El Grupo Municipal Socialista ha denunicado hoy públicamente que el Ayuntamiento de Valladolid encargó entre 2009 y 2011 diversos trabajos relacionados con la instalación de sistemas de seguridad a una empresa que carecía de la autorización oficial del Ministerio del Interior.
Según consta en los registros de la Dirección General de la Policía, la mercantil 'Vigila 24 S.L.' obtuvo la habilitación para poder realizar estos trabajos en abril de 2012, un año después de haber facturado al Ayuntamiento, tal y como aseguran los socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press.
El PSOE apunta que entre diciembre de 2009 y septiembre de 2011 fueron emitidas 19 facturas por parte de Vigila 24 S.L. a la Fundación Municipal de Cultura por un importe total que supera los 17.000 euros. Entre los conceptos facturados está la conexión de alarmas y la instalación de sensores, cámaras o centralitas en distintos espacios públicos, como la Casa Colón, la Casa Revilla, la sala de exposiciones de San Benito o el Museo de La Pasión.
Sin concurso público
La forma de adjudicación de los contratos fue sin concurso público, es decir, el Ayuntamiento, encargó directamente el trabajo a la empresa 'Vigila 24 S.L.'.
A petición del PSOE, el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José María Viteri, confirma en un informe que Vigila 24 S.L. en efecto realizó labores de "instalación, reparación, restauración y reprogramación de material".
Sólo en una ocasión, según el gerente de la FMC, con motivo de las obras del Lava, (7.527 euros facturados) se contó con otra oferta de otra empresa (que sí estaba homologada), la cual se desechó, argumenta en su escrito, por ser más cara, aunque curiosamente, en 2012 pasó a ser contratada de forma permanente para el servicio integral de seguridad para todos los equipamientos dependientes de la Fundación Municipal de Cultura.
Una vez adjudicado el trabajo en el Lava, Viteri reconoce que Vigila 24 S.L. subcontrató a la empresa segoviana 'Drin Seguridad', que en ese momento sí estaba inscrita en el registro de empresas de seguridad de la Dirección General de la Policía y por tanto estaba homologada para realizar dichos trabajos.
Los socialistas no entienden "qué interés podían tener los responsables municipales en contar directamente con una empresa sin homologar, cuando había otras en Valladolid que sí cumplían los requisitos legales y a las que con la ley en la mano se les podía haber pedido presupuesto".
Infracción "muy grave" pero prescrita
El PSOE recuerda que tanto la prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización, como la contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente, constituyen infracciones tipificadas de "muy graves" conforme a la normativa que regula las actividades de las empresas de seguridad.
Sin embargo, lamentan los socialistas, estas infracciones prescriben a los dos años y ese plazo se habría cumplido el año pasado, pues la última factura es de 2011. Esta circunstancia impide que el Ayuntamiento y la empresa tengan que asumir ahora ninguna responsabilidad por dicha infracción.
Curiosamente, en el apartado de "homologaciones y certificados", las facturas de instalaciones emitidas por la empresa aparecen "sin cargo" o "cero". Obviamente, la empresa no podía cargar el coste de la gestión necesaria para legalizar las instalaciones "tanto en policía, en la ley de protección de datos, como en todos los organismos públicos y privados", ya que ella misma no estaba homologada.
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