Dentro del cúmulo de imprudencias en las que incurrió Miguel Ángel Flores en la fiesta que organizó hace justo hoy un año, también está una ley orgánica, cuya vulneración es mucho más grave que la de cualquier contrato mercantil privado o ordenanza municipal.
El promotor de la «Thriller Music Park» debía haber contratado seguridad privada para el interior del pabellón, según fuentes policiales, tal y como establece la Ley Orgánica de Seguridad Privada 23/92, que actualmente se encuentra en proyecto de reforma. Esta norma exige la contratación de profesionales habilitados para la vigilancia de espectáculos públicos.
Es decir, que la seguridad de los asistentes se garantice con personal preparado que haya tenido que superar unas pruebas de conocimientos y capacidades y estén registrados en el Ministerio del Interior. Sólo estos profesionales garantizan de forma legal la seguridad y no meros controladores de acceso que implemente tienen capacidad para mirar un DNI o no permitir la entrada de más público cuando se haya completado el aforo.
De hecho, la defensa de «Kontrol, 34», va en esa línea. Conocedores de que no tienen potestad legal para ejercer la seguridad, la empresa de porteros de discoteca contratada por Flores aquella noche está capitaneada por Carlos Manzanares, un conocido portero, pero sus chicos son controladores de acceso y, según la ley, no pueden realizar labores de seguridad (patrullar por el interior del recinto e intervenir armas, drogas o cachear), por lo que durante el proceso judicial aseguran que sólo hicieron labores de «azafatos».
En definitiva, Flores no tenía una seguridad privada en el interior del recinto que debería haber sido de al menos 100 vigilantes, si sólo hubiera metido a 10.000 personas en el Arena. El número de profesionales en realidad debería haber ascendido a 400 para casi 17.000 personas y, además, deberían estructurarse en forma piramidal con un jefe de seguridad por cada ocho vigilantes. Además, estos vigilantes, según la Ley Orgánica, deben pertenecer a una empresa homologada por Interior y estar uniformados, algo que no se cumplía en «Kontrol, 34» porque no se trata de una empresa de seguridad sino de controladores. Sólo había cerca de 40 vigilantes de seguridad (los empleados de Seguriber) y, además, impuesto por el Ayuntamiento en el contrato de alquiler del recinto al promotor.
Nuevo precinto para la sala Caracol
Había organizado una fiesta de Halloween para este sábado pero la Sala Caracol, cuya reapertura provisional fue autorizada por el Ayuntamiento de Madrid en abril tras ordenar su precinto un mes antes en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), volvió ayer a ser clausurada y precintada. El motivo de esta actuación, informaron fuentes municipales, es que tiene licencia para funcionar como taller de enseñanza musical pero no permiso como sala de conciertos.
El promotor de la «Thriller Music Park» debía haber contratado seguridad privada para el interior del pabellón, según fuentes policiales, tal y como establece la Ley Orgánica de Seguridad Privada 23/92, que actualmente se encuentra en proyecto de reforma. Esta norma exige la contratación de profesionales habilitados para la vigilancia de espectáculos públicos.
Es decir, que la seguridad de los asistentes se garantice con personal preparado que haya tenido que superar unas pruebas de conocimientos y capacidades y estén registrados en el Ministerio del Interior. Sólo estos profesionales garantizan de forma legal la seguridad y no meros controladores de acceso que implemente tienen capacidad para mirar un DNI o no permitir la entrada de más público cuando se haya completado el aforo.
De hecho, la defensa de «Kontrol, 34», va en esa línea. Conocedores de que no tienen potestad legal para ejercer la seguridad, la empresa de porteros de discoteca contratada por Flores aquella noche está capitaneada por Carlos Manzanares, un conocido portero, pero sus chicos son controladores de acceso y, según la ley, no pueden realizar labores de seguridad (patrullar por el interior del recinto e intervenir armas, drogas o cachear), por lo que durante el proceso judicial aseguran que sólo hicieron labores de «azafatos».
En definitiva, Flores no tenía una seguridad privada en el interior del recinto que debería haber sido de al menos 100 vigilantes, si sólo hubiera metido a 10.000 personas en el Arena. El número de profesionales en realidad debería haber ascendido a 400 para casi 17.000 personas y, además, deberían estructurarse en forma piramidal con un jefe de seguridad por cada ocho vigilantes. Además, estos vigilantes, según la Ley Orgánica, deben pertenecer a una empresa homologada por Interior y estar uniformados, algo que no se cumplía en «Kontrol, 34» porque no se trata de una empresa de seguridad sino de controladores. Sólo había cerca de 40 vigilantes de seguridad (los empleados de Seguriber) y, además, impuesto por el Ayuntamiento en el contrato de alquiler del recinto al promotor.
Nuevo precinto para la sala Caracol
Había organizado una fiesta de Halloween para este sábado pero la Sala Caracol, cuya reapertura provisional fue autorizada por el Ayuntamiento de Madrid en abril tras ordenar su precinto un mes antes en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), volvió ayer a ser clausurada y precintada. El motivo de esta actuación, informaron fuentes municipales, es que tiene licencia para funcionar como taller de enseñanza musical pero no permiso como sala de conciertos.
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