La Ertzaintza realiza simulacros con bancos ante posibles atracos con rehenes.

 La Ertzaina ha llevado a cabo en los últimos meses diversos simulacros en colaboración con entidades bancarias para reforzar el protocolo de actuación ante atracos en los que pueda haber rehenes.

El jefe de unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza, Francisco Llaneza, ha informado de estas actuaciones en la conferencia que ha pronunciado, bajo el título "Planes de seguridad y gestión de crisis", en el I Congreso de Seguridad Privada de Euskadi, que se celebra hoy en el Paraninfo de la UPV/EHU en Bilbao.

Llaneza ha explicado que la iniciativa de colaboración con los bancos comenzó en 2012, tras un tiroteo que hubo en julio de ese año en San Sebastián en el que falleció uno de los atracadores y uno de los policías recibió dos impactos, uno en el chaleco y otro en el cargador.

"Todo esto nos hizo replantearnos qué hacer para evitar que ocurra algo similar", ha señalado el mando de la Ertzaintza.

Llaneza ha relatado en su intervención cómo se pusieron en contacto con los directores de las entidades bancarias del País Vasco, visitaron sus oficinas y tuvieron reuniones con la seguridad privada de los locales.

"El primer procedimiento fue transmitir a nuestras autoridades todo la información que dispone la central en el momento de la alarma", ha explicado Llaneza.

Esto ha favorecido que los operadores de la Ertzaintza sepan qué tienen que decir y preguntar ante una llamada de aviso para que las unidades lleguen al lugar con la mayor información posible.

El jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza ha explicado que han hecho simulacros y colaboraciones ante casos en los que el atraco sea con rehenes, para poder poner en marcha un protocolo que no ponga en peligro ni a los agentes, ni a los ciudadanos.

Los simulacros han favorecido que la policía autónoma vasca se coordine con la seguridad de las entidades bancarias y pueda actuar desconcertando a los atracadores.

"Desde allí, podemos apagar, encender luces, abrir puertas, bajar persianas...", ha explicado Llaneza, que confía en que toda la preparación ayude a intervenciones mucho más correctas.

Fuente: ABC

Miguel Angel Flores (Madrid Arena )imcumplio tambien una ley estatal.

Dentro del cúmulo de imprudencias en las que incurrió Miguel Ángel Flores en la fiesta que organizó hace justo hoy un año, también está una ley orgánica, cuya vulneración es mucho más grave que la de cualquier contrato mercantil privado o ordenanza municipal.

El promotor de la «Thriller Music Park» debía haber contratado seguridad privada para el interior del pabellón, según fuentes policiales, tal y como establece la Ley Orgánica de Seguridad Privada 23/92, que actualmente se encuentra en proyecto de reforma. Esta norma exige la contratación de profesionales habilitados para la vigilancia de espectáculos públicos.

Es decir, que la seguridad de los asistentes se garantice con personal preparado que haya tenido que superar unas pruebas de conocimientos y capacidades y estén registrados en el Ministerio del Interior. Sólo estos profesionales garantizan de forma legal la seguridad y no meros controladores de acceso que implemente tienen capacidad para mirar un DNI o no permitir la entrada de más público cuando se haya completado el aforo.

De hecho, la defensa de «Kontrol, 34», va en esa línea. Conocedores de que no tienen potestad legal para ejercer la seguridad, la empresa de porteros de discoteca contratada por Flores aquella noche está capitaneada por Carlos Manzanares, un conocido portero, pero sus chicos son controladores de acceso y, según la ley, no pueden realizar labores de seguridad (patrullar por el interior del recinto e intervenir armas, drogas o cachear), por lo que durante el proceso judicial aseguran que sólo hicieron labores de «azafatos».

En definitiva, Flores no tenía una seguridad privada en el interior del recinto que debería haber sido de al menos 100 vigilantes, si sólo hubiera metido a 10.000 personas en el Arena. El número de profesionales en realidad debería haber ascendido a 400 para casi 17.000 personas y, además, deberían estructurarse en forma piramidal con un jefe de seguridad por cada ocho vigilantes. Además, estos vigilantes, según la Ley Orgánica, deben pertenecer a una empresa homologada por Interior y estar uniformados, algo que no se cumplía en «Kontrol, 34» porque no se trata de una empresa de seguridad sino de controladores. Sólo había cerca de 40 vigilantes de seguridad (los empleados de Seguriber) y, además, impuesto por el Ayuntamiento en el contrato de alquiler del recinto al promotor.

Nuevo precinto para la sala Caracol
Había organizado una fiesta de Halloween para este sábado pero la Sala Caracol, cuya reapertura provisional fue autorizada por el Ayuntamiento de Madrid en abril tras ordenar su precinto un mes antes en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), volvió ayer a ser clausurada y precintada. El motivo de esta actuación, informaron fuentes municipales, es que tiene licencia para funcionar como taller de enseñanza musical pero no permiso como sala de conciertos.

 

 

Fuente: La Razon

Casesa estudia la compra de empresas regionales de segurida d para crecer.

Castellana de Seguridad (Casesa) acaba de recibir un importante refuerzo, con la entrada de Barigs en su capital, que ha supuesto una ampliación de diez millones de euros. Castellana de Seguridad de Casesa) acaba de recibir un importante refuerzo, con la entrada de Barings en su capital, que ha supuesto una ampliación de diez millones de euros.

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Castellana de Seguridad (Casesa) acaba de recibir un importante refuerzo, con la entrada de Barigs en su capital, que ha supuesto una ampliación de diez millones de euros. Castellana de Seguridad de Casesa) acaba de recibir un importante refuerzo, con la entrada de Barings en su capital, que ha supuesto una ampliación de diez millones de euros. Castellana de Seguridad (Casesa) acaba de recibir un importante refuerzo, con la entrada de Barigs en su capital, que ha supuesto una ampliación de diez millones de euros. Castellana de Seguridad de Casesa) acaba de recibir un importante refuerzo, con la entrada de Barings en su capital, que ha supuesto una ampliación de diez millones de euros.

Fuente: Casesa.es

Nuevo número de Gaceta Sindical en el que informamos de la apertura del plazo para matricularse en los cursos de Relaciones Laborales.

Aquí tienes un nuevo número de Gaceta Sindical en el que informamos de la apertura del plazo para matricularse en los cursos de Relaciones Laborales, que imparte la Universidad Nacional a Distancia (UNED), en colaboración con CCOO. 

Unos cursos que dan continuidad al acuerdo firmado en 2011, entre la universidad y el sindicato, para la realización de actividades de formación permanente y con el objetivo de formar profesionales en relaciones laborales (con o sin titulación superior).

No dejes pasar esta nueva oportunidad. El próximo 13 de noviembre finaliza el plazo para matricularse.

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Madrid semanal Digital nº 317, 29 de octubre de 2013.

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Sentencia del Tribunal Superior de justicia de Madrid, favorable al trabajador (Vigilante de seguridad) por modificación sustancial de las condiciones de trabajo (Art. 41 del E.T.)

El trabajador fue cambiado de centro, de horario y de responsabilidades (Jefe de equipo), la sentencia determina que:

"Este cambio de horario constituye una modificación sustancial para el que no se ha seguido el trámite previsto en el artículo 41 del ET y esa modificación, adoptada como represalia ante su disconformidad con la nueva reubicación y horario, constituye un menoscabo de la dignidad del trabajador que le hace desmerecer de cara a sus compañeros de trabajo, antes subordinados, que han sido reubicados respetando y teniendo en cuenta los domicilios de cada uno de ellos y el horario dentro de las posibilidades de la empresa, que no solo obtienen mejor reubicación que el demandante sino que ven que le imponen un horario que le tiene ocupado todo el día, lo que pone de manifiesto una grave situación vejatoria para el actor, al haberle impuesto unas condiciones que contravienen lo establecido"

Acceso a la Sentencia

Acta de la Comisión Paritaria para la interpretación y aplicación del Convenio Colectivo de las Empresas de Seguridad 2012-2014 (28 de Octubre de 2013).

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Documentos relacionados y mencionados en el acta:

                             
        Documento 1                         Documento 2                            Documento 3

     

                                               

                                        Documento 4                          Documento 5

Segur Ibérica abonara los pluses atrasados en Metro-Madrid.

Tras las gestiones realizadas por los delegados de CC.OO., miembros del Comité de Empresa, en Segur Ibérica-Madrid, los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el Metro-Madrid, los cuales no cobraron en algunas de sus nominas todos los conceptos, verán regularizados todos los pluses atrasados y adeudados por la empresa en la nomina del mes de Octubre.

Os adjunto el documento remitido por la empresa a la atención del Comité.

Acceso al documento

Revista Segurpri, publicada por la UCSP. Monografico nº 24 (Enmiendas a la ley de Seguridad Privada).

  Acceso a la revista

CCOO rechaza el control de las altas médicas por las Mutuas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común.

El nuevo procedimiento propuesto por el Gobierno supone dar a las Mutuas, de forma indirecta, el control sobre las altas médicas en los casos de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común. Para CCOO, el Gobierno da prioridad a la reducción de costes para las empresas en lugar de garantizar la adecuada recuperación de la salud que representa el actual método de altas y bajas.

El Gobierno ha aprovechado una propuesta de modificación técnica en el reglamento de gestión de la incapacidad temporal para introducir la posibilidad de que las Mutuas de Accidentes de Trabajo puedan tener el control de las altas médicas en los casos de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común.

CCOO, además de criticar el oportunismo del Gobierno, considera que la propuesta supone dar a las Mutuas, de forma indirecta, el control sobre las altas médicas articulando un procedimiento en el que utilizan el posible silencio administrativo de los servicios públicos de salud a las propuestas de alta realizadas por ellas.

El procedimiento puede generar situaciones de grave inseguridad jurídica ya que, paradójicamente, el responsable final del alta es el propio médico del sistema público de salud que no ha respondido en los plazos previstos al requerimiento de la Mutua. Por tanto, el trabajador enfermo podrá ser dado de alta aún a pesar de que el médico del servicio público que le diagnosticó la enfermedad común no se haya pronunciado.

CCOO denuncia que con esta propuesta el Gobierno da prioridad a la reducción de costes que para las empresas tienen las bajas por enfermedad común, antes que garantizar la adecuada recuperación de la salud que el actual método de altas y bajas contiene al dejar esta decisión en manos de los facultativos del servicio público de salud. Las organizaciones empresariales llevan años reclamando que las Mutuas sean quienes decidan cuándo un trabajador debe reincorporarse a la actividad laboral.

En cualquier caso, el intento de asignar esta nueva competencia a las Mutuas desborda el ámbito legal de actuación que tienen establecido actualmente como meras colaboradoras en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, pero supeditadas siempre al criterio médico de los facultativos del Sistema Público de Salud para establecer cuándo corresponde dar una baja y un alta por enfermedad común a un trabajador.

Finalmente, CCOO critica el hecho de que el contenido propiamente dicho del proyecto de Reglamento de gestión de la IT, que incluye ciertas mejoras que reducen los trámites administrativos e introduce aspectos que tienden a clarificar las garantías en los procesos, desaproveche la oportunidad para desarrollar puntos más sustanciales de la mejora de la gestión de la IT.

Fuente: CC.OO.

El último servicio de Mauro Fdez. Perez. La Policía distingue a título póstumo al vigilante privado que resultó herido en el atraco a un furgón blindado en 1990.

El hijo de Mauro recoge la distinción a título póstumo concedida a su padre

Ayer se hizo justicia con la figura de Mauro Fernández Pérez, fallecido hace un año, vigilante de Prosegur, que en marzo de 1990 fue tiroteado en un atraco. Hace 13 años, una banda de delincuentes italianos asaltó el furgón blindado de la empresa Brink´s Emece en Puerto de la Cruz, hiriendo a Mauro.

En un salón lleno hasta la bandera, su viuda y sus dos hijos recogieron la distinción con la que la Policía Nacional, dentro de los actos del Día de la Seguridad Privada, organizó ayer en la sede principal de Caja Rural-CajaSiete en Santa Cruz de Tenerife. Con este gesto, el cuerpo quiere agradecer la colaboración de la compañías privadas de seguridad.

Junto a los familiares de Mauro Fernández fueron reconocidos otros 13 vigilantes y una empresa de seguridad privada como homenaje a la labor que han desarrollado en la provincia.

En una entrevista concedida a la opinión de tenerife meses antes de morir, Mauro Fernández narraba cómo ocurrieron aquellos hechos en los que perdió la vida su compañero Francisco Luaces Fariña, de 23 años, asesinado a sangre fría de varios tiros de pistola. El agente, que ejerció su profesión durante 33 años, relató que fue alcanzado por dos proyectiles del calibre 7,65. Uno de ellos le atravesó el hombro derecho, mientras que el otro penetró por el costado izquierdo. Si Pérez logró salvar su vida fue tan solo porque al atracador se le encasquilló la pistola.

El atraco ocurrió cuando Mauro Fernández, que conducía, y su compañero, Francisco Luaces, se dirigieron al hotel Bonanza de Puerto de la Cruz a recoger 35 millones de pesetas, además de divisas del puesto de cambio de los alojamientos turísticos.

Mauro relataba con lágrimas en los ojos la última vez que vio con vida a su compañero y lo eternamente agradecido que quedó a un joven cirujano, el doctor Antonio Alarcó, que le operó de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, ya que su esposa trabajaba en la casa del médico.

"Yo no los vi venir, solo recuerdo a uno de ellos que desde atrás me ametralló [Ugo Nevi]. Traté de cubrirme en el sillón del blindado, pero él llegó a la altura de mi puerta y fue a rematarme. Abandoné el coche y me refugié en el hall del hotel; pero fui alcanzado por otro disparo. Luego, cuando trató de acabar con mi vida, la pistola se le encasquilló", rememoraba Mauro.

La Policía pronto cercó a los autores y dieron con Ugo Nevi, que cumplió condena por estos hechos en Tenerife II y el resto de la banda, Corrado Carnevali, Marco Fagiolo, Walter Brizi, su novia Laura Corso y Cesare Rosati, que fueron juzgados el 24 de noviembre de 1992 por el Tribunal de Lo Criminal de Roma.

Mauro Fernández también acudió al proceso, una etapa que recordaba con cariño y admiración hacia los Carabinieri que le prestaron protección y toda clase de desvelos.

Ayer no pudo recoger la mención a la que se hizo acreedor, pero su familia, rodeada del calor de muchos compañeros de profesión y de agentes del CNP con los que compartió jornadas hicieron que su ausencia fuese más llevadera.

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Fuente: La opinión

La Policía Nacional reconoce la labor de 57 profesionales de la Seguridad Privada en Las Palmas de G.C.

Vigilantes, detectives y otros trabajadores del sector reciben una homenaje por su labor

Un total de 57 profesionales de la seguridad privada se convirtieron ayer en los primeros homenajeados por su labor durante la celebración por primera vez en la historia del Día de la Seguridad Privada que se celebran en las Islas. Estos profesionales del sector de la seguridad fueron homenajeados en un acto organizado por la Jefatura Superior de Policía de Canarias que se celebró en el Club de Natación Metropole de Las Palmas de Gran Canaria.El jefe superior en funciones, José Luis Lázaro Hernández, fue el encargado de entregar diez agentes privados las menciones honoríficas de la categoría A y 47 de la categoría B, compuesto entre vigilantes de seguridad, detectives privados, directores de seguridad y jefes de seguridad por su dedicación en el trabajo.

Esta jornada, que realmente se celebran el día 21 de marzo como se hará el próximo año fueron aprobadas por el Ministerio de Interior y se establece que las menciones honoríficas y otros reconocimientos que puedan concederse al personal o empresas de seguridad privada, se entregarán con ocasión de la celebración del Día de la Seguridad Privada o de actos de reconocimiento social al servicio que presta la Seguridad Privada, las cuales serán de categoría A o B, en atención a los méritos demostrados, según informó ayer la Jefatura Superior de Policías de Canarias en un comunicado.

Fuente: La provincia

Estrasburgo ratifica la condena impuesta a un reo al que un jurado absolvió del asesinato de dos vigilantes de seguridad.

- Un jurado popular absolvió a Antonio Naranjo del asesinato de dos guardas de seguridad durante un robo. 

- El fiscal recurrió la sentencia y el TSJ de Cataluña le condenó porque su labor de vigilancia fue clave aunque no disparara.

- El reo denunció en Estrasburgo que el TSJC no le tomó declaración vulnerando los derechos humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falló este martes a favor de España en el caso de Antonio Naranjo, que se quejó por su condena sin ser oído por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de ser absuelto por la Audiencia Provincial como coautor de dos asesinatos. 

Naranjo Acevedo (1966 y residente en Sant Vicenç dels Horts, Barcelona) participó en 2002 en el robo del complejo Parc Vallès de Terrassa, donde fueron asesinados dos vigilantes de seguridad, que fueron rematados en el suelo. 

La Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a cuatro años de cárcel por un delito de robo con uso de armas, y a un año y seis meses por posesión ilícita de armas, pero lo absolvió de dos delitos de asesinato de los que estaba acusado. 

El jurado entendió que el demandante no conocía las intenciones de los otros imputados para acabar con la vida de los vigilantes y no disparó sobre ellos. 

El fiscal recurrió ante el TSJC, que dictó sentencia tras celebrar una vista sin la presencia de Naranjo. En ese dictamen, le absolvió del delito de posesión ilícita de armas, pero le condenó a dos penas de 15 años de prisión como coautor de otros tantos delitos de asesinato. 

Según el TSJC, el demandante formaba parte del plan para robar las sacas que contenían 219.700 euros, que dio lugar a los asesinatos. La tarea de vigilancia de Naranjo fue esencial para que el dinero acabara en manos de los delincuentes. 

De acuerdo con la sentencia de este martes, dictada por un Comité de tres jueces del Tribunal de Estrasburgo (por ser un asunto repetitivo), España no violó el artículo 6.1 (toda persona tiene derecho a que su causa sea oída) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los magistrados estimaron que el testimonio del demandante en la vista del TSJC "no era indispensable", ya que su abogado sí participó en esa vista y "presentó los argumentos que estimó necesarios para la defensa de su cliente". 

Según el Tribunal de Estrasburgo, el TSJC se limitó a examinar aspectos "puramente jurídicos sin que los hechos probados en primera instancia se hayan modificado".

Fuente: 20 minutos

Jorge Hernández Mollar (Subdelegado del Gobierno en Malaga) destaca el "tándem perfecto" que forman la seguridad privada y la pública

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, ha reconocido este jueves el trabajo que desempeñan los profesionales de la seguridad privada, que, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "constituyen un tándem perfecto para garantizar la seguridad, prevenir los delitos y proteger a las personas y bienes".

Hernández Mollar, que ha presidido este jueves la octava edición del Día de la Seguridad Privada en Málaga, ha destacado "el gran servicio" que prestan y ha señalado que reuniones como ésta hacen visible la labor del colectivo. Asimismo, ha felicitado a todos los profesionales que han sido distinguidos por su labor y entrega a la hora de desempeñar el trabajo.

En el acto, organizado por las Asociaciones de Empresas de Seguridad Privada AMES-FES y Aproser, también han estado presentes el comisario General de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el comisario jefe provincial de Málaga, Pedro Garijo; y el coronel de la Guardia Civil de Málaga, José Sánchez.

"Las empresas de seguridad privada son colaboradores indiscutibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la máxima seguridad de la población", ha incidido el representante del Ejecutivo central en Málaga.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha abogado por difundir la utilidad social "de esta importante profesión" y por sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad ciudadana.

Según ha manifestado Hernández Mollar, en Málaga trabajan unos 6.000 vigilantes que prestan sus servicios en toda la provincia en 180 empresas homologadas. Además, ha destacado que la seguridad privada en España ha experimentado "un extraordinario" desarrollo en los últimos años.

COORDINACIÓN ENTRE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

Por otro lado, el subdelegado ha recordado que el Gobierno recientemente ha aprobado el proyecto de la Ley de Seguridad Privada en España, que se está discutiendo en la actualidad en Las Cortes.

Al respecto, ha señalado que la normativa impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad, que no estaban recogidos por la anterior normativa de 1992. Además, combatirá el intrusismo y conllevará graves sanciones, como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

Por último, ha agradecido, de igual modo, el trabajo de escolta que han prestado, especialmente, protegiendo a autoridades y otras personalidades en el País Vasco. 

Fuente: ivecinos.es

El Tribunal tumba el contrato de seguridad privada del Consistorio de Almeria.

Nuevo varapalo jurídico al Ayuntamiento de Almería, que se ha visto obligado a desistir de la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada, así como de auxiliares de servicios, con los que el equipo de gobierno pretendía aliviar la sobrecarga de trabajo de los efectivos de la Policía Local. 

El Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía ha anulado la contratación al entender que los pliegos diseñados contravienen la libre concurrencia. El dictamen, emitido el pasado día tres, responde a los recursos especiales en materia de contratación que han presentado la empresa Avizor Portal de Seguridad y la Asociación de Empresas de Seguridad Privada Integral. 

La resolución del Tribunal llega después de un año de tramitación burocrática y cuando al concurso de adjudicación de estos servicios, por un periodo de dos años prorrogables por otros dos y un presupuestos de dos millones de euros, se habían presentado dos ofertas. El Tribunal optó por suspender de forma cautelar el proceso el pasado 19 de julio, anulándolo definitivamente a principios de este mes al estimar la vulnerabilidad de los principios de concurrencia e igualdad. 

En los pliegos de condiciones, diseñados por encargo de la Concejalía de Seguridad y Movilidad, se exigía la acreditación a las empresas que concurrieran de la disposición de un mínimo de 100 vigilantes en la provincia de Almería, cuando el contrato arbitrado era para once vigilantes. Además, el Tribunal señala que el carácter de "arraigo" no puede estar contemplado en los contratos del sector público, entre otros criterios. El equipo de gobierno, reunido en Junta de Gobierno Local, ha aprobado desistir de este concurso, pudiendo ahora proceder a uno nuevo.

Fuente: elalmeria.es

La Subdelegación del Gobierno en Jaen resalta la labor de los profesionales de seguridad privada "en beneficio del bien común".

Un total de 38 profesionales del sector de la seguridad privada han sido este jueves distinguidos en Jaén con otras tantas menciones honoríficas concedidas por "el cumplimiento de sus funciones y su relevante cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" (FCSE), entregadas en un acto que se ha celebrado en la sede de la Subdelegación del Gobierno, cuyo titular, Juan Lillo, ha destacado la "excelente tarea" que, a su juicio, realizan dichos profesionales "en beneficio del bien común". 

Según ha informado la Subdelegación en una nota, durante su intervención en dicho acto —al que han acudido, junto a responsables del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, representantes de entidades, organizaciones y profesionales de la seguridad privada—, Lillo ha manifestado que dichos trabajadores se han convertido en factores fundamentales en la prevención del delito y en la protección de personas y bienes. 

Así, ha subrayado que "la acción profesional de la seguridad privada se encuentra presente en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana de los españoles, desde la protección domiciliaria hasta la seguridad de las más importantes infraestructuras del país". 

También el subdelegado del Gobierno se ha referido a la importancia que, a su juicio, tiene para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la colaboración de los vigilantes de seguridad, todo ello enmarcado en un "ambicioso planteamiento de seguridad integral en el que se reconoce la seguridad privada como un complemento de la seguridad pública, donde destaquen los principios de complementariedad, cooperación y responsabilidad". 

Tras insistir en que la acción de estos profesionales es un "apoyo importantísimo para que las FCSE puedan cumplir sus funciones", el subdelegado ha resaltado el compromiso que, en su opinión, mantiene el Gobierno con el impulso y la mejora de la seguridad privada, que se traduce "en el fomento de programas de formación y acreditación del profesorado, el nuevo reglamento europeo de transporte transfronterizo del euro y la apertura a la seguridad privada de nuevos servicios, como son la vigilancia en centros penitenciarios y en buques".

 Importancia laboral del sector

 Igualmente, ha dado cuenta de la importancia del sector de la seguridad privada en el ámbito económico y laboral, ya que da empleo en España a "cerca de 90.000 personas", mientras que en Jaén operan 28 empresas que cuentan en nómina con 529 profesionales. 

En esta línea, se ha remitido al Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que dotará a las empresas del sector de "un instrumento eficaz para reordenarlo y fortalecerlo de cara al futuro y contribuir de esta forma a dinamizar nuestra economía". 

Finalmente, ha recordado la orden del Ministerio del Interior declarando institucionalmente el 21 de mayo como el Día de la Seguridad Privada, fecha en la que se reconocerá cada año "la labor esencial" que desarrolla la seguridad privada y, a la vez, será el marco para "divulgar la utilidad social de esta importante profesión y sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad ciudadana, como valor y como activo de una sociedad libre y próspera". 

En el curso del acto se ha hecho entrega de 38 menciones honoríficas —dos de ellas de la categoría A y 36 de la categoría B—, concedidas por el Cuerpo Nacional de Policía a otros tantos profesionales de la seguridad privada que se han distinguido "en el ejercicio de su función y su especial colaboración con las FCSE".

Fuente: 20 minutos

La AUGC pide que la empresa privada se encargue de la violencia de género.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que ha propuesto al Gobierno de España que los agentes de las empresas de seguridad privada que se pretenden derivar a los centros penitenciarios, en detrimento de personal de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, se encarguen de labores de protección a mujeres víctimas de violencia de género.

El presidente nacional del sindicato, Ramón Rodríguez, ha asegurado que la presencia de estos agentes de seguridad privada “no tiene justificación alguna en las cárceles”, por lo que ha pedido que no se “cuestione” el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios.

La AUGC considera que estos trabajadores de empresas privadas no cuentan con la formación suficiente para realizar estas labores. “No es posible que con un cursillo de quince días puedan desempeñar labores de la Guardia Civil o de la Policía Nacional”. Además, no supone un ahorro tal y como se ha planteado desde el Gobierno para justificar la decisión, ya que se incrementa el número de empleados, ya que no existe sustitución de puestos.

Formación equiparable

Por eso, afirma que la modificación de la ley conllevará la creación de un “cuerpo de seguridad más pequeño y más barato”, que restará competencias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “En la AUGC no hay ningún interés en ir en contra de la seguridad privada, pero para modificar esta ley hay que contemplar planes de formación que sean equiparables”.

Además, considera que este “afán privatizador” no justifica el argumento por el que se planteó esta ley, que no era otro que el de dar ocupación a los escoltas de seguridad privada que desarrollaban sus labores en el País Vasco, tras el anuncio de ETA de dejar las armas. Según Rodríguez, de los más de 200 trabajadores del sector que desde abril se han incorporado a 21 centros penitenciarios, sólo el 20% son antiguos escoltas.

“Rechazamos la privatización de servicios que puede llevar a que tenga seguridad quien más paga y es algo tremendamente injusto. Además, la incorporación de la seguridad privada puede llevar a que los compañeros a traslados a otros destinos”, ha lamentado el presidente nacional del sindicato.

Fuente: leonnoticias.com

CCOO no comparte la sentencia del Tribunal Constitucional que deniega amparo a una trabajadora despedida en el periodo de prueba.

La Secretaría de la Mujer e Igualdad de CCOO ha mostrado en un comunicado público su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de octubre, al considerar que la tutela judicial que se debe otorgar en las situaciones de embarazo frente a cualquier decisión extintiva del contrato por el empresario, es una exigencia derivada no sólo del derecho constitucional de no discriminación por razón del sexo, sino también del derecho constitucional de la trabajadora de preservar su intimidad y dignidad.

La Confederación Sindical de CCOO sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de diez de octubre de 2013, denegando amparo a una trabajadora despedida en el periodo de prueba.

La CSCCOO muestra su total rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de octubre, al considerar que la tutela judicial que se debe otorgar en las situaciones de embarazo, frente a cualquier decisión extintiva del contrato por el empresario, es una exigencia derivada no sólo del derecho constitucional de no discriminación por razón del sexo, sino también del derecho constitucional de la trabajadora de preservar su intimidad y dignidad.

El conocimiento o no por el empresario de la situación de embarazo no puede ser considerado requisito para otorgar la tutela judicial exigible en las extinciones de los contratos de las trabajadoras embarazadas, y en consecuencia para declarar o no la nulidad de dichas extinciones.

En opinión de CCOO, no hay razones constitucionales que justifiquen una protección judicial distinta, por el hecho de que la trabajadora embarazada sea despedida por razones disciplinarias u objetivas, o lo sea mediante la extinción del contrato en periodo de prueba. La finalidad 

constitucional de la protección judicial frente a las extinciones de contratos de las trabajadoras embarazadas, es proporcionarlas una tutela más enérgica que la ordinaria frente a la discriminación, sin que para ello deba ser requisito exigirlas un plus de prueba sobre el conocimiento del empresario del embarazo, lo que afectaría a su derecho de intimidad.

Asimismo, la Secretaría de Mujer e Igualdad de CCOO considera que la tutela frente a actos unilaterales del empresario, que afecten negativamente a las trabajadoras embarazadas, exige a nuestros tribunales incluido el Tribunal Constitucional, una interpretación de las leyes desde la perspectiva constitucional, valorando la totalidad de los derechos constitucionales de la trabajadora que pueden ser afectados, lo que al entender de este sindicato no ha sido tenido en cuenta en la sentencia de diez de octubre.

Por otra parte, CCOO entiende que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional está aplicando indebidamente la Directiva 1992/85/CEE, de 19 de octubre, de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, lo que espera sea corregido con el correspondiente recurso ante el Tribunal de Justicia europeo.

Fuente: CC.OO.

Nota de prensa

La CSCCOO muestra su total rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de octubre, al considerar que la tutela judicial que se debe otorgar en las situaciones de embarazo, frente a cualquier decisión extintiva del contrato por el empresario, es una exigencia derivada no sólo del derecho constitucional de no discriminación por razón del sexo, sino también del derecho constitucional de la trabajadora de preservar su intimidad y dignidad.

El conocimiento o no por el empresario de la situación de embarazo no puede ser considerado requisito para otorgar la tutela judicial exigible en las extinciones de los contratos de las trabajadoras embarazadas, y en consecuencia para declarar o no la nulidad de dichas extinciones.

No hay razones constitucionales que justifiquen una protección judicial distinta, por el hecho de que la trabajadora embarazada sea despedida por razones disciplinarias u objetivas, o lo sea mediante la extinción del contrato en periodo de prueba. La finalidad constitucional de la protección judicial frente a las extinciones de contratos de las trabajadoras embarazadas, es proporcionarlas una tutela más enérgica que la ordinaria frente a la discriminación, sin que para ello deba ser requisito exigirlas un plus de prueba sobre el conocimiento del empresario del embarazo, lo que afectaría a su derecho de intimidad.

La tutela frente a actos unilaterales del empresario, que afecten negativamente a las trabajadoras embarazadas, exige a nuestros tribunales incluido el Tribunal Constitucional, una interpretación de las leyes desde la perspectiva constitucional, valorando la totalidad de los derechos constitucionales de la trabajadora que pueden ser afectados, lo que al entender de este sindicato no ha sido tenido en cuenta en la sentencia de diez de octubre. 

Por otra parte, CCOO entiende que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional está aplicando indebidamente laDirectiva 1992/85/CEE, de 19 de octubre, de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, lo que espera sea corregido con el correspondiente recurso ante el Tribunal de Justicia europeo.

Confederación Sindical de Comisiones Obreras

23 de octubre de 2013

Acceso a la sentencia

CC OO denuncia el despido improcedente de nueve trabajadores por parte de Servimax.

El sindicato denunciará también a la empresa vasca Ombus por incumplir el estatuto de los trabajadores en lo relativo a la sucesión de empresas.

El secretario general de la Federación de Servicios Privados de CC OO de Cantabria, Roberto Caso, ha denunciado que la empresa Servimax, perteneciente al grupo Prosegur, ha despedido "improcedentemente" a nueve trabajadores de servicios auxiliares que venían prestando sus servicios en tres centros del Ayuntamiento de Castro Urdiales porque “han comunicado su despido por burofax un día después de que les dieran de baja en la Seguridad Social”.

Caso ha recordado que el Ayuntamiento de Castro adjudicó a la empresa Servimax los servicios auxiliares del Edificio Royal, del Faro de Castro y del colegio Miguel Hernández por un periodo de cuatro años, plazo que vencía martes, 22 de octubre. “La empresa ha actuado de mala fe y de forma cobarde porque no se ha puesto en contacto en ningún momento con los trabajadores, les han dado de baja en la Seguridad Social sin avisarles y sólo se lo han comunicado a través de un burofax esta mañana”, criticó el secretario general de Servicios Privados.

CCOO ha culpado también al Ayuntamiento de Castro de que estas 9 personas se hayan quedado sin trabajo. "El Ejecutivo Local sabía que se acababa el plazo del contrato, pero, aún así, no ha publicado un pliego de condiciones para contratar una nueva empresa. Sólo ha hecho un contrato menor a la empresa del País Vasco, Ombus, por una duración de dos meses sin ni siquiera exigir que continuaran con el contrato de los 9 trabajadores despedidos”.

Ante la negativa de la empresa vasca de prorrogar el contrato a estas nueve personas, el representante sindical anunció que CCOO también denunciará a Ombus porque no ha cumplido el estatuto de los trabajadores en lo relativo a la sucesión de empresas. “Tenían que haber continuado con su contrato porque la ley así lo exige y porque los despedidos son los trabajadores que más y mejor conocen sus funciones de trabajo”, apuntó Caso. "Es lamentable que nueve personas vayan al paro por la dejadez del Ayuntamiento”, criticó al tiempo que espera que el Consistorio “publique, en el menor tiempo posible, un pliego de condiciones para licitar este servicio por un año con prórroga y que la nueva empresa cuente con los 9 trabajadores despedidos”.

Nuevo concurso, en breve

La concejala de Educación y Cultura de Castro Urdiales, Ana Urrestarazu (PP), reconoció ayer que la empresa Servimax "se ha portado muy mal con los 9 trabajadores" y explicó que no se ha podido publicar un nuevo pliego de condiciones por la carga de trabajo del servicio de Contratación. No obstante, la edil popular avanzó que se está trabajando en dicho pliego para licitar el contrato en las próximas semanas. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento castreño han decidido pedir tres ofertas, "siendo la más ventajosa la de Ombus, que trabaja con nosotros desde hace años en las instalaciones deportivas y se hará cargo del servicio durante los dos próximos meses.

Respecto a la subrogación de los nueve empleados despedidos, Urrestarazu dijo que la nueva empresa no las ha mantenido en su puesto "porque los servicios auxiliares no tienen un convenio del sector y por tanto no tenían ninguna obligación con ellos".

Fuente: El diario montañes

Dos detenidos por robar cable de cobre, uno de ellos es el vigilante de seguridad de la empresa.

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a dos personas como presuntas autoras del robo de cable de cobre cometido en una nave industrial de Torija (Guadalajara), uno de los cuales es el vigilante de seguridad de la empresa.

Según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado, las investigaciones comenzaron tras comprobar que en un domicilio de Torija se almacenaba gran cantidad de cable de cobre pelado y cable de alta tensión.

El titular del domicilio había sustraído el cable en la nave sin actividad de una empresa de la localidad y que para cometer los robos había contado con la colaboración del vigilante de seguridad que le franqueaba el paso y ayudaba a cortar el cable.

Una vez sustraído, el cable se vendía en empresas de recuperación de materiales de la provincia por las que habían obtenido un beneficio de 7.800 euros, según las facturas incautadas por la Guardia Civil.

Los detenidos son J.M.J.F. y N.A.A., de 36 y 28 años, respectivamente, con domicilio en Guadalajara y en Torija, que han sido acusados de un presunto delito de robo.

Gracias a la operación se encontraron 96 kilos de cobre en el domicilio de uno de los detenidos que han sido entregados a su propietario.

Fuente: clm24.es

La piratería frente a Somalia cae a su nivel más bajo, gracias a la seguridad privada, según un informe de la ONU.

      

Los ataques piratas frente a las costas de Somalia han caído a su nivel más bajo desde 2006 por el aumento de la seguridad privada en los barcos que navegan por la zona y al mayor número de patrullas navales occidentales, según un informe del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.

En este informe, remitido al Consejo de Seguridad, se recogen 17 ataques durante los primeros nueve meses de 2013, una cifra considerablemente inferior a los 99 registrados en el mismo periodo de 2012. Aun así, "dos pequeños buques y 60 marineros" se encuentran retenidos actualmente por piratas, la mayoría de ellos en tierra.

"Los rehenes capturados por piratas somalíes soportan durante su cautiverio terribles condiciones y en ocasiones son torturados y amenazados para lograr de ellos el máximo rescate posible", ha advertido Ban.

Los abordajes han sido una importante fuente de ingresos para las redes mafiosas en la zona, como lo demuestra el hecho de que, según la ONU, los piratas obtuvieron el año pasado hasta 40 millones de dólares (unos 29 millones de euros) por pagos de rescates. Según los cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre abril de 2005 y diciembre de 2012 los piratas se embolsaron 413 millones de dólares (unos 300 millones de euros).

En relación a las detenciones de piratas, Ban ha lamentado en su informe que ni el Gobierno somalí ni otras autoridades de la zona han investigado en profundidad para tratar de localizar a los líderes de los mafias o aclarar sus fuentes de financiación, más allá de detener y procesar a los autores materiales de varios asaltos.

AL SHABAAB

El máximo responsable de Naciones Unidas también ha remitido una carta al Consejo de Seguridad en la que ha manifestado su preocupación por el empeoramiento de la situación de seguridad en Somalia y en la que ha lanzado un llamamiento para evitar que la milicia Al Shabaab vuelva a ganar presencia.

La misión de la ONU y la Unión Africana en Somalia (AMISOM) alertó recientemente de que Al Shabaab ha comenzado a utilizar una táctica propia de guerrillas y ha aumentado sus ataques contra objetivos del Gobierno, los organismos estatales o Naciones Unidas. El pasado sábado, al menos 16 personas murieron por un atentado contra una cafetería cerca de la frontera con Etiopía.

Ban ha alertado de que el ataque cometido por Al Shabaab en septiembre contra un centro comercial de Nairobi --murieron 67 personas-- pone de manifiesto que la milicia "es capaz de planear, practicar y llevar a cabo complejos ataques que ponen en peligro la estabilidad de Somalia y de otros países".

En este sentido, y tras constatar el hecho de que el Ejército somalí y la misión han adoptado una postura más "estática" y "defensiva", Ban Ki Moon ha llamado a intensificar la campaña militar contra el grupo islamista. El secretario general de la ONU ha pedido dotar a la AMISOM de 2.550 efectivos más y que así supere los 20.000 y ha instado a la comunidad internacional a enviar aeronaves con las que contribuir en la lucha contra el terrorismo.

Fuente: Europa Press

Trabajadores de urgencias del hospital de Gernika reclaman seguridad privada.

Los trabajadores que desde el pasado lunes atienden el servicio de urgencias del hospital de Gernika aseguran sentirse «totalmente desprotegidos» ante la falta de seguridad privada en el complejo sanitario ubicado en la villa foral.

«Este es un espacio abierto las veinticuatro horas del día al que acude todo tipo de gente y en el que podemos vernos envueltos en medio de cualquier situación peligrosa, sobre todo por la noche», criticaron los trabajadores del servicio. Según manifestaron, además, «todos los hospitales cuentan con agentes de seguridad en sus instalaciones, por lo que no entendemos a qué se debe que hayan prescindido de los vigilantes en el de Gernika», se preguntan.

Desde la plantilla de urgencias lamentan que han recurrido a la gerencia del hospital de Galdakao, del que depende el Centro de Alta Resolución (CAR) de la villa foral, «para pedirles una explicación, pero todavía no hemos obtenido respuesta por su parte. Estamos indignados», subrayaron. «Parece que esperan a que pase algo grave para actuar», se quejan.

Los sindicatos sanitarios SATSE, ELA, LAB, UGT, CC OO y ESK han calificado el hospital de Gernika de «espejismo». Los representantes de las cinco centrales vascas consideran que, a pesar de que el centro hospitalario se puso en funcionamiento hace casi un año, «aún no dispone de los servicios esenciales».

Fuente: El correo.

Asalta la casa de Bárcenas, maniata a su mujer y le pide todos los 'pendrive'. Ha sido reducido por el hijo de Bárcenas y un vigilante de seguridad que acudió posteriormente a la vivienda.

Un hombre vestido como un sacerdote, de oscuro y con alzacuellos, y armado con una pistola, ha entrado esta tarde en la vivienda familiar de Luis Bárcenas y ha maniatado a la esposa de éste, Rosalía Iglesias, a su hijo Guillermo y a la asistenta. Tras atarlos, les ha exigido los pen drive donde el ex tesorero del PP-en prisión incondicional desde el pasado mes de junio- recopilaba toda la contabilidad B del partido desde 1990 hasta 2008.

El asaltante ha sido identificado como Enrique Olivares García, nacido en 1948. Tiene antecedentes por robo con fuerza y tenencia de drogas. Ha sido reducido por el hijo de Bárcenas y un vigilante de seguridad que acudió posteriormente a la vivienda. El arma que portaba era muy antigua, pero real. La munición era de fogueo.

El timbre del piso del ex tesorero del PP sonó en torno a las 17.00 horas y la asistenta, tras mirar quién era por la mirilla, decidió abrir la puerta. Al otro lado había un hombre, vestido de sacerdote, que portaba un maletín y se hizo pasar por funcionario de prisiones, asegurando que venía a charlar con la familia sobre la situación del recluso. Eso sirvió para que le franquearan el paso y le acompañaran hasta una salita. Allí, el individuo abrió el maletín y sacó la pistola.

Llamada de la vecina

Acto seguido, el asaltante redujo a la mujer y al hijo de Bárcenas, así como a la asistenta. Los inmovilizó a cada uno en una silla.

Esta situación prosiguió durante una hora, hasta que la vecina del tercero oyó los gritos de auxilio y llamó al 112.

Transcurrido ese tiempo, el hijo de Bárcenas y la asistenta lograron zafarse de las bridas. El hijo, junto al vigilante de seguridad que llegó al domicilio, redujeron al agresor, mientras que la asistenta salió corriendo a la calle a pedir ayuda.

La mujer entró en un bar situado junto al edificio y portando el arma que habían arrebatado al asaltante. Allí ha esperado a los agentes de la Policía Nacional y Municipal que acudieron de inmediato tras recibir varias llamadas. Los policías entraron en el piso y se llevaron detenido al agresor.

También se han desplazado a la céntrica vivienda efectivos del Samur, que han tenido que atender al hijo y a la esposa de Bárcenas por agresiones y a la asistenta por un ataque de ansiedad.

El individuo, que según la Policía podría tener sus facultades mentales mermadas, ha sido detenido y conducido a la comisaría de Moratalaz.

La versión de los testigos

Una vez finalizado el suceso, los testigos han relatado a los medios que se enteraron del incidente cuando oyeron unos gritos que partían de la ventana del piso de los Bárcenas en la calle Príncipe de Vergara. Era la mujer del ex tesorero, que gritaba: "¡Socorro! ¡Mi hijo!".

Una persona que estaba en el edificio subió corriendo las escaleras y se encontró la puerta abierta y a Rosalía Iglesias gritando de nuevo: "¡Mi hijo" ¡Tienen encañonado a mi hijo!". En otra estancia, el hijo de Bárcenas forcejeaba con el asaltante, ayudado por el vigilante de seguridad. Ambos lograron retenerle hasta que llegó la Policía.

Fuente: El mundo.            Fuente: vozpopuli.com

El Gobierno modificará la ley de Seguridad Privada tras las quejas de CiU.

El Gobierno y el PP han accedido a modificar en el trámite parlamentario varios artículos del proyecto de ley de Seguridad Privada después de que CiU presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales" recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución.

Así lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha asegurado que "aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la totalidad)" quedarán "subsanados". "Puedo asegurar que estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas razonables de la constitucionalidad en ningún ámbito", ha añadido al tiempo que ha agradecido la disponibilidad al diálogo de CiU.

En consecuencia, los nacionalistas han retirado la enmienda a la totalidad por la que pedían devolver el texto al Gobierno. Su oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña".

Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia". CiU exigía que estas "invasiones competenciales" fuesen corregidas.

Según ha explicado este jueves el ministro, el Gobierno va a modificar los artículos 12 y 13 del proyecto de ley para que tanto el País Vasco como Cataluña sean "competentes para recibir la llamada declaración responsable de seguridad privada y formación de aquellas empresas que tengan sede y actividad sólo en el territorio de esa comunidad autónoma". El País Vasco y Cataluña cuentan con un "nivel competencial más amplio" al tener transferidas las funciones de "protección y orden público".

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha recordado que el artículo 12 "recoge el control de comprobación de las empresas" por lo que valoran "el punto de acuerdo". También ha celebrado los "avances en en una nueva redacción del artículo 13" que afecta a la inspección y sanción. "Puede parecer que tiene una importancia menor, pero para CiU no lo tiene", ha dicho.

"Hay un acuerdo que no es genérico, es concreto, con algunas redacciones acordadas y quiero agradecer a aquellos que han hecho posible el acuerdo. Hoy retiramos nuestra enmienda a la totalidad", ha zanjado Jané.

RECHAZO DE IZQUIERDA PLURAL

El trámite parlamentario de este proyecto de ley ha comenzado este jueves con una segunda enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Plural, en su caso, porque el texto "viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo público".

"La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar", ha denunciado el diputado de IU Ricardo Sixto, quien ha cuestionado que existiese una demanda social para una nueva ley de Seguridad Privada. "Como todas, esta ley era mejorable, pero en el ámbito de la seguridad hay otros punto más urgentes", ha dicho el diputado de IU, quien ha manifestado un especial rechazo a uno de los puntos de la nueva ley que contempla la presencia de vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.

Este punto concreto también ha generado el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó ya ha avanzado que presentarán una enmienda a este respecto. También el PSOE ha manifestado su oposición e incluso ha dicho compartir las preocupaciones de la Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. No obstante, el diputado socialista Pedro Muñoz ha asegurado que prefieren la estrategia de discutirlo en el trámite parlamentario en lugar de una enmienda a la totalidad ante la que ha anunciado la abstención de su grupo.

Por su parte el diputado del PNV, Emilio Olabarría ha felicitado al Gobierno por la redacción de este proyecto de ley ya que, según ha dicho, esa es la sensación que le han transmitido los agentes del sector con los que la han estudiado.

A la hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a "facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.

No obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la "irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad". "No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha enfatizado. A su juicio este proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha quedado "sobrepasada" por los avances tecnológicos y las nuevas prácticas.

Fuente: Europa Press

Atropella a un vigilante tras perpetrar un robo en un comercio de Irún.

Efectivos de la ertzain-etxea de Irún detuvieron durante la tarde de ayer, miércoles, a un joven de 29 años, como autor de un delito de robo con violencia. El arrestado fue sorprendido sustrayendo prendas de vestir en un comercio y arrolló con su coche al vigilante que trataba de interceptar su marcha. Alrededor de las siete y media de la tarde de ayer el personal de seguridad de un centro comercial ubicado en Irún solicitó presencia policial en el lugar, porque según señalaron habían detectado la presencia de un varón sustrayendo ropa en un comercio. De inmediato una patrulla de la Ertzaintza se aproximó a dicho enclave observando que en el aparcamiento había un vigilante de pie frente a un vehículo allí estacionado, haciéndole señales para que no arrancara. En ese mismo momento el conductor del turismo iniciaba la marcha, golpeando en las piernas al responsable de seguridad y haciendo que éste cayera sobre el capo.

Los agentes actuaron de forma inmediata colocando el vehículo policial frente a dicho coche para evitar su fuga y en ese momento su conductor se bajo del mismo emprendiendo la huida a pie. La marcha del sospechoso pudo ser interceptada y el vigilante, que presentaba algunas contusiones, confirmó que éste había sido visto sustrayendo ropa en un comercio. En el interior de su turismo los ertzainas encontraron varias prendas de vestir robadas en distintos establecimientos, por lo que se procedió a su detención. Acto seguido el arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes, fue trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar las necesarias diligencias, para luego ser puesto a disposición judicial.

Fuente: Bilbao24horas

El proyecto de Ley de Seguridad Privada rubrica su examen en el Congreso de los Diputados con el acuerdo entre PP y CiU. El Gobierno cree que el impulso a la seguridad privada ayudará a crear empleo. El Gobierno modificará la ley de Seguridad Privada tras las quejas de CiU que denunció una "invasión" de competencias.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado hoy (17/10/2013) en el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado por el Grupo Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió para modificar el contenido de algunos artículos del proyecto de Ley de Seguridad Privada, que fue enviado por el Gobierno a la Cámara Baja para su debate y aprobación.

Este acuerdo se ha presentado en el debate de las enmiendas a la totalidad que la Izquierda Plural y Convergència i Unió (CiU) habían presentado a este proyecto de Ley, elaborado por el Ministerio del Interior, y que modernizará e incorporará nuevas disposiciones que no estaban recogidas en la anterior normativa de 1992.

En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha explicado que el proyecto abre "nuevos servicios a la seguridad privada que la sociedad está demandando", como la vigilancia de los polígonos, urbanizaciones, edificios públicos o joyerías, además de la seguridad exterior de las prisiones. El ministro del Interior ha recordado que este sector agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a más de 85.000 personas y ha facturado en el último año más de 3.000 millones de euros.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) y el de Convergència i Unió (CiU), -que ha retirado su enmienda a la totalidad- han pactado siete cambios al articulado inicial del proyecto de Ley relativos fundamentalmente al control, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de las agencias de detectives.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha considerado "razonable" que las comunidades autónomas con estas competencias puedan inscribir en sus registros de seguridad privada a los despachos de detectives que trabajan exclusivamente en su marco autonómico. Asimismo, Fernández Díaz ha señalado que el falseamiento de la "declaración responsable" que se exige a las agencias de detectives privados, seguirá siendo una infracción administrativa que conllevará la correspondiente sanción.

Además, el ministro del Interior ha asegurado que con este acuerdo quedan subsanadas las dudas de constitucionalidad sobre la futura Ley de Seguridad Privada que habían surgido debido a que el Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en esta comunidad autónoma.

En virtud de este acuerdo, Jorge Fernández Díaz ha anunciado que el Gobierno modificará los artículos 12 y 13 del proyecto de Ley de Seguridad Privada y ha garantizado que con esta nueva Ley se mantiene la "irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad”. “No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha afirmado el ministro.

Fuente: presspeople

El Gobierno cree que el impulso a la seguridad privada ayudará a crear empleo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido hoy en el Congreso el proyecto de ley de Seguridad Privada que abrirá el campo de negocio a un sector "pujante", lo que contribuirá a salir de la crisis y a crear empleo, aunque el sector estará subordinado a la seguridad pública.

El proyecto de ley ha iniciado así su andadura en la tramitación parlamentaria, en la que ha sido rechazada la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural, la única que se ha mantenido después de que CiU retirara la suya al lograr un acuerdo con el PP sobre la competencia en el control de actividades de los vigilantes privados y los despachos de detectives.

Así, el Gobierno modificará dos artículos de su texto inicial, el 12 y el 13, para que Cataluña y País Vasco, comunidades con competencias en materia de seguridad privada, asuman la gestión de la vigilancia, sanciones o inspecciones que fijará la norma para aquellas empresas que operan en esas comunidades autónomas.

Del proyecto presentado, Fernández Díaz ha destacado que su finalidad es modernizar la actual ley de 1992 para adecuarla a un sector "muy dinámico" y de gran importancia económica, pues agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a más de 85.000 personas y ha facturado en el último año más de 3.000 millones de euros.

Por ello, el titular de Interior ha explicado que el proyecto abre "nuevos servicios a la seguridad privada que la sociedad está demandando", como la vigilancia de los polígonos, urbanizaciones, edificios públicos o joyerías, además de la seguridad exterior de las prisiones.

Además, ha reiterado que hay margen y "espacio por recorrer" para ampliar el campo de actividades de este sector sin menoscabo del "monopolio" de la seguridad pública, toda vez que España cuenta con 528 policías por cada 100.000 habitantes frente a la media de la UE de 385, una proporción que en el caso de los vigilantes privados es inversa, ya que el promedio europeo es de 275 y en España de 195.

Además de este "nuevo enfoque" de negocio, el texto presentado por el Gobierno establece un "marco de colaboración" de este sector privado con la seguridad pública, aunque Fernández Díaz ha dejado claro que este marco se sentará sobre el "pilar fundamental de la irrenunciable preeminencia" de los cuerpos policiales.

"No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha insistido el ministro quien también ha resaltado las "garantías y cautelas precisas" que establece el proyecto en una materia tan "sensible" como la actividad de los despachos de detectives, que estarán sujetos a mayores controles.

Con el fin de preservar la intimidad personal y familiar, los detectives tendrán delimitados sus servicios, de los que deberán elaborar siempre un informe, al que solo tendrá acceso el cliente y la autoridad judicial o policial en caso de que haya una investigación.

Para el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, que ha defendido devolver el proyecto al Gobierno, el texto presentado en el Congreso expone "alianzas público privadas" que aumentan el peso de la segunda con respecto a la primera y que no son prioritarias.

"La seguridad no puede ser para el que se la pueda pagar. No hay necesidad de abrir nuevos espacios al sector privado", ha señalado Sixto, antes de hacer hincapié en que las actividades de seguridad privada deberían ser siempre "auxiliares" a las de las fuerzas de seguridad.

Y aunque CiU ha saludado el acuerdo con el PP por el que se ha retirado la enmienda a la totalidad y de que una nueva normativa es "necesaria", el diputado nacionalista Jordi Jane ha destacado que hay "camino por recorrer" para mejorar el texto como la protección de los trabajadores de estas empresas que en muchas ocasiones trabajan en condiciones, salarios y número de horas "muy precarias".

Por ello, ha anunciado que presentará enmiendas parciales, algo que también han avanzado que harán el resto de grupos: PSOE, UPyD y el PNV.

Fuente: EFE

El Gobierno modificará la ley de Seguridad Privada tras las quejas de CiU que denunció una "invasión" de competencias

El Gobierno y el PP han accedido a modificar en el trámite parlamentario varios artículos del proyecto de ley de Seguridad Privada después de que CiU presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales" recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución.

Así lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha asegurado que "aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la totalidad)" quedarán "subsanados". "Puedo asegurar que estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas razonables de la constitucionalidad en ningún ámbito", ha añadido al tiempo que ha agradecido la disponibilidad al diálogo de CiU.

En consecuencia, los nacionalistas han retirado la enmienda a la totalidad por la que pedían devolver el texto al Gobierno. Su oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña".

Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia". CiU exigía que estas "invasiones competenciales" fuesen corregidas.

Según ha explicado este jueves el ministro, el Gobierno va a modificar los artículos 12 y 13 del proyecto de ley para que tanto el País Vasco como Cataluña sean "competentes para recibir la llamada declaración responsable de seguridad privada y formación de aquellas empresas que tengan sede y actividad sólo en el territorio de esa comunidad autónoma". El País Vasco y Cataluña cuentan con un "nivel competencial más amplio" al tener transferidas las funciones de "protección y orden público".

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha recordado que el artículo 12 "recoge el control de comprobación de las empresas" por lo que valoran "el punto de acuerdo". También ha celebrado los "avances en en una nueva redacción del artículo 13" que afecta a la inspección y sanción. "Puede parecer que tiene una importancia menor, pero para CiU no lo tiene", ha dicho.

"Hay un acuerdo que no es genérico, es concreto, con algunas redacciones acordadas y quiero agradecer a aquellos que han hecho posible el acuerdo. Hoy retiramos nuestra enmienda a la totalidad", ha zanjado Jané.

RECHAZO DE IZQUIERDA PLURAL

El trámite parlamentario de este proyecto de ley ha comenzado este jueves con una segunda enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Plural, en su caso, porque el texto "viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo público".

"La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar", ha denunciado el diputado de IU Ricardo Sixto, quien ha cuestionado que existiese una demanda social para una nueva ley de Seguridad Privada. "Como todas, esta ley era mejorable, pero en el ámbito de la seguridad hay otros punto más urgentes", ha dicho el diputado de IU, quien ha manifestado un especial rechazo a uno de los puntos de la nueva ley que contempla la presencia de vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.

Este punto concreto también ha generado el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó ya ha avanzado que presentarán una enmienda a este respecto. También el PSOE ha manifestado su oposición e incluso ha dicho compartir las preocupaciones de la Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. No obstante, el diputado socialista Pedro Muñoz ha asegurado que prefieren la estrategia de discutirlo en el trámite parlamentario en lugar de una enmienda a la totalidad ante la que ha anunciado la abstención de su grupo.

Por su parte el diputado del PNV, Emilio Olabarría ha felicitado al Gobierno por la redacción de este proyecto de ley ya que, según ha dicho, esa es la sensación que le han transmitido los agentes del sector con los que la han estudiado.

A la hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a "facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.

No obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la "irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad". "No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha enfatizado. A su juicio este proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha quedado "sobrepasada" por los avances tecnológicos y las nuevas prácticas.

Fuente: El economista