El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado hoy (17/10/2013) en el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado por el Grupo Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió para modificar el contenido de algunos artículos del proyecto de Ley de Seguridad Privada, que fue enviado por el Gobierno a la Cámara Baja para su debate y aprobación.
Este acuerdo se ha presentado en el debate de las enmiendas a la totalidad que la Izquierda Plural y Convergència i Unió (CiU) habían presentado a este proyecto de Ley, elaborado por el Ministerio del Interior, y que modernizará e incorporará nuevas disposiciones que no estaban recogidas en la anterior normativa de 1992.
En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha explicado que el proyecto abre "nuevos servicios a la seguridad privada que la sociedad está demandando", como la vigilancia de los polígonos, urbanizaciones, edificios públicos o joyerías, además de la seguridad exterior de las prisiones. El ministro del Interior ha recordado que este sector agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a más de 85.000 personas y ha facturado en el último año más de 3.000 millones de euros.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) y el de Convergència i Unió (CiU), -que ha retirado su enmienda a la totalidad- han pactado siete cambios al articulado inicial del proyecto de Ley relativos fundamentalmente al control, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de las agencias de detectives.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha considerado "razonable" que las comunidades autónomas con estas competencias puedan inscribir en sus registros de seguridad privada a los despachos de detectives que trabajan exclusivamente en su marco autonómico. Asimismo, Fernández Díaz ha señalado que el falseamiento de la "declaración responsable" que se exige a las agencias de detectives privados, seguirá siendo una infracción administrativa que conllevará la correspondiente sanción.
Además, el ministro del Interior ha asegurado que con este acuerdo quedan subsanadas las dudas de constitucionalidad sobre la futura Ley de Seguridad Privada que habían surgido debido a que el Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en esta comunidad autónoma.
En virtud de este acuerdo, Jorge Fernández Díaz ha anunciado que el Gobierno modificará los artículos 12 y 13 del proyecto de Ley de Seguridad Privada y ha garantizado que con esta nueva Ley se mantiene la "irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad”. “No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha afirmado el ministro.
El Gobierno cree que el impulso a la seguridad privada ayudará a crear empleo
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido hoy en el Congreso el proyecto de ley de Seguridad Privada que abrirá el campo de negocio a un sector "pujante", lo que contribuirá a salir de la crisis y a crear empleo, aunque el sector estará subordinado a la seguridad pública.
El proyecto de ley ha iniciado así su andadura en la tramitación parlamentaria, en la que ha sido rechazada la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural, la única que se ha mantenido después de que CiU retirara la suya al lograr un acuerdo con el PP sobre la competencia en el control de actividades de los vigilantes privados y los despachos de detectives.
Así, el Gobierno modificará dos artículos de su texto inicial, el 12 y el 13, para que Cataluña y País Vasco, comunidades con competencias en materia de seguridad privada, asuman la gestión de la vigilancia, sanciones o inspecciones que fijará la norma para aquellas empresas que operan en esas comunidades autónomas.
Del proyecto presentado, Fernández Díaz ha destacado que su finalidad es modernizar la actual ley de 1992 para adecuarla a un sector "muy dinámico" y de gran importancia económica, pues agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a más de 85.000 personas y ha facturado en el último año más de 3.000 millones de euros.
Por ello, el titular de Interior ha explicado que el proyecto abre "nuevos servicios a la seguridad privada que la sociedad está demandando", como la vigilancia de los polígonos, urbanizaciones, edificios públicos o joyerías, además de la seguridad exterior de las prisiones.
Además, ha reiterado que hay margen y "espacio por recorrer" para ampliar el campo de actividades de este sector sin menoscabo del "monopolio" de la seguridad pública, toda vez que España cuenta con 528 policías por cada 100.000 habitantes frente a la media de la UE de 385, una proporción que en el caso de los vigilantes privados es inversa, ya que el promedio europeo es de 275 y en España de 195.
Además de este "nuevo enfoque" de negocio, el texto presentado por el Gobierno establece un "marco de colaboración" de este sector privado con la seguridad pública, aunque Fernández Díaz ha dejado claro que este marco se sentará sobre el "pilar fundamental de la irrenunciable preeminencia" de los cuerpos policiales.
"No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha insistido el ministro quien también ha resaltado las "garantías y cautelas precisas" que establece el proyecto en una materia tan "sensible" como la actividad de los despachos de detectives, que estarán sujetos a mayores controles.
Con el fin de preservar la intimidad personal y familiar, los detectives tendrán delimitados sus servicios, de los que deberán elaborar siempre un informe, al que solo tendrá acceso el cliente y la autoridad judicial o policial en caso de que haya una investigación.
Para el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, que ha defendido devolver el proyecto al Gobierno, el texto presentado en el Congreso expone "alianzas público privadas" que aumentan el peso de la segunda con respecto a la primera y que no son prioritarias.
"La seguridad no puede ser para el que se la pueda pagar. No hay necesidad de abrir nuevos espacios al sector privado", ha señalado Sixto, antes de hacer hincapié en que las actividades de seguridad privada deberían ser siempre "auxiliares" a las de las fuerzas de seguridad.
Y aunque CiU ha saludado el acuerdo con el PP por el que se ha retirado la enmienda a la totalidad y de que una nueva normativa es "necesaria", el diputado nacionalista Jordi Jane ha destacado que hay "camino por recorrer" para mejorar el texto como la protección de los trabajadores de estas empresas que en muchas ocasiones trabajan en condiciones, salarios y número de horas "muy precarias".
Por ello, ha anunciado que presentará enmiendas parciales, algo que también han avanzado que harán el resto de grupos: PSOE, UPyD y el PNV.
El Gobierno modificará la ley de Seguridad Privada tras las quejas de CiU que denunció una "invasión" de competencias
El Gobierno y el PP han accedido a modificar en el trámite parlamentario varios artículos del proyecto de ley de Seguridad Privada después de que CiU presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales" recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución.
Así lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha asegurado que "aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la totalidad)" quedarán "subsanados". "Puedo asegurar que estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas razonables de la constitucionalidad en ningún ámbito", ha añadido al tiempo que ha agradecido la disponibilidad al diálogo de CiU.
En consecuencia, los nacionalistas han retirado la enmienda a la totalidad por la que pedían devolver el texto al Gobierno. Su oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña".
Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia". CiU exigía que estas "invasiones competenciales" fuesen corregidas.
Según ha explicado este jueves el ministro, el Gobierno va a modificar los artículos 12 y 13 del proyecto de ley para que tanto el País Vasco como Cataluña sean "competentes para recibir la llamada declaración responsable de seguridad privada y formación de aquellas empresas que tengan sede y actividad sólo en el territorio de esa comunidad autónoma". El País Vasco y Cataluña cuentan con un "nivel competencial más amplio" al tener transferidas las funciones de "protección y orden público".
Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha recordado que el artículo 12 "recoge el control de comprobación de las empresas" por lo que valoran "el punto de acuerdo". También ha celebrado los "avances en en una nueva redacción del artículo 13" que afecta a la inspección y sanción. "Puede parecer que tiene una importancia menor, pero para CiU no lo tiene", ha dicho.
"Hay un acuerdo que no es genérico, es concreto, con algunas redacciones acordadas y quiero agradecer a aquellos que han hecho posible el acuerdo. Hoy retiramos nuestra enmienda a la totalidad", ha zanjado Jané.
RECHAZO DE IZQUIERDA PLURAL
El trámite parlamentario de este proyecto de ley ha comenzado este jueves con una segunda enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Plural, en su caso, porque el texto "viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo público".
"La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar", ha denunciado el diputado de IU Ricardo Sixto, quien ha cuestionado que existiese una demanda social para una nueva ley de Seguridad Privada. "Como todas, esta ley era mejorable, pero en el ámbito de la seguridad hay otros punto más urgentes", ha dicho el diputado de IU, quien ha manifestado un especial rechazo a uno de los puntos de la nueva ley que contempla la presencia de vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.
Este punto concreto también ha generado el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó ya ha avanzado que presentarán una enmienda a este respecto. También el PSOE ha manifestado su oposición e incluso ha dicho compartir las preocupaciones de la Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. No obstante, el diputado socialista Pedro Muñoz ha asegurado que prefieren la estrategia de discutirlo en el trámite parlamentario en lugar de una enmienda a la totalidad ante la que ha anunciado la abstención de su grupo.
Por su parte el diputado del PNV, Emilio Olabarría ha felicitado al Gobierno por la redacción de este proyecto de ley ya que, según ha dicho, esa es la sensación que le han transmitido los agentes del sector con los que la han estudiado.
A la hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a "facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.
No obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la "irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad". "No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha enfatizado. A su juicio este proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha quedado "sobrepasada" por los avances tecnológicos y las nuevas prácticas.
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