Un grupo de trabajadores de la seguridad privada se concentraron este martes frente al concello de Lugo para protestar contra la adjudicación de la vigilancia de centros socioculturales a la empresa Alcor, investigada por supuestas prácticas irregulares relacionadas con horas, contratos y pagos a los trabajadores.
Esta protesta se celebra un día después de que compareciera ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Monforte Ramón Mateos, director de la mutua aseguradora Ibermutuamur. El directivo declaró por un supuesto delito de descubrimiento de secretos, relacionado con el intercambio de información confidencial sobre el estado de la salud de los trabajadores de la empresa de seguridad Alcor, que regenta el monfortino Carlos Somoza.
Mateos explicó a la magistrada en qué consiste su trabajo y negó en todo momento que revelase datos médicos de los trabajadores de Alcor que se encontraban de baja.
Se le preguntó por qué le dijo a Somoza que uno de sus empleados "se encontraba muy tranquilo, él", tal y como se recogen en grabaciones telefónicas realizadas por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional, un cuerpo que se encarga de los fraudes en el sector, contestando Ramón Mateos que la situación de apto o no apto para el servicio no le generaba al empleado "ningún conflicto".
El director de la mutua aseguradora Ibermutuamur sentenció ante la jueza que en ningún momento reveló datos confidenciales ni privados a Carlos Somoza sobre los motivos de la baja de sus empleados al no estar facultado para ello y que en todo momento su labor consistió en velar por el estado de salud de los trabajadores y que no se diesen situaciones de fraude, tales como que el empleado, estando de baja, trabajase en otro lugar.
INVESTIGACIÓN.
La investigación judicial contra la empresa de seguridad privada Alcor, con sede en Monforte, incluye meses de escuchas telefónicas a numeroso personal de la compañía, incluidos los miembros de la dirección. También recoge las declaraciones de varios trabajadores sobre las prácticas irregulares en las que supuestamente incurría Alcor con las horas, contratos y pagos a los empleados que la firma tenía repartidos por todo el territorio nacional en obras pública y en numerosos edificios de ocio, judiciales o educativos, dependientes directamente de diferentes administraciones. El monfortino Carlos Somoza, propietario de Alcor, y varios de sus colaboradores directos están acusados de delitos contra los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y otros más que la jueza que instruye la causa metió en una pieza separada, como el de revelación de secretos que hizo que ayer el director de Ibermutuamur tuviese que comparecer en los juzgados de la ciudad del Cabe.
Otras piezas separadas de este complicado proceso tienen que ver con una supuesta falsedad documental cometida por Carlos Somoza por alterar el libro de medidas de seguridad de Alcor, por un delito de estafa contra A.F. Soler y Yaiza Santana, por simular un contrato de trabajo y también por un presunto alzamiento de bienes contra Carlos Somoza y José Manuel (sin identificar todavía), así como de tráfico de influencias contra Carlos Somoza.
Los sindicatos protestan porque Lugo contrata "empresas pirata" de seguridad
Trabajadores del sector de la seguridad privada, convocados por los sindicatos, se concentraron esta mañana ante el Ayuntamiento de Lugo para protestar por la concesión de la vigilancia de instalaciones municipales a empresas que ellos califican como "pirata".
En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Redondo, de la UGT, explicó que son "empresas pirata" porque "incumplen el convenio estatal de seguridad privada" y se ha referido en concreto al caso de Alcor, que acaba de hacerse con la adjudicación provisional de la vigilancia de siete centros sociales del Ayuntamiento de Lugo.
Se trata de una empresa, sostuvo, que "va trescientos euros por debajo de convenio" en lo que se refiere al salario de sus trabajadores, de modo que "para ellos es muy fácil" hacerse con ese tipo de "licitaciones".
"Esto impide que empresas que sí cumplen el convenio, como Prosegur o Securitas, vengan a esta ciudad" para pujar por los contratos públicos y no lo logren, porque "la competencia en precios es imposible".
En Lugo, recordó, hay empresas "como es Ilunion Seguridad", que incluso tiene "el convenio mejorado", y "se ha presentado, haciendo un esfuerzo", pero "ante empresas de este calibre, con una dirección que está imputada por delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública y contra los trabajadores, es imposible competir".
"Pedimos al Ayuntamiento que esta adjudicación provisional la revoque y, de paso, la siguiente", concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario