Trabajadores de la empresa Sabico, personal de Correos y miembros del sindicato CIG se concentraron ayer ante la sede de Correos en Pontevedra para protestar por la decisión de la empresa pública de prescindir del servicio de seguridad privada en las oficinas centrales de Pontevedra, Lugo, Ourense, Vigo y A Coruña. Además, se ordenó reducir al mínimo el servicio en los pabellones en los que se recibe la paquetería.
La medida, que será efectiva el 1 de noviembre, no fue ni tan siquiera "comunicada a la representación sindical de los trabajadores de Correos" que, según la CIG, "a partir de ahora quedarán más expuestos a cualquier altercado que se pueda producir".
Desde este sindicato explican que la medida tiene consecuencias negativas en dos vertientes. En primer lugar en el ámbito laboral, ya que afecta a un total de 21 trabajadores, cinco de ellos en la sede de Pontevedra, a los que la empresa obliga ahora a trasladarse a realizar su trabajo a centros penitenciarios de Sevilla y Algeciras si no quieren perder sus puestos de trabajo. Todo ello, según explicaron los propios afectados, sin que se les ofrezca ninguna compensación por traslado o por el cambio de pasar a trabajar en un centro penitenciario, con la responsabilidad que ello supone.
Por otro lado, explican que la medida tendrá consecuencias negativas para los propios ciudadanos "que verán mermada su seguridad" en las oficinas de Correos. Destacan además que las oficinas perderán seguridad a pesar de que en ellas los trabajadores manejan cada día "grandes cantidades de dinero". Desde la CIG tampoco entienden la medida por ser "discriminatoria" ya que tan solo afecta a las sedes de la empresa pública en Galicia.
Para el sindicato CIG esto no es más "que un paso más que se da hacia la privatización de Correos".
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