Imputados cinco falsos vigilantes de seguridad privada en clubes nocturnos de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra han imputado a cinco falsos vigilantes de seguridad privada que realizaban tareas de control en los accesos de cinco clubes nocturnos de la capital catalana.

Entre los imputados se encuentra la persona que presuntamente se encargaba de gestionar la documentación manipulada para hacer los contratos de trabajo a nombre de una empresa que constaba en el registro mercantil, pero que había cerrado hacía meses, según ha informado hoy la policía catalana.

A raíz de una inspección en un prostíbulo, los Mossos constataron que en diversos locales de la ciudad trabajaban supuestos vigilantes de seguridad que no tenían la titulación necesaria para ejercer esta labor, pese a que iban uniformados con el nombre de una empresa, legalmente constituida, a la que no pertenecían.

Todos ellos, además, llevaban distintivos de seguridad auténticos, defensa y esposas.

Cuatro de estos locales correspondían a dos empresas con un único propietario y el quinto local era de otra persona.

A los falsos vigilantes de seguridad se les imputa los delitos de intrusismo profesional y falsificación documental.

Fuente: EFE

Detenido por un vigilante tras apuñalar a un joven en Camprodon durante una pelea.

Una pelea en la calle Sant Roc de Camprodon (Ripollès) ha acabado con un joven de 24 años apuñalado. Por motivos que se están investigando, la víctima y el agresor de 47 años comenzaron a discutir en la calle el sábado hacia las seis menos cuarto de la tarde. Entonces, el agresor, armado, con un cuchillo apuñaló repetidamente el joven en el lado izquierdo. La víctima se desplomó en el suelo. Un vigilante local del municipio estaba cerca del lugar de los hechos y se acercó al oír gritos. Cuando llegó frente al bar, vio a la víctima tumbada en el suelo mientras otra persona intentaba taponar las heridas y el agresor intentaba huir corriendo con la navaja en la mano, mientras otro hombre le perseguía.

El hombre que perseguía al atacante, lo atrapó y lo tiró al suelo. El vigilante local intervino, se echó sobre el agresor, lo desarmó y lo redujo y se lo llevó custodiado hasta dependencias municipales.

LOS PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO

Los Mossos se han hecho cargo del caso. El detenido es un vecino de Camprodon, de nacionalidad española y 47 años. Inicialmente, los agentes le han retenido por un delito de lesiones pero no se descarta que, tras el paso a disposición judicial, le puedan imputar un intento de homicidio.

El joven apuñalado también es vecino de Camprodon de 24 años y de nacionalidad española. Recibió la primera atención médica en el Centro de Atención Primaria (CAP) del mismo municipio, pero luego lo trasladaron al hospital Josep Trueta de Girona, donde esta mañana le han operado. El joven, que habría recibido más de una cuchillada, está grave, con pronóstico reservado.

Fuente: Elperiodico.com

Despiden a un vigilante de seguridad por estar viendo la televisión en la garita.

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Burgos en la que se declaraba procedente el despido de un trabajador de la empresa de seguridad Prosintel Grupo Norte que estaba destinado en las instalaciones principales del Grupo Leche Pascual en la capital ribereña.

El demandante llevaba trabajando para la empresa de seguridad desde diciembre del año 2003, con un contrato indefinido a tiempo completo con la categoría de vigilante de seguridad en la factoría lechera arandina. Los hechos por los que fue despedido se remontan al 5 de marzo de 2012 cuando, según reza la sentencia, el trabajador tenía asignado el turno de 15 a 23 horas y «sobre las 18:15 horas el jefe de servicio realizó una visita a las instalaciones de Leche Pascual junto con el jefe de equipo y observó desde el exterior de la caseta de vigilancia que el actor estaba viendo un canal de televisión en un monitor particular situado en una mesa». Ante esta circunstancia, el trabajador fue advertido de que esa conducta estaba prohibida. Lejos de cejar en su postura, los dos jefes regresaron 20 minutos después «comprobando que la televisión estaba nuevamente encendida», visto lo cual, el jefe de servicio volvió a recriminar su actitud al empleado, quien contestó, literalmente, «me suda los cojones».

Estos fueron los hechos que se argumentaron para defender la procedencia del despido del trabajador, añadiendo además que ésta no era la primera vez que el empleado cometía alguna falta durante su horario laboral y en su puesto de trabajo. En concreto, unos meses antes del hecho por el que se le despidió, el 28 de noviembre de 2011, como refleja la sentencia, «fue sancionado por falta muy grave por haberse quedado dormido en la garita con varios aparatos de televisión y vídeo conectados entre sí» y «en agosto de 2010 fue despedido por hallarse en la garita con una televisión encima de la mesa y diversos enseres personales, acto que fue declarado improcedente por sentencia firme».

La jueza ponente de la sala expresa en la sentencia que los hechos imputados al trabajador aparecen claramente descritos: «El demandante, vigilante de seguridad, fue descubierto durante el desempeño de sus funciones en el turno de trabajo asignado viendo la televisión en un monitor particular que se había instalado en una mesa». Esta situación, que se volvió a repetir 20 minutos después, fue corroborada por el jefe de servicio.

Según la sentencia, «el desempeño de labores de vigilancia, en las que el trabajador debe extremar sus sentidos de atención, cuidado y cautela ante posibles imprevistos o acontecimientos inopinados que deban ser atajados o solventados, quedan neutralizados por el uso de aparatos electrónicos, y en concreto de un televisor, en el que la atención requerida en el ejercicio de las funciones encomendadas queda desviado en toda su extensión hacia la programación emitida». Los hechos probados son la prueba de que «el demandante quebró la confianza que la empresa depositó en su persona, al dejar a un lado la buena fe exigida en el desempeño de su trabajo». Es por ello que el Tribunal Superior de Justicia considera que «los hecho imputados son una transgresión de la buena fe contractual exigida al trabajador, así como la concurrencia de distracciones y abandono de las funciones encomendadas en un puesto de responsabilidad, como lo es el de vigilancia de unas instalaciones de una empresa de especial relevancia y envergadura como es Leche Pascual» y por ello desestima el recurso interpuesto y confirma el despido del trabajador.

Fuente. Diario de Burgos

Nota informativa de CC.OO. sobre el R.D.L. 16/2013 (reducción de jornada por cuidado de un menor).

El actual texto queda redactado del siguiente modo: “Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella”

Esta modificación afecta tanto a las nuevas solicitudes de reducción de jornada como a las que sean aplicadas en la actualidad y cuya duración podrá ampliarse en el tiempo.

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Ombuds retira el ERE planteado en el Metro-Madrid.

La empresa de seguridad Ombuds retira el ERE para 151 personas en su servicio de Metro de Madrid, por su parte los sindicatos desconvocan las movilizaciones y paros planteados para los próximos días 30,31 y 1. 

En el día de ayer tras una larga jornada de negociación,de mas de 17 horas, la empresa Ombuds deja sin efecto el ERE para 151 personas, cuyo periodo de consultas había comenzado el pasado día 10 de diciembre.

De igual forma, Ombuds emplaza al Comité de Empresa a una nueva reunión para el próximo 7 de enero con el fin de abordar otro tipo de soluciones para garantizar el equilibrio en su contrata de seguridad con el Metro de Madrid.

La empresa justifico en su día el expediente debido a los recortes que metro de Madrid impone a los adjudicatarios de sus servicios de vigilancia para la red del suburbano madrileño.

La Federación de Servicios Privados de CCOO Madrid ha mantenido durante todo el proceso de negociación una posición firme y clara, No a los despidos mientras haya horas extraordinarias en la empresa y otras posibilidades reales de recolocación de trabajadores, así como cualquier otra formula que no implique la perdida de empleo.

Por ello nos congratulamos de que la empresa haya rectificado y abandonado sus pretensiones iniciales de acogerse a la reforma laboral para mantener sus beneficios a costa de destruir empleo.

                

                              Retirada ERE                      Desconvocatoria movilizaciones

Noticias Diversas nº 3, Diciembre 2013. Publicación de la Federación de Servicios Privados de CC.OO.

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El Plus de Transporte pasa a ser un concepto cotizable.

El sábado 21 de diciembre se publico en el BOE el Real Decreto 18/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

Dicho RDL modifica el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para aclarar la base de cotización de las remuneraciones tanto en metálico como en especie y para excluir de la misma las asignaciones de la empresa destinadas a formación y estudios de los trabajadores cuando tales estudios vengan exigidos por las actividades o las características de los puestos de trabajo. Esto supone un cambio sustancial que afecta a nuestro sector, ya que pasa a ser cotizable el Plus de Transporte .

El computar en la base de cotización de este concepto puede suponer un incremento de mas del 2%.

Asimismo, desaparece la posibilidad de que los trabajadores contratados a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarias, salvo los supuestos previstos en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Ademas, se amplía desde los ocho hasta los doce años la edad del menor cuya guarda legal puede justificar una reducción de la jornada del trabajo diario, con la disminución proporcional del salario.

Por otra parte, mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.

La entrada en vigor del mismo es el día siguiente a su publicación, es decir, el 22 de diciembre de 2013.

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Paros y movilizaciones en la seguridad privada de Metro de Madrid‏

El comité de la empresa Ombuds, adjudicataria de 3 de los 8 lotes de seguridad de Metro de Madrid, ha convocado paros y movilizaciones ante la puesta en marcha por parte de la empresa de un ERE que afectaría a 151 trabajadores de su servicio en el suburbano madrileño.

Los paros están convocados para los días 31 de diciembre y 1 enero en horario de 8 a 10h y de 18 a 20h, además el día 30, de 10 a 11:30 horas, tendrá lugar una concentración frente a la sede de Metro de Madrid en la c/ Cabanilles 58.

Estas movilizaciones fueron convocadas en asamblea de trabajadores el pasado día 17 de diciembre, una semana después de que la empresa Ombuds anunciara el ERE.

La empresa argumenta el expediente por la reducción de horas del servicio de seguridad que Metro de Madrid ha planteado en el pliego de contratación.

CCOO ya argumentó en el mes de junio de este año, cuando se adjudico el contrato de seguridad del suburbano madrileño, que este nuevo pliego de contratación podría traer una pérdida de 700 empleos. De momento Ombuds que cuenta con una plantilla de 651 vigilantes en el Metro de Madrid ha planteado una merma de su plantilla en el suburbano de un 23%.

La empresa Ombuds que en la actualizad tiene una plantilla de más de un millar de Vigilantes de Seguridad en la Comunidad de Madrid ha propuesto unas opciones ínfimas de recolocación en el ERE planteado, a pesar del elevado número de horas extraordinarias que se realizan en la empresa.

Fuente: CC.OO.

Los jueces eximen a los vigilantes privados de identificarse con su D.N.I.

La Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ha anulado, en una sentencia hecha pública hoy, la obligación de que los vigilantes de seguridad privada deban identificarse con su número de DNI, al entender que esta medida “pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han anulado en consecuencia la orden emitida en febrero de 2011 por el Ministerio del Interior sobre personal de seguridad privada, que estableció que el número de tarjeta de identificación profesional debía coincidir con el número de DNI o con el Número de Identificación de Extranjero.

Esta medida fue recurrida por Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y por la Unión Nacional de Trabajadores al entender que vulneraba la legislación en materia de protección de datos y ponía en riesgo la privacidad y la seguridad de los vigilantes privados. Los recurrentes alegaban que la medida “conlleva el riesgo añadido para los trabajadores de seguridad privada al tener que exhibir su número de Documento Nacional de Identidad a delincuentes y personas de todo tipo”.

"SECRETO AMPARADO"

Los magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por José Luis Gil Ibáñez, han dado ahora la razón a los recurrentes al concluir que la inclusión en la tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad privada del número del DNI y la obligación de mostrársela a terceros “supone una infracción del deber de secreto amparado por la legislación de protección de datos”.

“La manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigilante de seguridad, pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”, indica la sentencia hecha pública hoy.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concluyen que no “indispensable para dicha identificación que el número de su tarjeta sea el mismo número de su DNI, pudiendo ser otro distinto”. Anulan en consecuencia la orden dictada por el Ministerio del Interior.

Fuente: Servimedia

Segurpri nº 43. Revista de seguridad privada editada por el C.N.P.

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"¿Valemos para proteger atuneros en el Índico, amenazados por ETA, centrales nucleares y no una calle comercial?"

• Los vigilantes recuerdan que desde hace años vienen realizándose labores aún más peligrosas que las que ahora se debaten.
• Defienden que los profesionales del sector reciben formación y pruebas periódicas que, si no superan, les impiden volver a ejercer.

Los vigilantes de seguridad privada se reivindican. Durante los últimos días, con motivo de la nueva ley que se está tramitando en el Congreso –que les concede más competencias en detrimento de Policía y Guardia Civil–, su figura ha sido objeto de burlas y desprecios por parte de algunos comentaristas mediáticos. Así al menos lo consideran los profesionales del sector, que para defenderse de estos ataques han emitido un comunicado en el que llaman la atención sobre el trabajo que ya vienen realizando los vigilantes desde hace años.

En concreto, la federación de seguridad privada de UGT recuerda que estos profesionales ya protegen a atuneros españoles que navegan en las aguas del océano índico con la constante amenaza de los piratas y lo hacen utilizando armamento de guerra. Los vigilantes, continúa el sindicato, ya tienen décadas sobre sus espaldas de trabajo como escoltas de personas amenazadas por el terrorismo o por la delincuencia organizada.

Sin embargo, valora el sindicato, ahora "parece que no valemos para patrullar una calle comercial". Desde la central, reclaman que los profesionales de la seguridad privada reciben formación de por vida y ejercicios de tiro periódicamente que, en caso de no superar, conllevan la retirada de la licencia de armas. Asimismo, destaca que custodian desde hace años los centros de menores, los de inmigrantes ilegales, las centrales nucleares, entidades financieras, estaciones de energía, depósitos de explosivos, instalaciones militares, hospitales, campos de fútbol o el transporte de divisas.

La nueva Ley de Seguridad Privada, que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, permitirá que los vigilantes puedan vigilar y detener a personas en una calle comercial, como adelantó Seguridad y Tribunales el pasado abril, siempre bajo unas condiciones concretas. La normativa también dará amparo legal a una realidad que ya se viene realizado en la práctica desde hace meses: la vigilancia de los perímetros de las cárceles por parte de miembros de empresas de seguridad privada.

Fuente: La Información

Eduardo Cobas (Aproser): “Todo el trabajo conjunto entre policías y vigilantes siempre ha sido satisfactorio”

• “La nueva ley no supone en absoluto la privatización de la seguridad”
• “Los vigilantes españoles son los más formados de toda Europa”
• “Con la normativa actual, cualquier ciudadano puede detener a alguien que comete un delito flagrante”

La nueva ley de seguridad privada ha generado polémica durante las últimas semanas debido principalmente al nuevo papel que adquieren los vigilantes en el modelo de seguridad que subyace de la normativa. Las empresas, por lo tanto, se convierten en pieza clave en el panorama que se empieza a dibujar. El secretario general de la patronal del sector, Aproser, Eduardo Cobas, cree que se han entendido mal algunos aspectos de la futura regulación.

¿Ve razonable que los vigilantes de seguridad puedan detener a gente en determinadas vías públicas?

La nueva ley de seguridad privada prevé la facultad de detención a delincuentes por parte de vigilantes de seguridad privada solo en dos supuestos. Uno, en aquellos casos en que el hecho guarde “relación con el objeto de su protección o de su actuación y su inmediata puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Por ejemplo, cuando un vigilante está trabajando en una zona comercial y alguien le roba el bolso a una señora. Parece lógico que lo pueda detener y entregar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si no, su trabajo no tendría sentido. Y dos, la ley no hace sino reproducir la facultad que los vigilantes ya disponían en la normativa actual en relación con las distintas funciones que estaban autorizados a realizar en la vía pública. Cualquier ciudadano, bajo el amparo de la normativa vigente, dispone de la facultad de detención ante alguien que está cometiendo un delito flagrante. 

Algunos sectores se quejan de que la formación de los vigilantes no es tan completa como la de los Policías y de que no se puede equiparar su función.

Desde una perspectiva legal, los vigilantes de seguridad privada españoles son los más formados de toda Europa. Tanto por el contenido de la formación previa que reciben como por el examen que les hace la Policía y que tienen que superar antes de obtener la habilitación profesional, además de la formación permanente durante toda su vida profesional. Las empresas asociadas a Aproser, en concreto, apuestan decididamente por la formación de sus empleados como garantía de la prestación de un servicio de calidad.Algunos sectores se quejan de que la formación de los vigilantes no es tan completa como la de los Policías y de que no se puede equiparar su función.

El Sindicato Unificado de Policía augura conflictos entre vigilantes y policías a raíz de esta ley.

No estamos de acuerdo, en absoluto. La nueva ley profundiza en un modelo que lleva funcionando más de 20 años, y que se basa en la complementariedad y subordinación de la seguridad privada a la pública. Todos los ejemplos, que son muy numerosos, de trabajo conjunto entre ambas tienen resultados muy satisfactorios. La nueva ley no hace otra cosa que ahondar en este mismo sentido.

¿Pero algunas empresas de seguridad se encuentran en el límite de la legalidad al poner, por ejemplo, como vigilantes a personas no preparadas?

Uno de los principales avances de la ley es la lucha decidida contra todo tipo de intrusismo en el sector. Todas las empresas de nuestra asociación prestan servicios con profesionales altamente preparados, de eso no cabe ninguna duda.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha acusado al Gobierno de hacer una privatización encubierta de la seguridad mediante la aprobación de esta ley y suplir las funciones de los funcionarios con policías menos formados y más baratos.

Negamos categóricamente esta afirmación. La nueva ley no supone en absoluto una privatización de la seguridad, en la medida en que distingue perfectamente los ámbitos de actuación de la seguridad privada dentro de un concepto integral de seguridad.

Pero a nadie se le puede ocultar que este mayor peso de la seguridad privada se produce en un momento en el que la Policía y la Guardia Civil experimentan una reducción drástica de sus efectivos. ¿Hay cometidos en los que los vigilantes pueden sustituir a los funcionarios?

Lo que es una clara realidad son los datos de penetración de la seguridad pública y privada. En relación a la mayoría de países de la Unión Europea, España tienen una menor presencia de la seguridad privada. En todo caso, no nos compete a nosotros valorar el número de empleados de Policía y Guardia Civil. Pero a nadie se le puede ocultar que este mayor peso de la seguridad privada se produce en un momento en el que la Policía y la Guardia Civil experimentan una reducción drástica de sus efectivos. ¿Hay cometidos en los que los vigilantes pueden sustituir a los funcionarios?

Algunos medios acusan al Gobierno de querer favorecer con esta ley a las empresas de seguridad privada y fomentar su negocio.

Esta ley acentúa el modelo de la seguridad privada subordinada a la pública, como he dicho, con unas funciones fijadas de forma taxativa. No hace sino integrar en una norma con rango legal lo que se venía regulando por vía reglamentaria hasta el momento.

Fuente: La información

A juicio unos vigilantes de seguridad de un club de Cordoba por una paliza.

El ministerio fiscal ha solicitado un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones para cada uno de los dos vigilantes jurados de un club acusados de dar una paliza a un cliente que los insultó. Para este, además, pide una multa de 100 euros por una falta de vejaciones.

Según el escrito del fiscal, los hechos ocurrieron a las cuatro de la mañana del 7 de julio del 2007, cuando el cliente insultó a los vigilantes y les dijo que les iba a "partir la cara" por no dejarle abandonar el local con un vaso en la mano. Entonces, lo echaron a empujones y en el aparcamiento le propinaron patadas, puñetazos y lo agredieron con las porras.

Fuente:Diiario de Cordoba

Felicitación de la Unidad central de Seguridad Privada del C.N.P.

Las mutuas tendrán más poder para decidir sobre el alta del trabajador y amplia la reducción de jornada por maternidad hasta que el niño tenga 12 años.

- Podrán dar por terminada una baja si la sanidad publica no la rechaza en 5 días.
- El Gobierno reduce de 42 a 4 los modelos de contratación para simplificar el proceso.
- Amplia a 12 años el derecho a la reducción de jornada por maternidad.

El Gobierno dará más poder a las mutuas. Estas asociaciones de empresarios podrán dar por terminada la baja médica de un trabajador si la sanidad pública no responde a su propuesta de alta en cinco días, según el anteproyecto de ley que regulará las mutuas que este viernes aprobó el Consejo de Ministros. Además, el Ejecutivo ha ampliado el derecho a acogerse a una reducción de jornada por maternidad hasta que el niño tenga 12 años, cuatro más que ahora.

En la actualidad, las mutuas solo deciden las altas si se trata de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el caso de enfermedades comunes y accidentes no laborales, estas asociaciones sin ánimo de lucro se limitan a pedir el alta al médico de cabecera de los servicios públicos de salud y, si no responden en diez días a la propuesta, el alta no se realiza. El Gobierno quiere ir más allá, de forma que si en cinco días los facultativos —a través de la inspección médica— no contestan, la mutua dé el alta al empleado, que tendrá que volver a su puesto al día siguiente.

Este cambio, adelantado por este periódico en agosto pasado, ha suscitado críticas entre los médicos de familia y los inspectores sanitarios, que consideran que va en perjuicio del paciente: afirman que hay un conflicto de intereses, dado que la mutua es la que financia la prestación. La patronal arguye, en cambio, que con este sistema se ahorrarán cientos de millones a la Seguridad Social. Las bajas comunes ya están en buena medida en manos de las mutuas. Solo el 20% de las empresas tiene encargada la gestión de sus bajas comunes al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El objetivo del Ministerio de Empleo es reducir el “absentismo injustificado”. Según sus datos, en España se pierden al año por este motivo una media de 11,4 días por trabajador, frente a los 8,4 días que se pierden en Finlandia, los siete que se pierden en Dinamarca, los 6,8 días de Canadá o los 4,9 días de Estados Unidos.

Además, se amplía en cuatro años el periodo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción de jornada para el cuidado de los hijos. Actualmente pueden hacerlo hasta que el hijo cumple 8 años, mientras que con la nueva norma el plazo se extenderá hasta los 12 años, como sucede en la Administración. Según Empleo, esta medida facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar y activará la creación de empleo.En el Consejo de Ministros también se aprobaron medidas que complementan la reforma laboral de 2012. El Gobierno ha simplificado los modelos de contrato de 42 a 4 (temporal, indefinido, de prácticas y de formación y aprendizaje). Según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se pondrá en marcha a partir de enero el llamado asistente laboral, un programa informático que guía al empleador para saber qué tipo de contrato debería hacer, en cinco pasos, y simplificar las gestiones. Otra de las medidas consiste en la reducción a un mes del periodo máximo de prueba en contratos temporales inferiores a seis meses de duración.

En un intento de impulsar la contratación indefinida a tiempo parcial, el Gobierno ha introducido cambios en esta modalidad: los contratos de emprendedores con un año de prueba con despido gratuito —creados hace dos años con la reforma laboral— podrán hacerse a tiempo parcial.

Además, la jornada laboral en el contrato a tiempo parcial con carácter indefinido podrá aumentar hasta un 90% si se pacta en convenio colectivo, siempre que el trabajador esté contratado al menos 10 horas semanales de promedio anual. Pero se prohíbe la realización de horas extraordinarias en este tipo de contratos.

- Podrán dar por terminada una baja si la sanidad publica no la rechaza en 5 días.
- Amplia a 12 años el derecho a la jornada reducida por maternidad.

Fuente: El Pais.

Felicitación del sector de seguridad privada de CC.OO.

Escandalosas adjudicaciones del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, a la empresa de su hermana (Eulen).

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantiene sus adjudicaciones millonarias a la empresa Eulen, de la que es apoderada Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente autonómico. Según refleja la web de la Xunta www.contratosdegalicia.es, el citado grupo de empresas ha recibido este año contratos desde diferentes consejerías y de la Televisión gallega.

Cerca de 800.000 euros en enero y marzo

En enero, la empresa de la hermana de Feijóo fue adjudicataria de un contrato de 207.940,00 euros sin IVA de la Conejería de presidencia para el servicio de vigilancia y seguridad en varios edificios judiciales de la Junta. Tres meses después, en marzo consiguió el contrato de servicios de conserjería , mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales del Concello de Fene, por 577.025,48 euros sin IVA.

Mayo, un mes de oro

En mayo pasado, la Televisión de Galicia le adjudicó a Eulen el contrato para el servicio de seguridad por cerca de un millón de euros sin IVA, exactamente, de 930.000 euros. No fueron las únicas adjudicaciones de ese mes. También consiguió el servicio de limpieza de edificios y locales municipales del Concello de Sade por 709.061 euros y el contrato de la consellería de Trabajo y Bienestar para la gestión del servicio público denominado Puntos de Encuentro Familiar de Pontevedra y Vigo”, por un coste de 357.000 euros.

Más contratos en septiembre

En septiembre, Eulen fue beneficiada con el mantenimiento del edificio administrativo de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), por 41.500 euros y, además, recibió de la Consellería de Trabajo y Bienestar la adjudicación del servicio de control de las instalaciones del Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil, por 21.340, 80 euros.

Las polémicas adjudicaciones a la sobrina de Romay Beccaría

Feijóo ha mantenido las adjudicaciones a la empresa de su hermana después de los contratos millonarios que le concedió en 2012, como informó ELPLURAL.COM.

No son las únicas adjudicaciones cuestionables del presidente gallego, que en enero de este año dio el contrato para el desarrollo del portal de las entidades locales de Galicia, un plan cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a la empresa Atos Origin, de la que es apoderada la sobrina de José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Una adjudicación de 455.000 euros.

Una empresa con sede en Madrid

Según denunció Galicia Confidencial, la empresa de la sobrina de Romay Beccaría, con sede en Madrid, recibió casi medio millón de euros por actualizar una web ya existente.

Hace un mes, la misma agencia de la Xunta contraba a Atos para un “servicio complementario de evolución y mantenimiento de sistema de gestión de personal de la Xunta” por 135.755 euros sin IVA. Según comprobó el citado diario, en el Registro Mercantil, Carmen Martín de Pozuelo Romay es la apoderada de esta consultora, que suma 4,6 millones en contratas del Gobierno gallego, 312.000€ mediante encargos adjudicados a dedo.

Colaboradora de Feijóo en Correos

Martín de Pozuelo es sobrina de Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Feijóo la fichó para su equipo cuando dirigía Correos y también cuando estuvo como consejero de Política Territorial.

La Xunta de Galicia, cuanto menos, ha dado cinco contratos a Atos Origin a dedo desde que gobierna Alberto Nuñez Feijóo. En los últimos cuatro años, la consultora logró en total más de 4.5 millones de la administración autonómica.

Fuente: elplural.com

La Universidad Complutense de Madrid denunciará a Segur Ibérica por presunta estafa.

“Con los datos que hemos analizado de los años 2005 y 2006 hemos llegado a una cantidad de 80.000€ que no corresponden con los servicios prestados y lo vamos a denunciar ante los tribunales”, afirma José Carrillo.

Hace unos días Aspacom presentaba también ante los juzgados de Madrid una nueva querella, esta vez directamente contra Segur Ibérica.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, ha informado a ZoomNewsque el lunes los servicios jurídicos de esta institución académica presentarán una querella contra la empresa Segur Ibérica por presunta estafa tras revisar su documentación desde 2005.

“Vamos a presentar la correspondiente denuncia contra la empresa de seguridad por aquellos hechos, tras haber contrastado los datos con la documentación de la que disponíamos por nuestros propios medios”, manifiesta el rector.

“Con los datos que hemos analizado de los años 2005 y 2006 hemos llegado a una cantidad de 80.000€ que no corresponden con los servicios prestados y lo vamos a denunciar ante los tribunales”, afirma José Carrillo.

ZoomNews publicaba el pasado 15 de octubre que Aspacom (Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción) había presentado una querella contra el jefe de seguridad de la Universidad Complutense ante los juzgados de Madrid por colaborar en el presunto saqueo, llevado a cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica, de una suma superior a 400.000 euros mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado”.

Tal y como reconoce el rector de la Complutense los servicios jurídicos de la institución han analizado sólo un periodo de facturación, mientras que la agencia de detectives Gestaltia contratada por Aspacom manejaba para su querella datos originales hasta 2007, habiendo presentado tres informes conteniendo y argumentando el importe del presunto fraude.

Según el rector “nosotros no tenemos datos suficientes aquí para poder investigar si una persona ha cometido un fraude, un robo o simplemente un error. Por eso ponemos los hechos en manos de la Justicia y que ésta haga las investigaciones que estime oportunas y ya ampliaremos la denuncia con los años sucesivos llegado el caso”.

Asimismo Carrillo añade que “nos cuesta un poquito estudiar todos estos datos porque son bastante complicados y no disponemos de la herramienta de que han dispuesto los otros denunciantes que elaboraron el informe aportado. Con la información que nos facilitaron estos investigadores hemos podido avanzar, pero sin duda la justicia tiene los mecanismos para solicitar los documentos que tenemos y pueda necesitar, aunque reconozco que hemos tardado un tiempo desde que nos informaron de los presuntos hechos delictivos e insisto porque hemos tenido que comprobar con nuestros propios recursos técnicos la veracidad de la información y después hemos tenido que preparar la correspondiente denuncia”.

La máxima autoridad de la Universidad Complutense de Madrid asegura que tiene sus sospechas de lo que ha podido pasar, pero “son valoraciones mías y será la justicia la que determine que es lo que ha pasado. La cantidad, sean 80.000 o 400.000 euros, no es objetivamente lo relevante, lo importante es el hecho cualitativo y determinar las complicidades que se puedan determinar”, afirma Carrillo.

Aspacom presenta querella contra Segur Ibérica

Hace unos días Aspacom presentaba también ante los juzgados de Madrid una nueva querella, esta vez directamente contra la empresa Segur Ibérica, que se suma a la presentada en octubre contra Justino Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense por los presuntos delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial, que tramita el Juzgado de instrucción 45, con el número de Diligencias Previas 5877/2013.

En esta ocasión Aspacom se querella por estafa contra Jose Luis Novales Cadierno, que desde los años 2004 a 2011 ocupó el cargo de consejero delegado de Segur Ibérica y que en la actualidad es el presidente del consejo de administración de esta compañía de seguridad.

Con la querella anunciada por el rector de la Universidad Complutense de Madrid ya serían tres las causas abiertas contra la tercera empresa de seguridad del país.

Fuente: Zoomnews.es

Acuerdo entre UGT, USO y la patronal para no aplicar la subida salarial del 2014.

Acuerdo suscrito en el día de hoy (20/12/2013) por parte de las asociaciones empresariales del sector de Seguridad Privada y los sindicatos UGT y USO en virtud del cual pactan la suspensión temporal,en principio hasta el 15 de febrero de 2014, de la aplicación de las tablas salariales establecidas en el Convenio para el año 2014, lo que implica, que en principio, en el mes de Enero no se va a percibir retribución distinta de la percibida en este año 2013.

En el Acta de la reunión en la que se ha llegado a este acuerdo consta la posición de la Federación de Servicios Privados de CC.OO. en la que manifestamos nuestra disconformidad con este acuerdo de inaplicación suscrito por los restantes miembros de la Mesa.

                                                

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Nota informativa de UGT con respecto a la renegociación del convenio 2012-14.

UGT empieza a modificar su discurso en relación a la propuesta de las patronales del sector de renegociar el actual Convenio Colectivo 2012-14.

En su comunicado, del 26 de Noviembre de 2013, a todos los trabajadores del sector de seguridad privada, dicen:

 -  Que del acta levantada de la citada reunión, no se puede desprender la aceptación de las pretensiones de la patronal...

 - Que nos parece que las propuestas de la patronal son absolutamente inasumibles e inaceptables y que la exigencia debe ser cumplir lo pactado en el vigente convenio ....

  -  Por tanto, desde Fes-Ugt-Madrid reiteramos nuestro compromiso por defender lo acordado y ser exigentes en el cumplimiento de lo pactado.

De ese discurso, en el que se hablaba de defender lo pactado, han pasado a otro en el que mediante nota informativa enviada a sus afiliados, no a todos los trabajadores del sector, fechada el 18 de Diciembre, suavizan su discurso y empiezan a prepararnos para un cambio de su postura, cabe destacar algunas frases:

Lo sencillo sería exigirles el cumplimiento del Convenio ......pero la situación del sector, y del país en general, nos obliga a explorar las propuestas con un mayor detenimiento,....

Tras debatir en profundidad los pros y contras, se plantea ver las posibilidades reales de negociación y las garantías de las mismas....

No voy a entrar a valorar el documento, juzgarlo, evaluarlo  y sacar vosotros mismos las conclusiones.

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Madrid Semanal Digital nº 324, 17 de Diciembre de 2013.

                                                

         
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Absueltos por el ADN los acusados de matar a un vigilante de seguridad para robar cobre

La Audiencia de Sevilla ha absuelto, por falta de consentimiento en la prueba de ADN, a dos ciudadanos rumanos que se enfrentaron a 38 años de cárcel por asesinar con ensañamiento al vigilante de una planta fotovoltaica de Marchena (Sevilla) para robar cobre.

Una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, absuelve a Adi D., de 24 años, y Marius L.C., por nulidad de la prueba que identificó su ADN en un guante de trabajo abandonado por los ladrones y el pantalón de la propia víctima.

Según los jueces, la identificación genética de los acusados "carece de validez y ha de ser excluida del acervo probatorio de cargo, por la ilicitud de que adoleció en su día la extracción en otras causas de las muestras biológicas".

Tal ilicitud deriva de la ausencia de consentimiento del interesado o autorización judicial, en el caso de Marius L., y de la omisión de la necesaria asistencia letrada y de intérprete en el caso del acusado Adi D.

Afirma la sentencia que "no hay ningún dato que sugiera que ninguno de los dos acusados tuviera un dominio del idioma español mínimamente suficiente para comprender el lenguaje formal en que están redactados los documentos suscritos con su firma en los que se consigna la recogida de muestras biológicas".

El asesinato de José Antonio Jiménez Ceferino fue presuntamente realizado por cuatro ciudadanos rumanos, dos de ellos fugados de la justicia, en la madrugada del 25 de noviembre de 2009, después de que unas horas antes fuesen ahuyentados por el vigilante cuando les sorprendió intentando robar cobre.

A la nulidad de la prueba de ADN la sentencia añade que "la suposición de que los autores del primer asalto hubieron de ser también los del segundo es puramente especulativa; pues si es poco probable que en un mismo día haya dos intentos de robo en el mismo lugar aislado y cometidos por personas distintas, tampoco es probable que unos ladrones que se dan prudentemente a la fuga en cuanto observan que el lugar asaltado cuenta con un vigilante vuelvan a las pocas horas dispuestos ahora a consumar su propósito a sangre y fuego".

Con ello se arriesgaban a demás a que "en el ínterin la vigilancia se haya visto reforzada a consecuencia del primer asalto frustrado".

Fuente: EFE

Acuerdo de colaboración entre CC.OO. y la entidad Mercantil Vacaciones, Apartamentos y Hoteles,S.L. (Oferta para afiliados).

           

 


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El director de la policía dice que el estado es el "garante único" de la seguridad en España.

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, dijo hoy (17/12/2013) que el Estado es el "garante único" de la seguridad en España, en referencia al debate surgido en las últimas semanas con la nueva Ley de Seguridad Privada y el papel que pueden tener los vigilantes a la hora de detener.

Cosidó se refirió a este asunto en el complejo policial de Canillas, en Madrid, donde inauguró en encuentro con empresas de seguridad privada que actúan en el campo de las alarmas.

Durante esta intervención, el responsable de la Policía Nacional se refirió al proyecto de Seguridad Privada que se tramita en las Cortes y aseguró que, con esta iniciativa legislativa, la seguridad pública resulta "beneficiada". Añadió que los servicios de la seguridad privada "serán siempre complementarios, subordinados y sometidos a la preeminencia de la seguridad pública".

Además, sostuvo que con el nuevo texto legal queda "reforzada" la subordinación de la seguridad privada a la pública, con el objeto de sumar "capacidades" y "ofrecer una respuesta eficaz no sólo a los peligros tradicionales, sino a los nuevos retos y desafíos en los actuales escenarios globales".

Asimismo, el director general remarcó con el Estado "es el único garante de la seguridad en España", pero añadió que la futura Ley de Seguridad Privada establece un "modelo de cooperación público-privada" que es un "modelo" en Europa y en Sudamérica.

Cosidó también se refirió a que la seguridad privada "colabora de una forma muy activa" para que las Fuerzas de Seguridad "puedan prestar un mejor servicio a los ciudadanos". Sin embargo, dejó claro que "nunca estamos pensando en una sustitución de seguridad pública por seguridad privada; estamos hablando de un principio de colaboración, siempre bajo un principio de supervisión de la seguridad pública sobre la seguridad privada".

Al mismo tiempo, respecto al acto que acudía a inaugurar esta mañana, el director general destacó la eficacia de los proyectos que impulsa la Policía para seguir mejorando la colaboración con las empresas privadas que gestionan alarmas de edificios y viviendas. Explicó que estos proyectos -Proceda, Prisa y Sica- buscan evitar el número de intervenciones policiales como consecuencia de alarmas que resultan ser falsas.

En este sentido, aportó el dato de que de 2004 a 2013 se han reducido un 90% de intervenciones policiales como consecuencia de falsas alarmas. Esto supone que se ha pasado de 239.735 falsas alarmas a 18.268 este año.

Fuente: Servimedia

Nota Informativa de CC.OO. sobre el proyecto de ley de seguridad privada.‏

Con respecto al proyecto de ley de Seguridad Privada, la Federación de Servicios Privados de CCOO desea hacer las siguientes apreciaciones sobre su contenido y trámite parlamentario.

CCOO presentó diversas enmiendas al proyecto de ley orientadas a dignificar la profesión, dar garantías jurídicas al personal de seguridad privada, ofrecer soluciones al intrusismo y regular la formación tanto en al acceso profesional como durante su desarrollo. Sin embargo, a medida que ha avanzado al trámite parlamentario y según consta en el articulado publicado en el Boletín del Congreso, CCOO ha comprobado que el legislador ha ignorado sus demandas y por el contrario ha sido totalmente receptivo a los intereses empresariales.

La Federación de Servicios Privados manifiesta su oposición a las modificaciones introducidas en lo que respecta al aumento de competencias asignadas a los vigilantes sin dotarles de la equivalente protección jurídica, facilitarles la adecuada formación específica para estas nuevas funciones, así como el agravamiento del régimen sancionador a los trabajadores/as del sector. 

Los trabajadores del sector de seguridad venimos manteniendo unas condiciones laborales que en modo alguno son equitativas ni con las funciones que hasta ahora venimos desarrollando y más aún con respecto a las competencias que el Ministerio del Interior pretende atribuirnos, entre otras la jornadas excesivas, situaciones derivadas d ela reforma laboral, condiciones salariales, etc.

Resulta por tanto que la pretendida nueva regulación efectúa una ampliación del espectro potencial de actuación de las empresas de Seguridad Privada sin que ello conlleve una mejoría de las condiciones de trabajo para nuestro sector. el Ejemplo más palpable de la actual espiral de degradación de las condiciones de los trabajadores del sector es la actuación de la propia Administración que es la primera en adjudicar los servicios en función de un único criterio, el precio ofrecido, sin tener en cuenta ni la calidad del servicio de la Empresas ni tan siquiera el cumplimiento de la normativa convencional del sector, e incluso en ocasiones de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social como ocurrió en el caso de ESABE.

En ella, desglosamos los artículos que a nuestro entender son los más lesivos para nuestros intereses, y sobre los cuales se realizaron las enmiendas que realizó esta Federación de Servicios Privados de Comisiones Obreras (FSP-CCOO).

                                                    

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Publicación en el BOE de la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de Viriato Seguridad, SL‏

Os remito BOE del día de hoy con Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de Viriato Seguridad, SL.

Como podréis ver se han atendido las irregularidades que conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar y, derivadamente. sobre la composición de la comisión negociadora en los ámbitos empresarial que pretendan tener ámbito territorial estatal.

Se desestima el recurso empresarial y estima el interpuesto por el sindicato demandante, en los términos expuestos, decretando la nulidad total del convenio colectivo impugnado. 

Por consiguiente, probado que el convenio de la empresa demandada se suscribió únicamente con los delegados de centro de Murcia, la consecuencia inexorable es la nulidad del convenio, por cuanto dichos trabajadores representaban y representan al centro de Murcia, lo que no les ha impedido imponer el convenio a todos los centros de trabajo de la empresa presentes y futuros, por cuanto dicha actuación quiebra claramente el principio de correspondencia entre representatividad real y el ámbito del convenio.

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ERE en Ombuds S.A. (Madrid)

Acta de inicio de periodo de consultas del expediente de regulación de empleo de la empresa OMBUDS, S.A.

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Revista Fes, Boletín 25, Diciembre 2013.

Boletín Informativo de FES, correspondiente al número 25, donde podrás encontrar noticias importantes relacionadas con el sector.

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Convocatoria Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de las Empresas de Seguridad Privada.

Os remito el correo electrónico que han remitido desde APROSER convocando una reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Estatal de Seguridad Privada para el próximo día 20 de diciembre a las 10:00 horas, expresando que el objeto de la misma es abordar una renegociación de los términos del convenio colectivo.

La posición de CC.OO. respecto a esta supuesta renegociación la definió el Consejo Federal de los días 11 y 12 que fue contraria a los términos de la propuesta que informalmente se nos había trasladado, lo que marcará nuestra posición al respecto en la Mesa.

En cualquier caso plantearemos que lo que sí debe hacer la Comisión Negociadora es incluir en el Convenio la regulación de la subrogación de los trabajadores adscritos al servicio de transporte de fondos habida cuenta de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el tema.

"Estimado miembro de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo:

Por parte de las organizaciones empresariales, se convoca reunión de la Comisión Negociadora para abordar una renegociación de los términos del convenio colectivo, desde el objetivo del mantenimiento del marco de negociación sectorial.

La reunión tendrá lugar a las 10 horas del VIERNES 20 de DICIEMBRE en el Hotel Tirol (Marqués de Urquijo, 4), Madrid, en la sala OMEGA .

Un cordial saludo"

Asimismo, os remito información correspondiente a la convocatoria de reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Estatal de Seguridad Privada para el próximo día 20 de Diciembre, realizada por parte de Aproser.

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El PSOE vuelve esta semana a la carga (en el pleno del Congreso) contra la Ley de Seguridad Privada cuestionando los motivos económicos de Interior

El PSOE aprovechará el Pleno del Congreso del próximo miércoles para volver a la carga contra la Ley de Seguridad Privada y lo hará dirigiendo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, una pregunta en la que cuestiona los motivos económicos que ha dado su departamento para justificar esa nueva norma.

"¿Por qué piensa el Gobierno que las empresas de seguridad privada deben ampliar tan considerablemente su negocio?", reza la pregunta registrada por el portavoz de Interior de los socialistas, Ramón Trevín, para el ministro.

EL SECTOR FACTURA 3.600 MILLONES AL AÑO

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, justificó el pasado miércoles la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Privada apuntando que uno de sus objetivos principales es "ayudar a que se consolide un sector económico" que, a pesar de las dificultades que ha sufrido a causa de la crisis en los últimos años, está "en pleno crecimiento".

Martínez recalcó que la nueva ley "quiere ayudar a que se consolide un sector económico que da empleo a cerca de 90.000 personas, agrupa a más de 1.500 empresas y factura más de 3.600 millones de euros anuales".

Según dijo, se trata de "un servicio público esencial, que es el de la seguridad. Está en juego el bienestar de los ciudadanos, la protección de personas y bienes, la garantía última de derechos tan importantes como la intimidad, la privacidad o la inviolabilidad del domicilio".

TAMBIÉN CONTRA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Pero además de cuestionar que el Gobierno alegue razones económicas para esa nueva Ley de Seguridad, es más que previsible que el primer partido de la oposición aproveche para afear al Gobierno que esa futura Ley vaya a permitir a los vigilantes privados identificar, cachear y detener a ciudadanos en la vía pública con la pertinente autorización. Ésta es una enmienda que se introdujo en este proyecto de ley durante su paso por el Congreso con el rechazo del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

Los socialistas también formularán otra pregunta al ministro del Interior pidiéndole explicaciones por las últimas iniciativas del Gobierno en materia de seguridad. Aunque la pregunta es genérica, se prevé que el diputado que la formule, Juan Carlos Corcuera, aproveche para reprochar a Fernández Díaz su la Ley de Seguridad Ciudadana y exigirle una ves más que la retire.

Fuente: Europa Press

Revista Cuadernos de Seguridad nº 284, Diciembre de 2013.

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Los vigilante de seguridad del CETI de Melilla, perteneciente a la empresa “Serramar” volvieron ayer a concentrarse ante el impago de sus nominas desde hace un año.

Los vigilantes de seguridad pertenecientes a la “Serramar”, volvieron ayer a concentrarse para denunciar que la empresa no les haya pagado todavía la nómina de noviembre y que algunos no hayan percibido ni siquiera la de octubre, recordando que llevan “un año” arrastrando esta situación y que trabajan en condiciones adversas en el CETI, soportando agresiones por parte de los inmigrantes como con turnos elevados y abusivos por la empresa.

Sancionada la empresa con 6.000 euros

Para Mayte Molina, secretaria de Acción Sindical de UGT, explicaba que los 55 afectados se encuentran en una situación desesperada y que no tienen expectativas de cobrar la paga de “Navidad”, indicando la sindicalista que la empresa se comprometió a pagar las nóminas y no está cumpliendo su palabra.”La empresa no ha cambiado su política a pesar de que la Inspección de Trabajo le ha sancionado con 6.000 euros, una multa que todavía pueden recurrir en el plazo de un mes, y los trabajadores sólo quieren cobrar, dándoles lo mismo con la empresa con las que trabajen”.

Serramar pagan a otros trabajadores, y no a los del CETI

Dámaso García, delegado de personal de la UGT en la empresa, denunciaba, que la empresa esté pagando las nóminas de otros trabajadores con lo que recibe por el contrato del CETI y asegura que no conoce a ningún vigilante que no haya sido agredido en este centro.

Concentración en pleno centro de la ciudad, y denuncia contra el delegado del Gobierno

La concentración cambio de lugares, realizando en la Plaza Menéndez Pelayo, a fin de que los ciudadanos conociesen directamente sus problemas, en que se les entregan octavillas informativas, igualmente denunciaban al delegado del Gobierno Abdelmalik El Barkani, al comprometerse en darle soluciones a sus nominas en un mes, y eso fue el pasado año, y el no haber hecho nada con ellos, y estando prestando servicios para la Administración Central, de la que es su responsable en Melilla.

Fuente: norteafrica.com