El conflicto de Barcelona-El Prat amenaza con extenderse como una mancha de aceite por toda España, aunque el Ministerio de Fomento está esforzándose para contenerlo. Prueba de ello es la última iniciativa de Íñigo de la Serna: crear un grupo de trabajo —a propuesta de los sindicatos— para abordar las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad a nivel global (y en todos los ámbitos). Y está dando sus primeros frutos. Los trabajadores de aeropuertos como A Coruña o Santiago de Compostela han dado tregua a los paros en espera de que este gesto no se trate de un mero brindis al sol.
No opinan lo mismo los huelguistas de Eulen, subcontrata de Aena en el Prat. Los trabajadores en lucha son partidarios de que sus colegas hagan lo mismo que ellos en otros aeropuertos, porque esa es la manera más efectiva de conseguir mejoras salariales. “Ya hemos cumplido nuestro papel en Barcelona. Ahora la pelota está en los demás aeropuertos de España, que son los que deben tomar nota y seguir nuestro ejemplo”, sostiene el miembro del comité de huelga Álex Giménez.
Y lo dice en pleno proceso de arbitraje, cuando todavía no está claro si el veredicto del mediador mejorará las condiciones que ya propuso en su día la Generalitat: 200 euros más al mes en 12 pagas, oferta rechazada por los trabajadores. El árbitro Marcos Peña tiene nueve días para emitir un laudo de obligado cumplimiento por la empresa y los trabajadores. Sea cual sea el resultado, los trabajadores de El Prat verán, aunque sea mínima, una mejora de sus condiciones laborales, a diferencia de sus compañeros en otros aeropuertos. Y es que los salarios mileuristas y la falta de manos no solo son cosa de Barcelona.
“No es un problema de El Prat sino de todas las contrataciones públicas. Tenemos que buscar soluciones globales y cambiar la situación”, explica el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Los sindicatos están preparando un otoño caliente por si las negociaciones para cerrar el nuevo convenio colectivo de seguridad no llegan a buen puerto. De momento, han dejado la batería de movilizaciones en el aire para dar un voto de confianza al Gobierno y su grupo de trabajo, que será convocado por el Ministerio de Empleo. Aún no hay reuniones ni fechas confirmadas.
Paréntesis en las huelgas
Los huelguistas en potencia abren así un “paréntesis en las convocatorias para ver qué nace de esa reunión”. Pero advierten de que reanudarán los paros si no detectan “la suficiente voluntad política”. Los vigilantes de los aeropuertos de Santiago de Compostela (Prosegur) y A Coruña (Eulen) habían convocado huelga a partir del 20 de agosto, pero la han aplazado tras sentarse a negociar con sus respectivas empresas.
Otros trabajadores, como los de los aeropuertos de Valencia, Alicante, Tenerife Sur o una parte de Madrid-Barajas, aún no habían convocado formalmente los paros pero amenazaban con hacerlo. También los dejan en punto muerto, a la espera del resultado de la reunión con el Ejecutivo.
Los que no esperarán tanto son los huelguistas de El Prat. No obstante, no tomarán ninguna decisión hasta que el árbitro se pronuncie. El Gobierno ha encargado esa tarea al presidente del Consejo Económico y Social (CES) y antiguo mediador en el conflicto de los estibadores, Marcos Peña. La ley obliga a ambas partes a aceptar el veredicto tanto si están conformes como si no, prohibiendo explícitamente los paros contra el laudo.
Pero los vigilantes de seguridad amenazan con convocar nuevas huelgas si los problemas de falta de mano de obra y bajos salarios persisten una vez concluido el mecanismo de arbitraje. Además, denuncian despidos improcedentes durante la huelga, recurrirán el laudo por considerarlo “ilegal” y llevarán a los tribunales la decisión del Gobierno de reforzar la presencia de la Guardia Civil por “vulnerar el derecho de huelga”.
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