UPyD denuncia que el Palacio de Congresos de Plasencia tiene una vigilancia ilegal.
- «Lo mínimo, ya que la Junta de Extremadura despilfarra 20 millones de euros, es que se tenga contratado a trabajadores profesionales tal y como obliga la ley. Esto mismo sucedió con la obra del Palacio de Justicia»
Faustino Climent, portavoz de UPyD Plasencia, denunció ayer, a través de una nota de prensa, que la vigilancia de las obras de el Palacio de Congresos es ilegal. «Lo mínimo, ya que la Junta de Extremadura despilfarra 20 millones de euros, es que se tenga contratado a trabajadores profesionales tal y como obliga la ley. Esto mismo sucedió con la obra del Palacio de Justicia», señala Climent.
Añade que con estas prácticas por parte de la administración se está fomentando la economía sumergida. «Permitiendo tales cosas, la administración contribuye a que profesionales con titulación oficial sigan en paro, así como impedir que empresas de seguridad privada que desean establecerse en Plasencia opten por otras ciudades donde poder trabajar y dar trabajo».
Por este motivo, el portavoz local de UPyD como a la Junta de Extremadura que hagan cumplir la ley, obligue a contratar personal cualificado, con sus correspondiente formación, licencias, cotizando y con todo en regla para realizar estas funciones.
Los escoltas que trabajaron en el País Vasco y Navarra recolocados en la vigilancia de prisiones.
Al menos uno de cada tres escoltas que trabajó en las empresas de seguridad que custodiaron a objetivos potenciales de la organización terrorista podrán lograr un empleo gracias al programa del ministerio de Interior para incorporarles a la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones
Así lo anunció ayer miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara. El Ejecutivo afirma que respeta "el pacto de caballeros" suscrito con los escoltas que prestaron sus servicios en el País Vasco y Navarra aunque reconoce que no a todos los profesionales de la seguridad les ha interesado su nuevo puesto de trabajo, bien por las diferencias económicas con el anterior o por tener que desplazarse fuera de su localidad de residencia para incorporarse a empresas de seguridad encargadas de la seguridad de prisiones en otros puntos de la península.
El proceso de colocación de los antiguos escoltas como personal auxiliar de prisiones no ha sido una tarea fácil. Ya en enero surgieron los primeros roces entre los funcionarios de prisiones y el ministerio de Interior al considerar que la contratación de las antiguas empresas que prestaban servicios de escolta en el País Vasco y Navarra para vigilar los perímetros de las prisiones supone un alto coste para duplicar un trabajo que ya realizan los agentes de la Policía y de la Guardia Civil.
No sólo los escoltas se benefician del plan de recolocación del Gobierno, también las empresas que en su día lograron importantes ingresos garantizando la seguridad de los amenazados en las zonas más conflictivas. Interior mantiene contratos para dar servicios en el exterior de las prisiones con Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Proseguir, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinesa.
Seguriber, la empresa de Mónica Oriol, se queda fuera del contrato para la vigilancia exterior de la prisiones.
"No ha resultado adjudicataria en los contratos para la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones. Entiendo que se habrá presentado en las condiciones que marcaban los pliegos y se ha quedado fuera", ha dicho el 'número dos' de Interior. El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz va a invertir 33 millones de euros en un año para este proyecto que, según ha dicho, va a integrar a una tercio de los escoltas que prestaban labores de escolta en el País Vasco.
Martínez ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con el diputado del PSOE, Antonio Trevín, quien ha acusado al ministerio de privatizar la vigilancia exterior de las cárceles para favorecer a empresas como la de Mónica Oriol.
Esta cuestión ya fue motivo de enfrentamiento entre ambos el pasado 7 de octubre en otra comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en la Cámara Baja.
Mónica Oriol declaró recientemente que prefiere "contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a los 25 años para evitar embarazos". Trevín ha recordado además que la empresa de Oriol, Seguriber, era la misma que se encargaba de la seguridad en el Madrid Arena.
El diputado socialista ha explicado que "sólo había dos razones" para reforzar el exterior de las prisiones con agentes de seguridad privada: "un problema de seguridad, que no ha habido un sólo caso, o la necesidad de ampliar el negocio y ese negocio en el que hay diez empresas incluye también la de Mónica Oriol", denunció el socialista.
Sentencias de interes
- Reclamación de cantidad contra Securitas Seguridad España por reducir un complemento de puesto de trabajo.
La empresa Securitas con sede en Bilbao, redujo la cantidad que los vigilantes de seguridad percibían en concepto de Complemento de puesto de trabajo, por la labor desarrollada en el puesto denominado Mobile, realización de rondas periódicas en un vehículo por fábricas que tienen alarmas de la empresa y también la atención a los domicilios de los clientes.
Procedió a compensar y absorber parcialmente dicho complemento en la cantidad de 31,37 € mensuales, a partir de mayo de 2013, quedando la cantidad en 118,63 €, sobre los 150€ que percibían con anterioridad, todo a raíz de la publicación de las tablas salariales del Convenio Sectorial para el año 2013 ( una de las renegociaciones que eliminó los pluses de transporte y vestuario en las pagas extras).
La magistrada señala en su sentencia que este complemento viene a atender a la mayor gravosidad de las condiciones de trabajo de un determinado puesto, y su percepción se vincula a la efectiva adscripción a dicho puesto, y en consecuencia no puede ser adsorbido o compensado con los incrementos retributivos del Convenio, tal y como pretende la empresa Securitas.
La sentencia obliga a Securitas al abono de las cantidades dejadas de percibir por los trabajadores desde que la empresa redujo el importe del mencionado complemento de puesto de trabajo.
Fuente: Sección Sindical CCOO Vinsa Madrid
- No es función de seguridad privada conducir ambulancias.
Los vigilantes de seguridad de Eulen Seguridad en la Petroquímica Dynasol Elastómeros (Repsol Química/Aditya Birla Group) en Gajano (Cantabria) venían desarrollando por imperativo de la Empresa, laborales de conducción de ambulancia, señalada en sus órdenes de puesto del servicio.
El Comité de Empresa y la Sección Sindical de CC.OO. en Eulen Seguridad Cantabria - representando a los vigilantes de Dynasol- intentó reunirse y discutir con Eulen Seguridad esta problemática para alcanzar una solución, negándose la última a cualquier negociación (incluido plante en ORECLA); la situación era grotesca, habida cuenta de que ya existía una sentencia favorable a los trabajadores en el año 2009 cuando la empresa Segur Ibérica era la adjudicataria del servicio de vigilancia y un informe de la U.C.S.P. del año 2012 que señalaba la función de conductor de ambulancia no es específica del vigilante de seguridad, además de otras consideraciones de intrusismo laboral en un sector ajeno y habilitaciones correspondientes para tal función.
Tras interposición de Procedimiento de Denuncia por Conflicto Colectivo por parte de Roberto Caso Fontecilla (Secretario de Organización de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios de Cantabria) contra Eulen Seguridad, de nuevo el Juzgado de lo Social nº 5 de Santander ha fallado el 24 de octubre de 2014 de forma favorable de los Vigilantes de Seguridad de Dynasol Elastomeros y ha Estimado la demanda interpuesta, declarando contraria a Derecho la orden de puesto contenida en el manual de instrucciones de puesto del vigilante de seguridad, relativa a la conducción de la ambulancia, condenando a la Eulen Seguridad a acatar dicho pronunciamiento.
Asimismo, se señala en sentencia que se ha condenado a Eulen Seguridad a abonar una sanción de 1000 euros por:
a) Tener Eulen Seguridad pleno conocimiento de la cuestión, dado que la misma ya fue analizada, tanto por la sentencia de 19-9-08 de el mismo Juzgado de lo Social de Santander, como por el informe de la propia U.C.S.P.
b) En segundo lugar por el mantenimiento de la situación en el tiempo, pese a ser algo sabido.
c) En tercer lugar, por llevar esto hasta lo más lejos posible - vista, sentencia, notificaciones, eventuales recursos, ...- pese a las advertencias expuestas en el acto de juicio sobre la historia de la cuestión.
Concluyendo su señoría que el comportamiento de Eulen Seguridad ha generado graciosamente una serie de perjuicios a la parte contraria, sin sentido alguno.
Así como a satisfacer Eulen Seguridad los honorarios de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras en esta denuncia, encabezados por nuestro abogado Rafael Calderón Gutiérrez.
Los vigilantes de Dynasol ya lograron una notable Sentencia favorable hace seis años por jurisdicción social, que ordenaba a la empresa de seguridad que no asignase a los vigilantes las funciones de Báscula-Pesaje de Camiones y Cisternas en la Petroquímica del Grupo Repsol, labor que a día de hoy desarrollan tres auxiliares de servicios de la empresa Eulen S.A. y que supuso la creación de nuevos puestos de trabajo.
Festival Cine Lesgaicinemad
El próximo jueves, 30 de octubre, da comienzo la 19ª edición del Festival Internacional de cine lésbico, gai y transexual de Madrid (LESGAICINEMAD), que se celebrará hasta el 13 de noviembre y que se proyectará hasta el día 9 en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40, Madrid).
Organizado por la Fundación Triángulo con la colaboración, entre otros, de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y CCOO de Madrid, dentro del convenio que se ha firmado entre la Fundación Triángulo y CCOO para cooperar en la lucha contra la lgtbfobia. El festival ofrecerá más de una treintena de largometrajes y cortos.
El precio de la entrada general será de 6 euros y también hay abonos a la venta (3 películas por 15 € ó 5 por 22 €). La afiliación de CCOO tendrán acceso gratuito a las proyecciones del Auditorio Marcelino Camacho presentando el carné.
Pincha aquí para descargarte la invitación para la Sesión Inaugural. No es necesario imprimir la invitación, con bajarse el archivo al móvil es suficiente, luego se cambia en taquilla (a las 20:00) hasta completar aforo.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un saludo.
Ofertas para afiliados.
Dos nuevas propuestas de descuento para afiliados/as; en este caso se trata propuestas que Barceló Viajes nos realiza y que se refieren, una al Puente de diciembre con varios destinos y un descuento del 6%; y la otra propuesta se refiere a un avance de cara al próximo verano, con un descuento del 8% por venta anticipada.
Madrid Semanal Digital nº 363, 28 de Octubre de 2014 y Gaceta Sindical nº 220.
- En este número 363, las noticias más destacadas son "¡Wert dimisión!"; "Querella contra Coca-Cola por vulneración del derecho de huelga" y el editorial "La lucha sigue":
- Nuevo número de Gaceta Sindical, en el que se informa sobre la apertura del plazo de matriculación en los cursos de Relaciones Laborales que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en colaboración con CCOO.
Tablas salariales 2015
Tablas salariales para el año 2015, aprobadas en el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas Privadas de Seguridad.
Los agricultores andaluces recurren a la seguridad privada para evitar los robos.
Denuncian que en ocasiones tienen que pagar a las «mafias» locales para evitar más destrozos
Las estadísticas hablan de un descenso en los robos en el campo, pero los agricultores sevillanos aseguran que la inseguridad cada vez es mayor y el problema es que la mitad de los que sufren robos no los denuncian porque ven que no sirve de nada.
Responsables de Unión de Pequeños Agricultoras de Andalcía (UPA-Andalucía) y de la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) han denunciado hoy cómo los robos afecta a sus instalaciones, a sus cosechas y hasta su propia seguridad, de tal manera que, dada la falta de vigilancia por los cuerpos de seguridad del Estado, han tenido que recurrir a la vigilancia privada, a redoblar turnos de trabajo para no dejar sola la maquinaria ni el área de cultivo e incluso a abonar determinadas cantidades a «mafias» locales para que dejen tranquilas sus parcelas.
Algunas comunidades de regantes señalan que sólo en contratar vigilancia privada pueden gastar en torno a los 12.000 euros al año a lo que se suma el pago por trabajos nocturnos que eviten dejar sola la parcela.
Para el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, el problema está en que no hay vigilancia, en muchos casos porque buena parte de los efectivos de la Guardia Civil, señaló se dedican ante todo a vigilar las carreteras mientras que «el campo está abandonado a su suerte». «Sólo hay una forma de solucionar este problema y es con más vigilancia», apuntó.
Los ladrones se llevan de todo del campo, desde el gasoil de las cosechadoras hasta las baterías, el cobre, los cables...muchas veces, cuentan los arroceros, se llevan pequeñas compuertas que se usan para regular el agua que apenas les pueden reportar unos euros su venta pero que destroza el sembrado.
Patrimonio justifica un contrato a un empresario imputado (Seguridad Integral Canaria) porque ni Hacienda ni la Seguridad Social conocían el fraude
El empresario en cuestión es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, adjudicataria del contrato para vigilar los edificios de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia. Ramírez fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 de un delito contra el Medio Ambiente.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, preguntó al gobierno el pasado mes de marzo si consideraba "razonable" adjudicar un contrato público a un empresario que había sido imputado a raíz de la querella de la Fiscalía de Delitos Económicos que ya había sido admitida a trámite cuando se resolvió el concurso. También quería saber en qué medida había afectado a la decisión del Gobierno el hecho de que Ramírez "sea donante" del PP.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que las ofertas de Seguridad Integral Canaria fueron, "para la totalidad de los 8 lotes en que estaba configurado el concurso, las que obtuvieron la mejor puntuación global" porque lograron las mejores marcas tanto en la oferta económica y como "en los criterios evaluables mediante fórmulas". "Aspectos no susceptibles de valoración subjetiva alguna", añade.
GARANTÍAS Y CERTIFICACIONES
Según detalla, Patrimonio Nacional requirió a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Seguridad Integral Canaria y Ralons -- también propiedad de Ramírez--, "para que presentaran la documentación (garantía financiera y certificaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social)".
Ambas presentaron la documentación requerida, incluyendo los citados certificados, pero "a la luz de las informaciones aparecidas en medios de comunicación", Patrimonio Nacional solicitó "ratificación de ambas certificaciones a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social" y, en ambos casos recibió "nuevas certificaciones" de que las empresas estaban "al corriente de pagos".
"Desde Patrimonio Nacional no se constató causa alguna que determinara la exclusión de la UTE de la adjudicación de los 8 lotes del concurso de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública y en materia de seguridad privada, por lo que procedió a su adjudicación", justifica el Gobierno.
Denuncian que "los controles de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas están en manos de personal contratado en condiciones tercermundistas".
"EULEN pretendió que esta oferta a la baja fuera asumida exclusivamente por los trabajadores, “ofreciéndoles” como condición para “contar con ellos” que asumiesen una reducción de salario de entre un 27% y un 40%."
La Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA) ha expresado que "la oficina SAETA del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas tiene, entre otras funciones, la responsabilidad de la emisión de acreditaciones de seguridad del personal y vehículos del aeropuerto. Hasta hace poco AENA tenía estos servicios subcontratados a la empresa ATLAS, la cual el año pasado acordó con los trabajadores una reducción de salario de un 12%, comprometiéndose con ello a mantener todos los puestos de trabajo. Los trabajadores hicieron el esfuerzo y redujeron por un año sus “menos de mileuristas” salarios, pero la empresa no cumplió su palabra, ya que sus empleos no se han mantenido.
En 2014, la oficina SAETA ha sido subcontratada por AENA a la empresa EULEN, a quién le fue adjudicado el servicio concursando con una reducción de la oferta económica de un 15%, pero garantizando, según las bases del concurso, que daría el servicio con personal con un mínimo de 3 años de experiencia en el puesto.
EULEN pretendió que esta oferta a la baja fuera asumida exclusivamente por los trabajadores, “ofreciéndoles” como condición para “contar con ellos” que asumiesen una reducción de salario de entre un 27% y un 40%. Esta reducción no aseguraba la continuidad en el expediente de todo el personal, sino tan solo del 50%, el resto lo suplirían con personal sin experiencia. Como era de esperar, los trabajadores no aceptaron esta intolerable propuesta. Estamos hablando de trabajadores que tenían salarios de 906,70€ brutos/mes incluyendo prorrata de pagas extras, y que si se les aplicasen las reducciones pretendidas, ellos y sus familias tendrían que vivir con ingresos del entorno al del salario mínimo.
Hay cosas de las que AENA no debería desentenderse y que no debería aceptar.
La respuesta de ambas empresas ante la negativa de los trabajadores a aceptar sus condiciones fue drástica. En primer lugar se produjo el despido por parte de ATLAS de la totalidad del personal existente. Este personal contaba con una experiencia de entre 5 y 15 años en el desempeño de dichas tareas. Por su parte EULEN contrató a nuevo personal, sin experiencia alguna para cubrir el servicio.
Los trabajadores damnificados por este atropello solicitan a AENA que exija a la empresa EULEN el cumplimiento íntegro del pliego de condiciones, así como el inmediato reingreso de los despedidos.
Desde CSPA solicitamos a la dirección del aeropuerto que no acepte estos comportamientos faltos de ética por parte de las empresas subcontratadas, tome ya mismo cartas en el asunto y haga cumplir los pliegos de los contratos.
Trasladamos a los trabajadores afectados nuestra solidaridad y apoyo incondicional".
La Comunidad de Madrid aprueba el calendario laboral del año 2015 con doce festivos.
La Comunidad de Madrid contará en 2015 con 12 fiestas, diez de carácter nacional y dos regional (2 de Mayo, Día de la Comunidad y el 4 de junio, Corpus Christi).
A estas habrá que sumar las dos fiestas de carácter local que fijan los respectivos ayuntamientos de la región.
Según lo acordado hoy por el Consejo de Gobierno, el año que viene serán festivos en la Comunidad de Madrid los siguientes días:
- 1 de enero (Año Nuevo)
- 6 de enero (Epifanía del Señor)
- 19 de marzo (San José)
- 2 de abril (Jueves Santo)
- 3 de abril (Viernes Santo)
- 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
- 2 de mayo (Fiesta de la Comunidad de Madrid)
- 4 de junio (Corpus Christi)
- 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- 25 de diciembre (Natividad del Señor).
Se adjunta la resolución de 17 de Octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015.
Trabajadores de seguridad de la JCCM en Ciudad Real se concentran para reclamar el cobro de sus salarios.
Los trabajadores del servicio de vigilancia y seguridad en diversas sedes de la administración autonómica en Ciudad Real se concentraron ayer en las puertas de la Delegación provincial de la Junta para reclamar el pago de las seis mensualidades que les adeudan.
Hasta ayer este servicio lo prestaba la empresa Huécar Seguridad, desde hoy la nueva concesionaria es Sureste Seguridad SL. Todos los trabajadores han sido subrogados a la nueva empresa, pero siguen sin cobrar los salarios que les deben, explica el responsable de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Ciudad Real, Alejandro Jiménez.
En total prestan este servicio de seguridad y vigilancia 20 trabajadores para los que CCOO reclama una solución y que se les pague de una vez por todas los salarios que les deben. Una situación que ha provocado que alguno de ellos llegara a sufrir crisis de ansiedad tras recibir comunicaciones de inicio de desahucio por no poder pagar la hipoteca ante la falta de los ingresos salariales.
Gaceta Sindical. Conclusiones Comisión Investigación del sindicato sobre las tarjetas de Caja Madrid.
Último número de Gaceta Sindical en el que se informa de las conclusiones de la Comisión de Investigación del sindicato sobre las denominadas tarjetas "black" de Caja Madrid, en las que se insta a la expulsión del sindicato de los seis consejeros de CCOO que usaron las tarjetas.
Informativo Digital Acción Sindical número 29, octubre 2014.
El número 29, publicado en octubre 2014, incluye:
Artículos:
- Salir de la crisis recuperando el empleo y los derechos perdidos
- Evolución de la negociación colectiva
- Criterios en materia de igualdad para un nuevo AENC
- Política industrial y Diálogo Social
- Reforma de las políticas activas de empleo
- Desempleo y Renta Mínima Garantizada
- Una aproximación sindical al enfoque europeo sobre migraciones
- España: crecimiento con empleo
- La Nueva Gobernanza Económica Europea y su impacto en la negociación colectiva
- Presupuesto 2015 y situación del Fondo de Garantía Salarial en 2014
- La última reforma en materia concursal
- Los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas
- El Gobierno persiste en reformas que devalúan la enseñanza pública
- Una apuesta por la industria en Extremadura
- Avance estadísticos de la negociación colectiva
Reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo
Acta final y texto del Convenio Colectivo de las Empresas privadas de Seguridad firmado en la mañana de hoy durante la reunión de la mesa Negociadora.
Detenido cuando cortaba cables de la línea férrea en Badajoz.
La Policía Nacional detuvo en la madrugada de yer a un joven por su presunta autoría de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los hechos sucedieron sobre las 00.45 horas del pasado cuando los vigilantes de seguridad de ADIF alertaban de la presencia de una persona que estaba cortando los cables de cobre de las vías del tren, a salida de Badajoz en dirección Gévora, informa la Policía en una nota de prensa.
Cuando llegaron los agentes vieron a dos vigilantes de seguridad forcejeando con un joven de 25 años, quien se resistía a su intervención, ayudándoles a reducirlo y procediendo a su inmediata detención.
Los vigilantes explicaron que mientras se encontraban realizando una vigilancia por la zona observaron al detenido cortando los cables de cobre de las vías del tren con una herramienta. El utensilio fue localizdo entre las ropas de esta persona junto con varios trozos de cable.
Ya en dependencias policiales, los agentes han reunido pruebas necesarias para la imputación al detenido por otros siete robos con fuerza similares. En menos de un mes podía haber sustraído 160 metros de cable de cobre de la misma forma y en la misma línea férrea.
El detenido es un joven de 25 años de edad, con antecedentes, quien tras la instrucción del pertinente atestado será puesto a disposición de la autoridad judicial.
El PSOE de Valladolid acusa al equipo de gobierno de contratar a dedo a una empresa de seguridad sin estar homologada.
El Grupo Municipal Socialista ha denunicado hoy públicamente que el Ayuntamiento de Valladolid encargó entre 2009 y 2011 diversos trabajos relacionados con la instalación de sistemas de seguridad a una empresa que carecía de la autorización oficial del Ministerio del Interior.
Según consta en los registros de la Dirección General de la Policía, la mercantil 'Vigila 24 S.L.' obtuvo la habilitación para poder realizar estos trabajos en abril de 2012, un año después de haber facturado al Ayuntamiento, tal y como aseguran los socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press.
El PSOE apunta que entre diciembre de 2009 y septiembre de 2011 fueron emitidas 19 facturas por parte de Vigila 24 S.L. a la Fundación Municipal de Cultura por un importe total que supera los 17.000 euros. Entre los conceptos facturados está la conexión de alarmas y la instalación de sensores, cámaras o centralitas en distintos espacios públicos, como la Casa Colón, la Casa Revilla, la sala de exposiciones de San Benito o el Museo de La Pasión.
Sin concurso público
La forma de adjudicación de los contratos fue sin concurso público, es decir, el Ayuntamiento, encargó directamente el trabajo a la empresa 'Vigila 24 S.L.'.
A petición del PSOE, el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José María Viteri, confirma en un informe que Vigila 24 S.L. en efecto realizó labores de "instalación, reparación, restauración y reprogramación de material".
Sólo en una ocasión, según el gerente de la FMC, con motivo de las obras del Lava, (7.527 euros facturados) se contó con otra oferta de otra empresa (que sí estaba homologada), la cual se desechó, argumenta en su escrito, por ser más cara, aunque curiosamente, en 2012 pasó a ser contratada de forma permanente para el servicio integral de seguridad para todos los equipamientos dependientes de la Fundación Municipal de Cultura.
Una vez adjudicado el trabajo en el Lava, Viteri reconoce que Vigila 24 S.L. subcontrató a la empresa segoviana 'Drin Seguridad', que en ese momento sí estaba inscrita en el registro de empresas de seguridad de la Dirección General de la Policía y por tanto estaba homologada para realizar dichos trabajos.
Los socialistas no entienden "qué interés podían tener los responsables municipales en contar directamente con una empresa sin homologar, cuando había otras en Valladolid que sí cumplían los requisitos legales y a las que con la ley en la mano se les podía haber pedido presupuesto".
Infracción "muy grave" pero prescrita
El PSOE recuerda que tanto la prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización, como la contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente, constituyen infracciones tipificadas de "muy graves" conforme a la normativa que regula las actividades de las empresas de seguridad.
Sin embargo, lamentan los socialistas, estas infracciones prescriben a los dos años y ese plazo se habría cumplido el año pasado, pues la última factura es de 2011. Esta circunstancia impide que el Ayuntamiento y la empresa tengan que asumir ahora ninguna responsabilidad por dicha infracción.
Curiosamente, en el apartado de "homologaciones y certificados", las facturas de instalaciones emitidas por la empresa aparecen "sin cargo" o "cero". Obviamente, la empresa no podía cargar el coste de la gestión necesaria para legalizar las instalaciones "tanto en policía, en la ley de protección de datos, como en todos los organismos públicos y privados", ya que ella misma no estaba homologada.
Sentencia ganada por CC.OO.contra la empresa Segur Iberica..
El Juzgado de los Social 1 de Cartagena ha fallado favorablemente a los intereses del afiliado de CC.OO. por una injustificada falta muy grave, que le interpuso la empresa Segur Ibérica en el ejercicio de sus funciones.
Cabe detallar que la sanción que Segur Ibérica quería aplicar al trabajador consistía en suspensión de empleo y sueldo de 60 dias.
Una vez mas nuestra enhorabuena al trabajador, y al equipo jurídico y sindical de CCOO,: seguridad privada de Murcia por su gran labor.
Madrid Semanal Digital nº 362, 21 de Octubre de 2014.
| En este número 362, las noticias más destacadas son "CCOO de Madrid reclama las máximas garantías laborales para los profesionales implicados"; "La Marea Verde vuelve este jueves en una semana de movilizaciones" y los editoriales: "¿Pobreza o usura?" y "Educación frente a presupuestos": |
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La Ertzaintza toma el control sobre la seguridad privada en Euskadi.
La policía vasca ya tiene el control de la seguridad privada en Euskadi. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que regula el ejercicio de las competencias vascas en esa materia, adaptando la normativa a la nueva regulación de mayo de 2014, y que atribuye al viceconsejero de Seguridad la planificación y la coordinación de la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial interés, junto a la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de la policía vasca y otros participantes en el sistema de seguridad pública de Euskadi.
El decreto instrumenta mecanismos de colaboración entre la Ertzaintza y el sector de Seguridad Privada para el intercambio de informaciones que faciliten una valoración precisa de los riesgos, y profundicen en la coordinación en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Privada en Euskadi que se ha puesto en marcha esta legislatura. Un registro creado en el propio decreto aprobado hoy integrará a las empresas de seguridad, sus delegaciones, despachos de detectives privados y sus sucursales, los centros de formación de personal de seguridad privada, y las centrales de alarmas.
Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 21-10-2014).
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un Decreto que regula el ejercicio de las competencias vascas en materia de seguridad privada, que pone al día la regulación vigente en Euskadi desde 1996 para acomodarla al nuevo marco normativo existente tras la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Dicha ley estatal ha modificado sustancialmente la regulación del sector y ratifica la actividad de control de las autoridades vascas sobre el sector de la seguridad privada en Euskadi, reconociendo su capacidad para inspeccionar y sancionar incluso en el caso de empresas autorizadas por la Administración estatal cuando ejerzan su actividad en Euskadi, el control de la actividad de los detectives privados o el de los centros de formación de seguridad privada en Euskadi.
El nuevo Decreto no desarrolla la normativa estatal regulando derechos u obligaciones de terceros, sino que se limita a la organización interna de la gestión del ejercicio de las competencias vascas en aplicación de la normativa estatal, determinando los órganos del Departamento de Seguridad a los que corresponde ejercitar dichas competencias. Es por lo tanto coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el reparto competencial en seguridad privada contenida en su sentencia de 29 de mayo de 2014, sobre la Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de Seguridad Pública de Euskadi.
Con carácter general la actividad administrativa que genera la seguridad privada se hace residir en el Director de la Ertzaintza (autorizaciones, recepción de declaraciones responsables y control, Registro de Seguridad Privada de Euskadi...)
Al Viceconsejero de Seguridad se le reserva:
a) planificar y coordinar la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial interés,
b) Planificar y coordinar, cuando resulte de interés público, la prestación de servicios de protección a personas o entidades objeto de amenazas o persecución, a través del servicio público policial o de servicios privados de seguridad contratados al efecto, impartiendo las instrucciones que fueran necesarias.
c) Resolver el establecimiento de medidas de protección y seguridad en edificios e instalaciones públicas pertenecientes a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, y proponer y acordar la implantación de medidas de seguridad en órganos u organismos públicos previo acuerdo con la entidad de los que dependan;
d) Adoptar medidas organizativas adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de la Policía del País Vasco y otros participantes en el sistema de seguridad pública de Euskadi;
e) Otorgar menciones honoríficas para el personal de seguridad privada y también para personas físicas o jurídicas relacionadas con el sector...
La Consejera de Seguridad da cuenta anualmente del funcionamiento del sector al Parlamento Vasco y se le reserva la capacidad de decidir sobre la prestación de servicios de vigilancia y protección dentro de la Comunidad Autónoma en los supuestos del artículo 41.3 de la Ley de Seguridad Privada relativos a servicios más complementarios de la acción policial y en cuanto a la decisión de ordenar motivadamente que titulares de establecimientos, instalaciones u organizadores de eventos dispongan de determinadas medidas de seguridad no exigibles ex lege prevista en el art. 51 de la propia Ley de Seguridad Privada.
La inspección y control de las actividades de seguridad privada en Euskadi, corresponde a la Ertzaintza y dentro de ello, a la Unidad de Seguridad Privada.
Por otra parte se simplifica la distribución de las competencias sancionadoras. La incoación y tramitación de los expedientes corresponde a la Dirección de Coordinación de Seguridad, la imposición de sanciones por infracciones graves y leves al Director de la Ertzaintza, las sanciones por infracciones muy graves al Viceconsejero de Seguridad y a la Consejera de Seguridad las sanciones por infracciones muy graves que comportan extinción de las habilitaciones, autorizaciones y declaraciones responsables.
El Decreto instrumenta mecanismos de colaboración entre la Ertzaintza y el sector de seguridad privada para el intercambio de informaciones que faciliten sobre valoración de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección, profundizando en la línea de cooperación iniciada con la creación en esta legislatura de la Comisión Mixta de Seguridad Privada de Euskadi.
Se crea mediante este Decreto el Registro de Seguridad Privada de Euskadi, en el cual se inscriben una vez autorizados o prestada la declaración responsable: las empresas de seguridad, sus delegaciones; los despachos de detectives privados y sus sucursales; los centros de formación del personal de seguridad privada; y las centrales receptoras de alarma de uso propio. También se inscribirán los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones, y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada.
En relación con el registro, el Decreto prevé que de conformidad con lo previsto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, dadas las características del sector, determinadas comunicaciones se hagan exclusivamente a través de la dirección electrónica de la Sede Electrónica https:// euskadi.net. Mediante Orden de la Consejera de Seguridad se determinará el momento a partir del cual serán exigibles estas obligaciones.
También se regulan las menciones honoríficas que se otorgarán al personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones, así como a personas físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o actividades de seguridad privada.
Miguel Ángel Gutiérrez, director general de vigilancia y protección electrónica del Grupo Segur.
Grupo Segur ha nombrado a Miguel Ángel Gutiérrez nuevo director general de vigilancia y protección electrónica.
Durante su trayectoria profesional, Miguel Ángel Gutiérrez ha contribuido a la reforma y actualización tecnológica de compañías y a la transformación de las mismas al integrarse dentro de una estrategia multinacional. En su última etapa, fundó y dirigió la empresa de seguridad de la información A‐Defender, especialista en certificaciones ISO 27001 y PCI‐DSS, sistemas de prevención del fraude y biometría de voz.
Profesional con más de 15 años de experiencia en empresas multinacionales y especialista en las áreas de tecnología y seguridad de la información, Gutiérrez ocupó con anterioridad el cargo de director de Información y Seguridad deTeleperformance España, donde lideró la reestructuración del todo el área de IT y creación del área de seguridad, así como la implantación de un programa de gobierno de IT.
Anteriormente, fue el director general de Touchbase España y el director de tecnología y sistemas de Qualytel Teleservices(Grupo Arvato Bertelsmann). Además, ha ocupado puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid, donde fue el jefe del departamento de análisis y mejora de la calidad informática, entre otros.
Miguel Ángel Gutiérrez es Doctor Ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en Dirección de Sistemas de Información (Siemens) y en Urbanismo y Cartografía Digital por el Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid.
Con el nombramiento de Miguel Ángel Gutiérrez, Segur pone su foco de atención en el área estratégica de la vigilancia y protección electrónica, para dar así respuesta a la necesaria especialización que demanda el sector y seguir reforzando el posicionamiento del grupo en el mercado.
Nueva concentración en la puerta de Metrovacesa.
Unos 60 trabajadores se concentraron en el día de hoy en En la puerta del edificio "Solluble", sito en la Plaza Carlos Trias Beltran, Nº 7, contra los despidos de trabajadores de la empresa Metrovacesa. Una vez mas Comisiones Obreras, estuvo con quien lo necesita.
La privatización de la seguridad beneficia a amigos del PP y empresas anticonvenio.
Los más de 250.000 contratos de vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente en 2013 con cincuenta empresas de seguridad ha vuelto a poner de relieve la fuerte apuesta por la privatización de una función que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas. Algunas empresas favorecidas incumplen los convenios colectivos, en otras se sientan exministros y familiares de dirigentes del PP, y otras aparecen en la trama Gürtel o como donantes de dinero al partido. Los dos últimos hitos, la privatización de la seguridad de las 67 cárceles dependientes del Gobierno central y la extensión de la seguridad privada a los espacios públicos, han consechado el rechazo de los sindicatos, el PSOE, IU y las demás formaciones a la izquierda del PP.
Dos de las empresas más favorecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, Securitas Seguridad (2.165 contratos) y Cyrasa (1.226) ni siquiera cumplen el convenio colectivo del sector. Su descuelge –uno de los beneficios de la reforma laboral– les permite pagar menos de 855 euros mensuales (mínimo para operadores de alarma), de 1.250 a los vigilantes, y de 1.450 euros, que es el máximo salarial del convenio para los vigilantes conductores de transportes de alto riesgo (expslosivos y materias tóxicas y peligrosas). Securitas Seguridad obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales. Se la otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía Carlos Fabra. Su dimisión, al ser sometido a juicio por corrupción, puso de relieve el abuso del dinero público también en esta materia, pues el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, después de un estudio realizado por Pasiphae, la consultoría propiedad del que fuera ministro con el PP, Josep Piqué, rescindió el contrato y agenció por 240.000 euros los servicios de otra empresa.
El Ejecutivo de Rajoy no solo no ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos, sino que tampoco les ha exigido que mantengan las plantillas y el empleo. Como botón de muestra de lo que está ocurriendo, los responsables sindicales de la UGT han denunciado cómo dos días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titularJosé Manuel García-Margallo y Marfil, asignara un contrato de dos millones de euros a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla. Con más de 22.000 contratos con la Administración cental, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, una de las mayores fortunas de España, y cuenta con el multimillonario Bill Gates entre sus accionistas (el 3%), se inscribe entre las que mejor trato reciben del Gobierno.
Cierto es que los dirigentes de la mencionada sociedad –la viuda del fundador ultraderechista argentino Heberto Gut y sus hijos Chistian y Chantal–, no han dudado en agenciar los servicios jurídicos del exministro y actual embajador en Londres, Federico Trillo, cuando lo han necesitado. Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa. Implantó vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y en la sede de varias unidades como si el Ejército no fuera capaz de protegerse a sí mismo y, cuando abandonó la primera línea de responsabilidad pública en 2004, al perder el PP las elecciones, obtuvo permiso del Congreso de los Diputados, y aceptó a Prosegur de cliente del despacho Estudio Jurídico Lábor que montó con sus hijos.
La cercanía y relación de este gigante de la seguridad, cuya división en América Latina ha sido denunciada por varias ONG ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el partido gubernamental se puede considerar ya “histórica” si tenemos en cuenta que el exministro Rodolfo Marín Villa fue uno de los principales impulsores de esta sociedad y que José María Mayor Oreja, hermano del exministro, facilitó la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado y, con el PP de Aznar en el Gobierno, contribuyó a favorecer la obtención de contratos de las administraciones públicas.
Las presiones y el tráfico de influencias para la obtención de contratas de seguridad ha llegado a ser tan usual como descarado. Ejemplo de presión fue la advertencia en 2012 del jefe sueco de Securitas Direct, Alf Goransson, de retirar la empresa de alarmas si el nuevo Gobierno no respondía a los tres puntos de su anagrama (socorro en morse). Hoy tiene más de 130.000 contratos de la AGE. Ejemplo del descaro es la asignación de la vigilancia de los embalses de Córdoba a Isotroly por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según quedó recogido en la Plataforma de Contratación del Estado y trascendió en agosto pasado, esa sociedad, de acuerdo con Sacyr, obtuvo un contrato de 3,3 millones de euros. Su presidente,José Luis Calvo Borrego, es pareja de hecho de la diputada andaluza del PP Carolina González Vigo, portavoz de Medio Ambiente con el equipo de Javier Arenas. Como tal influyó decisivamente en el nombramiento de Manuel Romero Ortiz como presidente de la Confederación del Guadalquivir. Y el granadino Romero –a la sazón, amigo y paisano de Calvo Borrego–, le devolvió el favor en forma de contrata, al tiempo que, como en otras áreas, las plantillas de empleados públicos caen en picado para ahorrar gasto.
Sobre el ahorro de recursos públicos, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha conseguido la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobby Círculo de Empresarios,Monica Oriol Icaza, la la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil. El primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil. Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández.
Si para el sindicato de funcionarios CSIF la operación Fernández va a suponer una merma de la seguridad, ya que “mientras los funcionarios están entre un año y dos de prácticas, el personal de seguridad privada sólo ha realizado un curso de unas decenas de horas”, para el SUGC y otras formaciones sindicales de la Guardia Civil la privatización representa una “clara intromisión” del sector privado “por intereses económicos concretos” y, según explica el portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), Ramón Rodríguez Prendes, “para el enriquecimiento de unos pocas y determinadas personas sin tener en cuenta la crisis que estamos pasando”.
¿De qué personas se trata? Basta echar una ojeada al Borme para saber que los Álvarez Mezquiriz, del Grupo Eulén, a cuyo servicio han estado el exministro Jaime Mayor Oreja(intermitentemente) y otros miembros de su familia, también se benefician de la alianza de empresas de seguridad privada para dar respuesta a la nueva politica de Fernández Díaz. En 211, el entonces eurodiputado y dirigente nacional del PP Jaime Mayor, acudió a la investidura del bodeguero y fundador de Eulén, David Álvarez, como doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández y, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, afirmó que serían los valencianos los que tendrían que decir si el caso Gurtel afectaba al PP.
Dimisiones políticas aparte –incluída la de Juan Cotino, a quien Mayor calificó de “honrado, decente y ejemplar” en aquella ocasíón– la relación con la trama de Francisco Correa no ha perjudicado la contratación. Así, en 2013, el Ministerio de Defensa asignó en 3,3 millones de euros el servicio de vigilancia con armas del Hospital Gomez Ulla de Madrid (más de un millón de euros) y de los centros sanitarios de Córdoba, Burgos, San Fernando, Ceuta y Melilla, a Eulén y Ombuds. La primera se quedó con dos de los diez lotes (373.000 euros) y la segunda con el resto, casi tres millones de euros. La Ombuds de Rodrigo Cortina y de su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga, tiene de consejero a Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y, al parecer, utilizada por Correa para colocar el dinero en Suiza. La investigación policial y judicial atribuye a su hermano Eduardo Eraso la colaboración con Correa para colocar 18 millones de euros en cuentas numeradas en la banca helvética. Es uno de los 71 imputados.
Además de los contratos con Defensa, la sociedad de los Cortina participa en la tarta de las cárceles, de la que se nutre asimismo Segur Ibérica. Esta empresa fue contratada para defender a los atuneros españoles en el Índico, una misión a la que el Ministerio de Defensa ha aportado ayuda económica y entrenamiento. Pedro Morenés Elate se convirtió en presidente de Segur Ibérica en noviembre de 2011, aunque abandonó el cargo en enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa.
Sobre el segundo hito de la privatización de la seguridad, cual es la extensión de los vigilantes privados a los espacios públicos, el exfiscal anticorrupción y exeurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, considera “inaceptable” que la nueva Ley de Seguridad Privada permita a los vigilantes de seguridad intervenir en el control de reuniones y manifestaciones públicas. “Es inaceptable –dice–, aunque lo hagan complementando y bajo el difuso control de la acción estrictamente policial”. Para Villarejo, la nueva ley aprobada por el PP, CiU y PNV y en vigor desde junio pasado “constituye un grave retroceso democrático impulsado por el PP y respaldado por sus aliados soberanistas”.
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