La recién creada Comisión Mixta de Seguridad Privada en la provincia de Cáceres recibe las primeras denuncias por intrusismo, uno de los principales problemas del sector. Mientras, inmuebles como el Complejo Hospitalario, la Ciudad Deportiva o edificios de la Universidad de Extremadura pierden en seguridad.
El recorte en las licitaciones de las administraciones públicas y el intrusismo laboral son los principales problemas con los que se encuentra la seguridad privada, un sector que está además inmerso en una serie de cambios debido a la nueva Ley de Seguridad Privada que entró en vigor el pasado 4 de junio y que concede más funciones a los vigilantes, entre ellas la de poder prestar servicio en centros penitenciarios o en zonas oficiales como aeropuertos previa autorización, así como la regulación del control de las videocámaras.
En la región hay unos 1.600 vigilantes de seguridad privada, 700 en la provincia cacereña, y en lo que va de crisis se han perdido el 30 por ciento de los puestos de trabajo y numerosos edificios públicos de la ciudad han perdido en seguridad. Así, el secretario de organización de la Federación de Construcción y Servicios Públicos de Comisiones Obreras, Antonio Pino, detalla que el Hospital San Pedro de Alcántara ha recortado en 3.000 las horas de vigilancia al año y el Auditorio no tiene ningún vigilante.
Además el Centro de Enseñanza Integrado contaba con dos vigilantes las 24 horas y se ha quedado sólo con uno para el turno de noche, al igual que la Ciudad Deportiva que también sólo cuenta con la vigilancia nocturna o las Facultades de la Universidad de Extremadura, que han pasado de tener vigilancia individual a contar con una única patrulla para todo el campus, según indica Pino.
Asimismo el representante sindical alerta de las “condiciones abusivas” que están sufriendo los vigilantes que conservan su trabajo pasando de realizar 162 horas mensuales a 200 horas y en algunos casos “hasta 230 horas con un sueldo de 867 euros al mes” denuncia Pino.
A todo esto hay que añadir el intrusismo laboral, así en obras y empresas como plantas de placas solares, se ha dejado de contratar a personal formado y especializado y el circuito cerrado de televisión es controlado por personas fuera de la seguridad privada, “sin que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado puedan perseguirlo al no contar con los recursos suficientes”, señala el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO.
Ante este panorama se ha impulsado en la provincia la Comisión Mixta de Seguridad Privada a través de la Subdelegación del Gobierno y de la que forman parte el Teniente Coronel de la Guardia Civil, los Jefes de la Policía Nacional, representantes sindicales y academias de formación y tiene entre sus funciones: establecer criterios de homogeneización de actuaciones entre administraciones, intercambiar experiencias, actividades de formación y asesoramiento entre otras.
Uno de los impulsores de la mencionada comisión ha sido el presidente de la Asociación de Directores de Seguridad Privada de Extremadura (ADISEX), Alfredo Fondón, quien además ha hecho hincapié en que este organismo servirá “para dar voz al colectivo de trabajadores en seguridad privada” y que luchará “contra el intrusismo y a favor de la profesión”, algo que según Fondón, también potencia la nueva Ley, que sustituye a la anterior de 1992.
Para Fondón la normativa supone “un paso adelante importante” en cuanto a abrir nuevos campos de trabajos. De esta forma, ya ha salido a licitación la vigilancia privada del centro penitenciario de Cáceres, en el cual se va a establecer un turno de 24 horas y otro de 12 horas.
El presidente de ADISEX, ha anunciado que están en conversaciones con la Delegación del Gobierno para crear la Comisión Mixta Regional, que también velará por la figura del director de seguridad privada, obligatoria en infraestructuras críticas como pueden ser la Central Nuclear de Almaraz, el embalse de Alcántara o complejos hospitalario, incumpliéndose en este último caso en la capital cacereña.
Vigilancia en los Palacios de Justicia
Los recortes en vigilancia, promovidos por el ministerio de Justicia, han afectado a Extremadura dejando a los Juzgados de Montijo y Villanueva de la Serena sin vigilancia y perdiendo la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres el turno de noche.
Además han sufrido recortes y reajustes en la plantilla los Palacios de Justicia de las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz con una reducción de unas 30 horas semanales, según el comité de empresa de Prosegur, empresa concesionaria del servicio de vigilancia de Justicia.
El reajuste también se ha notado en Juzgados como los de Coria y Trujillo en donde la vigilancia está establecida únicamente de 9:00 a 14:00 horas. Pero sin duda, los edificio que más han perdido son los de Villanueva de la Serena y Montijo que se han quedado sin vigilancia las 24 horas y la sede del TSJEx, que ha sufrido un recorte del 70 por ciento de horas de vigilancia, en total unas 10.000 horas menos al año y que ha supuesto dejar a la plantilla de cinco vigilantes en dos, siendo el resto recolocado por la empresa en otros servicios.
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