La nueva de Ley de Seguridad Privada promovida por el Ministerio del Interior ha entrado recientemente en vigor y ha supuesto varios cambios en la prestación de servicios de vigilancia privada. Afectando muchos de estos cambios a las competencias de los guardias civiles. El Gobierno ha conseguido para las empresas privadas multiplicar, en la mayoría de los supuestos, las competencias de la seguridad privada. Los vigilantes no sólo podrán realizar labores que hasta ahora únicamente tenían encomendadas los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad, sino que también podrán actuar en más espacios y, por tanto, aumentar sus oportunidades de negocio, como por ejemplo en los centros penitenciarios, donde hasta ahora todas las competencias de seguridad eran ejercidas por las FFCCSE, principalmente por la Guardia Civil.
Qué opinión le merece a AUGC la nueva ley de seguridad privada?
Desde que el gobierno anunció la privatización de la seguridad de las Prisiones AUGC no sólo mostró su rechazo frontal a esta medida del ejecutivo, sino que también alertó del riesgo que se corría de extender la privatización a todo el ámbito de la seguridad ciudadana, que recordemos la Constitución dice que es competencia de las FFCCSE.
Y como AUGC dijo en su momento la aprobación de la Ley de Seguridad Privada ha venido a darnos la razón. Una ley que otorga a los vigilantes privados una serie de competencias que antes eran exclusiva de las FFCCSE. Atribuciones que a nuestro juicio estos trabajadores van a tener sin haber recibido la formación adecuada. Mientras nosotros, policías profesionales, estamos formándonos nueve meses, más otro año en prácticas, los vigilantes privados solventan el trámite con cursos intensivos que no suelen llegar a las 300 horas lectivas.
La llegada de los vigilantes a los centros penitenciarios y la reforma de la Ley de Seguridad Privada llevó a nuestra Organización a mantener, durante los meses previos a su debate y aprobación en las Cortes, una ingente actividad denunciándolo públicamente, reuniéndonos con los grupos parlamentarios, emitiendo informes técnicos exhaustivos para conseguir que se introdujeran varias enmiendas a la nueva Ley de Seguridad Privada. Pero la mayoría absoluta del PP y la connivencia interesada de CIU han sacado adelante una ley que viene a crear en la práctica una ‘policía privada’, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la Seguridad Pública y Ciudadana en un espacio de negocio privado.
Solo por citar un ejemplo de lo que va a suponer para las arcas estatales este cambio en el servicio público de seguridad, podemos decir que el año experimental llevado a cabo en 21 de los 67 centros penitenciarios ha supuesto una inversión de 7 millones de euros. Extenderlo al resto de prisiones supondrá una inversión pública de más de 33 millones, de los que sólo una pequeña parte irá destinada a las exiguas retribuciones de los vigilantes de seguridad privada.
Una inversión que han tratado de justificar haciéndonos creer que de esta forma se dará trabajo a aquellos que durante años se han dedicado a salvaguardar la vida de cargos públicos amenazados por ETA. Pero la realidad es muy distinta y son pocos los vigilantes beneficiados que vienen de prestar estos servicios.
Aspectos negativos, puntos que se echan de menos
Como hemos señalado anteriormente, AUGC desde el principio se ha posicionado en contra de esta reforma. Es verdad que los trabajadores de la Seguridad Privada necesitaban una cobertura legal en algunos de sus cometidos, pero, con la reforma que se ha llevado a cabo el gobierno lo que ha hecho es poner las bases para comenzar el desmantelamiento de un bien público: el de la seguridad. Y no lo dice AUGC, lo dice la Constitución al otorgar a las FFCCSE las competencias en esta materia.
Para AUGC este desmantelamiento de la “seguridad pública” se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas que afectan a este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles. Consideramos que se ha acometido una privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo policial que supere el patrón arcaico con el que nos movemos en la actualidad. Un modelo que es altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Por lo que AUGC considera prioritario afrontar ese nuevo modelo policial en el que se contemple la unificación de ambos cuerpos, ya que se abaratarían costes y además se mejoraría la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
Una duplicidad que ahora también se dará, por ejemplo en la seguridad de las prisiones. Un nuevo derroche económico en tiempos de recortes. Tampoco pueden escudarse, como también han hecho, en la falta de personal por la falta de oferta de empleo público. En la actualidad solo haciendo labores ajenas a la seguridad (jardineros, peluqueros, fontaneros, electricistas…) hay más de 2000 guardias civiles. Pero no sólo se despilfarra personal en estas tareas, en oficinas también hay destinados cerca de 10.000 agentes ejerciendo unas labores, que en muchos casos, podrían llevar a cabo funcionarios civiles de carrera.
He dejado para el final, el coste personal, precisamente por ser para AUGC el más importante. La decisión del gobierno de “santificar” en la Ley de Seguridad Privada el otorgar la competencias de seguridad en los centros penitenciarios a los vigilantes privados (recordemos que ha ampliado la competencia también al perímetro fronterizo) tendrá unas repercusiones personales en los agentes hasta ahora destinados en estos centros, porque a día de hoy aún no está claro que ocurrirá con ellos, si podrán continuar todos realizando en los centros penitenciarios otros cometidos o tendrán que pedir nuevos destinos. Y esto último no sólo les afectaría a ellos, sino también a sus familias muchas de ella arraigadas ya en los municipios próximos y que de la noche a la mañana verían cambiadas sus vidas.
Qué aspectos positivos veis en la nueva ley y que consideraseis que eran necesarios y están incluidos
La nueva Ley de Seguridad Privada no sólo afecta a la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, también toca aspectos están relacionados con la labor que desarrollan los compañeros y compañeras del SEPRONA. La mayor afección está en al artículo 34 Guardas Rurales y sus Especialidades, un artículo que reconoce a estos trabajadores funciones que ya venían desarrollando en diversos espacios geográficos. Cometidos que cumplían y cumplen labores disuasorias y de control y que al mismo tiempo están íntimamente ligadas al servicio que desarrolla la Guardia Civil a través del SEPRONA.
Ahora bien, aun siendo positivo que en la reforma se reconozca la labor que estos guardas Rurales ya ejercían, consideramos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana. Creemos que los Guardas Particulares de Campo y la Guardia Civil a través de diversos protocolos y acuerdos de colaboración deben de potenciar el intercambio de informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, con la finalidad de contribuir a mejorar la lucha contra la delincuencia dentro de los lugares donde ambas prestan sus servicios.
Con la finalidad de integrar los servicios y potenciar las capacidades en beneficio de la seguridad ciudadana, primero el Plan General de Colaboración con el Sector de la Seguridad Privada de 2005 y, después, en el Programa Coopera puesto en marcha por la Guardia Civil en 2010, han tratado de establecer las pautas de un modelo de relación entre la Guardia Civil y las Empresas y Departamentos de Seguridad. Pero, lamentándolo, día de hoy por todos es conocido, que dicha iniciativa, si bien como fundamento de estrategia es necesaria y correcta, no se ha desarrollado universalmente al conjunto de las unidades operativas. Además, territorialmente hay unas grandes divergencias en cuanto a su implantación, funcionamiento y explotación.
Centrémonos en las competencias que ahora van a tener las empresas de seguridad en los centros penitenciarios, Madrid no participó en el plan piloto, por lo que es ahora cuando se encargará por primera vez de la seguridad de sus siete cárceles empresas del sector. En qué medida se van a ver afectados los compañeros allí destinados?
La experiencia piloto llevada a cabo por el Ministerio del Interior en 21 centros penitenciarios durante el último año nos aporta muy poca referencia por el momento. Para ser más exactos estamos como al principio, cuando AUGC interrogó en una reunión del Consejo al Director General por la sustitución de agentes de la guardia civil por seguridad privada en las cárceles. En aquel momento se nos negó y, cuando por fin lo reconocieron, se comprometieron a mantenernos informados de todos los movimientos que se llevaran a cabo. Pero a fecha de hoy seguimos sin saber exactamente cómo va a afectar esta privatización. Todo lo que hay son especulaciones y rumores. En las que el sistema ya estaba implantado este último año ningún compañero fue “movido” de su puesto de trabajo, lo que no quiere decir que ahora ocurra lo mismo. Lo que sí ha detectado AUGC es que las bajas registradas estos últimos meses en los centros penitenciarios no se han sido publicadas como vacantes.
De todas formas en Madrid ya contábamos con que la privatización era un hecho, por eso, hace ya varias semanas, se solicitó al General de la Zona, General de Brigada Arranz Villafruela, una reunión (de la que informamos más adelante) para hacerle llegar, entre otros asuntos, la preocupación que ahora tienen los guardias civiles encargados de la seguridad en la prisiones madrileñas y sus familias. Porque no podemos olvidar que los afectados por esta privatización tienen a sus espaldas unas responsabilidades familiares.
Además, la comisión nacional de AUGC de SEPROSE también está elaborando un informe detallado del número de agentes, funcionamiento de los centros, si en ellos los agentes realizan las conducciones y los traslados de presos y número de personal dedicado a ello, etc. Con este informe los representantes de AUGC se reunirán con el Director General de la Guardia Civil para “negociar” el futuro de estos compañeros. Porque, como dejaron bien claro nuestros representantes en el Consejo hace ya casi dos años, AUGC va a velar porque ninguno de ellos se vea perjudicado laboral y familiarmente por esta decisión política.
¿Existe algún punto que debería cambiarse ya sea por falta de veracidad, lógica, o por imposible cumplimiento?
Partiendo de la premisa que no estamos de acuerdo con la reforma planteada, consideramos importante que se subsanen cuanto antes las dudas constitucionales que plantean alguna de las competencias otorgadas a los vigilantes de seguridad. Competencias que, como hemos dicho, eran exclusivas de los CCFFSE, como dicta la Constitución Española.
