El principal testigo de cargo por la presunta estafa contra los responsables de seguridad de la Biblioteca de Catalunya (BC), José Albuixech, ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra haber sido objeto de coacciones por parte de un individuo que asegura trabajar para un despacho de abogados contratado por la empresa Segur Ibérica, con la intención de disuadirle para que no comparezca mañana viernes en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona. La advertencia, que investigan los Mossos, ya ha sido puesta en conocimiento del juez .
Albuixech fue hasta el año 2010 jefe de servicios de Segur Ibérica en Cataluña y Baleares y desde 2005 estuvo destinado en la Biblioteca de Catalunya (BC). Durante el tiempo que prestó sus servicios en la BC, este profesional -que también figuraba en el registro mercantil en calidad de apoderado de esta compañía de seguridad- tuvo conocimiento de las presuntas prácticas que sirvieron para facturar a la Generalitat de Cataluña distintas cantidades por servicios que o bien no se prestaron o, en su caso, fueron realizados por vigilantes no habilitados por la Dirección General de la Policía.
En relación a estos hechos, la mercantil Nix Universal S.L., proveedora informática de Segur Ibérica, presentó el pasado 28 de febrero una querella contra los responsables de seguridad de la Biblioteca -que es la que ahora se tramita- por los supuestos delitos de falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos.
La Biblioteca no investiga
Según la querella, la empresa Nix Universal puso en conocimiento en febrero de 2012 a la Jefa del Servicio de Administración de la Biblioteca de Catalunya, Margarita Valverde, un amplio informe elaborado por una agencia de detectives que ponía de manifiesto supuestas prácticas irregulares por parte de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad, en este caso Segur Ibérica, y que estas prácticas presuntamente habían generado un importante perjuicio económico para esta institución dependiente de la Generaltat de Cataluña.
Estas supuestas irregularidades se concretan en la utilización de personal uniformado no habilitado por la Dirección General de Policía para trabajar como vigilantes de seguridad -lo que en la querella se define como "personal disfrazado para realizar labores de vigilancia"-; en la presunta utilización de "personal cedido" por parte de una empresa auxiliar del grupo Segur, algo expresamente prohibido por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y en el Reglamento de Seguridad Privada; y la realización, "por parte de algunos trabajadores, de jornadas que superan las 316 horas mensuales, llegando a trabajar hasta 31 jornadas seguidas sin descanso", lo que es a todas luces imposible.
El propio detective de la agencia contratada se reunió el 28 de marzo de ese año con la responsable de seguridad de la Biblioteca de Catalunya y le hizo entrega de un documento original con facturas, cuadrantes de servicios y copia del contrato suscrito con la Generaltat para prestar este servicio, donde, según los querellantes, "se ponía de manifiesto el fraude cometido por Segur Ibérica contra la Generalitat de Cataluña", elaborado con documentación aportada por la propia funcionaria.
Dos funcionarios imputados
A pesar de los razonables indicios de fraude, Valverde no ha investigado los hechos expuestos y tampoco ha presentado denuncia alguna. Según la querella, "esto la hace conocedora y consentidora del fraude, aún en el improbable supuesto de que ni la querellada ni el responsable de mantenimiento dejaran de comprobar si las personas que velaban por la seguridad de la Biblioteca eran o no vigilantes o las horas que trabajaban, máxime cuando en sus instalaciones se conservan valiosísimos documentos e incunables sobre la historia de Catalunya".
Hoy por hoy, tanto Margarita Valverde como el responsable de mantenimiento, Ferrán López San Juan, están imputados por estos delitos, y su defensa corre a cargo de los servicios jurídicos de la Generalitat, sin duda un hecho contradictorio en tanto que la institución autonómica es presuntamente parte perjudicada. También han sido citados a declarar a instancias de los querellantes el exapoderado de Segur Ibérica, Jose Albuxech, que como ya se ha puesto de manifiesto en esta información debe comparecer este viernes; el detective privado que realizó la investigación, que lo hará por exhorto en diciembre desde Alicante; y el gerente de Segur Ibérica en Cataluña, Enrique Cabezuelo Pey, cuya comparecencia está prevista para el 9 de enero próximo.
El 63% de los vigilantes, ilegales
En cualquier caso, las actuaciones siguen su curso y en este sentido han empezado a llegar las primeras peticiones de información oficial que no hacen sino dejar entrever que el panorama del presunto fraude empieza a colorearse. Así, una de las peticiones clave por parte de los querellantes era establecer si las personas que ejercieron como vigilantes en la Biblioteca de Catalunya estaban autorizados legalmente para ejercer como tales, piedra angular de la base de la querella y del presunto hecho delictivo.
El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona cursó un oficio al Ministerio del Interior, en concreto a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, para que remitiera información sobre si las personas que se relacionaban en un documento adjunto habían obtenido habilitación como vigilantes de seguridad, así como su fecha de obtención, en su caso, de la licencia. En concreto, pedía de modo oficial que certificara si las personas que figuraban como vigilantes de Segur Ibérica en las dependencias de la Biblioteca de Catalunya eran poseedores de la correspondiente habilitación oficial, tal y como se exigía en el pliego de condiciones del contrato con la Generalitat.
El listado del personal a examinar por Interior adscrito y contratado por Segur Ibérica que prestó sus servicios en dependencias de la institución catalana fue reunido por el instructor, extraído de los cuadrantes de servicios aportados por la propia Biblioteca de Catalunya, y recoge un total de 27 nombres.
En un primer listado, de fecha 19 de septiembre, figuran los nombres de cinco personas que trabajaron como vigilantes de Segur Ibérica en la Biblioteca y ninguno de los cinco era poseedor de la habilitación que debía expedir Seguridad Privada para ejercer legalmente como vigilantes de seguridad, según firma el comisario jefe de la Brigada Central de Empresas y Personal del Cuerpo Nacional de Policía,Francisco Jiménez.
En la segunda remesa, de fecha 16 de octubre, se aporta un listado de otros 22 nombres, todos ellos empleados igualmente de la compañía Segur Ibérica. En su informe de respuesta, el mismo comisario de Seguridad Privada señala que 12 de las 22 personas citadas carecían de habilitación para ejercer como vigilantes de seguridad. Es decir, que analizando ambos documentos, el 63% del personal enviado por Segur Ibérica para atender las tareas de seguridad de la Biblioteca de Catalunya carecía de la titulación requerida para ejercer legalmente su trabajo, aunque ello no impidió a la compañía de seguridad facturar en todos los casos sus servicios a tarifa de profesional cualificado.
El juez no solo tendrá que determinar si ha existido fraude; también si, con su pasividad, estos funcionarios han puesto en riesgo la seguridad de los muchos tesoros que guarda la Biblioteca Nacional de Catalunya.
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