La amenaza terrorista de ETA sobre las empresas y trabajadores que ejecutan las obras de la red ferroviaria de alta velocidad obligó al Gobierno Vasco y los contratistas a destinar entre los años 2008 y 2012 casi 32 millones de euros en seguridad privada sólo para aquellos tramos ubicados en Guipúzcoa.
La cifra total de dinero público destinado a la seguridad de las obras del tren de alta velocidad (TAV) en el conjunto de Euskadi es mucho mayor, ya que a esos 32 millones de euros hay que sumar los costes de seguridad asociados en los tramos que atraviesan Álava y Vizcaya cuya gestión es competencia de la Administración del Estado.
El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial facilita esta información en respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu. La coalición abertzale pide el dato del dinero invertido para contratar seguridad privada en los tramos de Guipúzcoa de las obras del TAV y cuestiona por las razones que llevaron al Gobierno Vasco a considerar necesario establecer medidas de protección.
La consejera Ana Oregi explica que la decisión de destinar dinero público a garantizar la seguridad de las obras está provocada por ETA y los atentados que perpetró durante 2008 contra diversos agentes ligados a la ejecución de esta infraestructura: "La presión fue creciendo hasta que el 3 de diciembre de 2008 asesina a Inaxio Uria, empresario de la construcción que participaba en las obras".
Oregi subraya a continuación que ETA hizo público en enero de 2009 un comunicado en el que afirmaba que responsables y técnicos del TAV eran su objetivo, justificaba el asesinato de Uria y lo enmarcaba en la "campaña armada" dirigida contra las obras del TAV. Y reproduce algunos de los párrafos del comunicado que no dejan lugar a dudas de las intenciones de la organización terrorista.
ETA, recuerda la titular de Medio Ambiente y Política Territorial, amenazó a través de su escrito a ingenieros, técnicos superiores, responsables o dirigentes de empresas. La banda les pidió que suspendieran las obras y advirtió que mientras en caso de continuar adelante "los citados responsables y sus propiedades serán objetivo de ETA".
ETS gastó 5,5 millones
La contratación de seguridad privada se produjo entre 2008 y 2012, y cesó a partir de entonces una vez constatada la veracidad del anuncio de ETA de finales de 2011 del fin de su actividad terrorista. La sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (ETS) afrontó en ese periodo de cinco años un gasto de 5,5 millones de euros para servicios de seguridad y actuaciones preventivas.
A esta cifra, y teniendo en cuenta que sólo se refieren a la seguridad de los tramos guipuzcoanos, hay que añadir los casi 26,5 millones de euros que destinaron al mismo fin los contratistas de las obras, lo que arroja una cifra total de cerca de 32 millones de euros.
El tramo en el que ETS gastó más dinero en seguridad fue Ordizia-Itsasondo, con 4,1 millones de euros, seguido por Legorreta y Tolosa, con 3,4 y 3,5 millones de euros respectivamente. Otros tramos superaron los 2 millones de euros en gasto de seguridad: Bergara-Antzuola, Beasain Oeste, Beasain Este y Tolosa-Hernialde, y el resto quedó por debajo de esa cantidad.
La respuesta parlamentaria de Oregi termina con la confirmación de que "no será necesario disponer de servicios de seguridad" en las obras del TAV "en tanto y cuanto no exista riesgo alguno para la integridad física de las personas, ni riesgo de posibles daños en los bienes relacionados" con este proyecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario