercicio reclamaciones fiscales por 20 millones de euros y una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia por presunta práctica irregular.
La compañía ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo reclamación de la Agencia Tributaria relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y asegura que estima “una resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron actuaciones de inspección de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los conceptos de Impuesto sobre Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No Residentes y Retenciones a cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones parciales sobre Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.
La empresa ha firmado en conformidad actas relacionadas con algunas de esas retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre Sociedades por 3,5 millones. Y en disconformidad sobre la reclamación de los 20 millones y otra por retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo por 0,55 millones. Prosegur sólo ha provisionado el acta firmada en disconformidad referida a las retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo, ya que sobre la otra cuestión estima una resolución favorable. “Los asesores externos de la sociedad estiman que no es probable que se produzca un quebranto”, apunta la compañía en las cuentas de 2015 depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Prosegur también advierte en sus últimas cuentas sobre la existencia de “riesgos fiscales” en Brasil y Argentina por valor de 54,6 millones; los riesgos de mayor cuantía están asociados al mercado brasileño por reclamaciones de impuestos municipales y estatales y provisiones por combinación de negocios.
En el último trimestre de este año previsiblemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) comunicará las conclusiones de una investigación sobre Prosegur iniciada a principios de 2015. En febrero del pasado año funcionarios del organismo inspeccionaron la sede en Madrid del grupo de seguridad por “posibles acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios, la fijación de condiciones comerciales, así como cualquier otra conducta que por su naturaleza pudiera contribuir a la distorsión de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España”.
En abril, la CNMC incoó expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de seguridad también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un periodo de hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen indicios racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y actividades, fijación de precios, intercambio de información comercial sensible y otras condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la confidencialidad de esos datos.
La presidenta, casera de Prosegur
De acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el pasado mes de diciembre la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, adquirió el edificio que el grupo emplea como sede en Madrid, en la calle Pajaritos, por 12,7 millones de euros. La operación la realizó la primera accionista de la empresa a través de su sociedad Proactinmo, a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309 millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una participación valorada en 1.421 millones de euros.
Según las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo “un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por diez años de alquiler).
La compañía ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo reclamación de la Agencia Tributaria relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y asegura que estima “una resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron actuaciones de inspección de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los conceptos de Impuesto sobre Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No Residentes y Retenciones a cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones parciales sobre Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.
La empresa ha firmado en conformidad actas relacionadas con algunas de esas retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre Sociedades por 3,5 millones. Y en disconformidad sobre la reclamación de los 20 millones y otra por retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo por 0,55 millones. Prosegur sólo ha provisionado el acta firmada en disconformidad referida a las retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo, ya que sobre la otra cuestión estima una resolución favorable. “Los asesores externos de la sociedad estiman que no es probable que se produzca un quebranto”, apunta la compañía en las cuentas de 2015 depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Prosegur también advierte en sus últimas cuentas sobre la existencia de “riesgos fiscales” en Brasil y Argentina por valor de 54,6 millones; los riesgos de mayor cuantía están asociados al mercado brasileño por reclamaciones de impuestos municipales y estatales y provisiones por combinación de negocios.
En el último trimestre de este año previsiblemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) comunicará las conclusiones de una investigación sobre Prosegur iniciada a principios de 2015. En febrero del pasado año funcionarios del organismo inspeccionaron la sede en Madrid del grupo de seguridad por “posibles acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios, la fijación de condiciones comerciales, así como cualquier otra conducta que por su naturaleza pudiera contribuir a la distorsión de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España”.
En abril, la CNMC incoó expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de seguridad también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un periodo de hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen indicios racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y actividades, fijación de precios, intercambio de información comercial sensible y otras condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la confidencialidad de esos datos.
La presidenta, casera de Prosegur
De acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el pasado mes de diciembre la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, adquirió el edificio que el grupo emplea como sede en Madrid, en la calle Pajaritos, por 12,7 millones de euros. La operación la realizó la primera accionista de la empresa a través de su sociedad Proactinmo, a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309 millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una participación valorada en 1.421 millones de euros.
Según las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo “un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por diez años de alquiler).
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