El portavoz del gobierno local de Lugo, Miguel Fernández, aseguró este jueves que el Ayuntamiento, salvo que medie "una sentencia judicial", no tiene capacidad legal para "excluir" a nadie de los procesos de contratación para la prestación de servicios públicos, en referencia a la situación que se ha creado con una nueva concesión municipal a la empresa Alcor.
Trabajadores del sector de la seguridad privada se concentraron esta semana ante el consistorio para protestar por la concesión de la vigilancia en los centros sociales de la ciudad a una empresa que califican como "pirata". En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Redondo, de la UGT, explicó que se trata de una empresa que "va trescientos euros por debajo de convenio" en lo que se refiere al salario de sus trabajadores, de modo que "para ellos es muy fácil" hacerse con ese tipo de "licitaciones".
Fernández aseguró que en este nuevo contrato el Ayuntamiento de Lugo ha introducido "cláusulas sociales" y permanecerá "vigilante" para que se cumplan, pero también aclaró que "a priori" no se puede prohibir la participación de esa empresa en los concursos públicos. "Se trata de cumplir la normativa", insistió, y "todas las empresas, salvo que un juez las excluya mediante sentencia, tiene los mismos derechos".
El BNG pide al gobierno local que controle el cumplimiento del contrato con Alcor
El Grupo Municipal del BNG ha pedido este jueves al gobierno local que controle si las empresas que trabajan como adjudicatarias para el Concello de Lugo cumplen sus obligaciones con las plantillas de trabajadores.
El portavoz nacionalista, Rubén Arroxo, ha anunciado que pedirán al gobierno local que reclame a la empresa Alcor un informe sobre eltiempo que trabaja cada empleado y el número de horas extra que les abona.
Los nacionalistas se han echo eco de las reclamaciones de los trabajadores, que se concentraron este martes ante el Concello, para denunciar que el gobierno local no está haciendo un seguimiento del cumplimiento de las cláusulas sociales que incluye en los contratos con empresas externas.
Representantes sindicales se concentraron este martes ante el Concello de Lugo para pedir al gobierno local que revoque la adjudicación de la seguridad privada de los siete centros sociales municipales a la empresa Alcor para iniciar un nuevo proceso de licitación.
El portavoz de UGT Juan Redondo explicó que Alcor paga a sus trabajadores trescientos euros por debajo de lo señalado en el convenio estatal de seguridad privada. Esto facilita que sus propuestas económicas en los procesos de adjudicación de contratos públicos sean mejores para las arcas municipales, aunque no para los trabajadores.
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