El Ministerio de Justicia indultó el pasado 31 de octubre a Miguel Ángel Ramírez, un empresario canario que puso en marcha la sociedad Seguridad Integral Canaria, que firmó el pasado verano un contrato millonario con Metro de Madrid. Ramírez, apoderado y administrador único de la empresa hasta noviembre de 2011 y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, fue condenado por construir en un paraje natural protegido. La concesión de la gracia le exige derribar las obras fraudulentas, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.
Leticia Esther Mateo Requena, juez de lo Penal número 5 de Las Palmas, que lo condenó a tres años y un día de prisión en 2010 afirma que este hizo las obras sin permiso del Ayuntamiento y “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”. Dice que se trata de “diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables”, porque el terreno invade suelo rústico en el paisaje protegido conocido como Pino Santo. El juez cita entre estas construcciones, iniciadas en 2004, un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos, de 250 y 225 metros cuadrados, y un nuevo camino, además del levantamiento de muros y vallado en el perímetro de la propiedad La Milagrosa, de más de 30.000 metros cuadrados. La pena, que también incluía una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y la inhabilitación para el ejercicio de la construcción, fue ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas un año después.
El Ministerio de Justicia argumenta que al exigir a Ramírez la demolición a cambio de no ingresar en prisión, el proceso de derribo se va a acelerar, por lo que el interés general se habrá cumplido antes. “Eso es lo más importante y lo que persigue este indulto”, explican fuentes del departamento.
La solicitud de indulto del empresario fue conocida en marzo, cuando Ramírez patrocinó unas jornadas jurídicas protagonizadas por el fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, encargado de redactar uno de los informes valorados por el Ministerio de Justicia para decidir si le concedía o no el perdón. Ródenas defendió en ese escrito, que no es vinculante para la decisión del Ministerio pero que se tiene más en cuenta desde este año, que Ramírez debía ser indultado. Sostenía, sin embargo, que en el juicio a Ramírez “se había logrado una pena de prisión por un delito medioambiental, algo histórico, con un escrito de acusación que no deja lugar a dudas”. El 70% de los ingresos del empresario, con vínculos con numerosas sociedades, dependen de los contratos de la Administración, según las fuentes consultadas por EL PAÍS en marzo.
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