El Congreso de los Diputados comenzará el jueves a debatir la nueva Ley de Seguridad Privada del Gobierno, que de entrada cuenta con la oposición frontal de la Izquierda Plural y CiU, que han presentado sendas enmiendas a la totalidad y defenderán la devolución del texto al Ejecutivo. Será el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defenderá la ley ante el Pleno mientras el resto de grupos parlamentarios fijarán posición.
La oposición de CiU se debe a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña. Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia".
"Para CiU estas invasiones competenciales deben corregirse ya que, como se observa, ignoran completamente la actual distribución competencial y privan a la Generalitat de desarrollar las funciones que se recogen en su Estatuto de Autonomía", sentencia la enmienda.
Por su parte la Izquierda Plural manifiesta su "rechazo absoluto a la política de privatizaciones emprendida por este Gobierno con la seguridad pública" y censura que "el extraordinario desarrollo que en los últimos años ha experimentado el sector privado de la seguridad responde directamente a decisiones políticas que se han tomado desde las distintas administraciones pero no a la existencia de una demanda social real".
Asimismo, consideran que este proyecto de Ley "no aporta ningún elemento novedoso para corregir los casos de división y oscurantismo que han proliferado" en el ámbito de las empresas de la seguridad privada. "Ni siquiera determina un método de supervisión eficaz", denuncian. Además creen que la nueva Ley tal y como está planteada "permitiría a las empresas privadas situarse en un plano de igualdad en sus funciones con los cuerpos de seguridad pública.
MÁS CONTROL SOBRE LOS DETECTIVES
El Gobierno remitió el pasado junio a la Cámara Baja el proyecto de Ley de Seguridad Privada con el que se aumenta el control sobre las actividades de los detectives privados. Desde el momento en el que esta Ley entre en vigor, tendrán la obligación de hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías.
"No se trata de privatizar la seguridad sino aprovechar el potencial de la seguridad privada para mejorar en algunos ámbitos la seguridad", defendió entonces el ministro del Interior quien recordó que la última ley sobre esta materia era del año 1992 y no respondía a las necesidades actuales tras el desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.
Entre abril y junio Interior realizó un periodo de audiencias con diferentes instituciones incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión de Defensa de la Competencia o el colectivo de joyeros. En total fueron escuchadas hasta 44 empresas del sector, además de usuarios, sindicatos y expertos. En 2012 este sector facturó 3.500 millones de euros por medio de 1.500 empresas que emplearon a 85.000 personas. A pesar de ello España está por debajo del ratio europeo, según Interior.
Dentro de este colectivo, los detectives privados son en torno a 1.500. Según admitió el ministro, tenían "una opinión negativa" al anteproyecto del texto, principalmente por el hecho de que la regulación limitaba su actividad, hasta ahora muy "dispersa". "Lo que se trata ahora es sistematizarlo porque es una actividad que afecta a inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad personas y familiar", justificó Fernández Díaz.
INFORMES DISPONIBLES PARA JUECES Y POLICÍAS
Con la nueva Ley tendrán la obligación de que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías. Esta será una de las principales novedades de la nueva ley a partir de la cual tendrán también la obligación de "documentar los encargos en un contrato escrito" y un informe permanentemente actualizado en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
Ese informe "estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial" y se obliga a estas empresas a "presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior". Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.
Precisamente, la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", explicó el ministro del Interior.
La oposición de CiU se debe a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña. Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia".
"Para CiU estas invasiones competenciales deben corregirse ya que, como se observa, ignoran completamente la actual distribución competencial y privan a la Generalitat de desarrollar las funciones que se recogen en su Estatuto de Autonomía", sentencia la enmienda.
Por su parte la Izquierda Plural manifiesta su "rechazo absoluto a la política de privatizaciones emprendida por este Gobierno con la seguridad pública" y censura que "el extraordinario desarrollo que en los últimos años ha experimentado el sector privado de la seguridad responde directamente a decisiones políticas que se han tomado desde las distintas administraciones pero no a la existencia de una demanda social real".
Asimismo, consideran que este proyecto de Ley "no aporta ningún elemento novedoso para corregir los casos de división y oscurantismo que han proliferado" en el ámbito de las empresas de la seguridad privada. "Ni siquiera determina un método de supervisión eficaz", denuncian. Además creen que la nueva Ley tal y como está planteada "permitiría a las empresas privadas situarse en un plano de igualdad en sus funciones con los cuerpos de seguridad pública.
MÁS CONTROL SOBRE LOS DETECTIVES
El Gobierno remitió el pasado junio a la Cámara Baja el proyecto de Ley de Seguridad Privada con el que se aumenta el control sobre las actividades de los detectives privados. Desde el momento en el que esta Ley entre en vigor, tendrán la obligación de hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías.
"No se trata de privatizar la seguridad sino aprovechar el potencial de la seguridad privada para mejorar en algunos ámbitos la seguridad", defendió entonces el ministro del Interior quien recordó que la última ley sobre esta materia era del año 1992 y no respondía a las necesidades actuales tras el desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.
Entre abril y junio Interior realizó un periodo de audiencias con diferentes instituciones incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión de Defensa de la Competencia o el colectivo de joyeros. En total fueron escuchadas hasta 44 empresas del sector, además de usuarios, sindicatos y expertos. En 2012 este sector facturó 3.500 millones de euros por medio de 1.500 empresas que emplearon a 85.000 personas. A pesar de ello España está por debajo del ratio europeo, según Interior.
Dentro de este colectivo, los detectives privados son en torno a 1.500. Según admitió el ministro, tenían "una opinión negativa" al anteproyecto del texto, principalmente por el hecho de que la regulación limitaba su actividad, hasta ahora muy "dispersa". "Lo que se trata ahora es sistematizarlo porque es una actividad que afecta a inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad personas y familiar", justificó Fernández Díaz.
INFORMES DISPONIBLES PARA JUECES Y POLICÍAS
Con la nueva Ley tendrán la obligación de que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías. Esta será una de las principales novedades de la nueva ley a partir de la cual tendrán también la obligación de "documentar los encargos en un contrato escrito" y un informe permanentemente actualizado en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
Ese informe "estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial" y se obliga a estas empresas a "presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior". Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.
Precisamente, la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", explicó el ministro del Interior.
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