Resoluciones de la Inspección de Trabajo relacionadas con Segur Ibérica.

A) .- Resolución de la Inspección de Trabajo de Valencia sobre la empresa SEGUR IBERICA, donde en este caso la Inspección Sanciona a la empresa por los siguiente motivos:

1º.- Por no abonar a ciertos trabajadores las horas extras, ya que según dice la empresa, no se las abona por que son deudores de horas de años anteriores y a lo que la Inpección de Trabajo responde:

"La empresa no es desconocedora de esta mala praxis consistente en no abonar las horas extraordinarias realizadas mensualmente por sus vigilantes, amparandose para ello en una "supuesta" bolsa de horas deudoras de sus trabajadores, cuando lo cierto es que estas horas de pretendida deuda no son imputables a los vigilantes, si no más bien a la propia empresa, quien dentro de su poder de organización y dirección no ha dado la correspondiente ocupación efectiva a sus trabajadores en la totalidad de la jornada, pretendiendo con ello compensar esta negligencia a costa del empleado".

La Inspección de Trabajo de Valencia considera que esta infracción referida, esta tipificada y calificada preceptivamente como infracción MUY GRAVE.

2º.- Por abonar a ciertos trabajadores las horas extras, pero en mayor número a lo legalmente permitido (319 horas anuales - 282 horas - 274 horas - 266 - 252. etc. etc-.) y a lo que la Inpección de Trabajo responde:

"La infracción resultante consistente en la trasgresión de los limites legales y pactados en materia de horas extraordinarias que se han comprobado, esta tipificada y calificada preceptivamente como infracción GRAVE".

B).- Resolución de la Inspección de Trabajo de Valencia, sobre la empresa SEGUR IBERICA y en referencia a la NO entrega de los cuadrantes anuales a los trabajadores, donde la Inspección de trabajo viene a decir:

"Que la no entrega de la copia del cuadrante anual de manera individual, con acuse de recibo del vigilante de seguridad, vulnera y supone incumplimiento de lo dispuesto en el art. 34.2 del ET y lo dispuesto en al art. 41. criterio a) del Convenio colectivo estatal de Empresas de Seguridad 2012-14, por lo que se le procede a abrir expediente.

Art. 41. criterio a) del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2012-14:

"El cuadrante será entregado a los trabajadores afectados y a la representación legal de los trabajadores. Dicha entrega se hará efectiva un mes antes de que el mismo surta efecto".

Esta resolución de la Inspección de Trabajo viene a dar cumplimiento a la obligación que tienen las empresas de entregar el cuadrante anual a sus trabajadores para poder conciliar su vida laboral y familiar y no les digan a los trabajadores que tienen cuadrante anual, donde les aplican la horquilla de trabajo, pero se les entrega un cuadrante mensual.

Tal y como establece el Convenio Colectivo la jornada de trabajo será de 1.782 horas anuales de trabajo efectivo: 

- con cuadrante mensual a razón de 162 horas mensuales.

- con cuadrante anual de 1782 horas con una horquilla de 144 a 176 horas, excepto en el mes de febrero que será de 134 a 162 horas.

                                                 

                                Resolución A                            Resolución B

Resoluciones de la Inspección de Trabajo de Madrid relacionadas con este tema.

Tras las quejas presentadas por los representantes de CC.OO, delegados en el Comite de Empresa de Segur Ibérica- Madrid, la Inspección de Trabajo emitio sus resoluciónes.

De ellas se puede resumir que:

• Se realiza doble propuesta de infracción por no entregar el cuadrante mensual a tiempo, tal y como establece el Convenio Colectivo y que este debe ser sometido a la aprobación de la representación legal de los trabajadores.
• Se determina que los permisos retribuidos computaran y se abonaran por igual número de horas que la jornada de trabajo que se tuviera asignada.
• Debido a los problemas creados por la negativa por parte de la empresa a recepcionar documentación presentada por el Comité o los trabajadores (peticiones, reclamaciones, propuestas,...) la empresa tiene que crear de forma inmediata un Libro de registro para que se tenga constancia de los documentos y peticiones que se han de hacer llegar a la empresa.

                     

            Resolución 1                 Resolución 2               Resolución 3

Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS del 25 de julio de 2014 está publicado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Se establece un plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 17 de septiembre de 2014.

Esta ley se estructura en cinco capítulos divididos en cincuenta y cinco artículos, siete disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales.

El capítulo I, tras definir el objeto de la ley, recoge como novedades más relevantes sus fines y los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana, la cooperación interadministrativa y el deber de colaboración de las autoridades y los empleados públicos, los distintos cuerpos policiales, los ciudadanos y las empresas y el personal de seguridad privada, de acuerdo con una perspectiva integral de la seguridad pública. 

Entre los fines de la ley destacan la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico; la garantía del normal funcionamiento de las instituciones; la preservación no sólo de la seguridad, sino también de la tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadanas; el respeto a las leyes en el ejercicio de los derechos y libertades; la protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección; la pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales destinados al uso y disfrute público; la garantía de la normal prestación de los servicios básicos para la comunidad; y la transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.

El capítulo II regula la documentación e identificación de los ciudadanos españoles, el valor probatorio del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte y los deberes de los titulares de estos documentos, incorporando las posibilidades de identificación y de firma electrónica de los mismos, y manteniendo la exigencia de exhibirlos a requerimiento de los agentes de la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la ley.

El capítulo III habilita a las autoridades competentes para acordar distintas actuaciones dirigidas al mantenimiento y, en su caso, al restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en supuestos de inseguridad pública, regulando con precisión los presupuestos, los fines y los requisitos para realizar estas diligencias, de acuerdo con los principios, entre otros, de proporcionalidad, injerencia mínima y no discriminación 

En este sentido, se regulan con detalle las facultades de las autoridades y de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dictar órdenes e instrucciones, para la entrada y registro en domicilios, requerir la identificación de personas, efectuar comprobaciones y registros en lugares públicos, establecer restricciones del tránsito y controles en la vía pública, así como otras medidas extraordinarias en situaciones de emergencia imprescindible para garantizar la seguridad ciudadana (desalojo de locales o establecimientos, prohibición de paso, evacuación de inmuebles, etc.). 

Igualmente se regulan las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana. La relación de estas potestades de policía de seguridad es análoga a la contenida en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, si bien, en garantía de los derechos de los ciudadanos que puedan verse afectados por su legítimo ejercicio por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se perfilan con mayor precisión los presupuestos habilitantes y las condiciones y requisitos de su ejercicio, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. 

Así, la habilitación a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la práctica de identificaciones en la vía pública no se justifica genéricamente —como sucede en la ley de 1992— en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana, sino que es precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito; por otra parte, en la práctica de esta diligencia, los agentes deberán respetar escrupulosamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, y sólo en caso de negativa a la identificación, o si ésta no pudiera realizarse in situ, podrá requerirse a la persona para que acompañe a los agentes a las dependencias policiales más próximas en las que pueda efectuarse dicha identificación, informándola de modo inmediato y comprensible de los fines de la solicitud de identificación y, en su caso, de las razones del requerimiento.

Por primera vez se regulan los registros corporales externos, que sólo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estos registros, de carácter superficial, deberán ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona, efectuarse por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique y, cuando lo exija el respeto a la intimidad, en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.

El capítulo IV, referente a las potestades especiales de la policía administrativa de seguridad, regula las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. 

Asimismo, se establecen obligaciones de registro documental para actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como el hospedaje, el acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, la compraventa de joyas y metales, objetos u obras de arte, la cerrajería de seguridad o el comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho.

Por otro lado, desde la estricta perspectiva de la seguridad ciudadana, se contempla el régimen de intervención de las autoridades competentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales en lo que se refiere a su normal desarrollo.

El capítulo V, que regula el régimen sancionador, introduce novedades relevantes con respecto a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. La redacción del capítulo en su conjunto tiene en cuenta, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional, que el Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal son, con matices, manifestaciones de un único ius puniendi del Estado. 

Por tanto, la ley está orientada a dar cumplimiento a los principios que rigen la potestad sancionadora administrativa, singularmente los de responsabilidad, proporcionalidad y legalidad, en sus dos vertientes, de legalidad formal o reserva de ley y legalidad material o tipicidad, sin perjuicio de la admisión de la colaboración reglamentaria para la especificación de conductas y sanciones en relación con las infracciones tipificadas por la ley.

En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se establecen supuestos de exención de responsabilidad; en particular, se exime de ella a los menores de catorce años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo, se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad judicialmente complementada responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.

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Prosegur gana 66 millones hasta junio, un 6,6% más.

Prosegur registró un beneficio neto de 66 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al mismo periodo de 2013, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio, la compañía logró unas ventas de 1.810 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,6% respecto al primer semestre de 2013. No obstante, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las ventas de Prosegur aumentaron un 14% en el semestre.

El resultado neto de explotación (Ebit) alcanzó los 130 millones de euros en los seis primeros meses, con un avance del 3,2% en relación al primer semestre de 2013. A tasa constante, el Ebit de Prosegur aumentó un 37% en el semestre, mejorando el margen operativo hasta el 7,2%.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 188 millones de euros, sin variación respecto al primer semestre de 2013. No obstante, excluyendo el efecto del tipo de cambio, el Ebitda de Prosegur se incrementó un 27% entre enero y junio.

Por áreas geográficas, la facturación en las regiones de Europa y Asia-Pacífico aumentó un 7,2% con respecto a los seis primeros meses de 2013, alcanzando los 778 millones de euros. Este crecimiento se debe a la mejora de las ventas en Alemania (+33%) y Francia (+3%).

En España, los ingresos de Prosegur se redujeron un 5%, hasta los 425 millones de euros, aunque este recorte de las ventas se suavizó con respecto a trimestres anteriores, cuando caían a un ritmo superior al 10%. En relación al mercado de Asia-Pacífico, la compañía multiplicó por más de tres su facturación, hasta los 65 millones de euros.

En Iberoamérica, las ventas de Prosegur cayeron un 7,5%, hasta los 1.032 millones de euros, por la devaluación de las principales monedas de la región. No obstante, a tasa constante, la facturación de la compañía en Latinoamérica aumentó casi un 18%.

Fuente: Europa press

La Fiscalía pide mantener 14 imputaciones por el Madrid Arena, entre ellas las de varios trabajadores de Seguriber.

La Fiscalía de Madrid ha presentado esta mañana un escrito ante el juez instructor de la causa que investiga el caso Madrid Arena en el que pide transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y en el que pide mantener la imputación de 14 personas y sobreseer la de otras diez, entre las que se encuentran la del exdelegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Antonio de Guindos; la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Fátima Núñez, y el inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo.

En el escrito presentado ante el juzgado de instrucción 51 de Madrid, la Fiscalía mantiene la imputación al promotor de la fiesta de Halloween del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores; al director general de DivierTT, Santiago Rojo; el jefe de personal de DivierTT, Miguel Ángel Morcillo; o el director del Departamento de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor Martín.

También pide mantener la imputación del técnico de operaciones de Madridec y jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos; el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares; el socio de Kontrol 34, Emilio Belliard y los médicos Simón y Carlos Viñals.

Se les imputan cinco delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal y de nueve delitos de lesiones del artículo 152.1.1 del Código Penal, todos ellos en concurso ideal de conformidad con el artículo 77 del Código Penal. Además, pide el sobreseimiento provisional de la imputación del administrador de DivierTT, José María Flores; el coordinador Jefe del Departamento de Seguridad de Madridec, José Luis Rodríguez Caamaño; el director gerente de Madridec, Jorge Rodrigo Domínguez; el consejero delegado de Madridec, José Ángel Rivero Menéndez; el inspector y coordinador de servicios de Seguriber, Iván Somontes; el vigilante de Seguridad de Seguriber, Segundo Eladio Pupuche; el delegado del Área de Seguridad, Antonio de Guindos; la concejala delegada de Seguridad, Fátima Núñez; el director general de Emergencias y Protección Civil, Alfondo del Álamao y el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo.

Por su parte, a los Viñals se les imputa como coautores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional del artículo 142.1 y 3 del Código Penal en concurso ideal de conformidad con el artículo 77 del Código Penal.

Además, señala al Ayuntamiento como a las empresas Madridec, Diviertt, FSM Group Management SL, Seguriber y Kontrol 34 como responsables civiles subsidiarios y afirma que las compañías de seguros Zurich, AIG, Mapfre y Hiscox responderán directamente ex artículo 117 del Código Penal.

Fuente: Europa press

Cursos y talleres de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo (Octubre - Diciembre 2014).

 

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Fundación Ateneo

Boletin nº 52 de la patronal de seguridad privada Aes.

 

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Una clienta denuncia vejaciones, por parte de vigilantes seguridad privada, en El Corte Inglés al obligarla ilegalmente a desnudarse tras una falsa acusación de robo (Salamanca).

Carmen H.M. acudió el martes por la tarde a comprar al centro comercial ubicado en la calle María Auxiliadora cuando al salir fue requerida por la seguridad privada al sospechar que había sustraído ropa. Mostró sus bolsillos sin prenda alguna, pero la llevaron a un cuarto donde la obligaron a desnudarse sin presencia policial, como establece la normativa vigente. "Me sentí totalmente humillada y vejada, como en una cárcel de Colombia", asegura

Una salmantina ha denunciado ante la Policía Nacional las presuntas vejaciones sufridas en El Corte Inglés tras ser acusada falsamente de robo. Así, fue obligada a desnudarse por la seguridad del centro comercial, hechos que se produjeron sin la presencia policial, como así establece la normativa vigente y así le han comunicado a la víctima en la Comisaría de Salamanca mientras interponía la denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva SALAMANCA24HORAS.

Carmen H.M. acudió el martes por la tarde a comprar al centro comercial ubicado en la calle María Auxiliadora. Cerca de la hora de cierre, a las diez de la noche, se encontraba en la primera planta, en la zona de lencería, donde decidió dejar dos sujetadores que se había estado probando, con la intención de regresar al día siguiente por la mañana, ya con más tiempo, para realizar la compra. En ese momento al salir por la puerta de El Corte Inglés, un vigilante de seguridad la retuvo, afirmando que había visto algo sospechoso.

Según relata la víctima, y así lo recoge la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la mujer aseguró que no había cogido nada, mostrando sus bolsillos para que quedara constancia de que no llevaba prenda ni objeto alguno perteneciente al centro comercial. Pero el vigilante no la dejaba salir y avisó a sus compañeros. Entonces llegó un segundo vigilante con un taco de etiquetas y alarmas, dando por hecho que habían sido robadas por ella. Carmen insistió en que no había cogido nada, solicitando que miraran las cámaras de seguridad, pero le afirmaron que se veía cómo cogía prendas.

Entonces fue llevada hasta una habitación, donde se encontraban tres hombres y una mujer de seguridad de El Corte Inglés. Uno de ellos le insistió en las acusaciones de robo a partir de las etiquetas y alarmas de ropa quitadas que habían encontrado, negando Carmen una vez más los hechos. Aún así, la obligaron a desnudarse, ya sólo en presencia de la mujer, constatando que no tenía nada. La persona de seguridad comunicó a sus compañeros que no había encontrado prenda alguna que hubiera sido sustraída, por lo que, todavía entre acusaciones de robo, la dejaron marchar.

"Al salir me eché a llorar"

Veinte minutos después de iniciarse los hechos, Carmen Herrera salía de El Corte Inglés. "Al principio me lo tomé un poco a risa por la incredulidad de ver que me acusaban de algo que no había hecho, pero al ver que insistían y después pensar que me habían obligado a quitarme la ropa, me vine abajo y al salir me eché a llorar", relata. "Me sentí totalmente humillada y vejada, como en una cárcel de Colombia", añade.

Al llegar a casa llamó a la Policía para consultarle si era legal la situación que había sufrido, explicándole que "era ilegal y tenían que haber avisado a los agentes para que fueran ellos quienes me registraran". Por eso, este miércoles por la mañana ha interpuesto una denuncia en la Comisaría de Salamanca. Además, presentó una hoja de reclamaciones. "Lo que quiero es que esto no vuelva a pasar y que me pidan disculpas públicamente, que vean el vídeo bien, porque verán que no cogí nada. Sólo lo hizo la chica y el vigilante que me paró al principio porque al verme dejar los sujetadores se equivocó, el otro insistía en que había robado yo la ropa de esas etiquetas y alarmas que encontraron", concluye.

Versión de la empresa

Por su parte, desde el departamento de prensa de El Corte Inglés se asegura que en ningún momento se obligó a la clienta a desnudarse, que fue inspeccionada en una sala de la planta baja y apenas se la retuvo un minuto.

Fuente: salamanca24horas.com

CCOO critica que Trablisa 'se desentiende totalmente' de una vigilante de seguridad del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

El sindicato CCOO ha informado de que Trablisa "se desentiende totalmente" de una vigilante de seguridad del Ayuntamiento de Palma a raíz de la reciente subrogación de los servicios de seguridad del ente municipal por Mevisa y ha anunciado que "ante la intransigencia" convocará movilizaciones a partir del próximo mes de septiembre "previsiblemente" frente a servicios del Ayuntamiento de Palma.

Según un comunicado emitido por el sindicato, la trabajadora se encuentra en "la difícil situación de que la empresa saliente, Trablisa, se desentiende totalmente de ella y la entrante, Mevisa, no reconoce sino una obligación parcial a la hora de subrogarla, y toda vez que la empleada no realizaba su jornada completa en servicios del Ayuntamiento de Palma".

La central sindical ha criticado que la trabajadora, "de la noche a la mañana, ha visto drásticamente reducida su jornada mensual en cerca de un 30 por ciento, puesto que Mevisa sólo le reconoce una jornada de 115 horas al mes al tiempo que Trablisa ya le comunicó, en su momento y al hilo de la indicada subrogación, que daba por extinguida la relación laboral con la empleada, con la consiguiente merma económica".

En este sentido, Comisiones Obreras ha expresado que el caso "pone de manifiesto la mala fe de Trablisa, ya que "la empresa saliente reconoce explícitamente y por escrito, que a Mevisa únicamente le corresponde hacerse cargo parcialmente de la jornada de la trabajadora".

"Pese a tal reconocimiento, en la comparecencia que ha tenido lugar ante el Tamib el pasado 29 de Julio, Trablisa no ha querido asumir ninguna obligación respecto de esta compañera, quedando el asunto pendiente de lo que dictamine el Juez de lo Social", han dicho.

Fuente: noticiasmallorca.es

Cerca de 200 actuaciones en 6 meses de los vigilantes del polígono de Úbeda (Jaen).

El servicio de vigilancia privada que gestiona la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios (Alciser) en los polígonos industriales de Úbeda realizó durante el primer semestre del presente año un total de 196 actuaciones de diversa índole que incrementaron la seguridad en las zonas empresariales. Ante esta cifra, el presidente del colectivo, Bartolomé González, ha hecho un balance positivo de ésta prestación y ha felicitado a la empresa responsable del servicio, cuyos costes y gastos son sufragados por los propios empresarios de los polígonos industriales, aunque no todos participan.

Entrando en cifras, entre enero y junio de 2014 se inspeccionaron un total de 126 saltos de alarmas que se produjeron en las naves del polígono y se impidió el robo de gasoil de camiones en 3 ocasiones. Además, los efectivos avisaron a la Policía Nacional 15 veces, 11 a la Guardia Civil y 13 a la Policía Local para pedir que inspeccionaran vehículos o personas sospechosas que merodeaban por los alrededores. Y en 3 ocasiones llamaron a los Bomberos por incendios producidos en contenedores de basura y otros residuos. Esto demuestra lo positivo que es tener una patrulla de vigilantes rondando de noche por los polígonos a la hora de prevenir males mayores.

Víctimas de accidentes

En otro orden de asuntos, los responsables del servicio asistieron a las víctimas de hasta 2 accidentes de tráfico que se produjeron en el entorno en sus horarios de vigilancia, y atendieron la alerta máxima que les trasladó la Guardia Civil en otras 2 ocasiones. De la misma forma, detectaron la rotura de mobiliario urbano del polígono en 3 ocasiones, trasladándolo posteriormente al Ayuntamiento para que lo subsanara. Finalmente, detectaron y apagaron con sus propios medios incendios en 2 vehículos, frustraron el robo en naves en 7 ocasiones y avisaron a la Guardia Civil por motivos diversos 7 veces.

El de vigilancia es uno de los servicios que Alciser presta a sus socios, concretamente a los que desarrollan su actividad empresarial en los polígonos industriales de la ciudad. La iniciativa comenzó a funcionar allá por el año 2006 por las necesidades de protección de los negocios allí establecidos. «El tema de la seguridad era una demanda tradicional de los empresarios y Alciser entendía que la forma más efectiva de conseguir dar respuesta era la formalización de un servicio privado», recuerdan desde el colectivo, que en su momento se puso manos a la obra y formalizó el correspondiente contrato con la empresa Proseluc, que diariamente vigila las naves asociadas a esta prestación. 

Alciser recuerda que ha colaborado con cerca de 25.000 euros desde que se puso en marcha el servicio. Destaca igualmente que en esta acción de la Asociación no colabora el Ayuntamiento de Ubeda, que este año ha retirado la subvención municipal a todas su actividades.

Fuente: ubedaideal.es

Vigilantes de seguridad sorprenden a una mujer cuando intentaba abandonar un comercio de perfumes sin abonar productos por un valor superior a los 640 euros (Portugalete) y a una rmujer que pretendía hurtar prendas de ropa por valor de 1256 € en Pumarín (Asturias)

Agentes adscritos a la Ertzain-etxea de Muskiz detenían, en la tarde de ayer en Portugalete, a una mujer de 28 años acusada de un delito de hurto. Según parece, la mujer habría intentado llevarse sin pagar, en una tienda del Centro Comercial Ballonti, diversos perfumes por un valor superior a los 640 euros. En la misma bolsa en la que intentaba llevarse los perfumes era localizado un pantalón que se había llevado de otra tienda, valorado en casi 80 euros.

Pasadas las siete de la tarde de ayer, lunes, la Ertzaintza recibía un aviso del personal de seguridad del Centro Comercial Ballonti, en el que era informada de que los vigilantes habían sorprendido a una mujer cuando intentaba abandonar un comercio de perfumes sin abonar diversos productos por un valor superior a los 640 euros.

Personada una patrulla en el lugar, los agentes eran informados, además, de que al revisar la bolsa en la que la sospechosa llevaba los perfumes presuntamente sustraidos, los vigilantes habían descubierto la presencia también de un pantalón, valorado en casi 80 euros, que al parecer había sido sustraido de otra de las tiendas del Centro Comercial. Por lo tanto, el valor de los productos presuntamente sustraidos ascendía a más de 720 euros.

Tras recibir la información del personal de seguridad, los ertzainas procedían a la identificación de la sospechosa, una mujer de 28 años de edad, y poco después a su detención bajo la acusación de un delito de hurto.

Fuente: vlcnoticias.com

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a las cuatro y media de la tarde a una vecina de Gijón de 61 años acusada de intentar robar varias prendas de ropa en un centro comercial de Pumarín. Los vigilantes de seguridad del establecimiento retuvieron a la procesada hasta que llegó la Policía. Estos testigos aseguran que la mujer "se había introducido en los cambiadores con diversas prendas" que escondió en una bolsa para intentar abandonar el local sin que los empleados se percataran de la sustracción.

La Policía Nacional asegura que el valor de las prendas, junto con los daños ocasionados en los sistemas de alarma que poseían, asciende a 1.256 euros.

La procesada ya ha sido puesta en libertad después de que los agentes informaran de lo actuado al juzgado.

Fuente: lne.es

Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013.‏

 

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Detenido, gracias al vigilante de seguridad, por hurtar varias tablets por valor de casi 2.000 euros

Un hombre, con más de 80 detenciones anteriores por distintos delitos y con hasta 14 identidades diferentes, fue detenido ayer en Badajoz por hurtar varias "tablets" valoradas en más de 1.900 euros.

Según ha explicado hoy la Policía Nacional en nota de prensa, un vigilante de seguridad de un centro comercial de Badajoz les avisó telefónicamente a las 19:20 horas de ayer sobre la actitud de un hombre que paseaba por los pasillos de la zona de material electrónico.

El responsable de la vigilancia del establecimiento comercial había observado además como el hombre introducía en una cesta de mimbre varios objetos, tras manipular los sistemas de alarma de los productos.

La patrulla policial accedió al centro comercial y comprobó como el vigilante de seguridad tenía retenido al presunto autor de los hechos, que fue identificado y detenido por los agentes de la Policía Nacional.

En el interior de la cesta del detenido había 6 "tablets", valoradas en 1.933 euros, a las que había inutilizado los sistemas de alarma; por este motivo, el hombre fue trasladado a dependencias policiales.

El detenido como presunto autor de este delito de hurto es un ciudadano rumano, de 40 años y con antecedentes policiales, como explica la Policía Nacional en el comunicado de prensa.

El detenido ha usado hasta 14 identidades diferentes y cuenta con 80 detenciones anteriores por hechos similares.

Fuente: EFE   

Sindicatos y patronales impugnan el Laudo Arbitral que autorizó el descuelgue de Alerta y Control.

CC.OO., Ugt, Uso y las patronales Aproser, Fes y Uas presentan ante la Audiencia Nacional un recurso de impugnación contra el Laudo que autoriza el descuelgue por parte de la empresa Alerta y Control del Convenio de Seguridad Privada.

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Revista Construcción y Servicios Digital Nº 1. y Madrid Semanal Digital nº 353 (29 de Julio de 2014).

                                           

          Construcción y servicios                        Madrid Semanal Digital

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Detenidos dos comerciales de una firma de seguridad por robar en una vivienda de San Sebastián.

Dos comerciales de una empresa de seguridad han sido detenidos por entrar a robar en un chalé de San Sebastián que habían visitado anteriormente para ofrecer los servicios de su compañía, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos sucedieron a las 12.20 horas de ayer, cuando los dos comerciales, un hombre de 33 años y una mujer de 22, saltaron la verja del chalé, ubicado en el barrio donostiarra de Aiete, y accedieron a la vivienda, en cuyo interior se encontraba una de sus habitantes.

La moradora de la casa se hizo la dormida para evitar el enfrentamiento con los ladrones y alertó de la entrada de los intrusos a través de mensajes con su teléfono móvil a dos allegados que se encontraban en el exterior.

Los agentes localizaron poco después a los dos comerciales en las inmediaciones y, tras comprobar su identidad y su participación en los hechos, los detuvo, aunque no ha podido recuperar el anillo sustraído.De esa manera, la Ertzaintza recibió el aviso y acudió al chalé, de donde ya se habían marchado los dos ladrones, que antes habían revisado varias dependencias de la casa y se habían llevado un anillo.

Los dos comerciales habían estado previamente en el barrio de Aiete buscando clientes para la empresa de seguridad para la que trabajan, uno de ellos llevaba el anagrama de la compañía en el polo que vestían y ambos portaban documentación relacionada con el servicio de seguridad que ofertaban.

El hombre detenido cuenta con antecedentes y con dos ingresos en prisión y, junto con la otra detenida, ha sido puesto a disposición judicial.

Fuente: El correo

Convenio colectivo de la empresa Levantina de Seguridad (2013-2017)

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El Ayuntamiento de Madrid adjudica 900.000 euros a dedo en seguridad privada a la empresa Eulen.

• Madrid Destino contrata a Eulen para que siga dando el servicio en las instituciones culturales del Consistorio durante seis meses sin publicidad ni concurrencia y pese al informe contrario del supervisor municipal.

El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado un contrato de 900.000 euros de seguridad privada a la empresa Eulen a dedo, en contra de un informe del organismo municipal supervisor, sin publicidad ni concurrencia, como obliga la ley. Es decir, simplemente se cerró un acuerdo por seis meses con la empresa que ya estaba dando el servicio. Sin más.

El organismo municipal que lo ha hecho ha sido Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA entidad que gestiona la cultura, el turismo y el patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Se creó en octubre del pasado año y nace de la fusión de Macsa, Madrid Visitors & Convention Bureau y Madridec. Un portavoz de la entidad lojustificó por razones «técnicas» y de «urgencia» que sólo hubiesen ofrecido el contrato a Eulen. En España hay casi 1.500 empresas de seguridad y el contrato vencía en abril, seis meses después de haber nacido.

Madrid Destino decidió unificar los diferentes contratos de seguridad en sus distintos organismos dependientes para reducir costes.

La entidad se encontró que la mayor parte de esos contratos de seguridad finalizaban en septiembre pero los del área de cultura, concretamente el Teatro Español, el Teatro Fernán Gómez, el Teatro Circo Price, Matadero y Medialab Prado, lo hacían el 31 de marzo. Es decir, que tuvo de octubre, cuando nació, a marzo para solventar el problema que le iba a venir, seis meses.

En lugar de convocar un concurso nuevo, llegó abril y se decidió adjudicar un contrato nuevo de seis meses mediante procedimiento negociado, de abril a septiembre, a la empresa que ya estaba dando el servicio, Eulen. El contrato unitario, el que daría servicio a todas las dependencias de Madrid Destino, se ha sacado a licitación el 15 de julio por 2.435.601,44 euros y está previsto que entre en vigor el próximo 29 de septiembre .

Pero es que en ese informe, los responsables de Madrid Destino tratan de justificar la adjudicación a Eulen por que la entidad «está acometiendo un cambio de modelo de gestión para unificar las tres áreas» y considera «imprescindible hacer antes un estudio de necesidades y requerimientos globales de la empresa para poder licitar expedientes unificados».Pero es que Madrid Destino ha adjudicado este contrato-parche de seis meses en contra de lo que establece la ley, y lo dice el propio Ayuntamiento. Esto es lo que afirma el organismo municipal supervisor de estos procedimientos. «Esta propuesta de contratación no se enmarcaría en ninguno de los supuestos que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para la realización de un contrato por procedimiento negociado. La propuesta de contratación planteada no se ajusta a la normativa contractual de aplicación», asegura la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid en un informe del 31 de marzo al que ha tenido acceso este diario.

Por todo ello, asegura: «Hasta que dicho modelo de gestión esté consolidado, se propone mantener la continuidad del servicio con el actual adjudicatario Eulen, durante seis meses del 1 de abril al 28 de septiembre». En ningún momento habla de que se haya invitado a otras entidades a participar de ese procedimiento negociado. El supervisor deja claro que se encuentra dentro del modelo de «contratación armonizada», en consonancia con la normativa europea y que se ve sujeto a las reglas que establece el TRLCSP.

Los procesos negociados son usado por la Administración para dar un servicio muy específico, especializado que sólo pueden dar entidades muy concretas y cuando se dan circunstancias excepcionales. Es obligado tener un mínimo de tres propuestas para decidir y los organismos supervisores (Tribunal de Cuentas) recomiendan que no se utilice que este procedimiento por ser discrecional y opaco.

«Se gestionó mediante procedimiento negociado, en virtud del artículo 170 d) y e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP por lo que se negoció con la única empresa que podría prestar el servicio, la empresa adjudicataria del contrato en vigor, justificado tanto por razones técnicas como por razones de urgencia», precisó un portavoz de la entidad. Reconoce que tan sólo trató el asunto con Eulen.Este diario se puso en contacto con Madrid Destino para conocer el motivo por el que se había optado por este modelo de contratación, ya que la Seguridad no es sector muy especializado. Según un informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de 2012, el Ministerio delInterior tenía registradas 1.490 empresas. No hubo respuesta ni tampoco al insistir sobre el nombre de las otras dos propuestas que se deberían haber estudiado, además de la vencedora.

Hay que recordar que la empresa pública nació en octubre del pasado año y que los contratos de seguridad vencían el 31 de marzo. Si a esto se añade la existencia de casi 1.500 empresas de seguridad en España, deja, cuanto menos en cuestión, las argumentaciones para negociar sólo el contrato a Eulen y adjudicárselo: «Razones técnicas» y de «urgencia».

Además, a todo esto se suma que no hay ni un sólo registro sobre el asunto en la web oficial de Madrid Destino y tampoco ha facilitado la referencia de la convocatoria del contrato o del procedimiento utilizado. La entidad publica todos las licitaciones, el procedimiento que se va a seguir, así como las adjudicaciones en su web. Este contrato no aparece ni en licitaciones ni en adjudicaciones. Sí consta la convocatoria del contrato unitario de seguridad para todas las dependencias de Madrid Destino, el que ha salido a concurso por 2,4 millones.

Un día después de pedir su versión, justificaban su decisión por que «era necesario garantizar el servicio de seguridad hasta la adjudicación del nuevo contrato».

Para UPyD es un contrato «nulo» e «ilegal»

Para la portavoz de Las Artes de UPyD, Patricia García, «el problema es que ese mal llamado procedimiento no existe, se lo han inventado. Es ilegal, pues no está contemplado en la normativa de contratación pública, legislación a la que Madrid Destino está sujeta, como empresa cien por cien pública». 

La concejala magenta entiende que estos contratos «son nulos, no existen a efectos de Derecho público, que es el ordenamiento que hubiera tenido que regir su preparación y adjudicación. No han cumplido con la ley», sentencia. Además, la edil asegura, que hay disparidad entre la fecha que figura en el contrato (1 de abril de 2014) y la que se firmó realmente (que entiende que sería el 29 de abril). 

También dice «que es la propia empresa adjudicataria la que estipula que el contrato se divida en dos (el de auxiliares con Eulen y el de vigilantes con Eulen Seguridad), ambos por encima de los 200.000 euros». «O por inutilidad, porque no se han acordado de licitar a tiempo, o por interés, para favorecer a la adjudicataria, el Ayuntamiento se encuentra con que vencen unos contratos que no pueden prorrogar. Entonces se saltan a la torera la ley que están obligados a cumplir inventándose un procedimiento. 

Para darle un barniz de legalidad piden informe a la DG Sector Público. Y cuando ésta se manifiesta en contra, deciden ignorarlo y seguir adelante. Es decir, para arreglar una negligencia cometen una ilegalidad», dice.

Fuente: El mundo

El Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo contratará vigilantes de apoyo.

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.

Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar".

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".

Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

800 CONTRATOS

En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles. Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a las necesidades existentes" que pasan, según admite, por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.

También se busca, según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".

CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Asimismo, el plan de Interior es "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".

Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.

El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

Fuente: Europa press

Tres detenidos en Valencia, por vigilantes de seguridad, por intentar estafar cambiando las etiquetas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un establecimiento comercial de Valencia a tres jóvenes de entre 21 y 22 años como presuntos autores de un delito de estafa, tras tratar de llevarse varios juegos de petanca valorados en 869 euros, por un importe de 54 euros, cambiando las etiquetas reales por un precio inferior, ha informado al Jefatura Superior de Policía.

Los hechos ocurrieron cuando agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a un establecimiento comercial de Valencia, donde el vigilante de seguridad tenía retenidas a tres personas que habían tratado de estafar al establecimiento.

Los agentes se dirigieron al lugar, donde averiguaron que momentos antes, el vigilante de seguridad había seguido a tres jóvenes de origen español que habían entrado al local, observando que cortaban los precintos de los juegos de petanca, baratos y de los caros, e introducían las bolas de petanca caras en los paquetes de baratas y viceversa.

Los jóvenes se dirigieron a la caja a pagar los juegos de petanca valorados en 54 euros, momento en el que el vigilante requirió a éstos, comprobando que las bolas de petancas de los juegos que pretendían adquirir correspondían a los clasificados como caros valoradas en unos 869 euros.

Los agentes, tras realizar diversas comprobaciones, detuvieron a los tres jóvenes por un presunto delito de estafa. Los detenidos, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

Fuente: Europa press

Metro de Madrid cede al año a la Policía más de 1.000 vídeos de sus cámaras de seguridad.

Metro de Madrid cede al año a la Policía Nacional más de 1.000 vídeos procedentes de las más de 8.600 cámaras del Circuito Cerrado de Televisión instaladas en toda la red para colaborar en la investigación de diferentes casos que requieren de estas imágenes.

Estas imágenes (más de 600 vídeos en lo que llevamos de año), junto con el trabajo de los vigilantes de seguridad y la estrecha colaboración con Policía Nacional, han ayudado a reducir de enero a junio de 2014 casi un 20 por ciento las infracciones penales, ha afirmado este jueves el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

Con el objetivo de seguir en esta línea y mejorar los índices de seguridad en la red, Metro de Madrid invertirá en los próximos tres años 9,5 millones de euros en el mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad de todas sus estaciones y trenes.

Entre estos sistemas se incluyen las cámaras de vídeo, el control de los accesos, y los sistemas de comunicación en los trenes y entre éstos y los puestos de control, que tienen una importancia fundamental para la seguridad y calidad del servicio.

La red de Metro de Madrid cuenta con más de 1.500 vigilantes que velan cada día por la seguridad de los madrileños y apoyan el trabajo de Policía Nacional, que cuenta con una brigada móvil que trabaja en la red y dos comisarías ubicadas en las estaciones de Sol Vodafone y de Nuevos Ministerios, siendo la colaboración con Metro de Madrid muy estrecha y activa en todo momento y para cada situación. Ya en 2013 las infracciones penales bajaron un 28,8 por ciento respecto al año anterior.

El Consejo de Gobierno ha conocido este jueves la propuesta de adjudicación del contrato de mantenimiento de estos sistemas de seguridad.

Victoria, ha explicado que este contrato entrará en vigor en octubre, cuando finalice el contrato que ha estado vigente hasta ahora, que ha tenido una duración de diez años. En esta ocasión se ha optado por un contrato más corto, de tres años, para garantizar una mayor eficacia y optimización de recursos.

"Esta inversión repercutirá positivamente en la seguridad tanto de los viajeros como de los propios trabajadores de la compañía y permitirá a Metro seguir poniendo a disposición de los usuarios las más modernas tecnologías de vigilancia y control en todas sus instalaciones", ha explicado.

Al respecto, Victoria ha señalado que la red de Metro de Madrid, con 300 kilómetros, es una de las más extensas del mundo. Además, ha triplicado su tamaño en muy pocos años tras los Planes de Ampliación realizados en la última década por el Gobierno regional, y ha sabido adaptarse y modernizarse para dar respuesta a las nuevas necesidades que han ido surgiendo.

                   Fuente: Europa press                       Nota de prensa de Metro

Revista Seguritecnia nº 410, Julio/Agosto 2014

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Machín Seguridad llevará a los tribunales a los vigilantes de la Universidad de La Laguna.

El subdirector responsabiliza a los trabajadores de haber dejado de facturar 5,5 millones por presentar un preaviso de huelga en marzo.

El subdirector de la que hasta hace un mes era la empresa responsable de la seguridad y vigilancia de la Universidad de La Laguna (ULL), Vicente Martín, anunció ayer a este periódico que ha iniciado acciones legales contra la plantilla por considerar que los trabajadores son los responsables últimos de la resolución del contrato.

"La situación que ha dado pie a toda esta desagradable situación fue que el pasado día 3 de marzo el comité de empresa presentó un preaviso de huelga discontinua por un supuesto retraso reiterado en los pagos por parte de Machín Seguridad. Nosotros acreditamos a la ULL que eso no era cierto, incluso con extractos bancarios, y que no había ninguna deuda pendiente, porque la nómina de febrero no se pagaba hasta el día 5, ni había paga extraordinaria pendiente de atender porque era en marzo", detalló.

Para Martín los fundamentos de la convocatoria de huelga no son ajustados a derecho y, por lo tanto, "es ilegal".

"El resto de la plantilla me confirma que el comité de empresa no se reunió con ellos ni hubo una asamblea para decidir esa convocatoria y que no se contó con el número de votos necesarios. El comité de empresa -abunda el dirigente de Machín Seguridad- es la representación de los trabajadores y por eso es a ellos a los que tengo que demandar; si luego los trabajadores van al juzgado y dicen que el comité actuó por su cuenta y riesgo, es allí donde debe constar, no en mi oficina, ni en un escrito que me manden a mi atención. Eso me va a permitir iniciar una acción civil y responsabilizarlos de la resolución de la universidad y pedir una indemnización de cinco millones y medio de euros, que es lo que he dejado de facturar".

Pero Vicente Martín también desmiente al gerente de la universidad, Justo Artiles, que en la edición de ayer del periódico aseguraba que había "cumplido escrupulosamente" la ley de contratos y que se había pagado siempre en tiempo y forma.

"La ULL le da el contrato a Machín Seguridad en diciembre de 2012 tras haber irregularidades con la empresa anterior. Se nos pide que si somos capaces de asumir el contrato con una reducción de 600.000 euros anuales y le decimos que lo podemos hacer siempre y cuando nos pague las facturas antes de los días 5 de cada mes para nosotros no tener que entrar en productos financieros para anticipar facturas y atender nóminas en fecha; la ULL nos dijo que sí y se firmó el contrato con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2015, aunque primero firmamos solo un periodo hasta febrero de 2014", relata Vicente Martín.

No obstante, asegura que la ULL casi nunca pagó antes del día 5 y que resolvió el contrato de forma unilateral y sin hablar con ellos, y mantiene que lleva meses intentando localizar al gerente.

"Se basó en el falso retraso en los pagos a los trabajadores y en la existencia de una deuda con la Seguridad Social que sí es cierta y que además la conocían desde enero. Teníamos un aplazamiento concedido que se anuló tras la decisión de la ULL ", lamenta Martín, que subraya que "los acuerdos que se nos plantearon los hemos cumplido todos. El contrato duraba 36 meses porque así podríamos amortizar la bajada de 600.000 euros que nos pidió; si ahora la universidad lo rescinde, nos tiene que pagar los 18 meses al precio normal del contrato en el pliego".

Y es que considera que el conflicto no va a quedar resuelto definitivamente hasta que haya una sentencia judicial.

Fuente: El día

Gaceta Sindical nº 207, Julio de 2014.

Nuevo número de Gaceta Sindical en el que se denuncia el aumento de las horas ilegales. Según un informe elaborado por la Secretaría de Acción Sindical de CCOO, en 2013 cada semana se realizan 419,2 millones de horas, de las que 11.561.538 son ilegales. Ese exceso de horas ilegales debería ser realizado por otras personas, lo que supondría que 289.038 desempleados podrían trabajar a tiempo completo.

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Revista Trabajadora nº 51

Contenido:

página 6/ POR AQUÍ

• Acuerdo entre ALEGA y CCOO, de Luz García
• Asesoramiento en igualdad en Castilla-León, de Rosa Eva Martínez
• Derecho a la formación en igualdad, de Eva Antón
• Huelva: discriminación LGTBI, de Carmen Arenas

página 8/ EMPLEO

• Discriminación en Hotel Maspalomas, de Esther Rivero y Miguel Guerrero.

página 10/ ENTREVISTA

• Entrevista a ​Gema Fernández, de Women’s Link Worldwide sobre la trata de mujeres en Nigeria, de Carmen Briz

página 13/ GENERACIÓN XXI

• Garantía Juvenil, de Tania Pérez

página 14/ PUBLICACIONES Y LIBROS

• Colaboraciones de Begoña del Castillo y Susana Brunel

página 15/ INFORME

• Elecciones sindicales: viejas y nuevas reivindicaciones, de Ricardo García y Felisa Piedra

página 21/ CIBERFEMINISTAS

• Aplicaciones contra la vilolencia sexista, de Miquel Lóriz

Página 22/ EN UN MUNDO GLOBALIZADO

• CSI: Cuente con nosotras, de Ana Herranz
• NETWORK GENDER: Madrid, Roma, de Pilar Morales

página 24/ SOCIEDAD

• Currículo de Primaria y retrocesos, de Carmen Heredero
• Las afiliadas quieren participar, de Carmen Heredero
• Mayores con diversidad funcional, de María José Cabo

página 27/ DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

• 77, de Ximo Cádiz

página 28/ GUÍA PARA NO PERDERSE

• Ensayo/Manual sobre aborto, de Isabel Serrano
• Cine/Temporal, de Catxo
• Fotografía/Desnudos, de Enrique Arce
• Documental/ Dones de Tabacalera, de María Jesús Pinto

página 30/ SALUD

• Riesgos no identificados, de Carmen Mancheño

página 31/ UN SINDICATO DE HOMBRES Y MUJERES

• “En el día a día, CCOO se va empapando de feminismo”, de Alfonso Roldán

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Más de 600 detenidos por la mayor red de falsificación de títulos. Unas 150 personas encausadas están relacionadas con la seguridad privada.

Policías, guardias civiles, bomberos y vigilantes de seguridad, entre los clientes.

Seis años de trabajo del Grupo II de Fraudes de la Comisaría de Málaga han culminado con el desmantelamiento de la mayor trama de falsificación de títulos académicos realizada hasta ahora en España, y cuyo balance es espectacular: más de 600 detenidos, cerca de mil imputados, unos 200 funcionarios expulsados tras constatarse que habían obtenido su plaza de forma fraudulenta y varios millones de euros de perjuicio para las administraciones. Una estafa faraónica cuyo epicentro fue una modesta academia de la avenida Héroe de Sostoa de la capital malagueña, y que se personifica en un falsificador que rebasa los 60 años a quien los investigadores sitúan en la cúspide de un entramado que se extiende por todo el país. 

Según pudo saber ABC, los resultados de esta operación ponen de relieve una corrupción de bajo perfil enraizada en la sociedad. La mayoría de los detenidos e imputados son personas que pagaron por adquirir falsificaciones de licenciaturas, diplomaturas, Bachiller o FP con las que se presentaron a oposiciones de empleo público y procesos selectivos en la empresa privada. Aunque también está el caso de un capitán del Instituto Armado que lo quería para «presumir». 

Un entrenador de fútbol 

Entre los clientes hay muchos policías locales, guardias civiles, policías nacionales, bomberos, trabajadores sanitarios, abogados, economistas, militares, funcionarios de la Junta, vigilantes, directores de seguridad e incluso un entrenador de fútbol de un equipo ahora en Segunda división. 

Las administraciones y Cuerpos de Seguridad han iniciado más de 200 expedientes de expulsión. Esta cifra es muy inferior al número de los casos realmente detectados, pero finalmente se ha decidido proponer el despido de aquellos en los que la titulación era un requisito imprescindible para obtener la plaza y en los que la misma computó de forma determinante en la puntuación del opositor. 

También hay que tener en cuenta que muchos de los que adquirieron los diplomas iban a trabajar en el sector privado. Por ejemplo, unas 150 personas encausadas están relacionadas con la seguridad privada, siendo el ámbito profesional donde más fraude se ha detectado. Unas 25 son policías locales de la provincia malagueña. 

La investigación comenzó en febrero de 2008 en Málaga después de que los agentes detectasen un aumento notable de falsificación de títulos oficiales, por lo que se puso en marcha la denominada operación Eladio.Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la fuente de origen: un falsificador que entonces rondaba los 60 años y que supuestamente había tejido un entramado delictivo en torno a una academia de formación. El «cabecilla» de la red, identificado como Manuel C. F. y que ahora tiene 66 años, contaba con una serie de cómplices que se dedicaban a captar a clientes -opositores «desesperados» por acceder a las ofertas de empleo público- y que supuestamente percibían un porcentaje por cada uno de ellos. 

Este individuo cobraba una media de unos 1.200 euros por título -dependía de la dificultad y el grado de importancia-, y era tal su pericia que personas de toda España acudían a Málaga para requerir sus servicios. Por ejemplo, en Santander fue arrestado a finales del pasado año un hombre que adquirió los diplomas de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, de Detective Privado y de Experto Universitario en Criminología. El arrestado declaró que había pagado unos 600 euros por cada uno. La clientela se reparte por Zaragoza, León, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Segovia, Melilla, Granada y Ciudad Real, y las ganancias obtenidas por el falsificador se estiman en 1.200.000 euros.

Fuente: ABC