El conflicto de El Prat se extiende por la red de Aena y amenaza con bloquear los grandes aeropuertos y dar el salto a todo el sector de la seguridad privada. El sindicato UGT, junto a CCOO, ha abierto la puerta a convocar movilizaciones en los grandes aeródromos de España si el Gobierno da este miércoles luz verde al laudo obligatorio en Consejo de Ministros y nombra al mediador que se encargará de resolver el conflicto laboral abierto entre Eulen y su plantilla. Los sindicatos del aeropuerto de Valencia (Manises) serán los primeros en convocar movilizaciones si el Ejecutivo no cambia de estrategia y está previsto que la semana que viene sea el turno de Alicante, que en el primer semestre del año movió 6,2 millones de pasajeros, un 14% más. Ya hay convocada una asamblea para votar las acciones.
"Es una medida de presión para que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga solución a un problema que no sólo afecta a El Prat. Queremos que apruebe un modelo único de contratación y que garantice que se respeta el convenio colectivo estatal", explicó a elEconomista Saturnino Martínez, responsable del sector de seguridad UGT en Valencia. Las movilizaciones de los principales aeropuertos del levante se suman a las presentadas en A Coruña y Santiago la semana pasada para exigir mejoras salariales.
Pendientes del Gobierno
A la espera de lo que pueda pasar este miércoles en el Consejo de Ministros extraordinario, en el que también se analizará el desafío catalán, los representantes sindicales de los aeropuertos de Andalucía y Barajas también están estudiando sumarse a las convocatorias de huelga, aunque "todavía no hay nada decidido". "Si el Gobierno deja sin atender la petición de UGT de abrir un diálogo social que busque una solución global al problema de precarización de la seguridad privada y, además, sigue adelante con el laudo obligatorio, saldremos a la calle a luchar sin descartar ningún tipo de movilizaciones. Habrá convocatorias de huelga pero ya no sólo en todos los aeropuertos si no en todo el sector", aseguró Diego Giráldez, responsable estatal de seguridad de UGT, el sindicato mayoritario.
En el caso de Madrid la situación es un poco más delicada. UGT y Prosegur, la firma que se encarga de los arcos de seguridad, llegaron a un principio de acuerdo a finales de julio que recoge mejoras laborales y organizativas y, entre otras cosas, permite que los trabajadores puedan negarse a realizar turnos de más de nueve horas al día. Prosegur todavía está pendiente de presentar un plus salarial para la plantilla de Barajas sujeto a determinados objetivos de calidad y eficiencia que a su vez podrían reabrir el conflicto. En este punto, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (Ates) se reunirá el 11 de septiembre con representantes de Prosegur para comprobar si ha habido avances en el acuerdo que se alcanzó el pasado julio. "De palabra y por escrito tienen muy buena voluntad, pero ya veremos como acaba este tema", concluyeron desde el sindicato.
A su vez, el comité de empresa de Eulen en Adolfo Suárez Barajas se va a reunir este miércoles a primera hora de la mañana para debatir qué medidas tomar en solidaridad con sus compañeros de El Prat, que rechazaron la propuesta económica de la Generalitat (200 euros brutos al mes en 12 pagas) y que han visto como la Guardia Civil ha tomado el control de los filtros para frenar las colas. El personal de Eulen en Barajas se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia.
Los aeropuertos de Madrid, Málaga y Alicante se encuentran entre los seis aeropuertos más grandes de la red de Aena y en verano afrontan fuertes picos de actividad por la llegada de turistas (entre 1,5 millones y 4,5 millones de pasajeros al mes) por lo que una huelga del personal de seguridad puede llegar a causar un fuerte caos.
Cambiar las adjudicaciones
Aunque las protestas en El Prat han puesto en el punto de mira del Gobierno y de la opinión pública la labor del personal de seguridad en los aeropuertos, desde UGT insisten en que "es un problema global del sector". Por ejemplo, también afecta al personal de seguridad del Metro de Madrid e incluso al que contrata el Ministerio de Defesa. En este punto, no dudan en señalar a la Administración Pública como la principal culpable de las malas condiciones económicas del sector ya que lanzan licitaciones con las que "no se pueden ni pagar los sueldos que se recogen en convenio estatal". "La falta de criterio por la parte de la Administración no puede seguir. No es sostenible que contrate con presupuestos a la baja ni a empresas que lo único que hacen el recortar el sueldo al personal", explica el responsable estatal de seguridad de UGT que, a su vez, critica que llevan más de cinco años perdiendo derechos laborales y sueldo. Y es que, desde la reforma laboral de 2012, las empresas pueden elaborar sus propios convenios que, según denuncian, han llevado al personal de seguridad a cobrar hasta 700 euros frente a los 1.100 euros brutos mensuales que contempla el convenio estatal incluye pluses y excluyendo antigüedad.
"El problema no viene de aeropuerto en aeropuerto, si no que es global y se deben buscar soluciones globales. Desde UGT anticipamos un otoño caliente en el sector de la seguridad si no se abre el dialogo socios", sentenció Giráldez.
Desde CCOO también critican el descuelgue de las empresas de los convenios colectivos y que el Gobierno contrate a empresas que ofrecen precios bajos. Han criticado que se ponga a la Guardia Civil a hacer el trabajo de la plantilla.
1.100 euros brutos al mes
El convenio estatal de seguridad privada contempla un sueldo base de 907 euros brutos al mes al que hay que sumar dos pluses por vestimenta y transporte de unos 190 euros en total, lo que supone unos 1.100 euros brutos sin contar otros pluses y la antigüedad. Las empresas se descuelgan del convenio y se han llegado a poner sueldos de 700 euros brutos al mes, critican los sindicatos mayoritarios.
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