Condenados dos menores por parar un tren y apedrear a un vigilante entre Vila-seca y Reus
El magistrado les ha impuesto 14 meses de internamiento en un centro en régimen cerrado.
Uno de los jóvenes les dijo que 'yo y mis hermanos del ISIS os cortaremos la cabeza a todos'
Uno de los episodios más graves ocurridos en los últimos años en la demarcación se produjo el 20 de julio del año pasado, donde no faltaron agresiones, lanzamiento de piedras a vigilantes y revisor e incluso la activación de la palanca de emergencia de un convoy. Los hechos ocurrieron en un tren y acabaron con cuatro detenidos. Dos de ellos –marroquíes– tenían 16 y 17 años y ahora han sido condenados por el Juzgado de Menores de Tarragona a 14 meses de internamiento en régimen cerrado en un centro, siendo los dos últimos de libertad vigilada como autores de un delito de desórdenes públicos, otro de atentado a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones. Sus progenitores deberán indemnizar a uno de los vigilantes con 150 euros y a otro con 240 por las lesiones sufridas. La medida impuesta por el magistrado es la que había solicitado la fiscal del caso, mientras que la defensa solicitaba la absolución.
Según recoge la sentencia, entre las seis y las siete de la tarde del 20 de julio de 2015 los dos menores viajaban en unión de otros dos jóvenes mayores de edad en un tren procedente de Barcelona con destino a Lleida. En el trayecto entre Vila-seca y Reus fueron requeridos por el interventor para que exhibieran los correspondientes billetes. El grupo se negó a ello, por lo que el revisor solicitó el apoyo de los vigilantes de seguridad que iban en el mismo convoy.
Una vez se acercaron al punto los vigilantes, los acusados adoptaron una actitud «agresiva y chulesca», persistiendo en su negativa y diciéndoles: «No vamos a pagar, ni hoy, ni mañana, ni nunca, subnormal. No hace falta que vengan estos gorilas». A la vista de ello, los dos vigilantes indicaron a los acusados que se acercaran a la plataforma de salida para apearse del tren en la próxima estación. Pero ellos respondieron diciendo: «No nos vamos a mover, haremos lo que nos dé la gana». Al ser obligados a ello, comenzaron a insultar y a amenazar a los vigilantes: «Ya os pillaremos sin el uniforme (...), os vamos a matar, (...), yo y mis hermanos del ISIS os cortaremos la cabeza a todos».
Finalmente, uno de los menores accionó la palanca de emergencia para parar el tren, forzando a continuación las puertas de salida y saltando a las vías, desde las cuales comenzaron a arrojar piedras al convoy, impactando varias de ellas en el brazo de uno de los vigilantes.
Uno de los menores reconoció, durante su declaración en el juicio, que iba en el tren, y que lo acompañaba el otro acusado –a pesar de que éste lo negó–. Los dos mossos d’esquadra que visionaron las imágenes del vídeo reconocieron a los dos menores, a los que ya conocían de intervenciones anteriores. Por su parte, una pasajera del tren –que grabó los hechos en vídeo– afirmó que los dos menores se encontraban en el tren y los reconoció «sin ninguna duda». Añadió que los dos participaron en los insultos y agresiones a los vigilantes a quienes, además, pretendían quitarles las porras y el spray.
Uno de los jóvenes, encausado en 14 procedimientos
Los dos menores de edad ahora condenados son muy problemáticos, según el equipo técnico de los Juzgados. Uno de ellos se encontraba encausado en 14 procedimientos. Presentaba un absentismo escolar, repitiendo segundo curso de ESO y posteriormente abandonó un programa de formación de pintura así como un curso de inserción laboral, por falta de implicación y voluntad. Ha sido diagnosticado de trastorno de adaptación con predominio de alteraciones disociales. Sus figuras parentales muestran serias dificultades para controlar y supervisar al menor fuera del entorno familiar. Tras cometer los hechos cumplió una medida de internamiento semiabierto en un centro.
Por su parte, el otro menor forma parte de una familia de ocho hermanos. Sus progenitores se muestran desbordados por el número de hijos y presentan dificultades para cumplir las funciones de control y supervisión sobre ellos, a pesar de su voluntad de inculcarles el respeto y acatamiento a las normas establecidas. El menor abandonó los estudios de cuarto de ESO. Su dinámica cotidiana discurría en la calle, sin control familiar alguno. Era la séptima vez que era encausado y no reconoció su responsabilidad en los hechos. Fue expedientado disciplinariamente en cuatro ocasiones en el Centre Educatiu l’Alzina, donde cumplía la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado, todos ellos por peleas y agresiones con otros internos, por lo que su situación era de alto riesgo y crítica.
Renfe no aumentará medidas pese a los continuos ataques a vigilantes
En los primeros nueve meses del año ha habido 18 agresiones al personal de seguridad y seis a revisores.
Agresiones, mordeduras, vandalismo y amenazas. Es sólo parte de lo que tienen que soportar los vigilantes de seguridad de la empresa contratada por Renfe para vigilar sus trenes. Una situación que en los últimos años ha ido en aumento, hasta el hecho de que alguno de los vigilantes ha dejado el empleo porque ha preferido salvaguardar su familia a tener un puesto de trabajo. Los alborotadores no ven a los vigilantes como autoridades y se ceban con ellos. Se ha llegado al caso de que uno perdió parte de una oreja, arrancada de un mordisco. Desde Renfe se ha confirmado que en el presente año se han dado 18 agresiones a personal de seguridad en la provincia de Tarragona y seis a trabajadores –básicamente revisores–.
Uno de los últimos episodios ocurrió el pasado 3 de octubre en la estación de Sant Vicenç de Calders. Un joven viajaba sin billete en un tren que cubría el trayecto entre Reus y Barcelona. El individuo sacó un destornillador ante la presencia de los vigilantes de seguridad y les agredió. El joven acabó detenido acusado de los delitos de amenazas y atentado a la autoridad y los vigilantes, de baja laboral.
El perfil
Jóvenes de 16 a 25 años, la mayoría de ellos extranjeros, que viajan sin billete y con problemas de adaptación social o problemas escolares. Éste sería el perfil de los alborotadores. Muchos de los conflictos comienzan cuando el revisor pide el billete al joven y éste no tiene y, además, no quiere pagar y comienza a amenazar. En estos casos, el revisor solicita la presencia de los vigilantes de seguridad. Muchas veces la presencia de estos tampoco resuelve el problema, hasta el punto de que tienen que solicitar refuerzos de los Mossos.
No hay una ruta caliente, todas las que transcurren por las comarcas de Tarragona son problemáticas, afirman algunos vigilantes de seguridad. Desde la línea de costa –desde Tortosa a Barcelona– hasta la interior –la procedente de Móra la Nova hacia la Ciudad Condal– e incluso la procedente de Lleida, en todas hay conflictos.
Si el viajero infractor se rebota, llegará a casa con una sanción de 300 euros –100 si sólo se han tenido que intervenir los vigilantes–. Pero si el altercado es grave, la Policía Autonómica acaba con su detención acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El Código Penal castiga dicho delito con penas de hasta cuatro años de cárcel, además de multa económica. Sin embargo, como la mayoría de los infractores son menores de edad, en este caso el juez puede mandar al joven internado a un centro de menores.
No en todos los casos llega a intervenir la Policía Autonómica. «En algunas ocasiones sólo hay empujones y los agresores se marchan, por lo que ya no llamamos a los Mossos d’Esquadra», aseguraba un vigilante consultado por el Diari. Y es que, según asegura, las agresiones son diarias. Desde los sindicatos se barajan unas cifras muy altas: en Catalunya hay entre 25 y 30 agresiones diarias a vigilantes de seguridad de todo tipo, desde los que están en los trenes hasta la puerta de un establecimiento comercial o un organismo oficial.
Uno de los juicios que está pendiente es a un joven que agredió con un cinturón –después de quitárselo– . Los hechos se remontan al año pasado en la estación de Reus. Un grupo de marroquíes estaba alterando el orden en uno de los arcenes. Dos vigilantes de seguridad estaban a punto de subir al tren, junto con el revisor. Se dirigieron hacia los jóvenes y el revisor les preguntó si habían sacado el billete –obligatorio en aquellas estaciones que disponen de taquillas–. El grupo contestó que no, que ya pagaría el importe en el tren. Fue entonces cuando el grupo se puso agresivo e intentó pegar a los vigilantes. Uno de los jóvenes se sacó el cinturón y golpeó en el brazo a uno de los vigilantes. Estos pudieron reducir al agresor –mayor de edad–, le pusieron las esposas y lo detuvieron, mientras los otros se marcharon del lugar. Inicialmente se celebró en el Juzgado de Instrucción un juicio por un delito leve. Sin embargo, se planteó al magistrado que podría tratarse de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El juez así lo vio y envió la causa al Juzgado de lo Penal para su juicio.
En otra ocasión, el vigilante de la estación de Adif fue alertado desde el centro de control de que había un pasajero sin billete en uno de los trenes. Subió solo al convoy para hacer bajar al pasajero y recibió un puñetazo, que le abrió el pómulo, precisando dos puntos de sutura.
Una de las reivindicaciones que realizan los vigilantes de seguridad es que la empresa les dote de un chaleco antibalas. Algunos lo llevan, pero pagado de su bolsillo.
El problema de los grafiteros
Otro de los colectivos a los que se enfrentan los vigilantes de seguridad son a los grafiteros. Los vigilantes aseguran que las agresiones de las bandas de grafiteros se dan en cualquier punto, pero principalmente en Reus. El caso más grave es el de un grupo que agredió a un vigilante –que incluso estuvo hospitalizado– el pasado 29 de julio. Con posterioridad el grupo de grafiteros fue a la vivienda del vigilante. Uno de ellos le amenazó, mientras que agredió a su esposa –le tuvieron que poner un collarín–. Los Mossos identificaron al agresor. En la noche del 26 de julio, otro vigilante de seguridad de la estación de Adif de Reus resultó herido por el lanzamiento de una piedra. Los agresores serían también un grupo de grafiteros que ya habían mantenido un enfrentamiento la misma mañana.
A un vigilante incluso lo tiraron a la vía. Ocurrió el 2 de mayo de este año cuando la víctima intentaba evitar que un grupo de grafiteros pintase un convoy estacionado en la estación de tren de Reus. El hombre resultó herido en una pierna.
La inversión de Renfe
Fuentes de Renfe apuntaron que son conscientes de la problemática «y que por ello estamos invirtiendo en toda Catalunya 10 millones en materia de seguridad». También apuntaron que son conductas que realizan los jóvenes en el tren pero que se pueden dar en cualquier lugar, a la vez que recalcaron que las competencias de la seguridad ciudadana en Catalunya son de Mossos d’Esquadra. «Estamos trabajando en este tipo de situación. Sí que es verdad que hay una problemática social». Precisamente, los interventores asisten a cursos dados por la Policía Autonómica para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones.
Agresiones, mordeduras, vandalismo y amenazas. Es sólo parte de lo que tienen que soportar los vigilantes de seguridad de la empresa contratada por Renfe para vigilar sus trenes. Una situación que en los últimos años ha ido en aumento, hasta el hecho de que alguno de los vigilantes ha dejado el empleo porque ha preferido salvaguardar su familia a tener un puesto de trabajo. Los alborotadores no ven a los vigilantes como autoridades y se ceban con ellos. Se ha llegado al caso de que uno perdió parte de una oreja, arrancada de un mordisco. Desde Renfe se ha confirmado que en el presente año se han dado 18 agresiones a personal de seguridad en la provincia de Tarragona y seis a trabajadores –básicamente revisores–.
Uno de los últimos episodios ocurrió el pasado 3 de octubre en la estación de Sant Vicenç de Calders. Un joven viajaba sin billete en un tren que cubría el trayecto entre Reus y Barcelona. El individuo sacó un destornillador ante la presencia de los vigilantes de seguridad y les agredió. El joven acabó detenido acusado de los delitos de amenazas y atentado a la autoridad y los vigilantes, de baja laboral.
El perfil
Jóvenes de 16 a 25 años, la mayoría de ellos extranjeros, que viajan sin billete y con problemas de adaptación social o problemas escolares. Éste sería el perfil de los alborotadores. Muchos de los conflictos comienzan cuando el revisor pide el billete al joven y éste no tiene y, además, no quiere pagar y comienza a amenazar. En estos casos, el revisor solicita la presencia de los vigilantes de seguridad. Muchas veces la presencia de estos tampoco resuelve el problema, hasta el punto de que tienen que solicitar refuerzos de los Mossos.
No hay una ruta caliente, todas las que transcurren por las comarcas de Tarragona son problemáticas, afirman algunos vigilantes de seguridad. Desde la línea de costa –desde Tortosa a Barcelona– hasta la interior –la procedente de Móra la Nova hacia la Ciudad Condal– e incluso la procedente de Lleida, en todas hay conflictos.
Si el viajero infractor se rebota, llegará a casa con una sanción de 300 euros –100 si sólo se han tenido que intervenir los vigilantes–. Pero si el altercado es grave, la Policía Autonómica acaba con su detención acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El Código Penal castiga dicho delito con penas de hasta cuatro años de cárcel, además de multa económica. Sin embargo, como la mayoría de los infractores son menores de edad, en este caso el juez puede mandar al joven internado a un centro de menores.
No en todos los casos llega a intervenir la Policía Autonómica. «En algunas ocasiones sólo hay empujones y los agresores se marchan, por lo que ya no llamamos a los Mossos d’Esquadra», aseguraba un vigilante consultado por el Diari. Y es que, según asegura, las agresiones son diarias. Desde los sindicatos se barajan unas cifras muy altas: en Catalunya hay entre 25 y 30 agresiones diarias a vigilantes de seguridad de todo tipo, desde los que están en los trenes hasta la puerta de un establecimiento comercial o un organismo oficial.
Uno de los juicios que está pendiente es a un joven que agredió con un cinturón –después de quitárselo– . Los hechos se remontan al año pasado en la estación de Reus. Un grupo de marroquíes estaba alterando el orden en uno de los arcenes. Dos vigilantes de seguridad estaban a punto de subir al tren, junto con el revisor. Se dirigieron hacia los jóvenes y el revisor les preguntó si habían sacado el billete –obligatorio en aquellas estaciones que disponen de taquillas–. El grupo contestó que no, que ya pagaría el importe en el tren. Fue entonces cuando el grupo se puso agresivo e intentó pegar a los vigilantes. Uno de los jóvenes se sacó el cinturón y golpeó en el brazo a uno de los vigilantes. Estos pudieron reducir al agresor –mayor de edad–, le pusieron las esposas y lo detuvieron, mientras los otros se marcharon del lugar. Inicialmente se celebró en el Juzgado de Instrucción un juicio por un delito leve. Sin embargo, se planteó al magistrado que podría tratarse de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El juez así lo vio y envió la causa al Juzgado de lo Penal para su juicio.
En otra ocasión, el vigilante de la estación de Adif fue alertado desde el centro de control de que había un pasajero sin billete en uno de los trenes. Subió solo al convoy para hacer bajar al pasajero y recibió un puñetazo, que le abrió el pómulo, precisando dos puntos de sutura.
Una de las reivindicaciones que realizan los vigilantes de seguridad es que la empresa les dote de un chaleco antibalas. Algunos lo llevan, pero pagado de su bolsillo.
El problema de los grafiteros
Otro de los colectivos a los que se enfrentan los vigilantes de seguridad son a los grafiteros. Los vigilantes aseguran que las agresiones de las bandas de grafiteros se dan en cualquier punto, pero principalmente en Reus. El caso más grave es el de un grupo que agredió a un vigilante –que incluso estuvo hospitalizado– el pasado 29 de julio. Con posterioridad el grupo de grafiteros fue a la vivienda del vigilante. Uno de ellos le amenazó, mientras que agredió a su esposa –le tuvieron que poner un collarín–. Los Mossos identificaron al agresor. En la noche del 26 de julio, otro vigilante de seguridad de la estación de Adif de Reus resultó herido por el lanzamiento de una piedra. Los agresores serían también un grupo de grafiteros que ya habían mantenido un enfrentamiento la misma mañana.
A un vigilante incluso lo tiraron a la vía. Ocurrió el 2 de mayo de este año cuando la víctima intentaba evitar que un grupo de grafiteros pintase un convoy estacionado en la estación de tren de Reus. El hombre resultó herido en una pierna.
La inversión de Renfe
Fuentes de Renfe apuntaron que son conscientes de la problemática «y que por ello estamos invirtiendo en toda Catalunya 10 millones en materia de seguridad». También apuntaron que son conductas que realizan los jóvenes en el tren pero que se pueden dar en cualquier lugar, a la vez que recalcaron que las competencias de la seguridad ciudadana en Catalunya son de Mossos d’Esquadra. «Estamos trabajando en este tipo de situación. Sí que es verdad que hay una problemática social». Precisamente, los interventores asisten a cursos dados por la Policía Autonómica para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones.
El Espanyol clausura temporalmente su grada de animación por agresiones a seguridad privada.
Los “muy graves incidentes” registrados en el partido ante el Eibar obligan al club a adoptar esta decisión.
El Espanyol ha anunciado este jueves la decisión del Consejo de Administración blanquiazul de clausurar temporalmente la grada de animación del estadio de Cornellà-El Prat. El motivo, según la nota oficial facilitada por la entidad, los “muy graves incidentes protagonizados por algunos miembros ubicados” en dicha zona, “en los que se agredió violentamente a diferentes miembros de la seguridad privada y del club”. Los hechos tuvieron lugar en el curso del encuentro disputado el pasado sábado en el feudo blanquiazul entre el RCD Espanyol y el Eibar.
El club está investigando detenidamente lo sucedido para dilucidar las responsabilidades y anuncia que la reapertura de la grada de animación “será imprescindible que los grupos” que la integran “presenten dos interlocutores válidos” para coordinar su labor con el club.
Este es el contenido íntegro de la nota del club:
“Tras estudiar el informe interno de incidencias del partido que enfrentaba nuestro primer equipo con la SD Eibar el pasado sábado día 22 de octubre, el Consejo de Administración del RCD Espanyol de Barcelona ha decidido todo lo que se comunica a continuación:
1. Los muy graves incidentes protagonizados por algunos miembros ubicados en la zona destinada a la grada de animación en los que se agredió violentamente a diferentes miembros de la seguridad privada del club, así como un incidente en otro espacio del estadio, ya están siendo dilucidados por la entidad y, próximamente, se tomarán las medidas cautelares y/o definitivas correspondientes contra estos abonados siguiendo lo previsto en el reglamento disciplinario y, en su caso, en la propia normativa especial de la grada de animación.
2. Ante la imposibilidad de garantizar la convivencia entre los diferentes grupos de animación en el espacio destinado a la grada unitaria y los reiterados episodios de incumplimiento de la normativa interna de la propia grada de animación, el club ha decidido clausurarla temporalmente. Para la posible reapertura y retorno al funcionamiento de la grada según el proyecto previsto será imprescindible que los grupos de animación presenten dos interlocutores válidos para la coordinación del día a día de la grada y la relación con el club.
3. Todos los socios con abono en la grada de animación (sectores 109 y 110) y que no tengan expedientes sancionadores abiertos con prohibición de acceso a las instalaciones del club serán reubicados automáticamente por la entidad en otros sectores del RCDE Stadium, según disponibilidad de espacio. Próximamente el club informará a estos socios sobre cómo se llevará a cabo este proceso de reubicación para los próximos partidos.
4. El RCD Espanyol expresa una vez más el absoluto convencimiento en seguir trabajando para disponer de una grada de animación unida y sin el más mínimo espacio para actos violentos y/o intolerantes, ya sea dentro o fuera de las instalaciones del club. Por este motivo, este Consejo ratifica su voluntad de erradicar los comportamientos individuales de personas que nunca representarán el ejemplar y orgulloso sentimiento blanquiazul de nuestra afición.
Roban en el cementerio de San Fernando (Sevilla) tras maniatar al vigilante
Cinco encapuchados robaron la madrugada de este martes en el cementario de San Fernando. Los ladrones accedieron al camposanto saltando la valla, sobre las cuatro de la madrugada. Una vez dentro, sorprendieron al vigilante, que en ese momento estaba realizando una ronda. Según algunas versiones, le llegaron a golpear en la cabeza. Luego le quitaron las llaves del cementerio y sus objetos personales, entre ellos su cartera, su teléfono móvil y las llaves de su coche particular. Con los grilletes lo esposaron a un banco y lo dejaron allí.
Después de reducir al vigilante, los delincuentes se dirigieron a la sala de duelo. Para abrir las puertas, tuvieron que romper los candados. Una vez dentro de esta sala, reventaron las máquinas expendedoras, de las que se llevaron tanto el dinero que había en el interior como las bebidas y productos que guardaban. También han desaparecido algunos carros que usan las cuadrillas de trabajadores del cementerio.
La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el robo, según confirmó ayer un portavoz de este cuerpo. Los agentes del grupo de investigación de la comisaría del distrito Macarena son los encargados de investigar este asunto, para lo que tendrán que hacer inspecciones oculares en el propio camposanto y tomar declaración al vigilante.
El grupo municipal de Participa Sevilla alertó este martes de este robo y denunció lasdeficientes condiciones de seguridad que existen en el cementerio de San Fernando, en el que sólo hay un vigilante de noche. El concejal Julián Moreno explicó ayer a este periódico que este robo era algo "que se veía venir desde hace tiempo", dadas las carencias de seguridad en el recinto. "Es una consecuencia de dejar en manos de empresas privadas la seguridad de algo tan importante y tan querido como es el cementerio de San Fernando. Sólo una persona de noche para una extensión enorme nos parecen unas condiciones precarias", denunció el edil de Participa.
"En el cementerio hay objetos valiosos, no ya sólo por lo sentimental, sino por haber materiales codiciados por los ladrones. Creemos que el Ayuntamiento debe aplicar otra forma de gestionar el cementerio. A una empresa privada le da igual tener una sola persona. Es necesario remunicipalizar el servicio".
Detenido un abusador sexual gracias a un vigilante de seguridad (Navarra).
Una cámara de seguridad del Museo de Navarra grabó los abusos sexuales perpetrados por un hombre a una mujer inconsciente el pasado mes de agosto y el vigilante de seguridad, al ver lo sucedido a través del monitor, alertó a la Policía, que gracias a la grabación ha podido identificar y detener al autor.
Este hombre, un vecino del Casco Viejo de Pamplona de unos 50 años, fue puesto ayer en libertad por el Juzgado de Instrucción número 4, que le ha impuesto una orden de alejamiento respecto de la víctima y la obligación de acudir al juzgado todos los lunes.
Dado que la mujer permaneció en un estado de inconsciencia o semiinconsciencia durante los hechos, el citado vídeo ha sido la prueba principal que ha impulsado la investigación de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona, ya que además de permitir la identificación del autor, gracias a él se ha podido concretar que el hombre realizó tocamientos a la víctima, a la que tumbó en el suelo junto a unos contenedores de la calle Descalzos y, aprovechando que estaba afectada por la ingesta de alcohol, consumó los abusos.
Además se ha constatado que le robó el dinero que llevaba en el bolso, por lo que también se le acusa de un delito de hurto.
Los hechos se iniciaron sobre las 3.40 horas del 15 de agosto cuando el detenido, según el resultado de las investigaciones policiales, abordó a la mujer en la calle Jarauta al observar que estaba tendida en el suelo, la levantó y la llevó sujetándola por la espalda hasta las proximidades del Museo de Navarra, donde una de las cámaras de seguridad captó la secuencia completa de los abusos sexuales.
Fue el vigilante del edificio quien al observar una escena extraña en la vía pública, dirigió el objetivo hacia ellos y alertó inmediatamente de lo ocurrido.
Tras las correspondientes investigaciones, la Policía Nacional y la Policía Municipal pudieron determinar la identidad del autor de los hechos, un vecino del Casco Viejo pamplonés, que fue detenido el viernes y ayer pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 4.
El magistrado decretó su puesta en libertad acusado de un delito de abusos sexuales y otro de hurto, con la obligación de comparecer todos los lunes en el juzgado y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima.
CCOO denuncia que el Ayuntamiento de Barakaldo va a contratar seguridad privada por debajo de coste.
CCOO de Euskadi ha denunciado que el Ayuntamiento de Barakaldo ha sacado a concurso la contratación del servicio de seguridad privada de las instalaciones municipales con una dotación presupuestaria 100.000 euros por debajo del coste del servicio.
Según ha señalado el sindicato en una nota, el equipo de gobierno municipal (PNV) ha sacado a "subasta" la prestación del servicio con una dotación económica "insuficiente", que está un 11,58 % (101.195 euros) por debajo del coste del servicio.
El sindicato ha señalado que los 874.104 euros anuales previstos no cubren los costes directos, (salarios y pluses del personal uniformidad, formación y absentismo) que ascienden a 882.700 euros, a lo que habría que sumar los gastos generales y el beneficio industrial, lo que hace un total de 975.300 euros.
CCOO ha asegurado que tampoco se recogen las garantías para el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales durante toda la vigencia del contrato, cláusulas contra las ofertas a la baja o temerarias y no se identifica el vigente convenio de aplicación.
El sindicato, que ha solicitado una reunión con la alcaldesa, Amaia del Campo, para plantearle sus objeciones, ha recordado que en marzo quedó "desierto" el procedimiento de adjudicación del servicio porque no se presentó ninguna empresa debido a que las condiciones económicas, "eran erróneas".
La dotación económica anterior prevista para el contrato estaba calculada en un 28,4 por ciento por debajo del coste del servicio, según ha destacado el sindicato.
Detenido por agredir a un vigilante que lo sorprendió robando (Narón-A Coruña).
Un hombre de unos 30 años fue detenido ayer por agredir a un vigilante de seguridad del centro comercial de Narón que lo sorprendió robando en el hipermercado.
Según relató el propio empleado del centro, tras percatarse del suceso pidió al hombre que devolviese lo sustraído, ante la negativa del caco, lo que le obligó a retenerlo. Una vez en las dependencias del servicio de seguridad, el vigilante volvió a pedir al ladrón que devolviese lo robado y fue entonces cuando éste “zapateó la botella” y se abalanzó sobre el guardia de seguridad.
Durante la refriega, el empleado del centro resultó herido en el cuello, la nariz, los ojos y la entrepierna, según reza el parte de lesiones, donde constan varios hematomas y arañazos. El vigilante denunció ayer los hechos ante la Policía.
Agresivo
Finalmente, el ladrón fue reducido y retenido hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional que lo llevaron detenido por un presunto delito de robo y agresión.
Según los testigos, el caco, al que no se le había visto antes por el centro comercial, se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente, lo que pudo motivar su comportamiento agresivo.
Nueva información sobre Sentencia " Pluses en vacaciones"
En el día de hoy nos ha sido notificada la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo que confirma la Sentencia de la Audiencia Nacional ante la demanda presentada por CCOO de Construcción y Servicios y otras organizaciones sindicales y en virtud de la cual se anuló el art. 45.2 del Convenio del sector de empresas de seguridad para el año 2015, debiendo incluirse en la retribución de las vacaciones, además de los conceptos incluidos en la tabla de retribuciones del Anexo, los demás complementos de puesto de trabajo contenidos en el art. 66.2 del Convenio.
Dado que, ante las reclamaciones individuales planteadas por los trabajadores y trabajadoras, algunas Empresas han opuesto la litispendencia de este asunto, ponemos en vuestro conocimiento que tal causa ha cesado por lo que procede reactivar las reclamaciones que estén en curso para su resolución definitiva.
Dos vigilantes de Ilunion rescatan a una pareja de ancianos de las llamas de su coche en la A-5 (Arroyomolinos, Madrid)
Dos vigilantes de ILUNION Seguridad han rescatado a un hombre de avanzada edad y a su mujer, con movilidad reducida y usuaria de silla de ruedas, cuando se encontraban atrapados en su coche, cuyo motor estaba ardiendo en medio de la carretera A-5 a su paso por la madrileña localidad de Arroyomolinos.
Los hechos ocurrieron a las 11.25 horas del pasado 25 de septiembre, cuando los vigilantes de ILUNION Seguridad José Francisco R.N. y Javier S.E., pertenecientes a la patrulla 2 de Canal Isabel II, observaron un vehículo de marca Jeep Intercool en el centro de la calzada con el motor ardiendo ante la indiferencia de los demás conductores.
Los citados vigilantes comprobaron que el automóvil estaba ocupado por dos personas de avanzada edad y procedieron a prestarles auxilio. El hombre, que se encontraba visiblemente nervioso por no poder ayudar a su acompañante, salió por su propio pie.
Por su parte, la señora, que tiene movilidad reducida, fue rescatada por los agentes de ILUNION Seguridad. Mientras uno de ellos sostenía a la anciana en brazos, el otro, a toda velocidad, abrió la silla de ruedas que ella precisaba. Acto seguido, comenzaron a señalizar la calzada y a sofocar el incendio del motor con un extintor que portaban en dotación del vehículo patrulla.
BAJO CONTROL
Tras avisar a la Guardia Civil desde el centro de Control de Canal Isabel II, una patrulla del benemérito instituto se personó en el lugar de los hechos junto a una dotación de bomberos. Cuando llegaron los servicios de emergencia, los dos vigilantes de ILUNION Seguridad ya tenían regulado el tráfico, sofocado el incendio y a los ocupantes del vehículo en un lugar seguro.
Posteriormente, la Guardia Civil y el destacamento de Tráfico de Móstoles llamaron al Centro de Control de Canal de Isabel II para alabar el buen hacer de los vigilantes de ILUNION Seguridad.
La rapidez de los citados vigilantes a la hora de señalizar la vía, auxiliar a las víctimas y sofocar el fuego, fue clave para el control de la situación. La alta preparación de los agentes, tanto en técnicas de rescate, como en extinción de pequeños incendios y primeros auxilios, entre otros, es uno de los signos distintivos de ILUNION Seguridad, antes Vinsa, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación.
El Ayuntamiento de Lugo dice que no puede excluir a Alcor de los concursos
El portavoz del gobierno local de Lugo, Miguel Fernández, aseguró este jueves que el Ayuntamiento, salvo que medie "una sentencia judicial", no tiene capacidad legal para "excluir" a nadie de los procesos de contratación para la prestación de servicios públicos, en referencia a la situación que se ha creado con una nueva concesión municipal a la empresa Alcor.
Trabajadores del sector de la seguridad privada se concentraron esta semana ante el consistorio para protestar por la concesión de la vigilancia en los centros sociales de la ciudad a una empresa que califican como "pirata". En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Redondo, de la UGT, explicó que se trata de una empresa que "va trescientos euros por debajo de convenio" en lo que se refiere al salario de sus trabajadores, de modo que "para ellos es muy fácil" hacerse con ese tipo de "licitaciones".
Fernández aseguró que en este nuevo contrato el Ayuntamiento de Lugo ha introducido "cláusulas sociales" y permanecerá "vigilante" para que se cumplan, pero también aclaró que "a priori" no se puede prohibir la participación de esa empresa en los concursos públicos. "Se trata de cumplir la normativa", insistió, y "todas las empresas, salvo que un juez las excluya mediante sentencia, tiene los mismos derechos".
El BNG pide al gobierno local que controle el cumplimiento del contrato con Alcor
El Grupo Municipal del BNG ha pedido este jueves al gobierno local que controle si las empresas que trabajan como adjudicatarias para el Concello de Lugo cumplen sus obligaciones con las plantillas de trabajadores.
El portavoz nacionalista, Rubén Arroxo, ha anunciado que pedirán al gobierno local que reclame a la empresa Alcor un informe sobre eltiempo que trabaja cada empleado y el número de horas extra que les abona.
Los nacionalistas se han echo eco de las reclamaciones de los trabajadores, que se concentraron este martes ante el Concello, para denunciar que el gobierno local no está haciendo un seguimiento del cumplimiento de las cláusulas sociales que incluye en los contratos con empresas externas.
Representantes sindicales se concentraron este martes ante el Concello de Lugo para pedir al gobierno local que revoque la adjudicación de la seguridad privada de los siete centros sociales municipales a la empresa Alcor para iniciar un nuevo proceso de licitación.
El portavoz de UGT Juan Redondo explicó que Alcor paga a sus trabajadores trescientos euros por debajo de lo señalado en el convenio estatal de seguridad privada. Esto facilita que sus propuestas económicas en los procesos de adjudicación de contratos públicos sean mejores para las arcas municipales, aunque no para los trabajadores.
Informacion sobre pluses a cobrar en vacaciones
Después de haber pasado el periodo vacacional de verano, os mandamos esta información que puede resultar interesante.
Tres policías y dos guardas de seguridad heridos al reducir al agresor de un taxista (Oviedo)
Una violencia desatada, inexplicable, casi rabia, llevó a un individuo a agredir a un taxista, que resultó con magulladuras y golpes, en la parada de taxis de la avenida de Torrelavega. Después la emprendió a golpes e hirió a tres policías locales, a dos guardias de seguridad y a un facultativo médico del Hospital Universitario Central de Asturias. Todo esto resume mucho unos hechos que comenzaron a las doce y ocho minutos de la madrugada del domingo.
Según fuentes de la Policía Local, a esa hora recibieron una llamada por una pelea en avenida de Torrelavega. La trifulca en sí se inició de este modo. Un individuo se sube a un taxi de la parada y le pide que le lleve hasta la parrilla de Buenos Aires, en la carretera del Naranco. A todo esto, antes de arrancar, el individuo exige al taxista que llame al restaurante y reserve mesa. Éste se niega. En ese momento, el agresor, la emprende a golpes con el taxista.
Un vecino que pasaba por ahí, logra separarlos y reducir al agresor. Lo tiene bajo su cuerpo cuando llega la primera patrulla de la Policía Local. Varios testigos gritan: ¡el agresor es el del suelo, es el del suelo!.
La Policía se hace cargo de él, no sin antes pedir refuerzos. Hasta la parada de taxis de Torrelavega llega otra patrulla. Entre los cuatro reducen al agresor y lo introducen en el coche esposado para llevarlo al HUCA. Dentro del coche la emprende a patadas contra la puerta y logra desencajarla. Revienta la ventanilla trasera e intenta saltar por ella. Los agentes lo cambian de coche y lo llevan directo al HUCA. Allí, el médico pide que le quiten las esposas para poder reconocerlo. Los Policías consienten y en ese momento se abalanza contra el médico, los cuatro agentes y dos guardias de seguridad privada del centro hospitalario. Dos agentes resultaron heridos en el hombro y en las costillas respectivamente y a uno de los guardias de seguridad le desgarró el bíceps.
Arrancó las cinchas de las camillas a las que intentaban amarrarle e hicieron falta tres inyecciones de tranquilizantes para reducir al individuo. Con la última de ellas, la frecuencia cardiaca del agresor aún alcanzaba las 147 pulsaciones por minuto y su temperatura corporal no bajaba de los 40 grados. Los análisis confirmaron que el hombre, que no era muy corpulento, estaba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol. Permanece ingresado en la UCI, bajo custodia policial y pasará a disposición judicial.No portaba documentación alguna.
Trabajadores de seguridad privada protestan contra la adjudicación a Alcor de la vigilancia de centros sociales
Un grupo de trabajadores de la seguridad privada se concentraron este martes frente al concello de Lugo para protestar contra la adjudicación de la vigilancia de centros socioculturales a la empresa Alcor, investigada por supuestas prácticas irregulares relacionadas con horas, contratos y pagos a los trabajadores.
Esta protesta se celebra un día después de que compareciera ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Monforte Ramón Mateos, director de la mutua aseguradora Ibermutuamur. El directivo declaró por un supuesto delito de descubrimiento de secretos, relacionado con el intercambio de información confidencial sobre el estado de la salud de los trabajadores de la empresa de seguridad Alcor, que regenta el monfortino Carlos Somoza.
Mateos explicó a la magistrada en qué consiste su trabajo y negó en todo momento que revelase datos médicos de los trabajadores de Alcor que se encontraban de baja.
Se le preguntó por qué le dijo a Somoza que uno de sus empleados "se encontraba muy tranquilo, él", tal y como se recogen en grabaciones telefónicas realizadas por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional, un cuerpo que se encarga de los fraudes en el sector, contestando Ramón Mateos que la situación de apto o no apto para el servicio no le generaba al empleado "ningún conflicto".
El director de la mutua aseguradora Ibermutuamur sentenció ante la jueza que en ningún momento reveló datos confidenciales ni privados a Carlos Somoza sobre los motivos de la baja de sus empleados al no estar facultado para ello y que en todo momento su labor consistió en velar por el estado de salud de los trabajadores y que no se diesen situaciones de fraude, tales como que el empleado, estando de baja, trabajase en otro lugar.
INVESTIGACIÓN.
La investigación judicial contra la empresa de seguridad privada Alcor, con sede en Monforte, incluye meses de escuchas telefónicas a numeroso personal de la compañía, incluidos los miembros de la dirección. También recoge las declaraciones de varios trabajadores sobre las prácticas irregulares en las que supuestamente incurría Alcor con las horas, contratos y pagos a los empleados que la firma tenía repartidos por todo el territorio nacional en obras pública y en numerosos edificios de ocio, judiciales o educativos, dependientes directamente de diferentes administraciones. El monfortino Carlos Somoza, propietario de Alcor, y varios de sus colaboradores directos están acusados de delitos contra los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y otros más que la jueza que instruye la causa metió en una pieza separada, como el de revelación de secretos que hizo que ayer el director de Ibermutuamur tuviese que comparecer en los juzgados de la ciudad del Cabe.
Otras piezas separadas de este complicado proceso tienen que ver con una supuesta falsedad documental cometida por Carlos Somoza por alterar el libro de medidas de seguridad de Alcor, por un delito de estafa contra A.F. Soler y Yaiza Santana, por simular un contrato de trabajo y también por un presunto alzamiento de bienes contra Carlos Somoza y José Manuel (sin identificar todavía), así como de tráfico de influencias contra Carlos Somoza.
Los sindicatos protestan porque Lugo contrata "empresas pirata" de seguridad
Trabajadores del sector de la seguridad privada, convocados por los sindicatos, se concentraron esta mañana ante el Ayuntamiento de Lugo para protestar por la concesión de la vigilancia de instalaciones municipales a empresas que ellos califican como "pirata".
En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Redondo, de la UGT, explicó que son "empresas pirata" porque "incumplen el convenio estatal de seguridad privada" y se ha referido en concreto al caso de Alcor, que acaba de hacerse con la adjudicación provisional de la vigilancia de siete centros sociales del Ayuntamiento de Lugo.
Se trata de una empresa, sostuvo, que "va trescientos euros por debajo de convenio" en lo que se refiere al salario de sus trabajadores, de modo que "para ellos es muy fácil" hacerse con ese tipo de "licitaciones".
"Esto impide que empresas que sí cumplen el convenio, como Prosegur o Securitas, vengan a esta ciudad" para pujar por los contratos públicos y no lo logren, porque "la competencia en precios es imposible".
En Lugo, recordó, hay empresas "como es Ilunion Seguridad", que incluso tiene "el convenio mejorado", y "se ha presentado, haciendo un esfuerzo", pero "ante empresas de este calibre, con una dirección que está imputada por delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública y contra los trabajadores, es imposible competir".
"Pedimos al Ayuntamiento que esta adjudicación provisional la revoque y, de paso, la siguiente", concluyó.
Interior concede medallas policiales a dos directivos de la empresa que fichó a un comisario
La empresa es Prosegur y el comisario es José Santiago Sánchez Aparicio que tuvo entre sus últimos cometidos investigar el espionaje a Fernández Díaz.
Hoy en la prensa online se vuelve a hablar de las condecoraciones al mérito policial que tanta polémica provocan desde que es ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Y es elindependiente.com el que saca a la luz que se han concedido medallas policiales a dos directivos de la empresa que ha fichado a un comisario”.
Según citado medio online la “Policía Nacional ha condecorado con la medalla al mérito con distintivo blanco a dos directivos de una empresa privada de seguridad (Prosegur) que ha contratado recientemente como director de Relaciones Institucionales a José Santiago Sánchez Aparicio, el mando que se encontraba al frente de la Comisaría General de Policía Judicial cuando se jubiló el pasado mes de julio al cumplir los 65 años.
Recuerda el digital que dirige Casimiro García-Abadillo que eldiario.es informó el pasado 11 de septiembre que José Santiago Sánchez Aparicio -comisario principal desde 2008- se había incorporado a la vuelta del verano a la estructura directiva de Prosegur en calidad de responsable de Relaciones Institucionales, con un sueldo próximo a los 95.000 euros al año, tras jubilarse a mediados de julio.
Y también señala que entre los últimos cometidos de Sánchez Aparicio como comisario general de Policía Judicial figuró la investigación por el espionaje al ministro del Interior, Jorge Fernández, después de que fueran grabadas al menos dos de las reuniones -fechadas el 2 y el 16 de octubre de 2014- que éste mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. Unas cintas fueron difundidas por el diario Público en la recta final de la campaña electoral del 26-J y todavía no se han dado a conocer las conclusiones oficiales sobre quién y cómo las grabó.
Detenidas tres personas por agredir al vigilante y robar en la sede Faurecia (Pontevedra)
Agentes de la Policía Local de O Porriño (Pontevedra) han detenido a tres personas, una de ellas menor de edad, que entraron en la sede de la firma Faurecia en la localidad, en el Polígono Industrial de As Gándaras, y después de agredir al vigilante se llevaron varios objetos.
Según indican fuentes policiales, los arrestos tuvieron lugar sobre las 13.00 horas de ayer, después de que la Guardia Civil requiriese apoyo al ser avisada de que estos sujetos habían entrado en la nave.
Los individuos fueron interceptados en Ponte da Casilla, mientras viajaban en un furgón, y posteriormente detenidos y puestos a disposición de la Guardia Civil.
El vigilante de la empresa, que necesitó asistencia sanitaria tras la agresión, identificó objetos del interior del vehículo como pertenecientes a Faurecia.
El Supremo anula el convenio para los trabajadores regionales de la empresa Grupo Control
El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del Convenio publicado en el BOCAM para los trabajadores de la Comunidad de Madrid de la empresa Grupo Control de Empresa de Seguridad.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el Alto Tribunal desestima un recurso de casación interpuesto por la empresa contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el citado convenio.
La Federación de Servicios de UGT en Madrid interpuso demanda ante el TSJM, contra dicha norma y se solicitaba la nulidad los artículos 18, 22, 41, 41 bis, 45 y 71, por concurrir con el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.
En fecha 18 de mayo de 2015 se dictó sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), estimando la petición del sindicato. Ahora, los magistrados del Alto Tribunal confirman la resolución de instancia.
El fallo confirma que el ámbito de prioridad aplicativa establecido por la Reforma Laboral tiene que ser como mínimo la Empresa y en ningún caso un ámbito inferior a la misma, como sucedía en el presente caso que se aprobó un Convenio para los trabajadores de la Comunidad de Madrid.
En un comunicado, FeS-UGT-Madrid ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo y ha exigdio a la empresa Grupo Control de Empresa de Seguridad la aplicación del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.
Imputados directivos de Ibermutuamur y Alcor por traficar con datos de trabajadores.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos ha imputado a los directivos de las mercantiles Ibermutuamur y Alcor, Ramón M. P. yCarlos S. F., por revelar presuntamente datos de los trabajadores que acudían a la mutua por accidentes laborales o bajas médicas. Varias conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía en el marco de la investigación que sigue el mismo juzgado contra la empresa de seguridad vendrían a poner en evidencia el tráfico de datos personales médicos que mantenían entre los dos directivos.
En concreto, el responsable de Alcor preguntaba a Ramón, delegado de Ibermutuamur en la provincia de Lugo, por vigilantes de seguridad que se daban de baja por diferentes motivos y el ejecutivo de la mutua le detallaba información sobre cada uno de ellos. En una de las conversaciones interceptadas por la Policía, por ejemplo, Ramón le cuenta a Carlos que uno de sus trabajadores había presentado una solicitud de incapacidad, que otra empleada estaba pidiendo la baja para cuidar a su madre y que un vigilante pretende superar la inspección médica para renovar el permiso de armas, extremo que el empresario no quiere que ocurra.
Otro día de junio de 2015, los mismos interlocutores vuelven a hablar. Esta vez abordan el caso de un trabajador que llegó a la mutua con muletas. "¡Con muletas! El hijo puta anda por ahí...", responde Carlos cuando su informador le cuenta la historia. "Hace poco pillamos a uno que le pusimos un seguimiento... te lo comento en petit... en petit comité, que iba con muletas y luego le pillamos corriendo...", asegura Ramón tras la sorpresa del gerente de Alcor. "De juerga por ahí, el cabrón", contesta Carlos antes de explicarle lo que sabe él sobre ese vigilante de seguridad.
"Seguimos a uno con muletas que iba corriendo"
"A ver, te cuento... las muletas de este, por si te sirve de algo, este dice que se cayó en casa... de la bañera; lo llamamos nosotros al día siguiente o a los dos días... que nos trajera el teléfono... y se presentó en el servicio, nos trajo el teléfono, bajó andando del coche, vino tranquilamente andando como tu y yo; eso lo vimos nosotros; lo de las muletas es un paripé como la copa de un pino", revela. "Me lo creo", responde su interlocutor.
Unos días antes, ambos hablan de otro trabajador. Carlos le había pedido a Ramón que le hiciese un seguimiento. "No le hemos localizado, le hemos mandado un burofax, no coge el teléfono ni nada", explica el delegado de Ibermutuamur. "Lo hace a propósito", responde el empresario. "Está citado y no viene a la consulta... no le cogeremos", revela el responsable de la mutua antes de que Carlos le pregunte por otro empleado del que sospecha que "está más sano que tu y que yo". "Dame dos minutos y te llamo; que se mete mi médico en la aplicación", anuncia Ramón.
Casi todas las conversaciones intervenidas por la Policía, de hecho, se centran preguntas que realiza el empresario sobre trabajadores concretos que han pedido la baja o la están tramitando. Ramon "le revela información sobre bajas médicas de empleados que trabajan para Carlos, datos confidenciales y privados sobre los motivos de las bajas", subrayan los investigadores en un escrito presentado ante la titular del Juzgado número 2 de Monforte, María Yanet Puga.
La investigación policial que ha llevado a la imputación del delegado de la mutua y del empresario se enmarca en una de las piezas separadas abiertas por el mencionado juzgado dentro de una instrucción que rastrea casi una decena de delitos vinculados a la mercantil Alcor, responsable de la vigilancia de las obras del AVE Madrid-Galicia o de la Y vasca, entre otros servicios de seguridad vinculados a la construcción. Delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, alzamiento de bienes, falsedad en documento oficial, estafa por simular contratos de trabajo para obtener prestaciones por desempleo y tráfico de influencias se suman a la mencionada revelación de secretos.
Alcor es una de las empresas a las que los sindicatos de seguridad privada denominan mercantiles pirata. Se trata de sociedades que suelen concurrir a los concursos públicos con precios bajos debido a que pagan a sus empleados por debajo de convenio. Algunas tienen procedimientos judiciales abiertos por pagar tarde a sus trabajadores, explotarles haciéndoles trabajar todas las horas del día, incurrir en fraude a la Seguridad Social y Hacienda por maquillar conceptos contables para pagar menos impuestos u otros tipos delictivos.
En concreto, el responsable de Alcor preguntaba a Ramón, delegado de Ibermutuamur en la provincia de Lugo, por vigilantes de seguridad que se daban de baja por diferentes motivos y el ejecutivo de la mutua le detallaba información sobre cada uno de ellos. En una de las conversaciones interceptadas por la Policía, por ejemplo, Ramón le cuenta a Carlos que uno de sus trabajadores había presentado una solicitud de incapacidad, que otra empleada estaba pidiendo la baja para cuidar a su madre y que un vigilante pretende superar la inspección médica para renovar el permiso de armas, extremo que el empresario no quiere que ocurra.
Otro día de junio de 2015, los mismos interlocutores vuelven a hablar. Esta vez abordan el caso de un trabajador que llegó a la mutua con muletas. "¡Con muletas! El hijo puta anda por ahí...", responde Carlos cuando su informador le cuenta la historia. "Hace poco pillamos a uno que le pusimos un seguimiento... te lo comento en petit... en petit comité, que iba con muletas y luego le pillamos corriendo...", asegura Ramón tras la sorpresa del gerente de Alcor. "De juerga por ahí, el cabrón", contesta Carlos antes de explicarle lo que sabe él sobre ese vigilante de seguridad.
"Seguimos a uno con muletas que iba corriendo"
"A ver, te cuento... las muletas de este, por si te sirve de algo, este dice que se cayó en casa... de la bañera; lo llamamos nosotros al día siguiente o a los dos días... que nos trajera el teléfono... y se presentó en el servicio, nos trajo el teléfono, bajó andando del coche, vino tranquilamente andando como tu y yo; eso lo vimos nosotros; lo de las muletas es un paripé como la copa de un pino", revela. "Me lo creo", responde su interlocutor.
Unos días antes, ambos hablan de otro trabajador. Carlos le había pedido a Ramón que le hiciese un seguimiento. "No le hemos localizado, le hemos mandado un burofax, no coge el teléfono ni nada", explica el delegado de Ibermutuamur. "Lo hace a propósito", responde el empresario. "Está citado y no viene a la consulta... no le cogeremos", revela el responsable de la mutua antes de que Carlos le pregunte por otro empleado del que sospecha que "está más sano que tu y que yo". "Dame dos minutos y te llamo; que se mete mi médico en la aplicación", anuncia Ramón.
Casi todas las conversaciones intervenidas por la Policía, de hecho, se centran preguntas que realiza el empresario sobre trabajadores concretos que han pedido la baja o la están tramitando. Ramon "le revela información sobre bajas médicas de empleados que trabajan para Carlos, datos confidenciales y privados sobre los motivos de las bajas", subrayan los investigadores en un escrito presentado ante la titular del Juzgado número 2 de Monforte, María Yanet Puga.
La investigación policial que ha llevado a la imputación del delegado de la mutua y del empresario se enmarca en una de las piezas separadas abiertas por el mencionado juzgado dentro de una instrucción que rastrea casi una decena de delitos vinculados a la mercantil Alcor, responsable de la vigilancia de las obras del AVE Madrid-Galicia o de la Y vasca, entre otros servicios de seguridad vinculados a la construcción. Delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, alzamiento de bienes, falsedad en documento oficial, estafa por simular contratos de trabajo para obtener prestaciones por desempleo y tráfico de influencias se suman a la mencionada revelación de secretos.
Alcor es una de las empresas a las que los sindicatos de seguridad privada denominan mercantiles pirata. Se trata de sociedades que suelen concurrir a los concursos públicos con precios bajos debido a que pagan a sus empleados por debajo de convenio. Algunas tienen procedimientos judiciales abiertos por pagar tarde a sus trabajadores, explotarles haciéndoles trabajar todas las horas del día, incurrir en fraude a la Seguridad Social y Hacienda por maquillar conceptos contables para pagar menos impuestos u otros tipos delictivos.
El 'capo' de la seguridad canaria intenta burlar a Carmena para pagar salarios basura
Pide ceder un contrato que tiene adjudicado a otra empresa vinculada a él. Los vigilantes pasarían así de cobrar 726 a 660 euros al mes. El Ayuntamiento intentará impedirlo.
Artimaña legal para pagar menos y ganar más. El pasado 21 de septiembre, la empresa Marsegur Seguridad Privada, propiedad del polémico empresario Miguel Ángel Ramírez (presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y más conocido como el ‘capo de la seguridad canaria’), comunicaba al Ayuntamiento de Madrid que tiene “la intención de acogerse al derecho que le otorga la legislación vigente” para ceder el contrato que tiene firmado con el Consistorio de la capital a otra empresa, Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
Esta segunda empresa también está vinculada a Ramírez. Los sindicatos la consideran su marca blanca (la principal accionista de Sinergias fue apoderada de Marsegur). El Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) ha acudido al Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena para denunciar que esta cesión del contrato persigue burlar a la Administración para pagar aún menos a los trabajadores. Marsegur ganó el contrato para proteger los más de 30 edificios que dependen de Madrid Salud, un organismo del Ayuntamiento que, desde su creación en 2005, gestiona las políticas municipales en materia de salud y drogodependencias. Un contrato valorado en 954.048 euros que adjudicó en 2014 la anterior Corporación de Ana Botella y que vence este año, el 31 de diciembre de 2016.
El Ayuntamiento licitó el mes pasado un nuevo contrato para renovarlo, a pesar de que el objetivo de la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia que dirige Javier Barbero es ahorrar e intentar no renovar el mayor número de contratos posibles y sustituir la vigilancia privada por los policías municipales más veteranos, aquellos que tienen 55 años o más y no realizan funciones operativas. El consistorio tiene suscritos contratos de seguridad con 17 empresas privadas que suponen un coste de 26 millones de euros. Con Marsegur, por ejemplo, hay adjudicaciones por valor de cinco millones de euros.
"Esta empresa ha basado su enriquecimiento en aplicar un convenio de empresa tumbado ya por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dentro de poco por el Tribunal Supremo, que hace decaer en más de un 30% el salario de sus trabajadores. Ahora quiere ceder la subcontratación a otra empresa con supuestas conexiones mercantiles y que aún tiene los salarios más bajos, quedando muy cerca del salario mínimo interprofesional", señala STS en el escrito que entregaron a Carmena el pasado 28 de septiembre. Los trabajadores piden al Consistorio que mire con lupa la cesión que quiere hacer Marsegur antes de autorizarla.
En principio, la ley permite a Marsegur la cesión del contrato. Esta empresa firmó su propio convenio al margen del que tiene el sector. Su duración es inusual, 10 años, y establece una congelación salarial durante los tres primeros años de vigencia. Los vigilantes de Marsegur cobran, según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial,un sueldo base de 726 euros brutos mensuales. Si el Ayuntamiento autoriza la cesión, la vigilancia de los edificios de Madrid Salud la harán los trabajadores de Sinergias por 660 euros. El salario base en el convenio sectorial es de 908,24 euros. El plus de nocturnidad en Marsegur es de 10 céntimos la hora, mientras que en Sinergias se reduce a seis céntimos la hora, 18 veces menos que el convenio.
Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha explicado a este diario que en principio la ley ampara esta cesión pero la concejalía ha encargado varios estudios jurídicos para intentar impedir la subcontratación, mantener el contrato actual y proteger a los trabajadores. Como ya publicó El Confidencial, trabajadores de Sinergias que prestan servicios en edificios de la Comunidad de Madrid ya convocaron una huelga este verano por sus malas condiciones laborales.
Agrede al vigilante de seguridad que le sorprendió robando comida en Huelva
La Policía Nacional ha detenido en Huelva a un varón de 55 años de edad, identificado como C.S.P. y con diversos antecedentes policiales, como presunto autor de un robo con violencia en un establecimiento de alimentación de la capital.
Según informa la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, la actuaciónse inició tras recibir aviso de que un vigilante de seguridad privada de un establecimiento de alimentación, situado en la avenida de las Fuerzas Armadas, se encontraba forcejeando en el suelo con un individuo.
A su llegada, la dotación policial observó en los aparcamientos del establecimiento que el vigilante se encontraba tirado en el suelo junto a otra persona que mostraba «gran agresividad», por lo que los agentes intervinieron para controlar la situación.
El vigilante manifestó a los funcionarios de policía que tuvo que actuar tras observar a través de las cámaras de seguridad del comercio como una persona se introducía diversos artículos de alimentación en una bolsa, abandonado el lugar sin abonarlos y a la carrera, por lo que decidió salir corriendo tras él y retenerle, recibiendo en el forcejeo dos puñetazos en el rostro.
Vigilantes ‘low cost’ en los atuneros del Índico.
Queja formal en el Congreso por la contratación de agentes sin cursos necesarios, exámenes psicológicos y personal extranjero.
El PSOE pide al Ministerio del Interior en el Congreso que ponga en marcha una serie de inspecciones generalizadas, tras detectarse irregularidades en la prestación de servicio de los vigilantes de seguridad que protegen a los atuneros en el Océano Índico.
Un curso de doce horas bastó para que el ex militar Juan José Vera obtuviese la capacitación para trabajar como vigilante de seguridad a bordo de uno de los atuneros que faenan en el Índico.
Ni entrenamientos con armas largas ni siquiera un test psicológico. Durante su estancia a bordo del atunero Txori Gorri, Vera disparó su arma contra el jefe de seguridad y posteriormente se suicidó.
Aquel hecho puso de relieve la precaria situación en la que se encuentran los vigilantes de seguridad embarcados en los buques pesqueros en esa complicada zona del mundo, donde la piratería ha ido paulatinamente disminuyendo hasta desaparecer.
El Partido Socialista acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley de Medidas Urgentes en relación con la prestación del servicio de seguridad privada en los barcos atuneros que faenan en el Índico. Su objetivo es que sea debatida en la Comisión de Interior.
El portavoz socialista en esta materia, Antonio Trevín, firma esta petición en la que se insta al Ministerio del Interior a aplicar unas normas de control e inspecciones profundas entre las empresas que actualmente mantienen a vigilantes privados embarcados en el Índico.
Según asegura el PSOE, no se están cumpliendo los requisitos técnicos a la hora de habilitar las embarcaciones con armeros adecuados, y no se está dando la formación obligatoria al personal cualificado que debe realizar dichas tareas de vigilancia.
Apunta en su propuesta que “los estándares de exigencia profesional” se han rebajado sustancialmente, por lo que ha permitido “recabar profesionales que prestan estos servicios con una reducción sustancial de sus retribuciones”.
Además, aseguran, según denuncian colectivos relacionados con la seguridad privada “se están contratando a personas de terceros países que no tiene reconocida la habilitación para prestar dichos servicios, ni cotizan a la Seguridad Social ni al fisco español por IRPF”.
Revista seguridad privada, información de interés, Septiembre 2016.
Os mando para vuestra información e interés el archivo adjunto.
"Revista de seguridad e información"
La facturación de la seguridad privada en España repuntó un 3,2 % en 2015.
El sector de la seguridad privada en España facturó 3.980 millones de euros en 2015, un 3,2 % más que el año anterior, debido al "mejor comportamiento" de la contratación pública y al repunte del consumo de los hogares, según un informe sectorial publicado hoy por la consultora DBK.
El incremento de la cifra de negocio en 2015 contrasta con la caída del 0,5 % de la facturación del sector en 2014, lo que para la consultora supone un "inicio de cambio de tendencia", tras acumular varios ejercicios de fuertes caídas desde el estallido de la crisis, en especial en la división de vigilancia.
La consultora prevé que el sector mantenga una tendencia de "moderado crecimiento" en los próximos dos años, con una tasa de variación media anual en el entorno del 3 %, por lo que el mercado podría llegar a facturar 4.115 millones de euros en 2017.
Por áreas de actividad, la vigilancia se situó como la división de mayor negocio, hasta alcanzar los 2.445 millones (un 3,2 % superior a 2014), seguido de la instalación, mantenimiento y conexión de sistemas de seguridad (1.150 millones y un 3,4 % más) y el transporte de fondos (295 millones y un 2,4 % más).
El repunte del sector de vigilancia, que acumula una cuota del 62,8 % del mercado total, contrasta con la tendencia negativa que se vivió en el periodo 2009-2014, en el que se llegaron a registrar descensos de hasta el 8,05 % en 2012, el mayor de todo el periodo, según la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).
A cierre de 2015, en España operaban 1.543 empresas de seguridad en las que trabajaban un total de 239.095 vigilantes, aunque los cinco operadores líderes concentraron el 53,7 % del mercado.
Cae la mujer del 'capo' de Esabe tras 4 años huida y la jueza la libera: no ve riesgo de fuga
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en La Línea de la Concepción (Cádiz) a Pilar García de la Torre, en busca y captura desde diciembre de 2012, cuando el Juzgado número 37 de Madrid ordenó su detención y la de su marido, Juan José Prados, propietario del grupo de seguridad Esabe. El matrimonio huyó de España un día antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de una decena de personas de la cúpula directiva de la mercantil y al desmantelamiento de la sociedad.
Durante estos últimos casi cuatro años, la Policía ha buscado a Prados y a su mujer por donde ha podido, pero siempre con la limitación de la paralización del proceso judicial en el mencionado Juzgado 37 de Madrid, que aún hoy no ha podido siquiera escanear los cientos de miles de folios de que consta la causa, a pesar de haber reclamado medios para hacerlo a la administración de justicia. Tras la detención de García de la Torre ayer, el juzgado de guardia de La Línea contactó con el 37 de Madrid, que instruye la investigación.
Este último remitió un cuestionario al juzgado de La Línea para que contestara García de la Torre y esta lo rellenó en el momento. Tras enviar las respuestas a Madrid, la titular del 37, Purificación Elisa Romero Paredes, ordenó la puesta en libertad de la detenida. Fuentes policiales explican que desde 2012 no se ha localizado a la mujer porque no se encontraba en su domicilio habitual ni se conocía dónde estaba.
Casi cuatro años después de que la Policía detuviera a la cúpula de la empresa de seguridad Esabe en 2012, las pesquisas judiciales apenas han avanzado. Las dos furgonetas llenas hasta arriba de documentación que los investigadores recopilaron en las oficinas y domicilios de los imputados, entre los que se encontraba el presidente de la sociedad, Prados, y su mujer, García de la Torre, siguen cogiendo polvo en los juzgados de plaza de Castilla (Madrid).
La magistrada que instruye la causa se ha quejado en repetidas ocasiones de la falta de medios materiales que tiene el juzgado para escanear los 250.000 folios que componen el procedimiento, almacenado en más de medio centenar de cajas. Tras las reiteradas protestas de la titular del juzgado, por fin la Administración puso a su disposición un escáner. Sin embargo, aún hoy no han sido digitalizados los miles de folios que componen la causa.
Prados continúa en paradero desconocido desde que se fugó de su domicilio pocos días antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de toda la cúpula directiva de Esabe en diciembre de 2012. A pesar de estar en busca y captura, curiosamente Prados tiene una representación legal. Su abogado se persona en los juzgados con toda normalidad y ejerce la defensa del imputado sin que nadie le pregunte dónde está su cliente.
Es la misma paradoja que ha rodeado a la reciente detención de su esposa. Tras ser puesta en libertad por el juzgado de guardia de La Línea, la mujer cruzó la verja ypasó a Gibraltar, donde fuentes de la investigación aseguran que tenía amarrado su yate Prados. El desaparecido podría estar viviendo con García de la Torre en el barco y yendo de puerto en puerto. Las mismas fuentes echan de menos que el Juzgado 37 de Madrid hubiera remitido una comisión rogatoria al Reino Unido para reclamar la detención del imputado.
La cúpula de Esabe fue detenida en diciembre de 2012 por los delitos dealzamiento de bienes, insolvencia punible, delitos contra la Seguridad Social y contra los trabajadores y falsedad documental. La operación conllevó la imputación de una docena de personas, de las que la Policía únicamente pudo detener a 10, ya que ni el propietario ni su mujer se encontraban en su domicilio el día de las detenciones. Ambos habían huido casualmente pocas horas antes.
Un vigilante frustra el robo a una pareja en plena calle en Marbella y facilita la detención del asaltante
Evitó el robo a una pareja que paseaba por Puerto Banús y además facilitó a la Policía Local a la detención del asaltante. Un vigilante privado de una empresa de seguridad de Marbella se convertía en la madrugada de ayer viernes en el ángel de la guarda de una pareja de ciudadanos británicos que fueron asaltados cuanto se encontraban en la avenida José Banús.
Faltaban diez minutos para la una y media de la madrugada cuando el vigilante de la empresa Malaca, que se encontraba de servicio en la zona lograba reducir a un hombre de 33 años y de nacionalidad belga que había intentado arrebatar el teléfono móvil a una chica, que se encontraba en compañía de un varón, en plena calle. Según ha podido confirmar este periódico, la fuerte resistencia que mostraron las víctimas impidió al ladrón llevarse el teléfono, aunque sí terminó quitándole al hombre un reloj marca Rolex (que resultó ser de imitación) tras tirar a la víctima al suelo de un empujón para emprender posteriormente la huida a la carrera.
Fue en el ese momento cuando el vigilante que se encontraba prestando servicios por la zona, tras observar lo ocurrido, consiguió dar alcance al hombre reduciéndolo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local que terminó deteniendo al asaltante por un presunto delito de robo con violencia.
Debido a la resistencia que mostraba el detenido y por el forcejeo en su intento de huida, presentaba una herida sangrante en la cabeza, mientras que el vigilante resultó con lesiones en el codo. Tras ser atendidos en el centro de salud de San Pedro Alcántara, se determinaron que ambas heridas eran de carácter leve.
El ladrón fue trasladado a la comisaría de la Policía Local de Marbella para la realización de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial. El vigilante fue llamado a declarar.
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