La Asociación de Policía Local de Cantabria (APLC-CSL) se ha quejado de la contratación de un "gran número" de vigilantes de seguridad en todo el área donde se disputa el Mundial de Vela para realizar funciones que "tradicionalmente" han sido desarrolladas por agentes del Cuerpo, lo que, a su juicio, supone el "inicio del proceso de privatización de la Policía Local de Santander".
Así lo ha denunciado este sábado en un comunicado el representante de la Asociación, Luis Manuel Gutiérrez, que ha achacado esta situación a la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Privada.
A su juicio, la contratación de vigilantes de seguridad de diferentes empresas para vigilar y custodiar todo el sector del Mundial, que comprende las calles La Unión, Castelar, Gamazo y Carrero Blanco, es una "prueba" de esta "privatización".
La Asociación de Policía Local de Cantabria, que ha subrayado que todas esas calles son públicas, ha asegurado que incluso en algunas horas del día los agentes de seguridad privada se encargan de cortes de tráfico en la zona y del patrullaje con gran variedad de vehículos.
Según ha dicho, se ha relegado a la Policía Local de Santander a un papel "meramente testimonial" en la zona, con la presencia —dice— de una "sola" pareja de agentes en los accesos.
Una plantilla "similar" a la de 1970
APLCantabria-CSL ha opinado que estos hechos, unidos a la "disminución" de plantilla —señala que se han perdido más de 30 efectivos que no han sido repuestos— y a las próximas jubilaciones, "dejaran una plantilla muy mermada y similar a la existente en 1970".
"Queda claro que la nula reposición de efectivos así como la sustitución de policías por vigilantes es una muestra evidente de la voluntad del equipo de Gobierno municipal de reducir el Cuerpo de Policía Local de Santander en aras de los intereses mercantiles de las empresas privadas de seguridad", ha aseverado.
Los santanderinos pagan policías y el ayuntamiento ofrece vigilantes
Este colectivo ha advertido de que los vecinos de Santander están pagando con sus impuestos un servicio de Policía Local y el Ayuntamiento les está ofreciendo uno de vigilantes de seguridad, lo que, a su juicio, es una situación de "evidente de fraude cuando menos al ciudadano".
"La seguridad tiene que ser un derecho público y no un privilegio al alcance de unos pocos", ha añadido.
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