Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, puntualiza a este diario que no es un cierre empresarial sino de algunos servicios deficitarios, y que afectará a la mitad de sus vigilantes. Asegura que las administraciones les deben 25 millones.
Una de las empresas de seguridad privada más conocidas y también más polémicas de España ha anunciado este martes a sus trabajadores un ajuste en su actividad. Según ha informado el comité de empresa, Seguridad Integral Canaria ha anunciado este martes un "cese de actividad" tras el que cederá o venderá sus servicios en un ajuste que afectará a 1.000 vigilantes de los 2.000 que tiene. Se trata principalmente de las actividad de seguridad privada con contratas, deficitarias según asegura su presidente por la mala calidad de los pagadores.
Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, propietario del Grupo Ralons y también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. En los últimos años consiguió saltar fuera de las islas y consiguió presencia en la Península con adjudicaciones importantes como Metro de Madrid o el Ministerio de Defensa. Las actividades afectadas serán sobre todo en las islas y según Ramírez seguirán manteniendo contatos emblemáticos, como el propio de Metro, que en mayo vigilaba Seguridad Integral Canaria en un 40% de su red.
Según informa el comité, el 1 de septiembre la compañía liquidará los servicios privados y el 1 de octubre los públicos, mientras mantiene su compromiso de pagar a "trabajadores, proveedores y bancos". Este periódico ha podido hablar con Ramírez, quien ha asegurado que no se trata de un cierre empresarial sino de una "reordenación". "Tenemos que reiniciar nuestra presencia en transporte de fondos y sistemas y quedarnos con los servicios que pagan bien y lo suficiente para cumplir con el convenio nacional. Por ello nos vamos a quitar todos los servicios de seguridad y vigilancia que nos pagan tarde y no cubren nuestros costes".
Según fuente sindicales, la empresa tiene pérdidas de 7,2 millones de euros de los cuales 3,2 se deben a la compra de la oficina en Las Rosas (Madrid), 3,7 millones por denuncias perdidas y 500.000 por gastos operativos. La empresa tendría además 25 millones sin cobrar de las administraciones: Patrimonio le debería 2 millones, Defensa 2,5 y el ayuntamiento de Las Palmas 5 millones.
Ofertas a la baja
Integral Canaria había sido criticada por los sindicatos por hacer ofertas a la baja para ciertos servicios, con unas rebajas de costes que repercutía en sus empleados mediante convenios peores que el convenio nacional, algo que permite la reforma laboral. Sin embargo, el objetivo de la empresa es ahora precisamente "poder cumplir el convenio", según su presidente. En estos momentos, la empresa estaba adoleciendo de problemas de caja que le habían llevado a impagar a sus empleados, según ha reconocido su presidente, y lo que le había provocado una huelga general.
Además, Ramírez ha asegurado que no habrá despidos porque otras empresas se quedarán con los servicios de Integral Canaria mediante subrogaciones.
El gigante canario de la seguridad 'pirata' se retira y deja a 3.700 trabajadores en vilo
Seguridad Integral Canaria cesa su actividad. Así se lo ha comunicado este martes la compañía propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al comité de empresa, según unos audios de la reunión a los que ha tenido acceso este periódico. "Esta empresa se retira, se acaba, se terminó, no seguimos. Hasta aquí hemos llegado", informa el director general, Héctor de Armas, a los representantes de los trabajadores. "La decisión del accionista es la que es. No pongo un duro más y me voy del sector de la seguridad. Punto".
No obstante, se compromete a cumplir hasta el último momento tanto con los empleados —que denuncian impagos constantes y retrasos en las nóminas— como "con los bancos, con Hacienda y con la Seguridad Social". Lo mismo indica el comunicado interno del comité de empresa, que solicita “calma y tranquilidad” a la plantilla tras remarcar el “compromiso de pagar a los trabajadores, proveedores y bancos” por parte de la empresa. “El administrador único Héctor de Armas comunica el cese de actividad. El 1 de septiembre serán liquidados (vendidos o cedidos) los servicios privados”, añade el documento. La empresa hará lo propio con los servicios públicos a partir del 1 de octubre. La firma, nacida en Canarias —donde acapara la mayoría del mercado de seguridad privada—, cuenta con 3.700 empleados en toda España y tiene tres líneas de negocio: vigilancia —al que pondrá fin—, transporte de fondos y sistemas de alarma.
Según los sindicatos, Seguridad Integral Canaria garantiza que la nueva empresa subrogará a los trabajadores actuales. No obstante, y a pesar de los audios, fuentes de la compañía aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada y descartan el cierre. Sí se estaría barajando el "cese de actividad para una serie de servicios concretos, aunque por ahora no sabemos a cuántos empleados podría afectar".
Su caso es un claro ejemplo de empresa ‘pirata’ que ha intentado tirar los precios para hacerse con adjudicaciones a la baja, como indican fuentes sindicales. “En los últimos años, han proliferado las compañías que, amparadas en la reforma laboral, han irrumpido en el mercado de la seguridad privada con convenios de empresa para abaratar costes y aumentar así su cartera de clientes”, explica el responsable de seguridad privada estatal de UGT a este periódico. Diego Giráldez recuerda que tampoco es la primera vez que estas mismas firmas cesan su actividad “y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo”.
Otro ejemplo reciente es Segur Ibérica, que acabó vendiendo sus unidades productivas tras efectuar un ERE que afectó a unos 2.000 trabajadores. Los otros 7.500 fueron reubicados en la nueva empresa, I-SEC International Security. Eso sí, existe una diferencia sustancial entre esta última y Seguridad Integral Canaria, pues la primera se acogía al convenio estatal de seguridad y la segunda creó su propio convenio en Las Palmas, con salarios inferiores para los empleados.
No obstante, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio en Las Palmas el verano pasado por no considerar legítima la representación laboral que lo firmó. “Además, son habituales los impagos o los retrasos en la nóminas”, apostillan fuentes sindicales. Sobre el papel, la firma se acogió desde ese momento al convenio estatal de seguridad —con mejores condiciones para los trabajadores—, pero lo incumplía sistemáticamente, según estas mismas fuentes.
¿Por qué abandona el sector?
La empresa de Miguel Ángel Ramírez dio el salto a la Península con contratos públicos en Metro de Madrid, entre otros muchos. En la reunión con el comité de empresa aludió a la mala situación económica que atraviesa para justificar su cese de actividad, como informa el sindicato USO. También ha cuantificado su deuda en 7,2 millones de euros. “Esta decisión viene motivada por una demanda penal que interpusimos por evasión de cotizaciones sociales”, hilvana el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, que mantiene varios procedimientos judiciales contra la empresa dirigidos por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados. El presunto fraude a la Seguridad Social asciende a "21 millones de euros”.
Seguridad Integral Canaria culpa a la demora de pagopor parte de las administraciones públicas, a las que considera el origen de todos sus problemas. "Nos deben 25 millones de euros. Eso genera tensiones de tesorería e impagos a los trabajadores", precisan fuentes de la compañía a El Confidencial.
Fuentes del sector especulan con la posibilidad de que Seguridad Integral Canaria traspase el negocio a Sinergias de Seguridad y Marsegur, ambas con convenio propio y esta última conocida por pagar poco más de “700 euros al mes” a sus empleados. “Son claras muestras de empresas que recurren a políticas desleales —basadas en abaratar costes— para acaparar el mercado” y llevarse las adjudicaciones, sostiene el portavoz de UGT tras pedir un cambio en el modelo de contratación pública.
"Hay que estar vigilantes ante una posible nueva estrategia tramposa de esta empresa por su intención de desviar su cartera de clientes a otras compañías (...) con el fin de aplicarles condiciones salariales muy inferiores y para enmascarar el impago de sueldos que mantienen desde hace meses", añade el Sindicato Libre de Seguridad (SLS).
Los sindicatos vigilarán de cerca que el traspaso o venta se realiza de forma transparente y conforme a la legalidad. “Exigiremos que los trabajadores sean subrogados por empresas que cumplan escrupulosamente el convenio estatal”, zanja Giráldez.
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