El contrato de seguridad incluía el control de pasajeros pese a que no aterrizan aviones.
Aerocas, la empresa pública que administró el aeropuerto sin aviones de Castellón hasta que SNC-Lavalin Aeroports asumió la gestión, adjudicó a Vigilancia y Sistemas de Seguridad SA, sociedad investigada en el 'caso Palau', el contrato de prestación del servicio de seguridad privada en el aeródromo.
El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, firmó el contrato como presidente de Aerocas el 30 de marzo de 2012 e incluía el pago -en dos anualidades- de casi dos millones de euros.Pese a que las instalaciones aún continúan sin recibir pasajeros, el acuerdo incluía el control de filtros de embarque, gestión de cámaras de seguridad o la inspección de detectores de metales. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Aerocas sólo pagó un millón de euros del contrato porque Pasiphae, la consultora de Josep Piqué, advirtió de las irregularidades del contrato tras comprobar que ofrecía servicios inexistentes y estaba sobredimensionado.
Según datos del registro mercantil, Vigilancia y Sistemas de Seguridad está participada por una empresa del sector de la construcción, Gestora de Viviendas SA, que a su vez deriva a otra sociedad cuya actividad se centra en el alquiler de bienes inmuebles, Tresuno SL.La Audiencia de Barcelona está investigando a Vigilancias y Sistemas de Seguridad SA, que cuenta con sede en Valencia, por su presunta implicación en el saqueo del Palau de la Música-Orfeó Català. Según los informes de Fiscalía incluidos en el sumario, Vigilancia y Sistemas de Seguridad SA colaboró en el «expolio» al presentar a El Consorci del Palau de la Música facturas que en realidad correspondían con obras en los domicilios de Félix Millet y Jordi Montull, cabecillas de la trama catalana.
Según el sumario judicial del caso Palau, Juan Antonio Rodes Castañé era representante legal de Vigilancia y Sistemas de Seguridad. Su nombre figura entre la lista de nuevos imputados propuestos por la sección vigésimo primera de la Audiencia de Barcelona en el auto de 12 de junio.
El contrato que firmó Aerocas con esta sociedad incluía la contratación de 27 vigilantes para garantizar la seguridad del Aeropuerto de Castellón pese a que por sus instalaciones no ha pasado ni un sólo pasajero desde su inauguración.
En concreto, según el acuerdo, «las actividades específicas a desarrollar» por parte de Vigilancia y Sistemas de Seguridad era «el control de los filtros de embarque (pasajeros y equipajes de mano), incluyendo máquinas inspectoras de rayos X, arcos detectores de metales, detectores manuales de metales, cabina de onda milimétrica, máquinas inspectoras de calzado».
Además, la adjudicataria se comprometía a diseñar «servicios alternativos requeridos en el ámbito de la seguridad por parte del gestor aeroportuario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado» pese a la inactividad del recinto.
El contrato firmado por Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por estafa fiscal, estuvo en vigor hasta que la consultora de Piqué recomendó rescindirlo por estar «sobredimensionado» y ser «claramente insaumible» para los gestores actuales.
El aeropuerto de Castellón ha tenido un coste superior a los 200 millones de euros incluidas las reformas posteriores para que los aviones pudieran despegar- y se espera que el primer avión comercial aterrice antes de 2015.
No hay comentarios:
Publicar un comentario