La resolución del laudo para resolver el conflicto del aeropuerto de El Prat-Barcelona establece un complemento salarial de 200 euros en 12 mensualidades (los sindicatos exigían 350 euros). El mediador y presidente del CES. Marcos Peña, ha informado a la empresa Eulen y al comité de trabajadores del contenido del laudo, que obliga a la anulación de los despidos de dos trabajadores así como las sanciones a otros dos empleados. [Consulta aquí el documento con el texto del laudo de El Prat]
Además, la empresa Eulen deberá incorporar a un quinto vigilante a cada arco de seguridad del aeródromo más un correturnos de 25 puestos de trabajo en las franjas de máxima afluencia y horas puntas. El laudo, de obligado cumplimiento, tendrá vigencia desde el pasado 4 de agosto a efectos económicos.
Los trabajadores de los controles de seguridad del Prat habían convocado una nueva jornada de huelga para el 8 de septiembre para protestar por las «represalias» contra cuatro trabajadores. Tras conocerse el laudo, las federaciones sectoriales de la seguridad privada de CC.OO. y UGT han acordado dirigirse a las patronales para reunirse «de forma inmediata y negociar las mejoras colectivas necesarias».
Los sindicatos reclaman a la patronal de la seguridad privada un «posicionamiento valiente» para acordar un convenio colectivo «moderno», así como regular las condiciones específicas para los centros de trabajo "de especial sensibilidad". Tanto CC.OO. como UGT han reiterado en una nota de prensa «la necesidad» de que el Gobierno convoque cuanto antes la Mesa Sectorial propuesta.
Los sindicatos advierten, asimismo, de que si no existe una «voluntad real para consensuar» el futuro del sector, iniciarán a partir de septiembre «de forma conjunta y creciente» movilizaciones en todos los centros de trabajo donde haya presencia de vigilantes de seguridad privada.
El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario el procedimiento de arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.
El Ejecutivo recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat.
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