En concreto, el responsable de Alcor preguntaba a Ramón, delegado de Ibermutuamur en la provincia de Lugo, por vigilantes de seguridad que se daban de baja por diferentes motivos y el ejecutivo de la mutua le detallaba información sobre cada uno de ellos. En una de las conversaciones interceptadas por la Policía, por ejemplo, Ramón le cuenta a Carlos que uno de sus trabajadores había presentado una solicitud de incapacidad, que otra empleada estaba pidiendo la baja para cuidar a su madre y que un vigilante pretende superar la inspección médica para renovar el permiso de armas, extremo que el empresario no quiere que ocurra.
Otro día de junio de 2015, los mismos interlocutores vuelven a hablar. Esta vez abordan el caso de un trabajador que llegó a la mutua con muletas. "¡Con muletas! El hijo puta anda por ahí...", responde Carlos cuando su informador le cuenta la historia. "Hace poco pillamos a uno que le pusimos un seguimiento... te lo comento en petit... en petit comité, que iba con muletas y luego le pillamos corriendo...", asegura Ramón tras la sorpresa del gerente de Alcor. "De juerga por ahí, el cabrón", contesta Carlos antes de explicarle lo que sabe él sobre ese vigilante de seguridad.
"Seguimos a uno con muletas que iba corriendo"
"A ver, te cuento... las muletas de este, por si te sirve de algo, este dice que se cayó en casa... de la bañera; lo llamamos nosotros al día siguiente o a los dos días... que nos trajera el teléfono... y se presentó en el servicio, nos trajo el teléfono, bajó andando del coche, vino tranquilamente andando como tu y yo; eso lo vimos nosotros; lo de las muletas es un paripé como la copa de un pino", revela. "Me lo creo", responde su interlocutor.
Unos días antes, ambos hablan de otro trabajador. Carlos le había pedido a Ramón que le hiciese un seguimiento. "No le hemos localizado, le hemos mandado un burofax, no coge el teléfono ni nada", explica el delegado de Ibermutuamur. "Lo hace a propósito", responde el empresario. "Está citado y no viene a la consulta... no le cogeremos", revela el responsable de la mutua antes de que Carlos le pregunte por otro empleado del que sospecha que "está más sano que tu y que yo". "Dame dos minutos y te llamo; que se mete mi médico en la aplicación", anuncia Ramón.
Casi todas las conversaciones intervenidas por la Policía, de hecho, se centran preguntas que realiza el empresario sobre trabajadores concretos que han pedido la baja o la están tramitando. Ramon "le revela información sobre bajas médicas de empleados que trabajan para Carlos, datos confidenciales y privados sobre los motivos de las bajas", subrayan los investigadores en un escrito presentado ante la titular del Juzgado número 2 de Monforte, María Yanet Puga.
La investigación policial que ha llevado a la imputación del delegado de la mutua y del empresario se enmarca en una de las piezas separadas abiertas por el mencionado juzgado dentro de una instrucción que rastrea casi una decena de delitos vinculados a la mercantil Alcor, responsable de la vigilancia de las obras del AVE Madrid-Galicia o de la Y vasca, entre otros servicios de seguridad vinculados a la construcción. Delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, alzamiento de bienes, falsedad en documento oficial, estafa por simular contratos de trabajo para obtener prestaciones por desempleo y tráfico de influencias se suman a la mencionada revelación de secretos.
Alcor es una de las empresas a las que los sindicatos de seguridad privada denominan mercantiles pirata. Se trata de sociedades que suelen concurrir a los concursos públicos con precios bajos debido a que pagan a sus empleados por debajo de convenio. Algunas tienen procedimientos judiciales abiertos por pagar tarde a sus trabajadores, explotarles haciéndoles trabajar todas las horas del día, incurrir en fraude a la Seguridad Social y Hacienda por maquillar conceptos contables para pagar menos impuestos u otros tipos delictivos.
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