Casi dos años después del estallido del ‘caso ESABE’, y la detención de casi una decena de directivos de esta empresa de seguridad por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social, la investigación se ha ralentizado por varios motivos, entre ellos la falta de medios técnicos en el juzgado de instrucción que lleva el caso en Plaza de Castilla. En un escrito al que ha tenido acceso la SER, el secretario del juzgado que investiga el caso, el número 37 de Madrid, denuncia que tienen que escanear los más de 20.000 folios incautados en los registros con un escáner “completamente inadecuado” para este trabajo, según explica, “dado el reducido tamaño del dispositivo y que sólo cuenta con un alimentador de unos 30 folios”. Calcula el juzgado que con los medios técnicos puestos a su disposición podrían tardar “años” en digitalizar toda la documentación de la causa.
El estallido del ‘caso ESABE’ destapó un presunto fraude de decenas de millones de euros a la Seguridad Social por parte de esta empresa de seguridad privada, una de las principales contratistas públicas del sector. En torno a una decena de directivos y trabajadores fueron detenidos, y el sumario desveló supuestas irregularidades como pagos en negro, comisiones a políticos y cursos ‘fantasma’ para conseguir subvenciones públicas.
Según reza el escrito fechado a principios del mes de octubre, el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla comunicó personalmente esta situación a la Comunidad de Madrid, “sin que hasta la fecha conste haberse recibido respuesta alguna en relación con tal oficio”.
Año y medio pidiendo un escáner de alta velocidad
El juzgado solicitó este aumento de medios en mayo de 2013, en una comunicación dirigida a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid un escáner de alta velocidad, así como personal para manejarlo. Una petición que no obtuvo respuesta hasta casi un año más tarde, cuando un técnico de esta Agencia se personó en Plaza de Castilla y habilitó la “función de escáner” en la fotocopiadora del juzgado, algo que el secretario considera “manifiestamente insuficiente e inadecuada para poder obtener la referida copia digital en un tiempo razonable, dado el elevado volumen de la documentación intervenida”. Fue a finales de septiembre de 2014 cuando la Comunidad llevó un escáner al juzgado que este mismo secretario estima“completamente inadecuado para el escaneado, dado el reducido volumen del dispositivo, que sólo cuenta con alimentador de unos 30 folios”.
Añade el escrito que “siendo más de 20.000 folios los que hay que escanear, es un trabajo que podría durar años”.
La fuga del principal imputado
En este momento, la jueza que instruye el caso ha rechazado diversos recursos de reposición interpuestos contra la forma de hacer declaraciones y el resto de recursos va camino de la Audiencia Provincial para su resolución. Mientras tanto, y mientras jueza y funcionarios se afanan por conseguir medios técnicos para escanear 20.000 folios, los dos principales imputados en esta causa siguen en paradero desconocido: el presidente de la empresa, Juan José Prados del Pino, y su esposa. Se dieron a la fuga antes del estallido de la operación en diciembre de 2012, y aunque están representados en el proceso por abogado y procurador no han podido ser interrogados todavía por la jueza instructora.
Según fuentes jurídicas cercanas al caso, todos estos retrasos abren cada vez más la posibilidad de que una hipotética condena pueda ser paliada a través de las dilaciones indebidas del proceso, así como otras fuentes también alegan que se produce una “condena de banquillo” para los imputados.
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