El sindicato Acaip cifra "el pastel" en 40 millones de euros y sin concurso público: "De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido que lo apoya con la mayoría de empresas de ese ramo"
Desde que con el impulso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el Gobierno sacara adelante la ley de Seguridad Ciudadana, los sindicatos denunciaron el nuevo golpe a los servicios públicos en beneficio de negocios particulares. SUP, AUGC y CCOO se movilizaron contra las medidas alertando de que “es evidente, que los cambios de estas leyes, sólo van dirigidos a favorecer la proliferación de negocios de carácter privado, respaldado por leyes que permiten traspasar el bien tutelado por el Estado, a manos privadas, satisfaciendo así las exigencias de los importantes grupos de presión empresarial que hacen de la seguridad privada un pingüe beneficio, basado en la precariedad de los colectivos laborales que los integran”.
Cuatro lotes
Algunos de los aspectos más polémicos del proyecto se cayeron finalmente en su configuración final, no así el relativo a la privatización de servicios relacionados con centros tan sensibles como las prisiones. Después de un período experimental en algunos centros, este 1 de octubre han empezado a desembarcar empresas particulares en las prisiones españoles. A cada empresa concesionaria se le han entregado las prisiones incluidas en una de las cuatro zonas geográficas en las que se ha dividido el país, por ejemplo a la multinacional Securitas Seguridad se le ha asignado la zona norte.
800 vigilantes privados mientras que no se reponen los funcionarios
En total han empezado a trabajar con el inicio de mes 800 vigilantes privados que van a cubrir más de 200 puestos en 67 centros penitenciarios, según apunta la cadena SER, destinados a vigilar la zona perimetral, es decir, en la zona de control de las cámaras y en los accesos”. Fuentes del Ministerio del Interior dicen que la contratación de vigilantes privados no afecta a las labores de los funcionarios de prisiones, pero éstos denuncian que la llegada de las empresas particulares se está haciendo progresivamente a costa de los trabajadores públicos. Así, el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF ha denunciado que “mientras existe una oferta de empleo privado de 800 trabajadores anuales, la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciaria en los últimos años ha sido de 84 empleados para la apertura entre 2009 y 2012 de 14 Centros de Inserción Social y cinco macrocentros”. Para la central sindical, “la oferta de empleo público es insuficiente para un sector prioritario y para la calidad del servicio que presta este colectivo que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que padecemos”.
Opacidad en el proceso: Acaip cifra “el pastel” en 40 millones
La denuncia más dura la ha hecho el sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) en un comunicado difundido por el diario Levante. Hablan de un “dispendio económico enorme y sin ningún sentido” y alertan de que solo el lote que incluye a las prisiones de la Comunitat Valenciana tiene un coste anual de unos 8.850.000 euros. “El importe global a nivel nacional de este pastel que se han repartido las empresas del ramo asciende a casi 40.500.000 de euros al año”, afirman.
“De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido que lo apoya con la mayoría de empresas de ese ramo, para ello no se dudó en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana”, denuncia el sindicato. Además, añade que el procedimiento “no se ha realizado mediante concurso público, sino mediante procedimiento negociado sin publicidad, para que las condiciones no se publicitaran en ningún sitio”.
La vigilancia privada en prisiones levanta ampollas.
“Es una desvergüenza que en plena crisis se permitan el lujo de gastar 33 millones de euros implantando un servicio innecesario a todas luces porque ya lleva muchos años cubierto por guardias civiles”. Así lo señala en GACETA.ES Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), respecto a la privatización de la seguridad exterior de las cárceles.
Esta medida se extenderá a las 67 prisiones de competencia estatal y conlleva la integración de 800 vigilantes de seguridad. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015, según ha informado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita.
Frente a ello Rodríguez destaca que cuando los guardias civiles solicitan un aumento de sus retribuciones o la recuperación de las nóminas perdidas en 2007, sin embargo, les hacen mención a la difícil situación económica que atraviesa el país. Además, advierte de que “cada vigilante de seguridad va a salir por 41.000 euros al año, una cifra muy superior a lo que gana un guardia civil”.
Estas competencias eran exclusivamente de la Benemérita hasta que en los últimos meses se ha venido instaurando un proyecto piloto en 21 centros y a los agentes se han sumado entre cuatro y 10 vigilantes. Desde entonces, el control de accesos y la vigilancia de cámaras lo desempeña la seguridad privada.
“No pueden ejercer más funciones porque la propia Ley de seguridad privada no se las permite. No obstante, extraoficialmente nos han dicho que se encargarán también del traslado de los reclusos a juzgados, hospitales, a otros centros penitenciarios, por lo que tendrán que hacer una modificación de la ley”, informa Ramón Rodríguez. Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.
Los agentes sienten que se les está relegando de sus funciones y temen que una vez que se implante este servicio se acometan reestructuraciones de plantilla. “La Dirección General del Cuerpo ha dicho que hasta 2016 no pasará nada con nosotros, pero no aclara en qué situación quedaremos después”, denuncia Rodríguez Prendes. “Tememos que se produzca el traslado de buena parte de los 2.000 agentes que desempeñan estas funciones a otros puestos”, añade.
Frente a este “dispendio” recuerda que el gremio no tendrá ningún tipo de subida salarial para 2015, ni se va a producir oferta pública de empleo en condiciones porque no hay partida presupuestaria. El sindicato recuerda que en los últimos siete años la plantilla de la guardia civil ha descendido aproximadamente en 7.000 agentes. Interior tampoco prevé modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, en el que más del 30% son vehículos que superan los 200.000 km o los diez años, por falta de partida presupuestaria, pero para esto si se haya habilitado una partida presupuestaria.
“Quizás el interés personal ha facilitado esta actuación”, señala Ramón Rodríguez y dice que “desde el Ministerio del Interior ya se ha hecho efectiva la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas OMBUDS, también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés y Segur Ibérica, a la que perteneció Morenés hasta que fue nombrado ministro”. Según se desprende de Informa, el ministro desempeñó la presidencia de esta mercantil desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012.
Por último, UniónGC también resalta que el colectivo no quiere “menospreciar la labor de los vigilantes de seguridad, que es en el sector privado en donde deberían realizar su actividad”, sino que “alertar de que este tipo de intromisiones en el sector público claramente están dirigidas por intereses económicos concretos que olvidan la gran crisis que estamos pasando o a sabiendas de la mismapasan por encima de ella para su propio enriquecimiento”.
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