LOS DERECHOS SOCIALES PERDIDOS

El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas. Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático. Veámoslas detenidamente.

 1) Debilitamiento de la protección social a las personas desempleadas

Las principales medidas de este primer tipo son las siguientes. Se rebajan diez puntos porcentuales (del 60% al 50% de las bases de cotización) el importe de la prestación contributiva que se cobra a partir del séptimo mes de desempleo (se mantiene el 70% los primeros seis meses); puede afectar a cerca un millón del total de 1,3 millones que reciben prestaciones contributivas. 2,8 millones de españoles permanecen sin ningún tipo de protección públicaSe elimina el subsidio no contributivo de los mayores de 52 años y hasta la edad de 55 años en que se fija ahora el derecho, siendo obligatoria su finalización a la primera edad posible de jubilación; del total de 1,3 millones que perciben este subsidio asistencial se ven perjudicados unos 300.000. Igualmente, se restringe el acceso a la renta activa de inserción que durante seis meses percibían las personas desempleados mayores de 45 años, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 641 euros, introduciendo mayores exigencias de búsqueda de empleo y eliminando a los desempleados inscritos pero sin haber conseguido previamente derechos contributivos; afecta a unas 650.000 personas. El tope de la indemnización del FOGASA, para personas despedidas de empresas insolventes, desciende un 20% (de 150 días a 120) y el máximo del importe pasa de tres veces y media el SMI mensual (2.243 euros) a dos veces (1.282 euros), es decir, se recorta el 42%. Así mismo, se amplían las exigencias de ‘búsqueda activa de empleo' o reinserción laboral, así como los controles y las capacidades sancionadoras de la administración para poder expulsar beneficiarios de estas prestaciones, sólo con ‘indicios' de fraude o sin aportar todos los requisitos y documentos que demuestren la mejora de su empleabilidad. A todo ello hay que añadir el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el beneficiario de la prestación contributiva, que antes financiaba el INEM, con lo que su retribución neta se reduce un 3,4%. Hasta el año 2014, solamente la reducción del gasto en protección contributiva al desempleo se calcula en cerca de 14 mil millones de euros.
Por otro lado, el decreto-ley aprobado el 24 de agosto sobre la renovación el plan PREPARA aprueba dos medidas contradictorias, una mejora parcial y un recorte significativo. Desde hace dos años, una media de 200.000 personas desempleadas que agotaban la prestación contributiva ha cobrado un subsidio, durante seis meses, debiendo participar en un programa de inserción profesional.1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro Ahora, por una parte, se eleva de 400 euros a 450 el importe a percibir sólo por las personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares (pareja y dos hijos menores de 26 años) y sin ingresos. Por otra parte, la más sustancial, se elimina su percepción para muchos beneficiarios, especialmente jóvenes, al computar la renta familiar en vez de la individual, y además, se endurecen los requisitos: constatación de que se busca activamente empleo y que la situación de paro sea de larga duración (más de un año). El primero supone mayores controles administrativos persiguiendo la baja del sistema, ya que no hay expectativas de crecimiento del empleo, dada la situación económica, y al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para políticas activas de empleo. El segundo consiste en dejar sin acceso a las personas (jóvenes) que no han llegado a estar empleadas durante tres años, periodo de cotización necesario para cobrar doce meses la prestación contributiva previa, ya que este subsidio se cobra una vez finalizada la prestación contributiva y se exige estar un año en paro (dentro de los últimos 18 meses).
Además, de los 5,7 millones de personas desempleadas (según la EPA-2012-2º trimestre) sólo cobran una prestación o un subsidio de desempleo 2,9 millones (según el paro registrado del INEM), por lo que hay 2,8 millones permanecen sin ninguna protección pública, y 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.La desprotección social conlleva el intento de reafirmar la ideología liberal-conservadora En definitiva, el paro masivo, la reducción de la protección pública y el desamparo de las personas desempleadas están generando un mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos, un descenso en sus trayectorias laborales y personales y un deterioro de sus capacidades humanas, académicas y profesionales, con especial repercusión entre la gente joven. La desprotección social conlleva el intento de diluir la responsabilidad de las instituciones públicas y reafirmar la ideología liberal-conservadora, culpando a las personas desempleadas de su propia situación de paro. La ausencia de políticas de reactivación de empleo decente y estos nuevos recortes de la protección al desempleo están consolidando nuevas brechas sociales y dificultades para la integración social. Es preciso ampliar la cobertura e intensidad de la protección social al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión, fortalecer las adecuadas políticas de formación y cualificación profesional y estimular la creación de empleo con plenos derechos sociales y laborales.

 2) Deterioro de la calidad de servicios públicos fundamentales

Este decreto de julio recorta 5.811 millones de euros el gasto de las Comunidades Autónomas, siendo el grueso de su presupuesto estos servicios esenciales, que se verán afectados. Si se añade el recorte aprobado del gasto de los servicios ofrecidos por el Gobierno central y los Ayuntamientos, la reducción del gasto público llega a 9.220 millones de euros. La reducción del gasto público contando Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos llega a 9.220 millonesEn particular, adopta una medida que tiene un impacto directo sobre la protección a la dependencia. Se reduce la financiación pública estatal al sistema de dependencia, se pospone la ampliación al grado moderado de dependencia, se aumenta el copago que deberán realizar las personas dependientes y se reducen los servicios que se ofrecen. Las principales medidas concretas son: reducción de los importes medios de las prestaciones económicas asociadas a los grados de dependencia, por la vía de eliminar la subdivisión en los dos niveles de cada uno de los tres grados de dependencia; rebaja de un 15% de la prestación por cuidador familiar que determina el Estado, descenso ampliable por las comunidades autónomas si así lo deciden, y el cuidador pasa a asumir la cotización social en vez del Estado como antes. Este recorte se acumula a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP, en diciembre pasado, (recorte de 9.000 millones en el presupuesto de los ministerios y paralización del calendario de aplicación de la ley de dependencia), así como las adoptadas en abril: aumento del copago farmacéutico, incluido el nuevo pago por los pensionistas, exentos hasta entonces; la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria; el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consiguiente despido de interinos y la menor calidad de la enseñanza, y la subida de las tasas universitarias con mayores dificultades para el acceso a la educación superior de los sectores menos pudientes. E igualmente se suma la de junio: el llamado medicamentazo, con la exclusión de la subvención pública de 417 medicamentos básicos y de gran consumo.

3) Rebaja de los salarios de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado

Se suprime la paga extra de Navidad para la gran mayoría de los 2,7 millones de empleados del sector público, lo que supone aproximadamente la reducción de un 7% de los ingresos salariales y pudiendo prorratear los descuentos en las nóminas mensuales anteriores a esa fecha; sólo quedan exentos los que cobran menos de 962 euros (1,5 veces el salario mínimo interprofesional).Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en una situación de incapacidad temporal debido a una enfermedadSe disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que tendrá un máximo del 50% del salario en los tres primeros días de baja por enfermedad y un máximo del 75% entre los días 4 y 20. Se reducen de seis a tres los días disponibles para asuntos particulares. El personal laboral (0,7 millones) de la administración podrá ver modificados o suspendidos sus convenios colectivos, con el pretexto de insuficiencias presupuestarias. Hay que añadir la generalización del aumento de jornada laboral de 35 a 37,7 horas semanales, aprobado en diciembre pasado, incluyendo su posible ampliación, con lo que supone de no renovación de contratos temporales o interinos, reducción de empleo e incremento del paro. Se favorece la movilidad de los empleados públicos en los distintos ámbitos de la administración, y se evita que personal de empresas contratadas adquieran una relación laboral con el Estado. Oficialmente, el recorte de gasto público previsto por estas medidas, para el año 2012, es de 5.430 millones de euros, aunque el saldo neto derivado de los menores ingresos por cotizaciones sociales del personal adscrito al Régimen General (24,4% de esa cantidad) y por IRPF (por encima del 24,75%), será muy inferior (algunas estimaciones lo sitúan en unos 3.000 millones), y sin contar el impacto negativo sobre el consumo.A todo ello hay que añadir la congelación del sueldo para 2012 de los empleados públicos decidida en diciembre por el gobierno del PP y la prevista para el año 2013, acumuladas a la reducción del cinco puntos del salario en el año 2010 y su congelación para el año 2011, aprobadas por el anterior gobierno socialista.

 4) Una reforma laboral injusta y antisocial

El Gobierno del PP aprobó el pasado mes de febrero una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva. La reforma laboral abarata y facilita el despido, recorta derechos, precariza el empleo y debilita la negociación colectivaSus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial. Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial. Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos. En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.

 5) Medidas fiscales regresivas

La principal es la elevación desde el 1 de septiembre del tipo reducido de IVA desde el 8% al 10% y del tipo normal del 18% al 21%. Junto con el incremento decidido por el anterior gobierno socialista en el año 2010, en los dos últimos años el tipo general se ha incrementado 3 puntos y el tipo normal 5 puntos.El incremento impositivo es de 2.300 millones de euros en el año 2012, 10.130 en 2013 y 9.670 en 2014 Además, algunos productos pasan del tipo reducido al normal, es decir, se incrementan 13 puntos. Es el impuesto más regresivo porque afecta al consumo de la población y, proporcionalmente, es superior para las capas populares. El impacto oficial es de un incremento impositivo de 2.300 millones de euros en el año 2012 (se aplica sólo en el último trimestre del año), 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Es un importe significativo que se detrae de los recursos de la mayoría de la sociedad, y disminuye el consumo y el empleo. Por otro lado, se aumenta la fiscalidad del tabaco y se retiran algunas deducciones del Impuesto de Sociedades. El conjunto de las medidas aprobadas en julio supone una reducción de 1,2 puntos del déficit en el año 2012 y 0,9 puntos adicionales en el año 2013, aunque los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones comunitarias son una reducción prácticamente el doble.
La presión fiscal en España es muy inferior a la media de la Unión Europea. En el año 2011 era del 35,1% del PIB, 9,5 puntos menos que la media europea (44,6%), habiendo bajado cinco puntos desde el máximo del año 2007 (41,1%). Esa menor presión fiscal está distribuida en todos los tipos de impuestos. Con datos desagregados del año 2010 (en que la diferencia existente era de 7,8 puntos), respecto de la media europea en España se ingresaba menos en impuestos indirectos (2,4 puntos de los que 1,4 eran en el IVA), en impuestos directos (2,1 puntos), en cuotas sociales (2,3 puntos) y en tasas y precios públicos (1 punto). Hay pues margen para un incremento de la fiscalidad. La cuestión, para que aumente la equidad del sistema, es qué medidas se adoptan. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal que sea profunda, progresiva y equitativaAparte de la lucha contra el fraude fiscal y contando con el incremento del IRPF (menos regresivo que el del IVA) adoptado por el gobierno del PP en diciembre pasado, existe un margen amplio para el incremento del impuesto de sociedades, particularmente a las grandes empresas con un tipo de gravamen del 30% pero cuyo tipo efectivo es la mitad, debido a las múltiples deducciones existentes hasta ahora. Este impuesto de sociedades fue rebajado cinco puntos en la reforma fiscal del gobierno socialista en el año 2006. Para hacerse una idea del impacto de esa rebaja, entre los años 2007 y 2010, el descenso más pronunciado de los ingresos fiscales fue el derivado del impuesto de sociedades que se recortó un 64% (17.521 millones de euros en un año según el Ministerio de Hacienda); más de la mitad de esa cantidad (unos 8.000 millones) correspondía a la reducción impositiva, y cerca de la otra mitad a la disminución de la actividad económica. El nuevo del Gobierno del PP ha confirmado esa rebaja regresiva del tipo de gravamen del impuesto de sociedades realizada por el Ejecutivo del PSOE. Igualmente, se podrían incrementar otros impuestos, algunos recientemente eliminados como los de sucesiones (más de 2.500 millones anuales) o simbólicos como el del patrimonio (incluido las SICAV) y otros prácticamente inexistentes, como los medioambientales o a las transacciones financieras, además del impuesto especial a las grandes fortunas que propone el partido socialista.
Al mismo tiempo, el gasto público en España, en el año 2011, es el 43,6%, inferior en 5,8 puntos a la media europea (49,4%). En el periodo 2007-2009 se produjo un significativo aumento del 39,1% del PIB al 46,3%, más de siete puntos, derivado fundamentalmente del incremento de 3 puntos porcentuales del gasto en prestaciones sociales (desempleo y pensiones) y 1,8 en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, generado por los distintos recortes sociales de mayo de 2010 (congelamiento de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), en ese año el gasto público bajó al 45,6% y en el año 2011 al citado 43,6%, es decir, un total de tres puntos en dos años. Además, hay que contar que, últimamente, la partida del pago por intereses de la deuda pública es la que tiene mayor incremento sin que, por supuesto, suponga un beneficio para la población sino, sobre todo, para los especuladores y acreedores extranjeros.
Una de las medidas problemáticas adoptadas por el último decreto de julio es la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales de las empresas (unos 5.000 millones de euros) que constituyen un ahorro de costes laborales de las empresas. Lejos de la versión oficial de que revertirá en mayor inversión y competitividad para nuestras empresas exportadoras, van a ir a parar, fundamentalmente, al aumento de los beneficios empresariales sin mejorar el empleo. Al mismo tiempo, ponen en peligro los ingresos de la Seguridad Social y puede ser un pretexto para un nuevo recorte de las pensiones.
La conclusión es que no estamos ante un excesivo gasto público que haya que contener sino que todavía resta una gran diferencia, particularmente de gasto social, respecto de la media europea. El problema fundamental es la limitada presión fiscal en España, muy inferior a la de la Unión Europea y la Eurozona, causante principal del elevado déficit público. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal profunda, progresiva y equitativa, todavía más necesaria para impulsar políticas de reactivación económica, renovación del aparato productivo y creación de empleo decente, así como para sostener y consolidar nuestro débil Estado de bienestar.

 6) Síntesis

En resumen, el Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad. Amparado por las instrucciones y orientaciones de las instituciones europeas, con esta política regresiva aprovecha la situación de crisis económica para modificar los equilibrios de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo socialEsta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y avanzar en una salida regresiva a la crisis. Supone ante la ciudadanía un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular. El reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar. Las convocatorias de protestas colectivas, particularmente la gran marcha hacia Madrid que tiene lugar hoy, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.


Antonio Antón.Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
http://www.publico.es/espana/442346/los-derechos-sociales-perdidos

La Audiencia Nacional anula un ERE de Segur Iberica no pactado en todos los centros de trabajo

La Audiencia Nacional ha anulado el despido colectivo de 32 trabajadores de la empresa Segur Ibérica por fraude de ley. La sentencia echa abajo el expediente pese a que se pactó en dos de los tres centros de trabajo de la empresa porque en el tercero no llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores y trató de hacerlo individualmente con varios de los empleados. Esto, según la sentencia emitida por el magistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Manuel Poves, es un fraude de ley.

La empresa Segur Ibérica, SA, presentó en marzo ante la Dirección General de Trabajo comunicación para iniciar un ERE para la extinción de 12 contratos de trabajo en Navarra, seis en Álava y 14 en Vizcaya. El periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores acabó con acuerdo en los centros de trabajo de Álava y Vizcaya. No así en el centro de Navarra terminó sin acuerdo, donde Segur Ibérica mantuvo contactos individuales con algunos trabajadores de la plantilla con el objeto de llegar a acuerdos concretos con ellos a la vez que se celebraban las reuniones entre ambas partes.

Para la Audiencia, esas reuniones “vaciaron de contenido” el periodo de consultas, al restar fuerza a la negociación colectiva, y por tanto declara que el despido colectivo en Navarra estuvo realizada en fraude de ley. Pero los magistrados van más allá, ya que anulan todo el expediente en los otros dos centros de trabajo.

El tribunal señalado que los despidos colectivos deben tramitarse de manera global con un resultado “homogéneo” para la totalidad de los trabajadores afectados. Aquí es donde el tribunal da un salto cualitativo, pues entiende que solo existe una actuación de la empresa “aunque se diversifique” y, así, la nulidad del despido que afecta al centro de trabajo de Navarra “por fuerza ha de contaminar la totalidad de la decisión extintiva empresarial”. Es decir, todo el ERE se declara nulo. Según la sentencia, el legislador “apuesta por un proceso único, con resultado homogéneo que no quede al albur del contenido que consiga según el centro de trabajo”.

Este fallo consolida el papel negociador de los representantes de los trabajadores al dictar que una empresa no puede iniciar conversaciones paralelas con empleados individualmente durante el periodo de consultas de un despido colectivo.

acceso a la sentencia

Interior implantará seguridad privada en la vigilancia auxiliar de las cárceles tras el verano

El Ministerio del Interior acometerá durante el último trimestre del año la implantación de efectivos de seguridad privada en labores de "vigilancia auxiliar" en las cárceles, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Esta iniciativa se pondría en práctica en cerca de una veintena de centros penitenciarios.
   Estas mismas fuentes han precisado que el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.
   Desde el Ministerio estiman que la medida se pondrá en marcha en una veintena de centros, si bien advierten de que esa cifra podría variar. Se trata de una oferta realizada por el Departamento al sector de la Seguridad Privada, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo concreto con ninguna empresa ni se ha fijado aún el número de efectivos que sería necesario para cubrir las necesidades previstas.
   El pasado 28 de junio, el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, planteó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.
   "Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir que, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", dijo Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
   El 'número dos' de Interior cuestionó que la labor de "mirar un monitor de seguridad" sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si esa función "la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar". "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados", zanjó.

RESPALDO DE CIU Y RECHAZO DEL PSOE

   Apenas un mes antes, el 29 de mayo, PP y CiU aprobaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pedía al Gobierno que estudiase la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargase de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
   La proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente acordó con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.
   En concreto, la iniciativa pedía que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
   El PSOE votó en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según argumentó el diputado José Zaragoza. Pero además, avisó de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".

NOTA DE PRENSA(CCOO,UGT Y USO)

Empresas de Seguridad aplican la reforma para incrementar sus beneficios

Algunas empresas de Seguridad Privada están aplicando de forma indiscriminada la reforma laboral. Este es el caso de SEGURIBER-UMANO y de FALCON, las cuales utilizando de forma irregular los medios que pone a su alcance la reforma, pretenden reducir las condiciones laborales de los trabajadores/as, con el fin de incrementar sus beneficios y abrirse más cuota de mercado.

Los sindicatos entendemos que esto conlleva la ruptura de las relaciones laborales que se establecen como base en el Convenio Estatal de Seguridad Privada y no estamos dispuestos a consentir que esta desfachatez empresarial sirva para precarizar más el sector.

Por este motivo en próximas fechas emprenderemos un calendario de movilizaciones contra estas empresas, que concentraremos en diferentes puntos de la geografía Nacional y en determinados clientes para los que las empresas trabajan, los cuales ya han sido avisados de la situación.

Algunas de las movilizaciones previstas son:

Concentración en la Puerta del Museo del Prado el próximo día 10 a partir de las 10:30 h.

Concentraciones en distintos Carrefour como los de Gijón, Oviedo, San Sebastián, Madrid, Valladolid, Pamplona, La Coruña y Vigo.

Concentraciones en las estaciones de Sevilla, Málaga, Córdoba y Valencia.

Este es el principio de una larga lista que se mantendrá en el tiempo hasta que las empresas entiendan que en este Sector, donde la mano de obra es la facturación, no se puede jugar con los salarios, el presente y el futuro de más de 75.000 familias.

PLAN DE ACCIÓN SINDICAL DE MADRID CONTRA LA EMPRESA SEGURIBER

                                        MUSEO DEL PRADO

Concentración en el Museo del Prado el día 10 de julio, en horario de 10:30 a 12:30 h.

               CENTROS COMERCIALES CARREFOUR-MADRID

Concentraciones Carrefour Alcobendas, día 17 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Carrefour Aluche, día 24 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Carrefour Hortaleza, día 30 de julio de 10:30 a 12:30 h.

Desde La Federación Regional de Actividades Diversas de CC OO, solicitamos el apoyo a estas movilizaciones, tanto delegados como trabajadores que participéis con vuestra asistencia, porque junto podemos.

                                                   DEFIENDE TU SALARIO

El Congreso apoya que las empresas de seguridad privada asuman la vigilancia exterior de las cárceles

El PP y CiU han aprobado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La proposición no de ley ha sido debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente ha acordado con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar. En concreto, la iniciativa pide que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas. Todo esto deberá realizarse además "una vez que se valoren las posibilidades de carácter operativo, técnico y normativo", según dispone el acuerdo alcanzado entre el diputado del PP Conrado Escobar y el de CiU Feliu Guillaume. Guillaume ha sostenido que la actual situación de austeridad en el gasto obliga a "hacer un esfuerzo de racionalización" en los servicios públicos, algo que cree posible con la colaboración entre la seguridad pública y privada. Por su parte, el PSOE ha votado en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según ha argumentado el diputado José Zaragoza. Pero además, ha avisado de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero". En la misma Comisión de Interior, el PP y el PSOE han acordado reformar la Ley de Seguridad Privada, que data del año 1992, para mejorar su eficacia e impulsar la coordinación entre la seguridad pública y privada, siempre bajo la tutela de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; además de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas. La iniciativa también aborda la confidencialidad y reserva de los datos privados y contempla la adecuada formación y capacitación del personal de las empresas de seguridad privada, evitando el intrusismo.

CONCENTRACION DE VIGILANTES EN METRO-MADRID

Más de 200 personas se han concentrado hoy frente a la sede de Metro de Madrid para protestar por los recortes salariales y de las condiciones de trabajo que están sufriendo las plantillas de las contratas de seguridad y limpieza que trabajan para el suburbano madrileño. La secretaria general de la Federación de Actividades Diversas de CCOO de Madrid, Isabel Rodríguez Cabo, y su homólogo de UTG, Roberto Tornamira, habían solicitado una reunión para el día de hoy con los responsables de Metro para aclarar la incertidumbre por los recortes de salarios y de condiciones laborales que están sufriendo últimamente las plantillas de las contratas de limpieza y seguridad. Por su parte, la dirección de Metro ha declinado la petición y en su lugar, los responsables sindicales han presentado la primera entrega de firmas, 500 esta vez, de una campaña que los sindicatos convocantes han empezado a realizar entre los trabajadores y trabajadoras de las contratas en señal de rechazo. Hay que recordar que CCOO ya envió una carta, hace casi dos años, a la dirección de Metro advirtiendo que los precios estipulados por Metro de Madrid en los pliegos de contratación para seguridad privada hacía imposible que se pudieran respetar los salarios que por convenio debían recibir los trabajadores. Empresas como Eulen, históricamente ligadas al servicio de vigilancia del Metro, ni siquiera se presentaron al concurso y otras como Securitas han decidido abandonar el servicio, incluso Prosegur, según se rumorea, parece estar meditando la misma decisión. Unos 2000 vigilantes de seguridad están viendo como les desaparecen conceptos de sus nóminas, las empresas que todavía aguantan en el servicio están trasladando a los trabajadores los recortes que Metro de Madrid está realizando, esto unido al bajo precio de adjudicación de los contratos esta desembocando en una situación insostenible para muchas empresas y sus plantillas. El sector de limpieza no parece correr mejor suerte. Los 500 trabajadores están asistiendo a una reducción general de la frecuencia con que se limpian las estaciones y demás dependencias, con la consiguiente merma de personal que ello conlleva. En los últimos días se han producido 30 despidos como consecuencia de estos recortes. Para Isabel Rodríguez resulta indignante que Metro de Madrid se desentienda de la responsabilidad que su gestión tiene en las condiciones laborales y económicas de estas 2500 personas que trabajan en sus instalaciones, por no hablar de la falta de respeto a los viajeros, que "sufren el 'tarifazo' y encima les ofrece un metro más sucio e inseguro". "La gerencia de Metro Madrid se está comportando de una manera cobarde parapetándose detrás de las empresas contratadas y de la Consejería de Transporte, cuando todo el mundo sabe quién está detrás de las decisiones", ha añadido.

TABLAS SALARIALES 2012

ACTAS FINALES CONVENIO 2012-14

Los trabajadores de Seguridad IntegralCanaria se movilizan por sus condiciones laborales

Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, empresa de seguridad privada cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, han sido convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) a sendas concentraciones programadas a partir de las 10:00 de la mañana el próximo martes (CCOO) y viernes (FTSP-USO), respectivamente. El objetivo, protestar por las condiciones laborales que sufren los trabajadores a los que representan y por el "descuelgue del vigente convenio colectivo estatal de esta empresa de seguridad privada".

Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".

Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.

Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".

Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".

Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.

Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.

De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".

También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.

"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.

Negociación convenio 2012-14

COMUNICADO DE LA SECCIÓN SINDICAL

Madrid a 29 de Enero de 2012.


Ante las dudas que han surgido en relación a los últimos acontecimientos acaecidos en Segur Ibérica y la relación entre esta y el Comité de Empresa, la Sección Sindical de C.C.O.O. os comunica que:

A principios del mes de Enero se nos solicita, por parte de la dirección de la empresa, mantener una reunión con el Comité de Empresa; la cual tiene lugar el día 12 de Enero, asisten por parte de la empresa: Juan Manuel González Herrero, Director Nacional de Recursos Humanos, José Manuel del Pino Orozco, Director Territorial Zona Centro y Aritz Larrea, Director General del Grupo Segur.

Realizan una exposición en la que explican que por culpa de una serie de servicios que dan perdidas a la empresa y que por otra parte hay otra serie de servicios que se retrasan en el pago, la empresa tuvo que adoptar una serie de medidas, como despedir a trabajadores de la oficina, o dejar servicios por insostenibles para la empresa, o no participar en concursos de otros servicios que salen a mercado por ser del todo inasumible el precio hora que se pretende asignar.

Una vez hecha la exposición nos comunican que quieren contar con la aprobación del Comité de Empresa para aplicar una serie de recortes con el fin de abaratar costes; estos recortes estarían sustentados exclusivamente sobre diferentes conceptos, todos ellos afectarían en exclusiva al personal operativo (Vigilantes de Seguridad).

Una vez finalizada la exposición la dirección de la empresa se retira de la reunión, quedando el comité reunido, pasamos a reflexionar y opinar sobre la situación expuesta por la dirección de la Empresa.
Llegamos a la conclusión de darnos por enterados de los problemas en estos servicios, pero también llegamos a la conclusión de que la empresa no ha venido a proponernos un plan viable, ni siquiera una negociación, sino a proponernos que seamos cómplices de esta estrategia empresarial, ya que no se nos ha hecho ninguna propuesta asumible, sino que han venido a decirnos lo que unilateralmente tenían pensado hacer. Ha sido esta reunión una exposición por parte de la Empresa la cual quiere paliar la situación actual con el sacrificio, como siempre de los más débiles, los trabajadores. En esta reunión se nos hace saber por parte de la empresa que se van a realizar los recortes con nosotros o sin nosotros. A lo cual respondemos que estas reformas y recortes se pueden realizar de tres formas: CONTANDO CON EL COMITÉ, SIN CONTAR CON EL COMITÉ O EN CONTRA DEL COMITÉ.

No vamos a entrar a valorar la osadía de la que hace gala la Empresa realizando este tipo de proposiciones, ni vamos a cuantificar cuan poco conoce a los miembros de la Sección Sindical de CC.OO. Vá a ser más sencillo y sobre todo para quién pueda dudar, JAMAS podrá contar con nuestro beneplácito para realizar recortes o modificaciones que perjudiquen a los trabajadores.

Nuevo modelo de T.I.P.

Es patetico.Sacar vosotros vuestras propias conclusiones.

Los vigilantes de seguridad en el aeropuerto Tenerife Sur, en huelga por los horarios

Un grupo de trabajadores de la seguridad privada en el aeropuerto Tenerife Sur ha iniciado hoy una huelga para exigir mejores condiciones en los horarios, con relevos para poder comer, ir al baño o descansar mientras realizan trabajos en el control de equipajes.

Así lo ha manifestado hoy el delegado del sindicato mayoritario Intersindical Canaria, Santiago Alcocer, quien añade que hay otra manifestación prevista para el 9 de diciembre en el aeropuerto y a partir del día 16 la protesta será indefinida.

Acusan a la empresa Vinsa Seguridad de no escuchar sus reivindicaciones y de no querer mejorar la "calidad de vida" de los 153 vigilantes que operan en este aeropuerto.

Alcocer dice que está en juego gran parte de la seguridad del aeropuerto.

Aclara que no están en contra de AENA sino de "los turnos impuestos que nos perjudican, pues hay ocasiones en que pasamos ocho horas sin descansar".

"Los relevos del personal eran antes relativamente puntuales, hoy en día ya no hay para comer o ir al baño", insistió Alcocer.

El comité de huelga también pide más apoyo de la Guardia Civil en las tareas de seguridad, que "nunca se han mermado en el aeropuerto, sino queremos que nos oigan", explicó Alcocer.

La empresa adjudicataria de la seguridad no ha querido hacer declaraciones.

RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES SEGUR IBÉRICA-MADRID

Me complace informaros que tras las elecciones sindicales celebradas en el día de ayer en la sede social de la empresa, el nuevo Comite de Empresa queda compuesto de la siguiente manera:

- CC.OO. 7 delegados
- USO 5 delegados
- UGT 3 delegados
- Alt.Sin. 3 delegados
- Ates 3 delegados
- Sivpm 2 delegados

Tambien aprovecho la ocasión para daros las gracias por haber vuelto a depositar vuestra confianza en la candidatura de CC.OO. y esperamos poder devolveros esa confianza con nuestro esfuerzo y trabajo.

Daniel García Ferreño

La justicia da la razón a vigilantes de seguridad privada

«Al fin se hace justicia». Varios de los trabajadores que denunciaron a Securitas Seguridad España por traslado indiscriminado e indefensión dieron por terminada «una pesadilla que ha durado cerca de un año». Sostienen , según informó ayer CC OO, que durante este periodo han padecido «una indefensión total. En este sentido, afirmaron que, «como ha quedado demostrado en los juicios, Securitas se las arregló para que dos de ellos no pudieran ser subrogados por la empresa Franjus Security, por no facilitarle la documentación necesaria para ello a esta última, dejándolos en un vacio laboral total». Los afectados, según el sindicato, no cobraban nómina de ninguna de las dos empresas y tampoco podían solicitar el subsidio de desempleo mientras esperaban el día del Juicio. En este caso, el juez obliga a Franjus Security nueva adjudicataria de la Seguridad de Torrapapel, centro donde prestaban sus servicios los denunciantes con la empresa Securitas, a subrogar a los dos trabajadores afectados y al pago de los salarios que dejaron de percibir los Vigilantes de Seguridad

En otra de las demandas realizadas por un traslado indiscriminado de dos vigilantes de seguridad desde las instalaciones de Maersk España a Torraspapel, el Juzgado de lo Social da la razón a los trabajadores representados, representado por CC OO, y obliga a Securitas a la readmisión de los dos trabajadores abonándoles los salarios dejados de percibir. «La actuación de la emrpesa en este conflicto es más sangrante aún si cabe, en primer lugar porque dejó a los trabajadores en la misma situación de los dos anteriores, es decir, sin percibir nómina ni posibilidad de solicitar subsidio de desempleo y con la agravante que , una vez condenada Securitas a readmitir a los afectados en Maerks España, con sentencia firme, está hace caso omiso a su Señoría y no aplica la sentencia aún teniéndola notificada», señala el sindicato. Según la central sindical, esta situación dio lugar al cambio de empresa de seguridad en Maerks España, «cerrando la puerta al retorno de los trabajadores». En opinión de los sindicalistas, esta actuación suponía «una clara intención de pisotear más a sus trabajadores».

La tercera sentencia favorable a un trabajador de Securitas defendido por Comisiones Obreras, anula una sanción «muy grave» impuesta a un vigilante de seguridad que le costó al trabajador varios días de empleo y sueldo, siendo también está firme sin derecho a recurso por la denunciada. Por ello, la empresa tendrá que borrar esta falta del historial laboral y abonar los días descontados por ello.

Miguel Ángel Páramo Benavente, responsable de Seguridad Privada de CC OO en el Campo de Gibraltar, cree que la gestión llevada por los responsables de Securitas Seguridad España en lacomarca «ha llevado a la deriva la delegación de esta zona, llegando a desaparecer y provocando despidos innecesarios que no hacen más que minar la ya débil situación laboral que sufre la comarca».

«Securitas se cerró en banda al diálogo y solución por esta vía de los conflictos creados por ellos mismos, lo que la llevó a la pérdida de varios centros de trabajo que suponían pilares fundamentales para ella en la comarca, tales como Maersk España». «Lo que está claro», prosiguió el sindicalista, «es que desde CC OO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de seguridad privada, cueste lo que nos cueste, contra cualquier empresa que los vulnere, sentencias como estás nos hacen más fuertes para dignificar cada día este sector».

El Gobierno vasco agradece a trabajadores y empresas de seguridad privada su aportación en la lucha contra ETA

El Consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha trasladado a empresas y trabajadores de la seguridad privada el agradecimiento ''en nombre de la sociedad vasca'' por su aportación fundamental en la lucha contra ETA.

Ares ha destacado el enorme esfuerzo que los profesionales de este sector han realizado en circunstancias muy difíciles como ''defensores de la democracia'' y ''guardianes de la libertad de muchas personas amenazadas por ETA'', lo que ''ha permitido salvar muchas vidas''.

Asimismo, el titular de Interior ha recordado el gran trabajo que realizaron las empresas cuando tuvieron que montar un elevado número de operativos de protección hasta entonces inexistentes en circunstancias de máxima urgencia, en la segunda mitad de los años noventa.

Ares ha trasladado estas reflexiones a una treintena de representantes de nueve empresas de seguridad y cuatro centrales sindicales que han asistido a la reunión de algo más de una hora de duración celebrada el viernes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.

Segur Ibérica 'ficha' como presidente al ex secretario de Estado de Seguridad Pedro Morenés

Segur Ibérica ha nombrado nuevo presidente a Pedro Morenés, ex secretario de Estado de Defensa y de Seguridad, según informó la compañía de seguridad privada.

La firma ha nombrado también a la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como nueva consejera de la sociedad, que enmarcó estos nombramientos en su "nueva etapa de desarrollo".

Segur Ibérica aborda esta nueva fase después de que el pasado mes de septiembre la firma de capital riesgo MCH Private Equity formalizara la adquisición del 55% de su accionariado.

El nuevo presidente de Segur Ibérica, Pedro Morenés, ocupaba desde junio de 2010 el puesto de director general para España de la firma de misiles MBDA. Con anterioridad, en 2009, fue presidente de Construcciones Navales del Norte.

Durante los gobiernos del PP, Pedro Morenés fue nombrado en 1996 secretario de Estado de Defensa, posteriormente (2010), secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, dos años más tarde, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.

Morenés (Vizcaya, 1948) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, diplomado en Dirección de Empresas por Deusto y diplomado en Derecho Fiscal de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta además con un master por el Bremen Institute of Shipping Economics de Alemania.

De su lado, Birulés es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y PhD Progran por la Universidad de California. Tras dirigir el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ocupado distintos cargos en el sector privado, entre los que figuran el de vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, consejera-directora de Retevisión, presidenta de EresMas y secretaria general de Banco Sabadell.

Detenido un empresario y desarticulada una red de intrusismo en seguridad

La Policía Nacional ha detenido a un empresario y ha desarticulado una red dedicada al intrusismo en la seguridad privada en el sur de Tenerife, intervención policial que es la primera de este tipo que se desarrolla en España.

La operación policial ha sido realizada por policías adscritos al grupo operativo de seguridad privada de la comisaría del sur de Tenerife y la investigación se inició tras la presentación de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas al delito de intrusismo en materia de seguridad privada.

Los policías, según un comunicado, comprobaron que había una re de empresas que ofertaban servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.

Al parecer aprovechaban el hecho de que los establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de Seguridad Privada, presentaban fotocopias de documentación original falsificada y conseguían los contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.

Para ello estas empresas ofertaban los servicios a un coste muy inferior al del mercado, incluso un 75 por ciento menos que el ofrecido por empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior.

La nota policial informa de que durante la operación se detuvo al líder de la organización, el empresario R.G.E.M., al se le imputaron presuntos delitos como intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.

Asimismo están imputados el resto de los componentes de la red, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas, así como el arquitecto financiero que, según la Policía, ofertaba una imagen de legalidad frente a la actuación inspectora de la administración.

También se han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.

Según la Policía, el dueño de la empresa contrataba a ciudadanos cubanos, que carecían de la titulación necesaria para realizar funciones de Seguridad y a los que se les pagaba salarios muy inferiores a lo estipulados para los vigilantes y trabajaban en turno de 12 horas diarias.

Al parecer el empresario ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero, que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad.

Añade la nota policial que para evitar pagar las continuas sanciones que eran impuestas a esas empresas, el empresario al parecer procedía al cierre y creaba una nueva empresa.

En total se ha llegado a identificar hasta siete empresas distintas, y esta operativa se repetía de forma continua, y los beneficios obtenidos eran invertido en la creación de negocios como restaurantes y cafeterías, donde, según la Policía, se lavaba el dinero procedente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.

La policía pide ayuda para desenmascarar a los "gorilas"

El intrusismo ha sido siempre un problema de la vigilancia privada. Pero con la crisis el problema se ha agudizado. Tanto es así que el propio jefe de la Policía, Daniel Salgado, pide ayuda a los guardias de seguridad para desenmascarar a 'gorilas' y 'matones' que trabajan sin la preparación necesaria.

Esa fue una de las conclusiones de la quinta edición de la Convención de Seguridad Privada, organizada por la Comisaría y por las compañías de sector. Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera en sus gastos. Y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que realicen las funciones de vigilancia. Personas que no están preparadas, pero que resultan más baratas. Lo que quizás no sepan estos empresarios es que estas prácticas pueden acarrearles multas que, en algunos casos, alcanzan los 30.000 euros.

La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no han sido formados. Solo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén habilitados por el Ministerio de Interior. “Todo lo demás es sancionable”, se encargó de recordar el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. En la provincia, unas 3.000 personas están autorizadas para ser vigilante de seguridad. No obstante, el negocio no está muy boyante. “Ahora mismo, están trabajando unos 550”, explica fuentes del sector, lo que supone un 30 por ciento menos que hace justo un año. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas contratan a cualquiera, aunque no esté habilitado”, dice el director de una firma del sector. “Os pido vuestra ayuda en la erradicación de estas prácticas que tanto perjudican al vigilante de seguridad”, pidió el comisario.

Para ser guardia privado es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física. Superadas esas pruebas, ya pueden trabajar, aunque siempre contratados por una empresa homologada.

Dinamia vende su participación en Segur Ibérica por 13 millones de euros

Dinamia Capital Privado, sociedad gestionada por Nmas1, ha acordado vender toda la participación que ostentaba en las sociedades Segur Ibérica y Hortus Mundi (Grupo Segur) por unos 13 millones de euros, con lo que Dinamia (Madrid: DIN.MC - noticias) multiplicaría por 1,24 veces su inversión inicial, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los compradores son los inversores financieros MCH Private Equity y Corpfin Capital, actuales accionistas de ambas compañías, y a la propia sociedad Segur Ibérica, empresa dedicada al sector de la seguridad privada.

Dinamia Capital Privado invirtió en la compañía en marzo de 2004 junto con el fondo Nmás1 Private Equity Fund LP, el cual ha vendido su participación en las mismas condiciones que Dinamia.

El cierre de dicha transacción, previsto para el próximo mes de septiembre, está sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de las autoridades españolas de defensa de la competencia.

La venta de la participación en Grupo Segur se enmarca en la estrategia de Dinamia de rotación y rejuvenecimiento de la cartera desde compañías maduras y de exposición a servicios exclusivamente en España, hacia compañías sólidas, líderes, con visibilidad de ingresos y mayormente exportadoras, explicó la empresa en un comunicado.

Sanción de 60.000 € a Segur Ibérica por grabar gluteos en el aeropuerto de Gando

La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, impuso en una sentencia del pasado 8 de julio, dos multas de 40.001 y 20.000 euros a la empresa Segur Ibérica por sendas infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) mientras prestaban su servicio de vigilancia en el aeropuerto grancanario de Gando.

El tribunal ha reducido el importe de las sanciones (inicialmente eran de 60.000 y 30.000 euros) pero confirma la tesis de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que había multado al Grupo Segur después de que una trabajadora denunciara a un compañero porque utilizaba las cámaras de seguridad para enfocar «determinadas partes de la anatomía del personal femenino objeto de grabación, dirigiéndose el objetivo de forma especial hacia las zonas pectorales y las nalgas de las empleadas y viajeras que trabajaban en el aeropuerto o utilizaban sus instalaciones», tal como puede leerse en la resolución de la AEPD.

El caso comezó en octubre de 2007, cuando la Guardia Civil denunció en la Agencia lo ocurrido en el centro de control de videocámaras. De la denuncia derivaron dos sanciones a Segur Ibérica: por infringir el artículo 4.1 de la LOPD y el artículo 12.2 de la misma ley.

Las dos infracciones se consideraron «graves» y fueron penadas con 30.000 y 60.101 euros, respectivamente, cantidades que ahora ha recortado la Audiencia Nacional. La empresa elevó un recurso de reposición al director de la AEPD, que no fue atendido y a continuación la sociedad interpuso reclamación por vía contencioso-administrativa para conseguir la nulidad de las resoluciones de la Agencia.

El juez respalda la decisión del director de la AEPD, aunque ha reducido las multas. Lo que sí quedó probado desde el principio es que el vigilante en cuestión utilizó las cámaras del aeropuerto para observar a las mujeres, compañeras o usuarias del recinto. Segur Ibérica lo despidió y, además, reconoció en el escrito que entregó a la AEPD que ya había detectado «un comportamiento anómalo del empleado».

Prosetecnisa no ha pagado la extra de julio

Comisiones Obreras informa de que los vigilantes de seguridad que prestan servicios en las distintas dependencias municipales(El Puerto de Santa Maria) manifiestan que a fecha de hoy no han cobrado sus nóminas correspondientes a la paga extra del mes de julio.

A finales del mes de junio, destacan en comunicado de prensa, los trabajadores recibieron una carta de la empresa de seguridad privada Prosetecnisa, adjudicataria del servicio, indicando que el Ayuntamiento mantiene una deuda con ellos y que este mes iba a tener problemas para abonar las nóminas. “En julio no cobramos hasta mediados de mes pero sólo el abono mensual, no la paga extra”, explican.

Desde que la empresa hizo el anuncio a los trabajadores, los responsables del sector de CCOO, Álvaro Montaño y Juan Cornejo, en un intento de mediar en el conflicto, mantuvieron una reunión con el concejal de Policía Local, Carlos Coronado, el cual se comprometió a enviar un pago, no todo el importe de la deuda pero sí parte, a la empresa a primeros del mes de julio.

“Según hemos comprobado, el pago se ha efectuado por parte del Consistorio. Tras un intento por parte del Ayuntamiento y Comisiones Obreras de ponerse en contacto con la empresa para mediar en el asunto, no hemos recibido respuesta alguna. Y los trabajadores siguen sin percibir su salario”, informan en comunicado de prensa.

Según la información recibida, sólo los trabajadores adscritos al Ayuntamiento siguen sin cobrar, ya que el resto de la plantilla de Prosetecnisa sí ha percibido el salario. Entienden por tanto que "se vuelve a repetir la misma estrategia empresarial del año pasado, utilizando el burdo chantaje de utilizar a los trabajadores para presionar al Ayuntamiento".

Ante la reiterada situación Comisiones Obreras va a convocar una manifestación ante el Consistorio el día 28 de este mes para reivindicar sus derechos.

Los sindicatos de seguridad privada critican que no sea obligatorio hacer trabajar en pareja a los agentes

Los sindicatos SIPVS y CC.OO. sostienen que así la agresión se podría haber minimizado o evitado; según UGT, se hubiera producido de todas formas, Renfe lamenta la muerte del vigilante y niega "rotundamente" las acusaciones de reducción de plantilla

La muerte del vigilante Rafael G. J. la mañana de este viernes en la estación de tren de Castelldefels ha generado un aluvión de críticas entre los diferentes sindicatos del sector en Catalunya, aunque no tienen una posición unánime. Según UGT, el mayoritario, lamentablemente la muerte se habría producido aunque la dotación de agentes hubiera sido mayor. CC.OO., en cambio, considera que con dos vigilantes "la agresión mortal se hubiera podido evitar" sin lugar a dudas y el independiente SIPVS va más allá y culpa a Renfe y Prosegur del fallecimiento por haber reducido la plantilla en la estación hace un año.

Pese a haber sido consultados por LV.es ni Renfe ni la empresa Prosegur han querido pronunciarse sobre esta acusación de insuficiencia de efectivos durante el suceso. "En primer lugar, lo más importante ahora es la familia de la persona fallecida y en segundo lugar, la investigación de los Mossos d'Esquadra", ha sostenido un portavoz de Renfe. "Las acusaciones que han lanzado algunos sindicatos son rotundamente falsas, como que se haya reducido la plantilla en Castelldefels. Todas las empresas tienen unos recursos, que se optimizan lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio posible", ha manifestado la misma fuente.

El presunto recorte de gastos y agentes, según los sindicatos
El Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Servicios de Catalunya (SIPVS) ha denunciado la mañana de este viernes que Renfe y la empresa de seguridad Prosegur, en la que trabajaba el vigilante fallecido, habrían reducido a la mitad la plantilla de agentes en la estación con el objetivo de recortar gastos. "Hace un año había dos agentes en la estación de Castelldefels, dotados de armas de fuego, pero para reducir los gastos se dejó a un único vigilante y sin arma", explica Pedro Oliva, gerente del sindicato, el segundo en representatividad en Catalunya. En la actualidad, según Oliva, los vigilantes utilizan como única protección personal una porra y unas esposas.

José Antonio Roldán, responsable de Seguridad Privada del sindicato CC.OO., el tercero en representatividad de este sector en Catalunya, ha declarado no tener conocimiento del recorte denunciado por SIPVS, pero ha asegurado que “las medidas de seguridad personal para los vigilantes privados no son suficientes”: “Indiscutiblemente se hubiera podido evitar con dos agentes, porque no es lo mismo repeler una agresión de uno contra uno, que hacerlo entre dos”, ha lamentado. Roldán se queja, además, de la falta de equiparación con la policía en lo que a medidas de protección personal se refiere: “No se entiende que la ley no obligue a que los vigilantes vayan, al menos, de dos en dos, si realizan tareas semejantes a las de los cuerpos policiales y a ellos sí se les hace patrullar en pareja”.

"Esto no hubiera sucedido si Prosegur y Renfe no hubieran hecho el recorte, porque el presunto asesino hubiera visto más gente, no se hubiera rebotado tanto y se habría marchado a su casa", juzga Oliva, que también es miembro del Comité de Empresa de Prosegur. "Y al final de su jornada, Rafael [la víctima] también hubiera podido regresar a su casa", añade. Rafael G. J. era un veterano de la vigilancia privada, "con diez años de experiencia como mínimo", según Oliva.

El gerente del SIPVS anuncia que su organización exigirá una investigación al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, para que determine si además de un asesinato ha habido un accidente laboral. "Habrá que ver si este trabajador tenía todas las herramientas necesarias para realizar su labor y pedir a la Inspección de Trabajo que tome las medidas necesarias para que el personal de Seguridad Privada no quede desamparado por motivos económicos", sostiene. También avisa que la reducción de efectivos en las estaciones no es sólo un riesgo para la vida de los vigilantes, sino también para cualquier usuario del tren: "Por la estación de Castelldefels pasan miles de personas cada día, es incomprensible que haya un único agente para garantizar la seguridad de tantos pasajeros”.

José Antonio Roldán, de CC.OO., también considera que se trata de un accidente laboral, "porque el agente estaba en su lugar de trabajo", y que las investigaciones deberán determinar “si ha habido negligencia de la empresa contratante, del cliente y de las Administraciones”. También reivindica que hace años que su sindicato defiende el cambio legal y una protección extra para los vigilantes de transportes blindados, que a su juicio deberían dotarse de armas más potentes y chalecos antibala. “Hay una campaña generalizada –sostiene– para que se retiren las armas a los vigilantes, pero debe reflexionarse en qué sitios no hacen falta y en qué sitios sí”.

Según UGT, la muerte del vigilante no estaría vinculada al recorte
El sindicato mayoritario en la profesión, UGT, ha sostenido una postura menos contundente y ha considerado que la agresión al agente Rafael G. J. no ha sido directamente causada por la reducción de plantilla. “El agresor podía haber matado a la víctima tanto si era un agente como dos, porque el puñetazo mortal se lo hubiera podido dar igualmente”, ha asegurado Josep Gironès, responsable de la Federación de Servicios de UGT Catalunya.

No obstante, ha destacado que la tarea de los guardias de seguridad es un servicio público pese a depender de una contratación privada, por lo que “se les debe reconocer su función como agentes de la autoridad” y “garantizarse una contratación en mejores condiciones, para que su servicio pueda ser de más calidad”. “Pese a que es un trabajo con un cierto grado de peligrosidad física, podrían reducirse los riesgos si la Conselleria, el Ministerio del Interior y las empresas de seguridad ponen los recursos adecuados”, ha afirmado Gironès.

Los tres sindicatos, así como también la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la USOC (FTSP-USOC), han expresado su condena a la agresión y su apoyo a la familia de la víctima, a la que harán llegar su pésame.

Muere un vigilante de Renfe en Castelldefels tras la agresión de un viajero

Un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur, contratada por Renfe, ha resultado muerto a primeras horas de la mañana en la estación de Castelldefels (Barcelona) tras ser agredido por un joven que viajaba en el tren y que se ha enfrentado a varios pasajeros antes de que interviniera la víctima.

Según los Mossos d'Esquadra el vigilante "ha muerto como consecuencia de la agresión". Un comunicado de la institución revela que el presunto autor del homicidio, Sergio M.G. un joven español de 20 años y vecino de Castelldefels, ha sido detenido por efectivos de la policía local en la misma estación y trasladado a las dependencias de Gavá.

Fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han explicado que el personal médico de las dos ambulancias desplazadas al lugar ha intentado reanimar a la víctima, Rafael G.J. de 44 años y padre de un niño, con resultados negativos.

Las primeras informaciones suministradas por algunos testigos dan cuenta de que el agresor viajaba en el tren, donde ya había provocado altercados e incidentes a otros viajeros.

Al bajar en Castelldefels, el agresor ha continuado fastidiando a los pasajeros y el vigilante le ha recriminado su actitud. Ha sido entonces cuando ha comenzado una pelea entre los dos y una persecución por el interior del recinto de la estación, que el agresor ha abandonado saltando una de las vallas.

En el exterior de la estación ha continuado la discusión y la posterior agresión que ha acabado con la muerte del vigilante.

El alcalde de Castelldefels, Joan Sau, se ha mostrado consternado y ha dado "su pésame" a la familia y a los compañeros de la víctima.

"Es un hecho muy lamentable y triste", ha dicho el alcalde, que ha destacado la "rápida y eficaz" actuación de la policía local, que ha sido la que ha practicado la detención. Según el alcalde, el agresor es "conocido" en la ciudad.

Entre tanto, el responsable del Bar Boga Boga, Antonio, ha explicado que en el momento del suceso limpiaba la parte trasera de establecimiento. "Me han sobresaltado los gritos y los golpes. He salido y he visto a dos chicos pelarse. Después me he ido a atender a un repartidor y, cuando he vuelto, el vigilante ya estaba en el suelo", ha dicho. Asegura que la víctima "era muy conocida y una persona muy amable y afable".

El responsable del bar Guetxo, muy próximo a la estación, ha explicado que "se ha oído un ruido muy fuerte, muchos golpes y gritos" y ha apuntado que "algunos de los viajeros que había en aquel momento han retenido al agresor hasta que ha llegado la policía local".

Una de las personas que ha contribuido a retener al agresor ha sido el repartidor de periódicos gratuitos que cada mañana trabaja en la zona. "Se ha ido muy afectado", han dicho testigos de los hechos.

La crisis y la reducción de personal

Por su parte, el gerente del Sindicato Independiente de Profesionales de la Vigilancia y Servicios de Catalunya, Pedro Luis Oliva, ha denunciado que el recorte de presupuesto por parte de Renfe ha limitado el número de vigilantes en esa estación considerada una de las más problemáticas por la afluencia de usuarios.

Oliva ha dicho que en la citada estación habían dos vigilantes y que como consecuencia de la reducción de presupuesto sólo ha quedado uno para atender el servicio de vigilancia.

"Pero, además, este vigilante de seguridad, solo tiene para defender a los usuarios y para defenderse así mismo, una defensa (porra) y unos grilletes (esposas). Veremos si la Inspección de Trabajo toma las medidas necesarias para que el personal de seguridad privada no quede desamparado ante actos como estos, única y exclusivamente por motivos económicos", ha añadido.

Oliva también ha destacado que la victima llevaba como mínimo 10 años prestando sus servicios a la empresa Prosegur.

Los Mossos d'Esquadra del Área Territorial de Investigación de la Región Metropolitana Sur, que ya están observando las cámaras de seguridad de la estación, se han hecho cargo de las primeras pesquisas para esclarecer los hechos.

Los vigilantes del metro denuncian las amenazas y agresiones constantes de los carteristas

El metro es la jungla de los carteristas”, dice el responsable sectorial de seguridad privada de la Unión General de Trabajadores (UGT), Juan Antonio Ramos, refiriéndose a la ola de robos en el subsuelo de Barcelona y a la impunidad con la que actúan los hurtadores. Los vigilantes de seguridad – unos 300, según estima UGT- de las empresas Prosegur, Securitas y Eulen desplegados por la red del metro en diferentes turnos lidian cada día con unos 150 ladrones que frecuentan estaciones y vagones, una tarea complicada y arriesgada. Denuncian insultos, amenazas constantes, agresiones e, incluso, persecuciones por parte de los delincuentes. “Se ha dado el caso de que el carterista llega a perseguir al vigilante hasta su domicilio para intimidarlo”, comenta Ramos. Y a veces llegan a las manos. Las acciones violentas contra vigilantes “no son un hecho aislado ya que ocurren a menudo”, señala el secretario general de seguridad privada de la Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC), José Paz Iglesias. En este sentido los sindicatos calculan que cada semana se producen entre cuatro y seis agresiones físicas - no sólo de ladrones- a guardas de seguridad en el transporte público de Barcelona, aunque a veces estas cifras se superan.

La secuencia hasta las acometidas siempre suele ser la misma. En un primer momento, intentan escapar por todos los medios de ser retenidos por el personal de seguridad, pero frustrado este objetivo, no dudan en sacar una navaja, un puño americano o un machete. “Los carteristas siempre son los mismos porque no van a la cárcel ni se les expulsa. Es lógico. Si les cortamos el paso cada vez que quieren entrar, al final acaban enfrentándose a nosotros, agrediéndonos porque piensan que les estamos fastidiando su trabajo”, explica Iglesias. La mayoría son bandas organizadas, algunas de ellas muy peligrosas. La batalla a la que se enfrentan cada día estos trabajadores está haciendo mella en su salud y su resistencia psíquica, según denuncia Ignacio Arroyo, secretario de organización del Sindicato Profesional de Seguridad Privada (SPS) y miembro del comité de empresa de Prosegur. “La cantidad de bajas laborales – por agresiones y depresiones- que hay entre los vigilantes de los transportes públicos de Barcelona es una barbaridad”, asegura.

Los vigilantes reclaman más efectivos en el metro
Como posible solución al problema los sindicatos exigen aumentar los efectivos de vigilancia en el subsuelo urbano de Barcelona, donde se produce la mayor concentración de incidencias en materia de seguridad en los transportes públicos del área metropolitana. “Sólo hay un 25% de los guardias de seguridad de los que debería de haber”, se lamenta el responsable sectorial de seguridad privadad de Comisiones Obreras (CC.OO), José Antonio Roldán. La reducida plantilla fuerza cada vez más al personal a patrullar en solitario. “He visto compañeros ir solos en un vagón y tenerse que enfrentar sin efectivos de refuerzo al delincuente de turno”, comenta. Fuentes del comité de empresa de Prosegur también critican el hecho de que se hayan incrementado “los agentes únicos”, lo que “genera más conflicto porque éstos no pueden plantar cara a un grupo numeroso de personas”. En esta línea, la USOC reclama aumentar “el número de unidades caninas” y que se suprima “el patrullaje en solitario”.

Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) asegura que no puede facilitar el número de vigilantes de seguridad del metro porque las cifras fluctúan diariamente en función de las festividades y los eventos que acoja la ciudad y porque contrata los servicios “por horas”.

Los sinsabores de ir a la caza del carterista
En el supuesto de que el vigilante coja al ladrón ‘in fraganti’, lo retendrá hasta que lleguen los Mossos d’Esquadra para identificarlo, pero si éstos ven que no tiene antecedentes ni ningún juzgado lo reclama por un caso pendiente, lo dejan en libertad. El personal de seguridad se siente impotente delante de esta situación. Por eso, el sector comparte la reclamación de un cambio legislativo que facilite el encarcelamiento o la expulsión de las bandas organizadas en caso de que sus miembros sean reincidentes. Pero las modificaciones normativas que piden los vigilantes no acaban aquí. También se sienten indefensos porque la ley no les considera con “carácter de agentes de la autoridad”, lo cual marca una diferencia notable con respecto a los cuerpos policiales. Si un usuario del metro atenta contra un vigilante se le puede atribuir una falta o un delito por lesiones – dependiendo de si la lesión requiere o no un seguimiento médico superior al día- , mientras que si se trata de un agente, el atacante también es acusado de un delito de atentado y desobediencia contra la autoridad.

“Difícilmente puedes ofrecer seguridad si tú mismo no la tienes”, comenta el responsable sectorial de seguridad privada de CC.OO. Los vigilantes reivindican un cambio de la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada, para que incluya el carácter de agente de la autoridad en el desempeño de las funciones de vigilante. El sector ha acogido positivamente la ley Ómnibus que debatirá en breve el parlamento catalán, porque la norma reconoce a estos trabajadores la condición de agentes de la autoridad como colaboradores de los cuerpos de policía de Catalunya cuando presten servicio en infraestructuras de transporte público.

Agentes de seguridad privada del aeropuerto de Sevilla convocan huelga los días 15, 16 y 17 para pedir mejores condiciones

Los agentes de seguridad del aeropuerto de Sevilla de la empresa privada Trablisa se han declarado en huelga los días 15, 16 y 17 de julio, según han anunciado fuentes del sindicato CSIF, que precisa que estos empleados demandan que "se mejoren nuestras condiciones de trabajo, pues así mejoraran las del usuario".

Las fuentes sindicales han declarado a Europa Press que "los trabajadores han intentado negociar con la empresa en muchas ocasiones pero sin ningún resultado" y recuerdan que lo que quieren conseguir con esta huelga es que Trablisa "rectifique varios reglamentos, procedimientos y, sobre todo, contra el convenio de seguridad privada" y han asegurado que "por ahora la empresa ha hecho caso omiso".

Los trabajadores han manifestado que "se han empeorado las condiciones de trabajo", ante lo que quieren "negociar".

No obstante, han advertido de que si no se hace caso a sus peticiones, harán otra huelga en el mes de agosto. Además aseguran que "todo viene desde el año pasado y que no van a esperar más tiempo".

De esta forma, la huelga se va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio, días en los que habrá servicios mínimos sobre el 65 por ciento.

Los agentes de seguridad privada en huelga se situarán en el túnel de salida de pasajeros, con pancartas y con todo el personal, para que "los pasajeros sepan de nuestra situación". "No queremos imponer nada a la empresa, lo único que queremos es que cumplan los acuerdos", han aseverado.

Fuente: Europa Press

Agentes de seguridad privada del aeropuerto (Sevilla) convocan huelga los días 15, 16 y 17 para pedir mejores condiciones

Los agentes de seguridad del aeropuerto de Sevilla de la empresa privada Trablisa se han declarado en huelga los días 15, 16 y 17 de julio, según han anunciado fuentes del sindicato CSIF, que precisa que estos empleados demandan que "se mejoren nuestras condiciones de trabajo, pues así mejoraran las del usuario".

Las fuentes sindicales han declarado a Europa Press que "los trabajadores han intentado negociar con la empresa en muchas ocasiones pero sin ningún resultado" y recuerdan que lo que quieren conseguir con esta huelga es que Trablisa "rectifique varios reglamentos, procedimientos y, sobre todo, contra el convenio de seguridad privada" y han asegurado que "por ahora la empresa ha hecho caso omiso".

Los trabajadores han manifestado que "se han empeorado las condiciones de trabajo", ante lo que quieren "negociar".

No obstante, han advertido de que si no se hace caso a sus peticiones, harán otra huelga en el mes de agosto. Además aseguran que "todo viene desde el año pasado y que no van a esperar más tiempo".

De esta forma, la huelga se va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio, días en los que habrá servicios mínimos sobre el 65 por ciento.

Los agentes de seguridad privada en huelga se situarán en el túnel de salida de pasajeros, con pancartas y con todo el personal, para que "los pasajeros sepan de nuestra situación". "No queremos imponer nada a la empresa, lo único que queremos es que cumplan los acuerdos", han aseverado.

Fuente: Europa Press

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para la banda que golpeo al Vigilante de Seguridad de Logista

El 10 de agosto del año pasado, una banda de atracadores entró por la fuerza en las instalaciones de Logista, la empresa que distribuye el tabaco a los estancos de la provincia.

Eran las 3 de la madrugada y la alarma se disparó, dando el aviso a la empresa de vigilancia que custodiaba las instalaciones. Poco después, un vigilante se acercó al lugar, pero los delincuentes detectaron su presencia y comenzaron a golpearlo de forma violenta. Luego lo esposaron, le taparon la cara y le obligaron a comunicarse con la central varias veces para informar de que todo estaba en orden.

La agresión fue brutal y el vigilante necesitó atención médica durante casi medio año, unos hechos que van a ser dilucidados en el juicio que celebrará mañana la Audiencia Provincial de Badajoz. En el banquillo se sentarán dos ciudadanos rumanos detenidos por su presunta participación en los hechos.

El relato realizado por la Fiscalía explica que ese delito fue cometido el 10 de agosto del pasado año. Aquella madrugada, una banda de delincuentes logró apoderarse de 38 cajones de tabaco de la marca Marlboro valorados en 73.150 euros propiedad de Logista H10, la empresa que tienen sus instalaciones en la calle Joaquín Sánchez Valverde del polígono El Nevero.

La diferencia entre este robo y otros ocurridos con anterioridad en estas mismas instalaciones estriba en que los delincuentes fueron sorprendidos por el vigilante, con quien la emprendieron a golpes sirviéndose de palos y otros instrumentos similares. «Igualmente, y por un período de más de 90 minutos, neutralizaron la capacidad deambulatoria del mismo, esposándolo y tapándole la cara con una prenda».

La fiscalía añade que los ladrones usaron el Nissan Micra que utilizaba el vigilante, propiedad de la empresa Segurex, para empotrarlo contra el almacén del que sustrajeron el tabaco. Más tarde,usaron ese mismo coche para huir a Toledo, donde apareció el vehículo un día después en situación de siniestro total.

Gestiones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía permitieron detener a Marian C. y Vasile D. como presuntos participantes en los hechos descritos. Ambos son rumanos y se enfrentan mañana a una petición de pena que asciende a 15 años.
La Fiscalía los encuentra culpables de un delito de robo con violencia o intimidación, otro de lesiones y un tercer delito de detención ilegal. Para cada una de las acusaciones pide una pena de prisión de 5 años, por lo que solicita un total de 15 años de cárcel para cada uno de los detenidos.

Igualmente propone que indemnicen al vigilante de seguridad atacado con 8.760 euros por las lesiones causadas; que entreguen otros 4.840 euros a Segurex por el vehículo; y que paguen casi 80.000 euros a Logista H10 por el tabaco sustraído y los daños provocados en las instalaciones.

Fuente:Hoy.es

Detenido por agredir a un Vigilante de Seguridad en la estación de tren

La Policía Nacional ha detenido a un joven, de 26 años, por agredir a un vigilante de seguridad y encontrarse en situación irregular, en la Estación de ferrocarril de la Plaza La Bohemia.

El vigilante que viajaba en el tren observó como una mujer avisaba a su pareja, un hombre que estaba dormido, de que el tren se había parado porque habían llegado a Gijón.

Al despertarse reaccionó violentamente dando un empujón a la mujer y tirándola contra los asientos. La mujer contestó a la agresión dándole a su vez un tortazo. El vigilante observando la discusión y las mutuas acometidas trató de mediar en la discusión y que cesasen en su violenta actitud.

Lejos de ello, el joven agredió al vigilante alentado por tres amigos que esperaban en el andén y que increparon al vigilante para que no se metiera en la relación, por lo que tuvo que intervenir otro compañero de seguridad y los agentes policiales.

Identificaron a todos los presentes y procedieron a la detención del agresor de origen boliviano por encontrase en situación irregular en España. Se dio cuenta a la Autoridad Judicial de la actitud violenta mantenida por la pareja.

Fuente:Europa Press

Sanción a la empresa en la que trabajaba un vigilante asesinado

Cuatro años después del crimen de un joven vigilante en Mos, y casi dos desde que los culpables fueron juzgados y condenados, la Audiencia Nacional acaba de desestimar un recurso presentado por la empresa para la que trabajaba confirmando así una sanción de 90.000 euros por una infracción a la Ley de Seguridad Privada.

Según consta en el fallo de la sala de lo Contencioso, este proceso se inicia a raíz del crimen del vigilante que trabajaba para dicha empresa. Tras los sucesos, acontecidos en 2007, se abrió una investigación interna para aclarar si la empresa estaba prestando servicios de vigilancia sin estar autorizada para ello.

Tras tomar declaración al responsable de la empresa ser ordena también el interrogatorio a los compañeros del fallecido quienes manifiestan que su trabajo consiste en recoger un vehículo de la empresa para la que se ofrecía el servicio en la nave de Mos y con él realizar rondas de vigilancia por los diferentes almacenes de la citada empresa, comprobando si las puertas están cerradas, si hay humo, en cuyo caso avisarían a los bomberos, y comprobar si alguna puerta o ventana ha sido forzada en cuyo caso llamarían a la Guardia Civil. Además, aseguraron que el tiempo en comprobar cada nave-almacén es de unos 15 o 20 minutos.

Tras esta investigación, en 2008, se le impone una sanción por infracción de la Ley de Seguridad, que fue recurrida alegando que las funciones eran de custodia. El recurso ha sido desestimado.

El cuerpo del joven José Álvarez Nión, de 22 años, que trabajaba como vigilante para la empresa sancionada en el polígono de O Rebullón, aparecía con varios disparos. Era el 15 de agosto de 2007. Los autores del crimen, dos delincuentes, fueron detenidos poco después y juzgados en 2009. Reconocieron haber matado al joven de dos disparos. Aquella noche se habían desplazado hasta el polígono a fumar unos porros, dijeron.

La mala suerte quiso que el joven se topara con ellos y acabó falleciendo. Un jurado popular les encontró culpables y fueron condenados a 15 años de prisión.
Resuelto el crimen, y cuatro años después de que ocurriera, la empresa para la que trabajaba acaba de recibir una sentencia que rechaza el recurso interpuesto contra la sanción establecida en 2008 tras la investigación interna abierta .

Los armadores logran que Defensa apoye las armas pesadas en los atuneros

El aumento del número de ataques de piratas que operan en las aguas del Cuerno de África y el mayor nivel de violencia utilizado en sus asaltos preocupan seriamente a los armadores de la flota atunera española que faena en el océano Índico. De ahí que las dos principales patronales del sector, Opagac y Anabac, lleven meses insistiendo al Ministerio de Defensa que permita el embarque de ametralladoras pesadas en los pesqueros.

Ayer, la ministra Carme Chacón logró dar un paso en esta dirección. En viaje oficial por el este de África, Chacón se reunió ayer con el presidente de Seychelles, James Alix Michel, y consiguió el compromiso de crear una comisión bilateral para estudiar el asunto de las armas de gran calibre.

A finales de 2009, cuando el Gobierno dio luz verde al embarque de seguridad privada para proteger a los atuneros de los ataques piratas, se abrió la posibilidad de que los vigilantes pudieran llevar armamento militar. Así, el Ejecutivo dio el visto bueno a que pudieran utilizar ametralladoras pesadas Browning M2 calibre .50. Sin embargo, el Gobierno de Seychelles se negó a autorizar este tipo de armas. Puerto Victoria, la capital del archipiélago, es la ciudad de referencia de la mayor parte de los atuneros de pabellón español que faenan en la zona.

En la actualidad, los vigilantes de la empresa Segur Ibérica que trabajan en los 17 barcos vascos y gallegos que pescan en el Índico están armados con fusiles de asalto G36 y ametralladoras medias MG3. También disponen de pistolas, chalecos antibalas y gafas de visión nocturnas.

El gesto del Gobierno de Seychelles no le va a salir gratis a España. La ministra ha tenido que ofrecer cursos de formación para militares y policías del país en tareas de búsqueda y salvamento marítimo por parte de la Fuerza Aérea.

Cursos de abordaje

Asimismo, infantes de marina de la Armada española que forman parte de la operación internacional Atalanta instruirán a la guardia costera del archipiélago en técnicas de abordaje e inspección de buques, informó ayer el Ministerio de Defensa.

Además, España va a instalar una unidad permanente de telemedicina dentro de la red hospitalaria de las Seychelles que estará en contacto con el hospital militar Gómez Ulla y que también servirá para atender a los pescadores y vigilantes españoles.

El uso de seguridad privada está evitando nuevos secuestros entre los atuneros españoles. No obstante, su despliegue (suelen trabajar cuatro vigilantes en cada buque) está teniendo un serio impacto económico. Los armadores deben costear la mitad del servicio. El otro 50% se lo reparten el Estado y las comunidades autónomas. El coste estimado de la seguridad para los atuneros vascos, que son mayoría con 12 barcos, asciende en esta campaña a los 5,97 millones de euros.

CCOO denuncia la situación que atraviesan los 60 empleados de Cosegur Balear, que arrastra una deuda de 1,5 millones

La Federación de Actividades Diversas de CCOO en Baleares ha denunciado la "gravísima situación" que atraviesan los empleados de la empresa de seguridad privada Cosegur Balear -unos 60 trabajadores-, debido al "presumible" estado de insolvencia de la compañía, que arrastra una deuda de alrededor de 1,5 millones de euros con la Agencia Tributaria.

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que por el momento a los trabajadores se les ha comunicado que no van a cobrar sus salarios correspondientes al mes de junio, aunque posiblemente a mediados de mes se les realice un ingreso en sus cuentas de unos 500 euros.

En este contexto, la entidad sindical ha advertido de que no está "dispuesta a permitir que los trabajadores se conviertan nuevamente en el chivo expiatorio de la mala gestión y de las irregularidades empresariales", por lo que en tal sentido y entre otras medidas, se está elaborando un calendario de movilizaciones que comenzarán el próximo 20 de julio, a las 11.00 horas, ante la sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Tal y como apuntan desde CCOO, la información que la empresa ha trasladado a los propios trabajadores apunta a que ésta podría haber presentado un concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil. Cosegur es adjudicataria de numerosos servicios de seguridad entre los que se encuentran numerosos organismos públicos, concretamente catorce Consellerias, la Dirección Provincial del INSS y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

"Lo que resulta realmente incomprensible es por qué a una empresa que arrastra tal déficit con la Agencia Tributaria se le ha permitido concurrir a concursos públicos y se le han adjudicado servicios, toda vez que se supone que las empresas concurrentes han de acreditar solvencia", asevera la entidad sindical, que señala como el ejemplo más reciente la adjudicación del servicio de seguridad de la Conselleria de Agricultura a mediados del pasado mes de mayo.

Tal y como recalca, funcionarios de la propia Conselleria han manifestado que, en su momento, Cosegur aportó documentación acreditativa de su solvencia, si bien desde el sindicato han solicitado por escrito copia de esta documentación dado que "no acertamos a comprender cómo es posible que Cosegur, en el mes de mayo de 2011, sea solvente cuando obra en nuestro poder una declaración de embargo de la Agencia Tributaria" remitida al Fogaiba el pasado 4 de marzo de 2011.

"Tampoco entendemos cómo la Conselleria de Agricultura, una vez tiene conocimiento de la situación económica real de la empresa y nos consta que así es, no inicia de oficio las actuaciones tendentes a rescindir su contrato con Cosegur Balear", añaden desde CCOO.

Los sindicatos de seguridad privada desean trasladar su inquietud ante Ares y Camacho

Los sindicatos representados en el sector de la seguridad privada han solicitado una reunión urgente con el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, y el secretario de Estado de la Seguridad, Antonio Camacho, para tratar la retirada de escoltas privados a personas amenazadas en Euskadi y Navarra.

Fuentes sindicales informaron ayer de que los sindicatos con representación en el sector (CC OO, ELA, UGT y CSI-F) han reclamado sendas reuniones con Ares y Camacho "a la mayor brevedad posible" dada "la inquietud generada dentro del colectivo" por el ajuste anunciado en el servicio de protección a personas amenazadas por el terrorismo.

Según explicaron, la "preocupación" en el colectivo está motivada por "el plan puesto en marcha por la Administración para la retirada en dos fases de los escoltas privados que prestan su servicio de protección personal" a ciudadanos amenazados del País Vasco y Navarra. Los sindicatos citados consideran que estos planes afectarían laboralmente "de forma muy grave" al colectivo de escoltas privados, que, según han evidenciado las mismas fuentes, "han venido desarrollando su actividad desde hace más de 15 años con un resultado altamente satisfactorio e incuestionable".

El sindicato CC OO considera que la situación "puede tener un efecto de reconversión en este sector de profesionales. Según fuentes de dicha central, alguna empresa de seguridad "ya tiene previsto presentar un ERE -Expediente de Regulación de Empleo-" para sus trabajadores.

Por su parte, el consejero vasco del Interior, Rodolfo Ares, advirtió también ayer de que "no hace falta que el PP nos diga que estemos vigilantes" porque el Gobierno vasco va a mantener la política de "tolerancia cero con Bildu" y va a exigir "que se cumplan las leyes".

En una entrevista en la Sexta2, se refirió, de esta forma, a la iniciativa del PP en el Congreso para que se "extreme" la vigilancia a Bildu. Ares ha dicho que "no hace falta que el PP nos diga que estemos vigilantes" porque, dijo, "vamos a mantener la política de vigilancia y tolerancia cero y vamos a exigir que se cumplan las leyes". Finalmente, el consejero aseguró que no tiene "voluntad ni ofertas" de irse a Madrid y su decisión es dedicarse a la política en Euskadi".