Continúan con la privatización de la seguridad peninteciaria.
A partir del día 1 de octubre se inicia la segunda fase de la privatización de la seguridad penitenciaria, que supone la incorporación de vigilantes de seguridad privada a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior (67, de los cuales 58 son responsabilidad de la Guardia Civil), mientras que en la primera fase (experimental) se había implantado en 21 prisiones.
Según comunica la Dirección General de la Guardia Civil esta segunda fase tendrá una duración de 12 meses, pudiéndose prorrogar por un período de otros 12 meses, tal como se acordó el día 11 de septiembre en la reunión celebrada en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En opinión de AUGC “resulta inaceptable” que se justifique dicha medida “debido a la aceptación que ha tenido la primera fase, cumpliendo las previsiones que se habían acordado en un principio”, “cuando lo cierto es que desde su inicio hace más de un año este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad.”
Argumentan también que “los vigilantes de seguridad supondrán un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de los componentes de las FCSE”, pero a continuación reconocen que realizarán sus funciones en solitario “una vez que haya transcurrido un período de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”.
En esta segunda fase los vigilantes desempeñarán las siguientes funciones: control de personas, vehículos y mercancías, operación de los sistemas CCTV (video-vigilancia) instalados en los centros de control, y vigilancia desde puestos fijos o garitas. Para ello “recibirán una formación general impartida por las compañías de seguridad privada en sus centros de formación, y el responsable policial del centro les impartirá unas instrucciones específicas de adaptación al puesto de trabajo con una duración de hasta 5 horas”.
Tal como acordó el Consejo de Ministros de fecha 30/05/2014, el coste total de esta segunda fase de la privatización es de 33.387.743 euros, distribuidos en cuatro lotes por zonas geográficas:
- Lote 1: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429 euros, adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por OMBUDS, EULEN, VINSA, PROSETECNISA, SABICO, GARDA y CASESA.
- Lote 2: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste de 8.551.283 euros, adjudicado a la empresa SECURITAS.
- Lote 3: Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de 7.671.805 euros, adjudicado a la empresa OMBUDS.
- Lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224 euros, adjudicado a la UTE formada por las empresas COVIAR y SEGURIBÉRICA.
Para AUGC el inicio de esta segunda fase conlleva que en parte de los centros penitenciarios incluidos en la primera fase se produzca un cambio de empresas de seguridad privada, con la consiguiente subrogación de los vigilantes afectados, a pesar de lo cual algunos de ellos quedarán fuera del dispositivo e incluso podrán quedar en situación de desempleo, originándose así la preocupante situación que ya venía avisando AUGC, esto es, porque dichos empleados han tenido acceso durante mucho tiempo a información muy sensible (datos de personas y vehículos que acceden al centro penitenciario, incluyendo los de funcionarios de instituciones penitenciarias y cuerpos policiales, estado de los sistemas de video-vigilancia instalados en los centros de control, conociendo qué cámaras están averiadas, qué zonas originan falsas alarmas, etc.).
Aunque esta segunda fase aún no conllevará la reducción de plantillas de las Secciones de Seguridad Penitenciaria, sin embargo sí afectará a parte de quienes componen los Núcleos de Servicios y trabajan en centros penitenciarios, algunos de los cuales pasarán a desempeñar otros cometidos, pero sin cambiar de destino.
AUGC sigue mostrando su pleno rechazo a la privatización de un servicio público tan relevante y adoptará cuantas medidas sean necesarias para intentar impedir que este proceso privatizador conlleve el cambio forzoso de destino de guardias civiles, aunque sea en el nivel mínimo previsto por la Dirección General.
Una empresa privada vigila desde hoy el exterior de la cárcel de Picassent (Valencia).
El sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha denunciado que la privatización de la vigilancia exterior del complejo penitenciario de Picassent, que comienza hoy, tendrá un coste anual de 800.000 euros.
Según un comunicado de Acaip, la privatización del servicio se ha iniciado con la incorporación de cinco vigilantes de la empresa de seguridad Segur Ibérica, distribuidos en tres turnos de trabajo, que realizarán labores de seguridad que hasta ahora eran desempeñadas por la Guardia Civil.
A juicio del sindicato, este "experimento" representa un "dispendio económico enorme y sin ningún sentido", ya que supone duplicar esos cinco servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público, y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada.
"El coste anual aproximado, solo en el Complejo Penitenciario de Valencia, es de unos 800.000 euros", afirma ACAIP, que agrega que desde el Gobierno "se ha querido cuidar a las empresas de seguridad privada".
"De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido que lo apoya con la mayoría de empresas de ese ramo, para ello no se dudó en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana", denuncia el sindicato.
Además, añade que el procedimiento "no se ha realizado mediante concurso público, sino mediante procedimiento negociado sin publicidad, para que las condiciones no se publicitaran en ningún sitio".
"El importe global a nivel nacional de este pastel que se han repartido las empresas del ramo asciende a casi 40.500.000 de euros al año", afirma Acaip.Según ha explicado, todos los centros penitenciarios se repartieron en 4 lotes repartidos entre las distintas empresas a su conveniencia, y el lote que incluye a las prisiones de la Comunitat Valenciana tiene un coste anual de unos 8.850.000 euros.
Según denuncia, "en todo momento este proceso se ha llevado con total oscurantismo y falta de transparencia, alegando supuestas cuestiones de seguridad" y agrega que en ningún momento "se ha facilitado información a los representantes de los Cuerpos de Seguridad que realizan esta labor, ni a los de los trabajadores penitenciarios".
Ante esa falta de información, desde Acaip se mantuvieron contactos con todos los grupos parlamentarios para que se solicitara esa información y se presentaron Enmiendas parlamentarias al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, proposiciones no de Ley y preguntas parlamentarias sobre la materia.
"Sin embargo, desde el Gobierno se ha ocultado esa información a los diputados, alegando las mismas razones de seguridad", explican desde el sindicato, que señala que todos los datos que se conocen "han sido por filtraciones de documentos".
Acaip recuerda que se desde el principio se han manifestado en contra de esta medida que, según afirma, "es la punta de lanza de un objetivo mucho más amplio que es privatizar todo el sistema penitenciario español, siguiendo el ejemplo de las prisiones privada que ya funcionan en Gran Bretaña o en Estados Unidos".
"Resulta sospechoso el secretismo con el que se ha llevado todo el proceso, queriendo ocultar la enorme cantidad de dinero que se va a malgastar en este tema para contentar a unos cuantos, mientras la mayoría de las prisiones españolas se caen a trozos por falta de mantenimiento o hay menos trabajadores en ellas porque no se cubren las jubilaciones y los fallecimientos", afirma.
Acaip también señala que se "pone en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, y por extensión la de sus trabajadores y los internos" ya que los vigilantes "sólo han realizado un breve curso, y no están en condiciones, ni de lejos, de garantizar la seguridad en las mismas condiciones que lo pueden hacer los miembros de los Cuerpos de Seguridad".
Quince vigilantes de seguridad se incorporan hoy a las cárceles de Lugo
Vigilantes de la empresa Securitas Seguridad S.A. se incorporan hoy a la vigilancia de las dos cárceles lucenses, la de Bonxe y Monterroso, que realizarán de forma conjunta con los agentes de la Guardia Civil que están destinados en ambas penitenciarías. Vigilantes jurados y miembros de la Benemérita tienen asignadas idénticas funciones. En la prisión de Outeiro de Rei prestará servicio un turno de 24 horas, lo que conlleva la presencia de 5 vigilantes. En Monterroso, serán 10 para dos turnos de 24 horas.
Es previsible, según fuentes consultadas, que aunque de momento guardias y vigilantes compartan responsabilidades, lo que podría generar alguna tensión, los segundos vayan sustituyendo de forma paulatina a los miembros de la Benemérita que están destinados en la seguridad de las prisiones lucenses.
Las penitenciarías de Lugo no son las primeras de Galicia a las que se incorporan vigilantes de seguridad privados. En A Lama y en Teixeiro ya empezaron en abril, mediante un plan piloto para los dos centros, dentro de un total de 19 en España. En estas dos cárceles está previsto que se incorpore algún turno más a los que ya están operativos.
Interior anunció la puesta en marcha del plan piloto en el mes de marzo y en esa fecha dio a conocer que la ampliación a otras prisiones y el número de efectivos, dependería de los resultados de la experiencia en las 19 en que implantarían el sistema en abril.
Objetivos cumplidos
A juzgar por el incremento del número de turnos en Teixeiro y A Lama y la incorporación de otras prisiones como las dos lucenses, parece que se cumplieron los objetivos marcados.
El Ministerio del Interior destinará entre 2014 y 2015, hasta 33 millones de euros para servicios de seguridad privada de 67 centros en toda España. En la zona norte se los adjudicaron a Securitas Seguridad. En total está previsto que se incorporen a los centros penitenciarios 800 vigilantes, pertenecientes a empresas privadas.
Los trabajadores que pasan hoy a prestar servicios en las penitenciarías de Bonxe y de Monterroso se encargarán de la vigilancia exterior y no podrán acceder al interior del recinto. Su cometido será el del control de los accesos a la prisión, las rondas perimetrales a pie o en algún vehículo, la vigilancia desde las garitas y el control de las cámaras de seguridad. Todas estas tareas las están realizando miembros de la Guardia Civil, que ahora tendrán que compartirlas con los vigilantes privados.
Bajo supervisión
Cuando el Ministerio del Interior inició en abril el ensayo -entre otras en las cárceles de Teixeiro y de A Lama- las instrucciones eran que los vigilantes privados tenían que cumplir su cometido siempre bajo la supervisión de la Guardia Civil.
Los vigilantes sustituyen desde hoy a los policías nacionales en la cárcel de Melilla.
El contrato ha sido adjudicado a Eulen, que pondrá entre 5 y 6 guardias por turno en las garitas externas.
Según han confirmado fuentes de la prisión local, hoy se incorporarán entre cinco y seis vigilantes privados por turno a las garitas exteriores de la cárcel. No obstante, aún continuarán vinculados a la prisión un par de agentes de la Policía Nacional, de los cuales uno será oficial.
El contrato de la vigilancia privada del centro penitenciario de Melilla ha sido adjudicado por un año a la empresa Eulen, que junto con otras seis compañías que formaban una UTE se hizo el pasado 30 de julio con el lote número 1 de centros penitenciarios, de los cuatro que sacó a licitación por Instituciones Penitenciarias. En ese lote se incluían las cárceles de Andalucía, Canarias, Melilla y Ceuta.
El Ministerio del Interior ha destinado a estas cuatro autonomías el mayor presupuesto de todo el país (9,8 millones de euros con impuestos incluidos).
De hecho hay más dinero para Melilla, Ceuta, Canarias y Andalucía que para el lote integrado por Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (8,5 millones), el de Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid (7,6 millones) o el de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra (7,3 millones), según el acta de la sesión de la mesa de contratación del Ministerio del Interior.
Por el lote número 1 (donde se incluye Melilla) pujó y consiguió la mayor puntuación del concurso una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por siete compañías: Ombuds, Eulen, Prosetecnica, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa.
También se presentaron al concurso del servicio de seguridad privada de la cárcel de la ciudad las empresas Securitas, Coviar y Segur Ibérica y Seguriber y Prosegur.
El futuro de los policías
Fuentes de la Unión Federal de Policía (UFP) han asegurado a El Faro que la Jefatura Superior aún no ha confirmado dónde reubicará a los entre 20 y 27 policías que dejarán la cárcel desde hoy.
Este punto lo confirma el Sindicato Unificado de Policía, que hace unos días solicitó una reunión con el jefe superior, José Ángel González, para abordar el futuro de los agentes desplazados de la cárcel y éste respondió que en cuanto tuviera noticias, se reuniría con los sindicatos. “Oficialmente no tenemos ni idea de qué pasará. Estamos esperando a ver cómo queda la distribución. El acuerdo está firmado desde hace un año y está previsto que la seguridad privada se quede con las garitas”, señaló Jesús Ruiz Barranco, secretario general del SUP.
Por su parte, José Guerrero Cámara, portavoz de la UFP, asegura que cabe la posibilidad de que la Jefatura Superior convoque un concurso al que podrán presentarse los policías que han dejado la cárcel.
La Unión Federal de Policía exige que ese concurso para cubrir plazas vacantes se haga atendiendo al orden de antigüedad de los agentes en la prisión. “Los más antiguos podrían quedarse en la cárcel”, apuntó.
UFP recordó que la vigilancia privada sale más cara que la pública. “Un policía de Melilla cuesta entre 2.200 y 2.300 euros, mientras que un vigilante sale por 2.800”, comentó ayer a El Faro.
Una seguridad dos veces más cara
La seguridad privada cuesta el doble que la pública. Es la principal conclusión de un informe presentado en diciembre del año pasado por la Unión Federal de Policía. “Si nos fijamos en el proyecto piloto de la contratación de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios, vemos cómo el coste de cada trabajador se eleva a 3.233 euros al mes frente a los 1.600 de un policía nacional”, denunció el sindicato. Hay que tener en cuenta que estos costes no incluyen el complemento de residencia de Melilla.
UFP llegó a esta conclusión tras comprobar que el proyecto piloto de la seguridad en los perímetros de los centros penitenciarios durante nueve meses se licitó por 7.391.547 euros, es decir, 821.283 euros mensuales. El proyecto incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12. Es decir, 254 trabajadores si se respetan las 40 horas de trabajo semanales. Aún así, el coste duplica el de la seguridad pública. UFP da por hecho que esos sueldos no los recibirán los trabajadores, por lo que habla de un margen para el empresario de más de 2.000 euros por trabajador y mes, el doble del salario del guardia jurado. “Da la sensación de que la nueva Ley de Seguridad Privada es un regalo de reyes del Gobierno a las empresas de seguridad privada”, apuntó en su momento el secretario general de la UFP a nivel nacional, Javier Arrillaga, que también señaló la posibilidad de que “el Ejecutivo esté buscando una salida para los escoltas”.
El SUP estima que 30 policías dejarán de prestar servicio en la cárcel de Segovia.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) asegura que la incorporación de vigilantes privados en el centro penitenciario de Segovia provocará una reducción de efectivos policiales en la provincia a medio plazo y de forma inmediata la reducción de su presencia en la prisión situada en Perogordo.
Los efectos de esta medida que comienza a aplicarse hoy con la entrada de 15 trabajadores de Securitas contratados por el Ministerio de Interior se notarán este mismo mes. A finales de octubre 30 policías que prestaban servicio en la cárcel serán reasignados a funciones en la Comisaria, ha asegurado con rotundidad el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Tomás Torrego.
En las próximas semanas, los agentes privados que ayer fueron recibidos en la Comisaria trabajarán junto a los policías que les darán un curso práctico sobre las funciones que van a desempeñar concretado a las características y condiciones del centro de Perogordo. Hay que recordar que el servicio 'Apoyo a la Seguridad en los Centros Penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior' se circunscribe a la vigilancia del perímetro de la cárcel de Perogordo, vallado y muros exteriores, así como a la comprobación de los accesos reservados a familiares de los internos y al control de las cámaras de vigilancia.
Tras un periodo de transición y “antes de que finalice octubre los vigilantes privados van a sustituir a los policías, unos 30, que bajan a Comisaría”, insiste Torrego poniendo de manifiesto que la empresa privada no refuerza ni solo apoya las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como desde la Admnistración central se afirma, sino que reemplaza efectivos.
La sustitución será casi del cien por cien en un año para dejar, si acaso, una presencia testimonial de la Policía en el centro penitenciario, remarca el representante de SUP. Torrego une este proceso al envejecimiento de la plantilla y la falta de cobertura de las bajas para llegar a afirmar que “Segovia perderá al 30% de los policías con los que cuenta en menos de diez años”.
El SUP se manifiesta en contra de la contratación de empresas privadas para prestar servicio en las cárceles porque entiende que “esta privatización no beneficia a nadie, no da seguridad, ni es rentable”.
El delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Javier Albertos, asegura que se ha abierto el camino de la privatización de los servicios penitenciarios en España y teme que pronto siga curso por el interior de las prisiones y afecte también a los funcionarios que trabajan con los internos.
Oferta de Empleo CSI.F
Prisiones denuncia que mientras existe una Oferta de Empleo Privada de 800 trabajadores anuales, la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciaria en los tres años de ‘legislatura popular’ ha sido de 84 empleados, para la apertura entre el 2009 y el 2012 de 14 centros de inserción social (cuya relación de puestos de trabajo de cada centro es de 100 efectivos) y cinco macrocentros. “Oferta de Empleo Pública insuficiente para un sector prioritario y para la calidad del servicio que presta este colectivo que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que padecemos”, señala CSI.F en un comunicado.
Fuente: El adelantado
19 vigilantes de seguridad privada controlarán desde hoy los accesos a la prisión de Burgos.
La Subdelegación de Gobierno confirmó ayer lo que avanzó el pasado miércoles el director de la prisión de Burgos, Luis Carlos Antón, la llegada a la prisión de trabajadores de seguridad privada para reforzar la vigilancia de los accesos al recinto. Serán 19 efectivos los que tendrá la empresa Securitas -que se ha hecho con el contrato a nivel nacional- en la cárcel de la barriada de Yagüe.
El propio Antón señaló el día de Nuestra Señora de la Merced que la medida no haría que se redujeran los efectivos de la Guardia Civil que siempre se han hecho cargo de esta misión. «Será complementario», indicó. El comunicado que ayer envió la Subdelegación indica que la actividad será «coordinada por la Guardia Civil, complementaria a la labor de las fuerzas de seguridad y adaptada a las necesidades de colaboración que se planteen en cada momento». La semana pasada el director aventuraba que podían llegar a Burgos entre 15 y 20 profesionales y que empezarían a trabajar a principios de octubre. Pues bien, el Ministerio del Interior ya ha confirmado que comienzan su actividad hoy y que serán en concreto 19 guardias jurado.
En mayo de 2013 Interior ponía en marcha un proyecto piloto para implantar la seguridad privada en 21 centros de España. Su extensión a las 68 cárceles del país implica un cambio relevante en el modelo de gestión de los centros penitenciarios. Con ello pretende optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios para que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad.
Fuente: Diario de Burgos
La AUGC rechaza la privatización de la seguridad en la cárcel de Córdoba.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mostró ayer su "pleno rechazo" a la privatización de la seguridad penitenciaria y anunció que adoptará "cuantas medidas sean necesarias" para impedir que este proceso conlleve el cambio forzoso de destino de guardias civiles.
En un comunicado, la AUGC informó de que a partir de ayer se inició la "segunda fase de la privatización" de la seguridad penitenciaria, que supone la incorporación de vigilantes de seguridad privada a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior (67), mientras que en la primera fase experimental se había implantado en 21 prisiones, una de ellas la de Córdoba.
Así, según AUGC, en mayo de 2013 se incorporaron al centro penitenciario de Córdoba diez vigilantes de una empresa de seguridad, pero para la segunda fase del proceso se ha adjudicado el contrato a otra, produciéndose una subrogación de los vigilantes entre ambas. A pesar de ello, la asociación señala que algunos quedan fuera del dispositivo e incluso pueden llegar a quedar en situación de desempleo, originándose así una "preocupante situación" de la que ya venía avisando AUGC, y es que "dichos vigilantes han tenido acceso durante mucho tiempo a información muy sensible", como datos de personas y vehículos que acceden al centro penitenciario --incluyendo los de funcionarios de instituciones penitenciarias y cuerpos policiales-- o el estado de los sistemas de videovigilancia instalados en los centros de control, "conociendo qué cámaras están averiadas o qué zonas originan falsas alarmas".
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