Los sindicatos piden a la patronal de seguridad privada una reunión urgente

Las federaciones sectoriales de la seguridad privada de CCOO y UGT han acordado dirigirse a las patronales para reunirse "de forma inmediata y negociar las mejoras colectivas necesarias", tras la resolución hoy del laudo para los trabajadores del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Los sindicatos reclaman a la patronal de la seguridad privada un "posicionamiento valiente" para acordar un convenio colectivo "moderno", así como regular las condiciones específicas para los centros de trabajo "de especial sensibilidad".

Tanto CCOO como UGT han reiterado en una nota "la necesidad" de que el Gobierno convoque cuanto antes la Mesa Sectorial propuesta.

Ambas formaciones opinan que será útil para "analizar y poner solución" a la situación que viven los vigilantes de seguridad y que "mejorará las condiciones laborales" en el conjunto del Estado.

Añaden en el comunicado que el sector tiene como reglas generalizadas "bajos salarios, horas extras no remuneradas, duplicidad de tareas, mala planificación del trabajo y un progresivo empeoramiento de las condiciones laborales" con cada cambio de empresa adjudicataria del servicio.

CCOO y UGT consideran como "imprescindible" que la patronales sectoriales Aproser, FES y UAS "den un paso al frente en la defensa del sector y se sienten a negociar en serio una salida pactada que permita poner soluciones a los problemas que hoy en día viven los vigilantes de seguridad".

Los sindicatos advierten, asimismo, de que si no existe una "voluntad real para consensuar" el futuro del sector, iniciarán a partir de septiembre "de forma conjunta y creciente" movilizaciones en todos los centros de trabajo donde haya presencia de vigilantes de seguridad privada.

El laudo para resolver el conflicto de El Prat establece un complemento salarial de 200 euros mensuales

La resolución del laudo para resolver el conflicto del aeropuerto de El Prat-Barcelona establece un complemento salarial de 200 euros en 12 mensualidades (los sindicatos exigían 350 euros). El mediador y presidente del CES. Marcos Peña, ha informado a la empresa Eulen y al comité de trabajadores del contenido del laudo, que obliga a la anulación de los despidos de dos trabajadores así como las sanciones a otros dos empleados. [Consulta aquí el documento con el texto del laudo de El Prat]

Además, la empresa Eulen deberá incorporar a un quinto vigilante a cada arco de seguridad del aeródromo más un correturnos de 25 puestos de trabajo en las franjas de máxima afluencia y horas puntas. El laudo, de obligado cumplimiento, tendrá vigencia desde el pasado 4 de agosto a efectos económicos.

Los trabajadores de los controles de seguridad del Prat habían convocado una nueva jornada de huelga para el 8 de septiembre para protestar por las «represalias» contra cuatro trabajadores. Tras conocerse el laudo, las federaciones sectoriales de la seguridad privada de CC.OO. y UGT han acordado dirigirse a las patronales para reunirse «de forma inmediata y negociar las mejoras colectivas necesarias».

Los sindicatos reclaman a la patronal de la seguridad privada un «posicionamiento valiente» para acordar un convenio colectivo «moderno», así como regular las condiciones específicas para los centros de trabajo "de especial sensibilidad". Tanto CC.OO. como UGT han reiterado en una nota de prensa «la necesidad» de que el Gobierno convoque cuanto antes la Mesa Sectorial propuesta.

Los sindicatos advierten, asimismo, de que si no existe una «voluntad real para consensuar» el futuro del sector, iniciarán a partir de septiembre «de forma conjunta y creciente» movilizaciones en todos los centros de trabajo donde haya presencia de vigilantes de seguridad privada.

El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario el procedimiento de arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.

El Ejecutivo recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat.

Detenido un vigilante de seguridad tras robar dinero del restaurante donde trabajaba en Ayamonte

Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, el dispositivo comenzó el 23 de agosto, tras la denuncia interpuesta por el propietario de un restaurante de la localidad de Ayamonte, el cual cuando se dispuso a abrir el establecimiento el día 22 se percató de que en la caja registradora faltaban 350 euros de la recaudación del día anterior, y observó que no había ningún tipo de daño material. 

A su vez, el mismo día 23 de agosto, cuando regresó de nuevo al local, pudo observar como la puerta trasera estaba forzada, no faltando nada en su interior ya que debido al robo del día anterior, había tomado la precaución de no dejar dinero en efectivo. 

Así, puso todos estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que dio inicio a las investigaciones. En el transcurso de las mismas, contando con la colaboración del dueño del local, se pudo identificar al presunto autor del robo. Se trata del vigilante de seguridad contratado en turno de noche, que supuestamente se beneficiaba de su condición para acceder al establecimiento, llegando a actuar incluso vestido de uniforme, por lo que fue detenido. 

Asimismo, han indicado que, al parecer, esta persona está pasando por una mala situación económica y personal, lo que le habría llevado a cometer el hecho delictivo. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. 

Seguridad privada: 700 euros por vigilar aeropuertos, ministerios o centros comerciales

  • La reforma laboral y las ofertas a la baja en los concursos públicos han hecho que los salarios y las condiciones de los trabajadores del sector estén bajo mínimos
  • Un 17% de la facturación del sector procede de las administraciones públicas
  • "Es sangrante que empresas que presentan ofertas que matemáticamente son imposibles ganen contratos importantísimos con la Administración", critica CCOO
Están en las estaciones de tren, en los controles de los aeropuertos, en las entradas de edificios oficiales, en centros comerciales o en eventos como un partido de fútbol o un concierto. Los vigilantes de seguridad son la cara de la seguridad privada, un sector que, año a año y contrato a contrato, se ha precarizado cada vez más.

La reforma laboral y los bajos precios de los concursos públicos han hecho que los salarios y las condiciones de los trabajadores del sector estén bajo mínimos. Los sueldos en muchas empresas están muy poco por encima del salario mínimo interprofesional y en el mejor de los casos están en 1.100 euros. El conflicto de los trabajadores del aeropuerto de El Prat en Barcelona es el episodio más visible de un problema que va mucho más allá.

La seguridad privada emplea a unas 78.200 personas como vigilantes de seguridad, según una de las patronales, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). El 87% de estos trabajadores son hombres y su edad media es de 42 años. Un 17% de toda la facturación del sector procede de las administraciones públicas y ahí es donde radica uno de los principales problemas. 

Los sindicatos señalan a los concursos a la baja de las administraciones, que premian la oferta económica más reducida sin tener en cuenta otros criterios. "Son puras subastas. Es sangrante que empresas que presentan ofertas que matemáticamente son imposibles ganen contratos importantísimos con la Administración", critica el secretario de Acción Sindical de Construcción y Servicios de CCOO, Daniel Barragán, que explica que esas ofertas se materializan luego en recortes de plantilla, reducciones salariales y turnos interminables.

El caso ha llegado a ministerios como Defensa o Empleo. El departamento que dirige Fátima Báñez adjudicó la vigilancia de los Centros de Atención al Refugiado a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, con un convenio propio que reduce el 90% de los pluses de nocturnidad o festivo respecto al convenio estatal y que paga un sueldo de unos 700 euros. En el caso del ministerio dirigido por María Dolores de Cospedal, la adjudicación de la seguridad a la empresa Marsegur hizo que los trabajadores perdieran unos 400 euros frente al convenio estatal.

Los sindicatos tienen la vista puesta en la Ley de Contratación Pública que se negocia. Ese puede ser el instrumento que evite que los concursos y las licitaciones premien a este tipo de empresas. Cada vez más administraciones incluyen cláusulas sociales o estrategias para garantizar condiciones laborales dignas en las empresas con las que contratan. Es el caso de los ayuntamiento de Madrid y Zaragoza, o de los gobiernos autonómicos de Navarra, Aragón o Islas Baleares. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto el contrato de la empresa que les proporcionaba la vigilancia privada, Sinergias, por aplicar bajadas salariales a sus trabajadores.

La reforma laboral, clave

El problema, no obstante, excede a las administraciones. "Es un problema de modelo, durante estos años se ha distorsionado. El criterio para contratar, sea la Administración o un cliente privado, es el económico: se premia la oferta más barata y se deja fuera la calidad del servicio", dice el responsable federal de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Ahí entra en juego el segundo factor a tener en cuenta en los conflictos que vive el sector: la reforma laboral. 

La norma aprobada por el Gobierno en febrero de 2012 cambió las reglas de la negociación colectiva: desde entonces, el convenio de empresa prevalece sobre cualquier otro. Conflictos como el de las camareras de piso o el de los vigilantes de seguridad son la concreción de ese precepto abstracto. Algunas empresas firman sus propios convenios, en muchas ocasiones con una representación sindical creada ad hoc, que tiran por tierra los salarios y las condiciones firmadas en los convenios sectoriales y estatales.

"La reforma laboral es lo que más daño ha hecho. Peleas de precios brutales ha habido desde hace años, pero la posibilidad que dio la reforma de que las empresas hagan valer su propio convenio se lo ha cargado todo", apunta Daniel Barragán, de CCOO.

Mientras que una empresa que aplica el convenio estatal puede pagar un sueldo de unos mil euros, las que tienen su propio convenio tienen salarios base que rondan los 700 euros. Es el caso de los vigilantes del Ministerio de Defensa, según denuncia UGT, que calcula que un 20% de los vigilantes de seguridad en activo trabaja ya en este tipo de empresas.

La Audiencia Nacional ha anulado decenas de estos convenios de empresa en varios sectores y los sindicatos siguen denunciando. "Pero el proceso es largo. Muchas empresas siguen aplicando su convenio mientras recurren y hasta que hay sentencia firme", precisa el representante de UGT, Diego Giráldez. Hasta la patronal considera que esta "competencia desleal" es uno de los principales problemas del sector. El convenio estatal, que ya ha caducado pero que sigue aplicándose, incluye un artículo en el que patronal y sindicatos se comprometen a solicitar a las administraciones su cumplimiento en detrimento de otros acuerdos.

En lo que las partes no coinciden es en el contenido del nuevo convenio colectivo que tienen que negociar para los próximos años. Los sindicatos dicen que los planteamientos de la patronal son "regresivos" y que no firmarán nada que suponga recortes. La patronal recuerda que el sector arrastra aún unos resultados negativos. Las negociaciones están paralizadas y, mientras, los vigilantes de decenas de infraestructuras en distintos puntos del país preparan movilizaciones para otoño si sus condiciones no mejoran. "Eso es un polvorín", resume Daniel Barragán.

El Gobierno ha anunciado que en los próximos días iniciarán conversaciones con organizaciones sindicales y patronales para analizar la situación del sector, tal y como pedían los sindicatos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este miércoles en el Congreso q ue este grupo de trabajo analizará "cuantas cuestiones contribuyan a la mejora del servicio y las condiciones de trabajo de la seguridad privada en el transporte terrestre, marítimo y aéreo", con "especial incidencia", ha dicho, en la contratación pública, la estabilidad laboral, la formación profesional en el sector, los tiempos de trabajo y la seguridad y la salud laboral.




Seguridad low cost en Metro de Madrid

Trabajadores de seguridad privada de Metro de Madrid denuncian las condiciones laborales con las que trabajan la gran mayoría de los vigilantes en el suburbano. Retrasos en el pago de nóminas que apenas superan los 800 euros netos, a lo que suman la supresión y los recortes injustificados en los complementos salariales

"El riesgo que corremos, también se tiene que pagar, y cuando nos toca trabajar en fin de semana y de noche ya sabemos a lo que nos exponemos a cambio de 99 céntimos más la hora".

Valle Sanz delegada del sindicato UGT asegura que el problema es "la estrategia" con la que estas empresas consiguen posiciones de dominio en el mercado "a costa del salario de los trabajadores que reducen en un 40%".A esto añaden, en el caso de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, una de las 8 empresas adjudicatarias del servicio en Metro, la incertidumbre de cerca del medio millar de trabajadores , después de que la dirección comunicara su intención de ceder la actividad que presta en los servicios públicos, a partir del 1 de octubre.

"Trabajamos 10 horas por un sueldo mísero, expuestos a que nos apuñalen por la espalda, nos abran la cabeza, o nos tiren a la vía" se lamenta otro trabajador que nos pide anonimato "para evitar problemas". "Me encargo de los carteristas, vendedores, borrachos o grafiteros y encima tengo que comunicar a Metro si hay alguna avería". Y los fines de semana por la noche, añade otra compañera, "sabemos que algún altercado vamos a tener".

La empresa de seguridad no responde a las denuncias de sus trabajadores, mientras Metro de Madrid, que conoce la situación por la huelga que secundaron, se encuentra en pleno proceso de licitación y adjudicación del servicio de seguridad, proceso que espera tener resuelta en el mes de noviembre. El servicio de vigilancia privada, que en este momento prestan 8 empresas, tendrá un presupuesto para los próximos cuatro años de 234 millones de euros.

El nuevo pliego de condiciones, según fuentes de la compañía, incluye como novedad la "obligatoriedad" de las empresas de cumplir con el convenio colectivo del sector, no solo para optar a la adjudicación, sino para no perderla en caso de no hacerlo

La creación de la figura de "vigilante aeroportuario", condición para que no haya huelga en Barajas.

El comité de huelga de los vigilantes de Prosegur en los arcos de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ha fijado el 15 de octubre como "fecha tope" para que la patronal de empresas de seguridad, APROSER, incorpore "la funcionalidad de vigilante aeroportuario" en la categoría profesional, pues en caso contrario se verán "obligados" a convocar huelga "esta vez a nivel nacional".

Así lo ha relatado en un comunicado este comité, donde el sindicato ATES es mayoritario, que ha mantenido una reunión este mismo viernes y ha acordado mantener su compromiso con los trabajadores de Eulen del aeropuerto de El Prat en Barcelona. "No estamos desvinculados con todo lo que está sucediendo en El Prat", han dicho.

Fuentes de ATES han asegurado que el 15 de octubre es esa fecha tope, aunque desde septiembre seguirán con atención todos los progresos que puedan darse en esta materia.

El conflicto laboral de El Prat se da en los vigilantes de seguridad en los "filtros de pasajeros", coloquialmente conocidos como arcos de seguridad. Estos vigilantes son gestionados en Barajas por la empresa Prosegur, cuya plantilla ya convocó paros parciales en julio que finalmente se evitaron por un principio de acuerdo con la compañía.

Este comité de huelga de Prosegur en Barajas sigue activo y mantiene reuniones porque aunque estos paros se desconvocaron, los representantes de los trabajadores siguen los pasos que está dando Prosegur a la hora de aceptar las reivindicaciones de la plantilla.

"El diálogo y la incorporación de la funcionalidad de vigilante aeroportuario, así como el cobro del plus de radioscopia íntegra para todos los vigilantes de aeropuerto", es algo que "Prosegur llevó a APROSER, tal y como firmó en nuestra acta para retirar la huelga en Madrid", ha recordado en un comunicado.

Según el comité, la iniciativa tiene que llevarla a cabo ahora "entre Gobierno, mesa negociadora del convenio y AENA, o quien corresponda", para que la creación de esta figura "sea una realidad". "Si no, nos veremos obligados a realizar asamblea de trabajadores para convocar la huelga desconvocada, y esta vez será a nivel nacional", ha apuntado.

"Estamos en una infraestructura crítica, con una alerta de seguridad de nivel 4", han recordado los representantes de la plantilla. "De nosotros depende la seguridad de pasajeros y aeronaves", han insistido.

Solidaridad con los trabajadores de Eulen en El Prat

El comité de huelga de Prosegur en Barajas ha mantenido su solidaridad con los trabajadores de Eulen en El Prat. Ambos colectivos son los responsables de los filtros de pasajeros en los dos aeropuertos, ya que Eulen en Barajas se encarga de la vigilancia en el resto de las terminales y en las mesas de facturación.

"Mostramos nuestro apoyo a los compañeros del Prat", han recordado, y al tiempo han negado "ningún tipo de desvinculación al conflicto que se tiene en todos los aeropuertos de España".

Este viernes se ha conocido que el comité de empresa de Eulen en Barajas ha comenzado sus reuniones con la dirección de la empresa. La primera fue este jueves y en ella han acordado aplazar las negociaciones sobre aspectos económicos a después de que se resuelva el conflicto laboral de El Prat, "con el objetivo de evitar que todo lo tratado no sirva de nada en un futuro".

Los trabajadores de seguridad privada irán a la huelga el día 7 en Las Palmas.

Los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical Canaria, USO y Alternativa Sindical han convocado una huelga para el 7 de septiembre en la provincia de Las Palmas contra las empresas Seguridad Integral Canaria, Marsegur Seguridad y Sinergia Vigilancia y Seguridad (SVS), vinculadas todas ellas con el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

Así lo manifestó este viernes el secretario general del Sector Limpieza y Seguridad de UGT en Las Palmas, Juan José Socorro, durante una rueda de prensa en la que explicó que el motivo de esta convocatoria es exigir el abono puntual de sus salarios según el Convenio Nacional de Empresas de Seguridad Privada.

Del mismo modo, los trabajadores reclaman la aplicación de la sentencia que obliga a estas empresas a aplicar dicho convenio y destacan su oposición a las empresas 'low cost', "quienes revientan sus nóminas con reducciones salariales en torno al 30%", exponen desde las organizaciones sindicales.

Además, los sindicatos pusieron de relieve que el personal de estas empresas está "cansado" de cobrar "míseros sueldos" y que, para mayor agravio, perciben en muchos de los casos el día 20 de cada mes, "perjudicando la situación familiar y económica de este colectivo".

En este sentido, Socorro hizo especial hincapié en que el próximo día 7 los trabajadores irán a la huelga para "dignificar y profesionalizar" el sector de la seguridad privada. "También tenemos convocada una manifestación que tiene como punto de salida la Ciudad de la Justicia y que recorrerá la Audiencia Provincial, Cabildo, Gobierno de Canarias, Dirección General de Trabajo y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria", señaló.

"El motivo que nos lleva a presentar al huelga en esta tres empresas --Sinergia Marsegur y Seguridad Integral Canaria-- viene fundamentado por el incumplimiento del convenio sectorial por la precariedad en los salarios que se abonan a los trabajadores, por los atrasos continuados en el pagos de salarios llegando a cobrar los días 15, 16, 19 y más de cada mes", aseveró.

LA COMUNICACIÓN DEL CESE DE ACTIVIDAD: "UN ATAQUE PARA MERMAR LA PARTICIPACIÓN"

"El preaviso de huelga --añadió-- se ha presentado con anterioridad a la noticia del cese de la actividad de Seguridad Integral Canaria y entendemos que, independientemente de los motivos que pudiera tener Ramírez para comunicar el cese, esto es un ataque directo para mermar la participación de los compañeros".

Con todo, los trabajadores culparon de su situación a la organización interna de la propia empresa "por saber donde se metía y echarse a la boca más de lo que podía masticar". "También --continuó-- hacemos culpable a la propia administración central, al Gobierno de Canarias a ayuntamientos y cabildos por permitir que empresas como esta que no cumplen el convenio sectorial".

Finalmente, Socorro añadió que en Canarias tienen habilitados 13.260 vigilantes, de los cuales 7.400 están en activos. De esta cifra, 3.000 están en Santa Cruz de Tenerife y unos 4.400 en la provincia de Las Palmas.

Multa millonaria a las empresas de seguridad privada de la Comunidad de Madrid.

En los últimas semanas se ha hablado mucho de la seguridad privada que hay en los aeropuertos españoles. Ese servicio no solo está privatizado en Barajas, por ejemplo. De hecho, prácticamente todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid están protegidas por empresas privadas. Y el servicio, no es precisamente, el mejor, que digamos. Lo acreditan los datos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser. En lo últimos siete años, el Gobierno madrileño ha multado a estas compañías con cerca de dos millones de euros por incumplimientos del contrato.

La mayoría de las sanciones, según hemos sabido, se han impuesto a las empresas de la seguridad privada de Metro. Desde 2011, la Comunidad de Madrid ha multado a las empresas de seguridad privada que vigilan el suburbano con más de un millón y medio, entre ellas, por ejemplo, Prosegur, Eulen o Securitas, aunque por encima de todas, la compañía que más multas ha recibido ha sido Seguridad Integral Canaria, más de un millón de euros de sanción por no haber cumplido las horas de contrato, por no haber respetado los servicios minimos durante las huelgas y también por no haber evitado incidentes en zonas del metro que tendrían que haber reforzado. Esta compañía canaria, precisamente, acaba de anunciar que cierra parte de su negocio. Según han reconocido desde esta compañía a la SER, se van a deshacer de "todo el servicio de vigilancia presencial", salvo en el caso de "Metro y Adif", que serán las únicas excepciones. Desde Seguridad Integral Canaria (SIC) señalan que en su base solo les consta que la Comunidad de Madrid les impuso una sanción de 112.000 euros. Esa cantidad difiere de los datos oficiales que maneja el Gobierno madrileño a los que ha tenido acceso la SER.

La Comunidad de Madrid también ha multado a las compañías de la seguridad privada, por ejemplo, de la Consejería de Presidencia, o de la Agencia del Menor Infractor. En este último caso porque entre su plantilla no se incluyó a un 2% de personas con discapacidad. Hay sanciones similares también en la Consejería de Educación y en la de Transportes.

Sin embargo, misteriosamente, en ese listado de multas al que hemos tenido acceso, no hay ni una sola sanción para la empresa que se encarga de la seguridad privada de los juzgados madrileños. Como ya les adelantamos en el mes de junio, los vigilantes han estado trabajando desarmados en contra de los que fijaba el contrato, de hecho, durante 10 meses, el Gobierno madrileño pagó indebidamente más de 120.000 euros a esta empresa. El diputado del PSOE Diego Cruz, cree que es un escándalo que la Comunidad haya pasado por alto esta situación y no haya sancionado a esta empresa.

Ombuds remueve la seguridad privada con sus planes para comprar empresas

Fuentes del mercado atribuyen negociaciones para comprar Prosetecnisa que la empresa afectada niega, aunque sí que hubo acercamientos el año pasado. También negocia para comprar una empresa portuguesa mientras ha solicitado entrar en la patronal de las grandes empresas de seguridad Aproser.

Ombuds es la compañía de la que todos hablan en el sector de la seguridad privada. Caída en desgracia Segur Ibérica y con el liderazgo de Prosegur muy asentado, esta compañía presidida por Rodrigo Cortina y con participación del fondo de inversión JZI ha comunicado este mes de agosto en el registro mercantil una ampliación de capital de 3 millones de euros hasta los 15.

Este aumento de capital se produce en un momento en el que la compañía está tanteando diversas opciones para seguir ampliando cuota de mercado e importancia dentro del sector, una estrategia para la que tienen liquidez tras firmar un crédito factoringsindicado de 60 millones de euros. Fuentes del mercado confirman los rumores de que la compañía podría encontrarse en conversaciones para comprar Prosetecnisa, una compañía con 37 millones de euros de facturación y contratos de importancia.

Puestos en contacto con Prosetecnisa, su dirección niega categóricamente que haya ningún tipo de negociación con Ombuds ni que la vaya a haber. El año pasado hubo algunos acercamientos entre ambas compañías que no fueron a más.

Según aseguran fuentes del sector, el presidente de Ombuds, Rodrigo Cortina, tiene en estos momentos la idea de crecer vía adquisiciones. Con la adquisición de Casesa, que adelantó 'Vozpópuli' hace ahora casi dos años y que está todavía pendiente de cerrarse al completo, la compañía dio un salto de gigante para hacerse más relevante en el sector. En el sector se asegura que las propias condiciones de Cortina, que tendría un contrato en el que cobraría más cuanto más facturara Ombuds, influyen en esta intención de crecer. Este periódico ha tratado de contactar con la Ombuds por vía telefónica y por e-mail para contrastar este punto sin obtener respuesta.

Por su parte, fuentes sindicales del sector seguridad aseguran que "si se siguen cogiendo contratas a bajo coste llegará un momento en que podríamos encontrarnos con una situación como Segur Ibérica".

Entrando en la patronal

Por otra parte, la compañía se encuentra en negociaciones para entrar en Aproser, la patronal de grandes empresas de seguridad privada que en la actualidad. Esta asociación, donde están las grandes como Prosegur, Eulen,Ilunion, Securitas o Loomis, exige a sus asociados un punto ante todo: el cumplimiento del convenio colectivo sectorial en lugar de redactar convenios de empresa que estén por debajo, tal y como han hecho otras compañías llamadas 'low cost', como Marsegur o Sinergias de Seguridad, a las que los sindicatos vinculan con Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria.

El motivo de esta exigencia es sobre todo evitar que la bajada suicida de precios en los contratos acabara lastrando a la rentabilidad de los grupos de seguridad, como efectivamente ha estado ocurriendo. Ombuds se encuentra en disposición de cumplir esta exigencia desde su nuevo posicionamiento como empresa 'grande'.

Por su parte, desde Aproser se ha rechazado confirmar a este diario si Ombuds ha hecho su petición para entrar en la patronal, pero sí han aclarado que esta petición puede tardar un tiempo en tener luz verde: "Tenemos unas exigencias alidad y para entrar en la asociación hay que cumplir una serie de requisitos que pueden tardar un tiempo en comprobarse y hay que pasar las auditorías que necesitan las empresas para cumplir con los parámetros", ha asegurado un portavoz oficial de la patronal liderada por Prosegur.

Integral Canaria abandona la mayoría de sus contratos de seguridad por impagos públicos

Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, puntualiza a este diario que no es un cierre empresarial sino de algunos servicios deficitarios, y que afectará a la mitad de sus vigilantes. Asegura que las administraciones les deben 25 millones.

Una de las empresas de seguridad privada más conocidas y también más polémicas de España ha anunciado este martes a sus trabajadores un ajuste en su actividad. Según ha informado el comité de empresa, Seguridad Integral Canaria ha anunciado este martes un "cese de actividad" tras el que cederá o venderá sus servicios en un ajuste que afectará a 1.000 vigilantes de los 2.000 que tiene. Se trata principalmente de las actividad de seguridad privada con contratas, deficitarias según asegura su presidente por la mala calidad de los pagadores.

Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, propietario del Grupo Ralons y también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. En los últimos años consiguió saltar fuera de las islas y consiguió presencia en la Península con adjudicaciones importantes como Metro de Madrid o el Ministerio de Defensa. Las actividades afectadas serán sobre todo en las islas y según Ramírez seguirán manteniendo contatos emblemáticos, como el propio de Metro, que en mayo vigilaba Seguridad Integral Canaria en un 40% de su red.

Según informa el comité, el 1 de septiembre la compañía liquidará los servicios privados y el 1 de octubre los públicos, mientras mantiene su compromiso de pagar a "trabajadores, proveedores y bancos". Este periódico ha podido hablar con Ramírez, quien ha asegurado que no se trata de un cierre empresarial sino de una "reordenación". "Tenemos que reiniciar nuestra presencia en transporte de fondos y sistemas y quedarnos con los servicios que pagan bien y lo suficiente para cumplir con el convenio nacional. Por ello nos vamos a quitar todos los servicios de seguridad y vigilancia que nos pagan tarde y no cubren nuestros costes".

Según fuente sindicales, la empresa tiene pérdidas de 7,2 millones de euros de los cuales 3,2 se deben a la compra de la oficina en Las Rosas (Madrid), 3,7 millones por denuncias perdidas y 500.000 por gastos operativos. La empresa tendría además 25 millones sin cobrar de las administraciones: Patrimonio le debería 2 millones, Defensa 2,5 y el ayuntamiento de Las Palmas 5 millones.

Ofertas a la baja

Integral Canaria había sido criticada por los sindicatos por hacer ofertas a la baja para ciertos servicios, con unas rebajas de costes que repercutía en sus empleados mediante convenios peores que el convenio nacional, algo que permite la reforma laboral. Sin embargo, el objetivo de la empresa es ahora precisamente "poder cumplir el convenio", según su presidente. En estos momentos, la empresa estaba adoleciendo de problemas de caja que le habían llevado a impagar a sus empleados, según ha reconocido su presidente, y lo que le había provocado una huelga general.

Además, Ramírez ha asegurado que no habrá despidos porque otras empresas se quedarán con los servicios de Integral Canaria mediante subrogaciones.



El gigante canario de la seguridad 'pirata' se retira y deja a 3.700 trabajadores en vilo

Seguridad Integral Canaria cesa su actividad. Así se lo ha comunicado este martes la compañía propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al comité de empresa, según unos audios de la reunión a los que ha tenido acceso este periódico. "Esta empresa se retira, se acaba, se terminó, no seguimos. Hasta aquí hemos llegado", informa el director general, Héctor de Armas, a los representantes de los trabajadores. "La decisión del accionista es la que es. No pongo un duro más y me voy del sector de la seguridad. Punto".

No obstante, se compromete a cumplir hasta el último momento tanto con los empleados —que denuncian impagos constantes y retrasos en las nóminas— como "con los bancos, con Hacienda y con la Seguridad Social". Lo mismo indica el comunicado interno del comité de empresa, que solicita “calma y tranquilidad” a la plantilla tras remarcar el “compromiso de pagar a los trabajadores, proveedores y bancos” por parte de la empresa. “El administrador único Héctor de Armas comunica el cese de actividad. El 1 de septiembre serán liquidados (vendidos o cedidos) los servicios privados”, añade el documento. La empresa hará lo propio con los servicios públicos a partir del 1 de octubre. La firma, nacida en Canarias —donde acapara la mayoría del mercado de seguridad privada—, cuenta con 3.700 empleados en toda España y tiene tres líneas de negocio: vigilancia —al que pondrá fin—, transporte de fondos y sistemas de alarma.

Según los sindicatos, Seguridad Integral Canaria garantiza que la nueva empresa subrogará a los trabajadores actuales. No obstante, y a pesar de los audios, fuentes de la compañía aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada y descartan el cierre. Sí se estaría barajando el "cese de actividad para una serie de servicios concretos, aunque por ahora no sabemos a cuántos empleados podría afectar".

Su caso es un claro ejemplo de empresa ‘pirata’ que ha intentado tirar los precios para hacerse con adjudicaciones a la baja, como indican fuentes sindicales. “En los últimos años, han proliferado las compañías que, amparadas en la reforma laboral, han irrumpido en el mercado de la seguridad privada con convenios de empresa para abaratar costes y aumentar así su cartera de clientes”, explica el responsable de seguridad privada estatal de UGT a este periódico. Diego Giráldez recuerda que tampoco es la primera vez que estas mismas firmas cesan su actividad “y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo”.

Otro ejemplo reciente es Segur Ibérica, que acabó vendiendo sus unidades productivas tras efectuar un ERE que afectó a unos 2.000 trabajadores. Los otros 7.500 fueron reubicados en la nueva empresa, I-SEC International Security. Eso sí, existe una diferencia sustancial entre esta última y Seguridad Integral Canaria, pues la primera se acogía al convenio estatal de seguridad y la segunda creó su propio convenio en Las Palmas, con salarios inferiores para los empleados.

No obstante, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio en Las Palmas el verano pasado por no considerar legítima la representación laboral que lo firmó. “Además, son habituales los impagos o los retrasos en la nóminas”, apostillan fuentes sindicales. Sobre el papel, la firma se acogió desde ese momento al convenio estatal de seguridad —con mejores condiciones para los trabajadores—, pero lo incumplía sistemáticamente, según estas mismas fuentes.

¿Por qué abandona el sector?

La empresa de Miguel Ángel Ramírez dio el salto a la Península con contratos públicos en Metro de Madrid, entre otros muchos. En la reunión con el comité de empresa aludió a la mala situación económica que atraviesa para justificar su cese de actividad, como informa el sindicato USO. También ha cuantificado su deuda en 7,2 millones de euros. “Esta decisión viene motivada por una demanda penal que interpusimos por evasión de cotizaciones sociales”, hilvana el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, que mantiene varios procedimientos judiciales contra la empresa dirigidos por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados. El presunto fraude a la Seguridad Social asciende a "21 millones de euros”.

Seguridad Integral Canaria culpa a la demora de pagopor parte de las administraciones públicas, a las que considera el origen de todos sus problemas. "Nos deben 25 millones de euros. Eso genera tensiones de tesorería e impagos a los trabajadores", precisan fuentes de la compañía a El Confidencial.

Fuentes del sector especulan con la posibilidad de que Seguridad Integral Canaria traspase el negocio a Sinergias de Seguridad y Marsegur, ambas con convenio propio y esta última conocida por pagar poco más de “700 euros al mes” a sus empleados. “Son claras muestras de empresas que recurren a políticas desleales —basadas en abaratar costes— para acaparar el mercado” y llevarse las adjudicaciones, sostiene el portavoz de UGT tras pedir un cambio en el modelo de contratación pública.

"Hay que estar vigilantes ante una posible nueva estrategia tramposa de esta empresa por su intención de desviar su cartera de clientes a otras compañías (...) con el fin de aplicarles condiciones salariales muy inferiores y para enmascarar el impago de sueldos que mantienen desde hace meses", añade el Sindicato Libre de Seguridad (SLS).

Los sindicatos vigilarán de cerca que el traspaso o venta se realiza de forma transparente y conforme a la legalidad. “Exigiremos que los trabajadores sean subrogados por empresas que cumplan escrupulosamente el convenio estatal”, zanja Giráldez.

Los vigilantes de El Prat animan a sus colegas de otros aeropuertos a seguir su ejemplo.


El conflicto de Barcelona-El Prat amenaza con extenderse como una mancha de aceite por toda España, aunque el Ministerio de Fomento está esforzándose para contenerlo. Prueba de ello es la última iniciativa de Íñigo de la Serna: crear un grupo de trabajo —a propuesta de los sindicatos— para abordar las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad a nivel global (y en todos los ámbitos). Y está dando sus primeros frutos. Los trabajadores de aeropuertos como A Coruña o Santiago de Compostela han dado tregua a los paros en espera de que este gesto no se trate de un mero brindis al sol.

No opinan lo mismo los huelguistas de Eulen, subcontrata de Aena en el Prat. Los trabajadores en lucha son partidarios de que sus colegas hagan lo mismo que ellos en otros aeropuertos, porque esa es la manera más efectiva de conseguir mejoras salariales. “Ya hemos cumplido nuestro papel en Barcelona. Ahora la pelota está en los demás aeropuertos de España, que son los que deben tomar nota y seguir nuestro ejemplo”, sostiene el miembro del comité de huelga Álex Giménez.

Y lo dice en pleno proceso de arbitraje, cuando todavía no está claro si el veredicto del mediador mejorará las condiciones que ya propuso en su día la Generalitat: 200 euros más al mes en 12 pagas, oferta rechazada por los trabajadores. El árbitro Marcos Peña tiene nueve días para emitir un laudo de obligado cumplimiento por la empresa y los trabajadores. Sea cual sea el resultado, los trabajadores de El Prat verán, aunque sea mínima, una mejora de sus condiciones laborales, a diferencia de sus compañeros en otros aeropuertos. Y es que los salarios mileuristas y la falta de manos no solo son cosa de Barcelona.

“No es un problema de El Prat sino de todas las contrataciones públicas. Tenemos que buscar soluciones globales y cambiar la situación”, explica el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Los sindicatos están preparando un otoño caliente por si las negociaciones para cerrar el nuevo convenio colectivo de seguridad no llegan a buen puerto. De momento, han dejado la batería de movilizaciones en el aire para dar un voto de confianza al Gobierno y su grupo de trabajo, que será convocado por el Ministerio de Empleo. Aún no hay reuniones ni fechas confirmadas.

Paréntesis en las huelgas

Los huelguistas en potencia abren así un “paréntesis en las convocatorias para ver qué nace de esa reunión”. Pero advierten de que reanudarán los paros si no detectan “la suficiente voluntad política”. Los vigilantes de los aeropuertos de Santiago de Compostela (Prosegur) y A Coruña (Eulen) habían convocado huelga a partir del 20 de agosto, pero la han aplazado tras sentarse a negociar con sus respectivas empresas.

Otros trabajadores, como los de los aeropuertos de Valencia, Alicante, Tenerife Sur o una parte de Madrid-Barajas, aún no habían convocado formalmente los paros pero amenazaban con hacerlo. También los dejan en punto muerto, a la espera del resultado de la reunión con el Ejecutivo.

Los que no esperarán tanto son los huelguistas de El Prat. No obstante, no tomarán ninguna decisión hasta que el árbitro se pronuncie. El Gobierno ha encargado esa tarea al presidente del Consejo Económico y Social (CES) y antiguo mediador en el conflicto de los estibadores, Marcos Peña. La ley obliga a ambas partes a aceptar el veredicto tanto si están conformes como si no, prohibiendo explícitamente los paros contra el laudo.

Pero los vigilantes de seguridad amenazan con convocar nuevas huelgas si los problemas de falta de mano de obra y bajos salarios persisten una vez concluido el mecanismo de arbitraje. Además, denuncian despidos improcedentes durante la huelga, recurrirán el laudo por considerarlo “ilegal” y llevarán a los tribunales la decisión del Gobierno de reforzar la presencia de la Guardia Civil por “vulnerar el derecho de huelga”.

Tres jueces dictan fallos contradictorios sobre los vigilantes ‘low cost’

Dos sentencias en Madrid rechazan la rebaja de sueldos unilateral que otra en Sevilla acepta.

El 1 de febrero, Sinergias de Vigilancia y Seguridad se hizo cargo del control de los cuatro Centros de Atención al Refugiado que Empleo tiene en Madrid, Sevilla y Valencia. Sustituía a Grupo Control. El cambio llevó aparejado una reducción de sueldo muy significativa para los vigilantes de estos centros, en torno al 40%. Estos trabajadores denunciaron la rebaja ante la justicia y ya están llegando las sentencias. Pero los fallos de los jueces están siendo contradictorios: en Madrid les dan la razón, en Sevilla se la quitan.

A finales de julio los juzgados de lo Social dos y 22 de Madrid atendieron la demanda de los vigilantes de los centros de Vallecas y Alcobendas. Los razonamientos de ambas sentencias, conocidas recientemente, son muy similares. Rechazan la petición de Sinergias, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional, que reclamaba que las demandas se desestimaran porque en el momento de presentarse (marzo y abril) estaba pendiente que la Audiencia Nacional decidiera si su convenio, el que aplica a sus centros de trabajo de toda España, era legal o no.

Finalmente, la Audiencia decidió el pasado 10 de julio que el convenio de Sinergias es ilegal. Basándose en ese convenio, lo que hace la empresa, que sindicatos del sector como UGT y CC OO vinculan al polémico empresario y presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, es reducir los sueldos a los trabajadores de las instalaciones de cuya vigilancia pasa a encargarse. Para eso se apoya en la reforma laboral de 2012, que dicta que el convenio de empresa prima sobre el del sector, y en este caso uno tiene un sueldo base de 660 euros, que solo supera el salario mínimo legal por complementos, y el otro supera los 900 euros sin suplemento.

Procedimiento inadecuado

A pesar de que este principio legal de la reforma, los jueces madrileños señalan que Sinergias no siguió el procedimiento formal adecuado para rebajar los sueldos. Razonan que una reducción de salarios de tal calibre debe considerarse una “modificación sustancial de condiciones laborales” y que para hacerlo no basta con la decisión unilateral de la empresa, sino que debía haber abierto un proceso de información y consulta con los trabajadores afectados, algo que no hizo.

En lo que sí discrepan los jueces madrileños es en si cabe recurso contra su decisión. La sentencia del juzgado número dos, que solo afecta a un empleado, advierte que el fallo “es firme, ya que contra la misma no cabe interponer recurso” y ordena abonar al demandante lo no cobrado, 3.042,8 euros. En cambio, el fallo del número 22 condena a Sinergias a aplicar el convenio sectorial y “a restituir a los demandantes los salarios dejados de percibir”, pero sí que deja abierta la puerta del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por su parte, el juzgado sevillano discrepa en que la reducción salarial debiera seguir otro cauce al utilizado por la empresa. Así que, pese a que también rechaza la petición de desestimar la demanda porque estaba pendiente la decisión de la Audiencia Nacional, concluye que la reducción de sueldos es legal. Este fallo, dictado en junio, dejaba abierta la posibilidad del recurso a un tribunal superior.

Quien todavía no sabe qué suerte correrá su demanda son los vigilantes del centro de Mislata (Valencia). En este caso está previsto que el juicio se celebre el 28 de septiembre.

Los trabajadores de seguridad del Grupo Ralons convocan una jornada de huelga

La Federación Canaria de Alternativa Sindical de trabajadores de seguridad privada, en unión de UGT, CCOO, USO e Intersindical Canaria, ha convocado una huelga en las empresas de seguridad del Grupo Ralons para el próximo 7 de septiembre por "impagos de salarios y retrasos".

Más de 2.000 trabajadores de las empresas del Grupo Ralons en la provincia de Las Palmas -propiedad de Miguel Ángel Ramírez-, entre las que los sindicatos incluyen a Seguridad Integral Canaria, Marsegur y Sinergias, están llamados a secundar este paro laboral.

La convocatoria de la huelga fue presentada este viernes tanto en los registros de las tres empresas de seguridad privada como en la Delegación del Gobierno en Canarias y en la Dirección General de Trabajo, subraya la fuente.

Las tres compañías de seguridad prestan sus servicios en infraestructuras de sanidad, transportes -carga en el aeropuerto de Gran Canaria, contenedores en el puerto de Las Palmas, Global y Guaguas Municipales- y en diversas consejerías del Gobierno canario, entre otros contratos, según Alternativa Sindical.

El comité de huelga no descarta que esta protesta sea indefinida si no son atendidas sus reivindicaciones que, además de reclamar el pago de nóminas "en tiempo y forma", reclaman que se abonen las sentencias y resoluciones de Inspección de Trabajo, que obligan a cumplir con el Convenio Estatal de empresas de seguridad.

Asimismo, los trabajadores piden el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que, a instancias de una demanda interpuesta por Alternativa Sindical, obliga a la empresa en Las Palmas a abonar los salarios dejados de percibir durante el periodo irregular del descuelgue del convenio al que se vieron sometidos los empleados.

Según Alternativa Sindical, Seguridad Integral Canaria, Marsegur y Sinergias mediante ese descuelgue "han reventado los precios de mercados del negocio de la seguridad privada y, mediante la precarización salarial, se ha hecho con suculentos contratos" con la administración pública.

Dos de cada diez euros facturados por la seguridad privada vienen del sector público.

Casi el 20% de los ingresos de la seguridad privada procede del Estado, uno de los máximos contratistas de las empresas especializadas en este sector en nuestro país. Pero… ¿a qué precio?

La huelga de El Prat ha servido para abrir el melón de la seguridad privada en España, un negocio que facturó 3.481 millones de euros en 2015 (+2,9%) según los últimos datos de la patronal Aproser. No obstante, los salarios de los vigilantes no crecen al mismo ritmo que los beneficios. Y el conflicto en el aeropuerto de Barcelona solo es la punta del iceberg. El estallido ha hecho que el propio ministro de Fomento se comprometa a crear un grupo de trabajo para estudiar la situación, recogiendo así el guante de los sindicatos.

Los aeropuertos son uno de tantos escenarios donde la administración pública subcontrata empresas privadas para reforzar la seguridad. Los vigilantes también operan en otras infraestructuras ‘críticas’ como los ministerios o las estaciones de tren, aunque su presencia se extiende por todas las comunidades autónomas (colegios, hospitales). De hecho, casi el 20% de la facturación de estas compañías procede del sector público.

Si desglosamos esos datos, el 23% procede de la administración estatal, el 17% de las comunidades autónomas, el 10% de las corporaciones locales y el 50% de las empresas públicas como Renfe o Aena, participada en un 49% por capital privado. “El Estado es uno de los mayores contratistas de este tipo de servicios en España”, explica el responsable de Seguridad Privada de UGT. Diego Giraldez aclara que es “muy complicado” calcular cuántos vigilantes trabajan para subcontratas de la pública.

La cifra de vigilantes de seguridad privada asciende a más de 78.200 efectivos en España. Sus condiciones laborales dependen del nuevo convenio colectivo estatal que se está negociando, no sin tira y aflojaentre los sindicatos y las patronales del sector. Los primeros acusan a las segundas de pretender “congelar los complementos de antigüedad, aplicar una subida salarial ridícula y modificar las prestaciones por IT”, endureciendo los criterios para cogerse una baja médica. Giraldez garantiza que las empresas “tendrán enfrente” a UGT si plantean “retrocesos laborales” en lugar de mejoras.

Por su parte, la patronal Aproser se muestra dispuesta a negociar pero recuerda que las compañías de seguridad privada han sufrido una caída de la facturación de más del 20% en los últimos ocho años. De hecho, 2015 fue el primer año en el que los ingresos comenzaron a repuntar. “Muchas de las empresas que aplican el convenio sectorial siguen en pérdidas”. Quizá por eso unas cuantas han redactado su propio convenio, tirando los precios. La reforma laboral de 2012 lo permite.

Según la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, actualmente hay 1.373 empresas de seguridad privada registradas en nuestro país. De estas, 212 tienen licencia para operar a nivel autonómico y 175 a nivel estatal, bien sea prestando servicio a otras compañías o trabajando para el sector público. El mayor número de firmas registradas corresponde a instalación y mantenimiento, seguido de cerca por vigilancia. Como curiosidad, el número de centros de formación de seguridad privada es incluso superior al de empresas: hay 1.700 en toda España.

Recortes, ¿el origen del problema?

CCOO denuncia que en este sector “cada vez hay más empresas piratas que compiten a base de recortar los salarios de los trabajadores”, una práctica que se da en paralelo a las adjudicaciones a la baja por parte de la administración pública. La subcontrata de Aena en Barcelona, Eulen, es un ejemplo de firma que se escuda en el ‘insuficiente’ dinero público que recibe como pretexto para pagar poco o no contratar refuerzos, a pesar de la evidente falta de personal. “La administración pública es la responsable última, por supuesto”, remarcan los representantes de los trabajadores.

La lucha contra las licitaciones ‘tiradas’ de precio incluso une a patronal y sindicatos, sin que sirva de precedente. “Queremos que se prime la calidad del servicio”, reclaman fuentes de Aproser. Sus mayores retos actuales son la competencia desleal, el intrusismo, la inseguridad jurídica y la escasa rentabilidad. De hecho, UGT les acusa de refugiarse en este último aspecto para sortear mejoras en el nuevo convenio colectivo.

La patronal dice haber presentado enmiendas a la Ley de Contratación Pública que se está negociando para que se deje de valorar el factor precio como casi único criterio. Máxime cuando muchos de los vigilantes de seguridad prestan sus servicios en infraestructuras de riesgo, como las estaciones de Renfe. Las licitaciones a precio de saldo causan una reacción en cadena: a menos dinero público, peores condiciones laborales, menos personal y mayor carga de trabajo para unos empleados que han dicho ‘hasta aquí’ en aeropuertos como el de Barcelona-El Prat.

Las negociaciones para dar a luz al nuevo convenio colectivo, que ya lleva varios meses de retraso, se producen en paralelo al grupo de trabajo que Fomento pretende poner en marcha a propuesta de los sindicatos. El objetivo es abordar las condiciones de los trabajadores de la seguridad privada (no solo ceñida al ámbito de los aeropuertos) en un marco global “para evitar que se produzcan hechos diferenciados”, como explicó Íñigo de la Serna este miércoles.

Los representantes de los trabajadores agradecen el gesto y esperan que no se trate de un mero brindis al sol. “Esto nos lleva a abrir un paréntesis en las convocatorias de huelga que teníamos previstas en los aeropuertos de Valencia y Alicante”, concluye Giraldez.

El Gobierno elige a Marcos Peña como árbitro en el conflicto de El Prat. Eulen acepta la propuesta de mediación del Govern aunque la ve por encima de lo "admisible".

El Gobierno ha propuesto a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), como árbitro en el procedimiento de arbitraje obligatorio entre los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen. La propuesta se produce tras la decisión del comité de empresa de Eulen de renunciar a proponer el nombre de un mediador al considerar que la solución del conflicto por un laudo no es legal.

El Ministerio de Fomento ha optado por Marcos Peña como mediador de garantía para desatascar el conflicto que enfrenta a los trabajadores de seguridad de Eulen con su empresa y con Aena, contratista del servicio, y que ha causado graves problemas a los pasajeros del aeropuerto de El Prat desde comienzos de este mes de agosto.

Tras la propuesta realizada ayer por el ministerio que dirige Íñigo de la Serna, las partes tienen un plazo de 24 horas para realizar las alegaciones que estimen oportunas a la propuesta del Gobierno sobre el mediador. A su vez, cuando éste sea designado, tendrá un plazo de 10 días naturales para emitir el laudo de obligado cumplimiento para las partes.

Los trabajadores, tras la última reunión que mantuvieron con la empresa el pasado jueves, a tarde del jueves, ya anunciaron que no presentarían ninguna propuesta sobre un árbitro para el laudo de obligado cumplimiento, puesto que no reconocen ese procedimiento como válido alegando que han cumplido los servicios mínimos y la seguridad no se pone en riesgo.

La dirección de Eulen, que también renunció a proponer un candidato, reafirmó ayer que acepta la designación del mediador propuesto por el Gobierno y que acatarán su decisión.

La urgencia para resolver el conflicto se ha atenuado tras la decisión del comité de huelga de Eulen de aplazar temporalmente la huelga indefinida en el aeropuerto de El Prat a raíz del atentado perpetrado este jueves en Barcelona. La situación ya era de casi normalidad por el refuerzo del servicio de seguridad con efectivos de la Guardia Civil.

El Consejo de Ministros acordó el pasado miércoles, 16 de agosto, en una reunión extraordinaria, establecer el arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.

El Gobierno recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat. Transcurridas 24 horas desde la notificación del acuerdo sin que las partes hayan consensuado la designación de un árbitro, le corresponde al Gobierno la propuesta de nombramiento.

Los trabajadores de Eulen rechazaron la propuesta de mediación de la Generalitat —aceptada por la empresa—, consistente en un aumento de sueldo de 200 euros en 12 pagas, y convocaron una huelga indefinida desde el pasado lunes. Los huelguistas piden un aumento salarial de 250 euros en quince pagas, una propuesta que no había sido negociada. Por el momento, el conflicto no se ha extendido a otros aeropuertos porque los sindicatos CC OO, UGT y USO esperan que se abra una negociación para mejorar las condiciones de todo el colectivo.

El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña.

Marcos Peña Pinto (Teruel, 1948), presidente del Consejo Económico y Social desde 2006, tiene una larga trayectoria en la Administración, normalmente, relacionado con el mercado laboral, ya que es inspector de Trabajo y catedrático de Derecho Laboral. Fue secretario general de Empleo en el último Gobierno de Felipe González, cuando el ministro de Trabajo era José Antonio Griñán. Ha actuado como presidente de la Comisión Negociadora de múltiples convenios colectivos como Telefónica, Renfe, Repsol y astilleros, entre otros.

El Gobierno habrá tenido sobre todo en cuenta la última mediación del presidente del CES en el conflicto de la estiba. Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector Anesco alcanzaron un acuerdo el pasado 29 de junio tras cinco meses de conflicto debido a la liberalización del sector llevada a cabo por el Gobierno a exigencias de la Comisión Europea.

No obstante, hay una diferencia importante entre ser mediador y árbitro en un conflicto laboral. El primero trata de acercar posturas entre las partes para que haya acuerdo y finalice la disputa. El segundo dicta una resolución, que tiene que ser imparcial, que las partes deben acatar y frente a la que no cabe hacer huelga.

La huelga de El Prat amenaza con extenderse a todos los aeropuertos

Los trabajadores de Eulen, Prosegur y Aena también preparan protestas en otros aeropuertos de España.

El aeropuerto de El Prat ha recuperado la normalidad pese al comienzo de la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en los controles de seguridad gracias al refuerzo de la Guardia Civil, mientras que el Gobierno se reúne de forma extraordinaria este miércoles para preparar el arbitraje mediante un laudo obligatorio que ponga fin al conflicto laboral.

Sin embargo, los problemas podrían extenderse a otros aeropuertos de España. Por un lado, el comité de empresa de Eulen en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas se reúne este miércoles para debatir qué medidas toman en solidaridad con sus compañeros en huelga de El Prat, protestas que sólo afectarían a las labores de facturación y vigilancia en terminales, y no a los arcos de seguridad como en Barcelona.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité, que han insistido en que este encuentro "extraordinario" es sólo "para analizar lo que está ocurriendo y ver qué pasos va a dar el comité de Madrid". "Es muy pronto y no corresponde al comité, sino a los trabajadores, el decidir si hay o no alguna acción", han enfatizado. A diferencia de El Prat, Eulen tiene en Barajas otra labor, ya que los arcos compete en este caso a otra empresa, Prosegur. En el aeropuerto madrileño Eulen se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia en las terminales, han señalado fuentes sindicales.

Huelga de Prosegur

Por su parte, el personal de Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios.

Al respecto, el responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en el aeropuerto valenciano de Manises ya hay un acuerdo de movilización sindical si este miércoles el Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de un mediador para resolver el conflicto de El Prat. La próxima semana se reunirá el personal del alicantino de El Altet.

Al respecto, ha aclarado que si el Ejecutivo aprueba nombrar un mediador convocarán la huelga en los aeropuertos valencianos para que "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio". "Más que concursos parecen subastas", se ha lamentado. Por ello, ha insistido en que el problema no es con una empresa concreta de un aeropuerto determinado, si no que el Gobierno saque licitaciones que no cumplen con el convenio colectivo estatal. De hecho, ha apuntado que otros aeropuertos, como Galicia, Andalucía o Madrid, también se están planteando ir a la huelga.

Esta compañía se ocupa, junto con Eulen e ICTS Hispania, de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena. Concretamente, estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red. Eulen se encarga de la seguridad en 21 aeropuertos españoles, Prosegur en 17 e ICTS en otros siete. Los tres aeropuertos restantes son para Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Tablisa (Palma de Mallorca).

Huelga de los trabajadores de Aena

Por último, CCOO, UGT y USO registrarán el próximo jueves en la CIVCA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje) la convocatoria de huelga en el gestor aeroportuario Aena y en Enaire, prevista a partir del 15 de septiembre y con una duración de veinticinco jornadas.

Fuentes de UGT han confirmado a Efe que no han recibido aún respuesta alguna por parte del Ministerio de Fomento a sus reivindicaciones en cuanto a las mejoras de sus condiciones laborales y salariales, por lo que siguen con los trámites previos a la convocatoria de huelga. Uno de estos trámites, como establece el convenio que rige en el ámbito aeroportuario, es la presentación en el registro de la CIVCA de la convocatoria de huelga, lo que harán efectivo el próximo jueves.

No obstante, UGT ha mostrado su confianza en que puedan lograr un acuerdo que evite la huelga en una reunión que celebrarán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el próximo 31 de agosto. Los sindicatos tienen previstos paros de 24 horas, que tendrían lugar los días 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; 3 y 5 de noviembre; y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

CCOO, UGT y USO reclaman, en materia salarial, un abono lineal que permita a los trabajadores participar en los resultados "extraordinarios" de Aena y Enaire, sobre todo teniendo en cuenta que han perdido hasta un 8% de poder adquisitivo. Los sindicatos piden también que, además de la tasa de reposición, se creen unos 450 puestos de trabajo en Aena y en torno a 250 en Enaire, para garantizar la operación de los centros "en condiciones de seguridad adecuadas" ante la cada vez mayor demanda de vuelos.

Los paros afectarían a labores como las que ejercen los bomberos en los aeropuertos, el personal de operaciones de aparcamientos y cintas de repostaje, personal de maniobrabilidad en pista, electricistas, personal de las áreas de comercial, seguridad e informática, así como los trabajadores de mantenimiento de las torres de control, entre otras tareas.

Los sindicatos amenazan con huelgas en los grandes aeropuertos si hay laudo

El conflicto de El Prat se extiende por la red de Aena y amenaza con bloquear los grandes aeropuertos y dar el salto a todo el sector de la seguridad privada. El sindicato UGT, junto a CCOO, ha abierto la puerta a convocar movilizaciones en los grandes aeródromos de España si el Gobierno da este miércoles luz verde al laudo obligatorio en Consejo de Ministros y nombra al mediador que se encargará de resolver el conflicto laboral abierto entre Eulen y su plantilla. Los sindicatos del aeropuerto de Valencia (Manises) serán los primeros en convocar movilizaciones si el Ejecutivo no cambia de estrategia y está previsto que la semana que viene sea el turno de Alicante, que en el primer semestre del año movió 6,2 millones de pasajeros, un 14% más. Ya hay convocada una asamblea para votar las acciones.

"Es una medida de presión para que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga solución a un problema que no sólo afecta a El Prat. Queremos que apruebe un modelo único de contratación y que garantice que se respeta el convenio colectivo estatal", explicó a elEconomista Saturnino Martínez, responsable del sector de seguridad UGT en Valencia. Las movilizaciones de los principales aeropuertos del levante se suman a las presentadas en A Coruña y Santiago la semana pasada para exigir mejoras salariales.

Pendientes del Gobierno

A la espera de lo que pueda pasar este miércoles en el Consejo de Ministros extraordinario, en el que también se analizará el desafío catalán, los representantes sindicales de los aeropuertos de Andalucía y Barajas también están estudiando sumarse a las convocatorias de huelga, aunque "todavía no hay nada decidido". "Si el Gobierno deja sin atender la petición de UGT de abrir un diálogo social que busque una solución global al problema de precarización de la seguridad privada y, además, sigue adelante con el laudo obligatorio, saldremos a la calle a luchar sin descartar ningún tipo de movilizaciones. Habrá convocatorias de huelga pero ya no sólo en todos los aeropuertos si no en todo el sector", aseguró Diego Giráldez, responsable estatal de seguridad de UGT, el sindicato mayoritario.

En el caso de Madrid la situación es un poco más delicada. UGT y Prosegur, la firma que se encarga de los arcos de seguridad, llegaron a un principio de acuerdo a finales de julio que recoge mejoras laborales y organizativas y, entre otras cosas, permite que los trabajadores puedan negarse a realizar turnos de más de nueve horas al día. Prosegur todavía está pendiente de presentar un plus salarial para la plantilla de Barajas sujeto a determinados objetivos de calidad y eficiencia que a su vez podrían reabrir el conflicto. En este punto, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (Ates) se reunirá el 11 de septiembre con representantes de Prosegur para comprobar si ha habido avances en el acuerdo que se alcanzó el pasado julio. "De palabra y por escrito tienen muy buena voluntad, pero ya veremos como acaba este tema", concluyeron desde el sindicato.

A su vez, el comité de empresa de Eulen en Adolfo Suárez Barajas se va a reunir este miércoles a primera hora de la mañana para debatir qué medidas tomar en solidaridad con sus compañeros de El Prat, que rechazaron la propuesta económica de la Generalitat (200 euros brutos al mes en 12 pagas) y que han visto como la Guardia Civil ha tomado el control de los filtros para frenar las colas. El personal de Eulen en Barajas se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia.

Los aeropuertos de Madrid, Málaga y Alicante se encuentran entre los seis aeropuertos más grandes de la red de Aena y en verano afrontan fuertes picos de actividad por la llegada de turistas (entre 1,5 millones y 4,5 millones de pasajeros al mes) por lo que una huelga del personal de seguridad puede llegar a causar un fuerte caos.

Cambiar las adjudicaciones

Aunque las protestas en El Prat han puesto en el punto de mira del Gobierno y de la opinión pública la labor del personal de seguridad en los aeropuertos, desde UGT insisten en que "es un problema global del sector". Por ejemplo, también afecta al personal de seguridad del Metro de Madrid e incluso al que contrata el Ministerio de Defesa. En este punto, no dudan en señalar a la Administración Pública como la principal culpable de las malas condiciones económicas del sector ya que lanzan licitaciones con las que "no se pueden ni pagar los sueldos que se recogen en convenio estatal". "La falta de criterio por la parte de la Administración no puede seguir. No es sostenible que contrate con presupuestos a la baja ni a empresas que lo único que hacen el recortar el sueldo al personal", explica el responsable estatal de seguridad de UGT que, a su vez, critica que llevan más de cinco años perdiendo derechos laborales y sueldo. Y es que, desde la reforma laboral de 2012, las empresas pueden elaborar sus propios convenios que, según denuncian, han llevado al personal de seguridad a cobrar hasta 700 euros frente a los 1.100 euros brutos mensuales que contempla el convenio estatal incluye pluses y excluyendo antigüedad.

"El problema no viene de aeropuerto en aeropuerto, si no que es global y se deben buscar soluciones globales. Desde UGT anticipamos un otoño caliente en el sector de la seguridad si no se abre el dialogo socios", sentenció Giráldez.

Desde CCOO también critican el descuelgue de las empresas de los convenios colectivos y que el Gobierno contrate a empresas que ofrecen precios bajos. Han criticado que se ponga a la Guardia Civil a hacer el trabajo de la plantilla.

1.100 euros brutos al mes

El convenio estatal de seguridad privada contempla un sueldo base de 907 euros brutos al mes al que hay que sumar dos pluses por vestimenta y transporte de unos 190 euros en total, lo que supone unos 1.100 euros brutos sin contar otros pluses y la antigüedad. Las empresas se descuelgan del convenio y se han llegado a poner sueldos de 700 euros brutos al mes, critican los sindicatos mayoritarios.