El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 20 de marzo de 2014, aprobó, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Proyecto de Ley de seguridad privada, con el texto que se inserta a continuación.
La OIT reconoce que la reforma laboral de 2012 vulnera los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT reconoce que la reforma laboral que impuso el Gobierno en el año 2012 vulnera los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de los convenios ratificados por España, ante la queja presentada por CCOO y UGT en este organismo. Para la OIT, la crisis no era causa justificativa para vulnerar los convenios internacionales suscritos por nuestro país en esta materia, por lo que el Gobierno debió promover un proceso de diálogo social efectivo en lugar de imponer la reforma laboral. Por ello, UGT y CCOO exigen la reversión de esta reforma injusta y regresiva y demandan al Gobierno mayor respeto a los compromisos asumidos por los interlocutores sociales en el II AENC, vulnerado también por esta reforma pocos días después de su firma.
La OIT publicó ayer el 371º Informe del Comité de Libertad Sindical en el que se contiene el informe relativo a la queja que presentamos conjuntamente CCOO y UGT contra el Gobierno de España por la vulneración del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, reconocidos y garantizados por los Convenios núms. 87, 98 y 154 de la OIT ratificados por España, en la que incurre el Real decreto-ley núm. 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, impuesto por el Gobierno y convalidado por el Congreso de Diputados, y la posterior Ley 3/2012.
Asimismo, el informe examina la queja sobre las cuestiones relativas al sector público por la decisión unilateral del Gobierno, vía Real decreto-ley núm. 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de establecer una serie de medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones públicas que afectan a la situación estatutaria o contractual del personal del sector público en general, o sólo del sector público estatal.
El Gobierno, en sus comunicaciones al Comité a raíz de la queja, se amparaba, entre otros argumentos, en la situación de crisis económica para justificar tanto las medidas adoptadas como el instrumento normativo utilizado, y solicitaba la desestimación de la queja.
En sus Conclusiones, el Comité de Libertad Sindical constata la ausencia de consulta con las organizaciones sindicales más representativas, pese a la importancia que tiene el “ que la consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas se produzca con suficiente antelación y en particular con tiempo suficiente antes de que los proyectos de ley o los proyectos de Real decreto-ley sean sometidos a consulta de estas organizaciones antes de su aprobación por el Gobierno, requisito previo a la tramitación parlamentaria”. Y recuerda que “los principios en materia de consulta son válidos también en períodos de crisis que requieren medidas urgentes”, reiterando las conclusiones que formuló con anterioridad, en su reunión de junio, también sobre España en el que llamaba la atención “sobre la importancia que atribuye a la promoción del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses. El Comité subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista”.
En definitiva, el Comité “espera firmemente que en adelante se respeten plenamente estos principios en materia de consultas en relación con legislaciones que afecten a los intereses de las organizaciones sindicales y sus afiliados y pide al Gobierno que adopte medidas en este sentido”.
Por otra parte, sobre el contenido de la reforma laboral (Real decreto-Ley y Ley 3/2012) impuesta a escasos días de haberse firmado el II AENC por las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y contrariando aspectos sustanciales del mismo, recuerda al Gobierno:
- La importancia de la negociación colectiva y del respeto de los compromisos asumidos en los convenios colectivos.
- Respecto a las diversas fórmulas establecidas en la Ley 3/2012, que no tiene carácter coyuntural, para modificar lo pactado el Comité destaca que la elaboración de procedimientos que favorecen de manera sistemática la negociación descentralizada de disposiciones derogatorias menos favorables que las disposiciones de nivel superior puede desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva así como las organizaciones de empleadores y de trabajadores y debilita la libertad sindical y la negociación colectiva con violación de los principios consagrados en los Convenios 87 y 98.
- El riesgo que implica la prioridad aplicativa del convenio de empresa, que puede desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva, y que así mismo debilita la libertad sindical y la negociación colectiva -en violación nuevamente de los principios consagrados en los Convenios núm. 87 y 98- sin que las dificultades económicas graves de las empresas justifiquen la utilización de mecanismos que no se concreten dentro del marco del diálogo social. En este sentido, el Comité recuerda que la determinación del nivel de la negociación colectiva debe corresponder en principio a las partes.
Cabe destacar la conclusión a la que llega el Comité de que “las reglas esenciales del sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva sean compartidas en la mayor medida posible por las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas e invita por tanto al Gobierno que promueva un diálogo tripartito sobre la ley núm. 3/2012 para conseguir este objetivo desde la perspectiva de los principio de los convenios de la OIT en materia de negociación colectiva ratificados por España”.
En cuanto a los recortes contenidos en el Real Decreto –ley 20/2012, que afectaron al sector público, el Comité se ha mostrado contundente recordando que los órganos del Estado no deben modificar el contenido de los convenios colectivos libremente pactados. Si la situación del empleo y económica es excepcional, la solución no es imponer una renegociación o una suspensión o derogación de los mismos, debe tratar de convencer a las partes promoviendo el diálogo social. El Comité saluda los acuerdos alcanzados con posterioridad con las organizaciones sindicales pero tras observar que cubren sólo una parte de las cuestiones que se le han sometido, destaca la importancia de que las mesas de negociación aborden el conjunto de las cuestiones planteadas en la queja en relación con las administraciones públicas.
A la vista del Informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT el Gobierno debería tomar buena nota y sentarse a negociar la reversión de la reforma laboral que venimos demandando las organizaciones sindicales desde el mismo momento de su imposición.
En conclusión, para la OIT la crisis económica no es causa justificativa para vulnerar los convenios internacionales suscritos por España sobre libertad sindical y negociación colectiva, y se debió promover un proceso de diálogo social efectivo en lugar de imponer la reforma laboral. A este respecto debe recordarse que según el artículo 10.2 de la Constitución, “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. El derecho a la libertad sindical está consagrado en el artículo 28, y el de negociación colectiva en el artículo 37, ambos dentro del capítulo de “Derechos y Libertades”.
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Nueva propuesta que nos hacen llegar los compañeros del País Valencia; en esta ocasión se trata de una oferta para el Puente de San Vicente (25 al 28 de Abril). en uno de los centros de ocio y turismo gestionados por CCOO, en este caso EL TEULARET.
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El vigilante de seguridad, único condenado por el robo de mil kilos de hachís en la aduana de Huelva.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha absuelto a once de los doce acusados por el robo de una tonelada de hachís en el edificio de Aduana de Huelva durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo y únicamente ha condenado a cuatro años de cárcel al vigilante de seguridad, F.J.L.R., por un delito de robo con fuerza en concurso con otro contra la salud pública por el que le impone además una multa de 6,1 millones de euros.
Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez absuelve a este vigilante --al que dejó en libertad tras culminar el juicio y llevar en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos-- de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación, al considerar que "no hay pruebas", y además contempla la atenuante de cooperación con la justicia.
El tribunal asegura que "no se ha acreditado" la participación de los acusados en los hechos descritos y señala que aquella noche "un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado" entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no ha sido recuperada.
El juez insiste en que "no existen pruebas de la comisión de este robo por parte de ninguno de los acusados", por lo que decide absolverlos, excepto al vigilante.
LA FISCALÍA REBAJÓ SU PETICIÓN DE PENA DE 11 A 6 AÑOS
Cabe recordar que la Fiscalía rebajó de once a seis años la solicitud de condena para éste por hurto continuado, robo y delito contra la salud pública.
Durante el juicio siete de los 12 acusados --los demás se acogieron a su derecho a no declarar--, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.
Prosegur desarrolla una aplicación para que los vigilantes de seguridad puedan usar Google Glass.
Prosegur trabaja en el desarrollo de una aplicación para Google Glass que permitirá al vigilante de seguridad utilizar esta nueva herramienta para realizar su labor de una manera más eficiente.
La compañía de seguridad privada ha presentado esta iniciativa en el marco de la IV edición de la jornada 'Prosegur Soluciones Integrales' celebrada en Madrid, que ha contado con la presencia de empresas de diferentes sectores, como automoción, bancario o farmacéutico.
Con esta solución, diseñada en colaboración con la empresa de desarrollo de software Intelygenz, el vigilante tendrá acceso a la información sensible que le permitirá actuar con mayor rapidez, reducir el tiempo de reacción y aumentar la eficacia del servicio.
Además, desde el dispositivo, los profesionales de la seguridad podrán obtener datos precisos sobre el escenario encontrado, en formato vídeo o foto, y contextualizarlo con mapas geolocalizados e información específica sobre diversos aspectos, como el estado de los a las instalaciones.
La jornada ha sido inaugurada por la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, que ha destacado la orientación permanente de Prosegur hacia la innovación y la tecnología "para ofrecer soluciones más eficientes e ir un paso por delante en el diseño de la seguridad del futuro".
Otra de las novedades presentadas por Prosegur es un modelo de oficina bancaria móvil, que ya se está utilizando en países como Alemania o Colombia, en los que la compañía también está presente.
Este sistema ofrecerá servicios de retirada e ingreso de efectivo y tiene especial aplicación para grandes eventos culturales o deportivos, así como para zonas geográficas donde las sucursales bancarias no ofrecen este tipo de servicio, indica Prosegur en una nota.
La empresa cuenta en España con 450 blindados y realiza el mantenimiento técnico de más de 11.000 cajeros automáticos repartidos por todo el territorio nacional.
Hacienda unifica 22 contratos de seguridad privada para mejorar las condiciones de contratación.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha el procedimiento para convertir 22 contratos de seguridad privada en la Administración del Estado en uno, que incluya la protección de 114 edificios repartidos en cuatro ministerios y catorce organismos.
La Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, María Luisa Lamela, se ha reunido hoy con representantes del sector empresarial de la seguridad privada para informarles de las líneas generales del próximo procedimiento de licitación.
Este contrato supondrá la primera fase de la centralización de estos servicios, la cual se completará el próximo año. Su valor estimado será de unos 50 millones de euros, referido al todo el periodo de duración del contrato y sus posibles prórrogas.
Según ha informado Hacienda, se pretende mejorar la contratación de los servicios de seguridad privada, homogeneizando las prestaciones y aplicando un planteamiento integral de la seguridad, que tenga en cuenta tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad.
Los servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán de forma sucesiva al contrato centralizado a partir de finales de 2014, conforme se produzca la extinción de los contratos que actualmente están en vigor. La fecha de finalización del contrato centralizado será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial.
Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF
La magistrada-juez de instrucción 19 de Barcelona ha citado a José Luis Novales por una estafa que podría superar los 450.000 euros. En la actualidad hay abiertas cuatro causas contra Segur Ibérica en juzgados de Madrid, Barcelona y Valencia. La compañía colocaba vigilantes sin titulación o “fantasmas”
El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.
Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado.
En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.
Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.
Según un representante de ASPACOM, “esta es una práctica al parecer común llevada a cabo por Segur Ibérica desde 2006 hasta al menos 2010 o 2011, en un gran número de empresas tanto públicas como privadas y que en varios casos, como con la Universidad Complutense o la Generalitat de Cataluña se están instruyendo las correspondientes diligencias judiciales”.
Para acreditar los hechos denunciados ASPACOM contó con los servicios de un detective privado de la empresa Gestaltia que consiguió analizar miles de cuadrantes de servicios y cruzar estos datos con informaciones procedentes de ficheros públicos e informes de Seguridad Privada del Ministerio del Interior solicitados a instancias de varios juzgados en casos similares. Como consecuencia de ese análisis de datos concluyó la existencia de un presunto fraude, que incluía también la alteración del programa informático que controlaba los servicios programados y facturados”.
Según la querella, “Segur Ibérica facturaba a ADIF en Barcelona y ADIF abonaba a Segur Ibérica, SA, éstas con conceptos y detalles de las facturas que no correspondían con los servicios efectivamente prestados, ni las condiciones de los contratos suscritos entre estas dos entidades”.
De forma mensual Segur Ibérica, S.A. presentaba una factura de los servicios de seguridad prestados durante ese mes por cada uno de los contratos y un resumen oficial de las horas realizadas que validaba con un Responsable de ADIF (el cual era visado y firmado por ADIF) por cada uno de los contratos. Cada factura y resumen mensual de los contratos, eran validados por un Responsable de ADIF y otro de Segur Ibérica, S.A. en un documento denominado Acta Oficial firmado por ambos responsables”.
Manipulación a su antojo
Asimismo, según denuncia ASPACOM “Segur Ibérica, S.A. modificaba a su antojo los valores que aparecían en los resúmenes mensuales, aumentando las horas realizadas, suponiendo la intervención de trabajadores (ficticios o reales) que no habían prestado servicio y así poder facturar más importe mensual del que realmente se había prestado y evitando la sanción incluida en una de las estipulaciones de los contratos correspondiente del 4%, si no se cubrían completamente los servicios contratados. Para aumentar el número de horas realizadas de los resúmenes se utilizaban tres procedimientos diferentes que denominamos casos:
- CASO 1. Se facturaban horas de más, aunque realmente no correspondían con las del cuadro resumen mensual. Se produce en los meses de Enero, Febrero y Agosto de 2.009. Este caso es minoritario y muy simple de comprobar aritméticamente con las facturas, cuadrantes y Actas Oficiales.
- CASO 2. Se facturaban horas de más, aunque no se habían realizado. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Diciembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive).
- CASO 3. Se facturaban horas realizadas por personal NO HABILITADO por el Ministerio del Interior (en adelante FALSOS VIGILANTES), que no están autorizados a realizar trabajos de vigilancia y seguridad. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Septiembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive). No se han incluido los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.009 por no disponer de los cuadrantes de trabajo.
El total del fraude cometido por los tres casos descritos en el período comprendido entre el mes de Enero de 2.009 y Octubre de 2.010 suma 451.709,20 € “
Un aspecto clave para sus propósitos, según la querella de ASPACOM, “era un programa informático llamado KSPRO que ejecutaba una acción denominada “EFECTO FACTURACIÓN”, “para engañar y defraudar a ADIF”.
Según denuncian “a lo largo del mes de junio de 2.008, la empresa Segur Ibérica implantó en todas sus delegaciones la Aplicación Informática KSPRO y desde esa fecha utiliza ésta, para gestionar los cuadrantes de trabajo de todos los servicios de sus clientes, entre los que se encuentran muchos de carácter público, a los cuales les viene facturando Segur Ibérica, S.A., por los mismos”.
Un programa informático de gestión de cuadrantes se utiliza para asignar un servicio en un cliente, con horarios o turnos de trabajo determinado a sus empleados. “KSPRO, había sido diseñado para Segur Ibérica, S.A., para que permitiera mediante la utilidad EFECTO FACTURACIÓN el asignar a un código de empleado, en Barcelona era el 108, turnos de servicios solapados y repetidos, que no pertenecen a ningún empleado, por lo que se puede considerar una utilidad o programa para gestionar vigilantes ficticios, que nunca van a realizar el servicio asignado en el cliente”.
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El TSJM dicta sentencia sobre el descuelgue de Ariete Seguridad.
Demanda sobre conflicto colectivo de la empresa ARIETE SEGURIDAD, SA, interpuesta por CC OO, UGT y a la cual se adhiere USO, en ella podemos observar que es estimada parcialmente el conflicto colectivo y declara la nulidad del cuerdo alcanzado por el comité de empresa de Madrid, en referencia a la retroactividad de las tablas salariales desde el 1 de Enero de 2013, por lo que estas serán efectivas a partir del 28 de Noviembre de 2013.
El Gobierno reduce la seguridad privada en algunas oficinas de Correos y refuerza los sistemas electrónicos.
El Gobierno ha reducido la presencia de agentes de seguridad de empresas privadas en las oficinas de Correos en el marco de un proceso de reestructuración que persigue adaptar "de manera eficiente" los medios disponibles a las necesidades de cada centro, aunque afirma que "la seguridad está siempre garantizada".
Así consta en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Laura Seara, que el pasado mes de junio se hacía eco de la decisión del grupo Correos de suprimir los contratos de vigilancia en las jefaturas de las oficinas de Correos de Galicia y quería saber los motivos de esta medida y si se aplicaría en todo el país.
En la respuesta, fechada el pasado 6 de febrero y que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que Correos dispone de un Centro Operativo de Seguridad (COS) al que están conectadas 2.656 oficinas y centros postales a todas horas, y que además se han implantado diferentes elementos como cajas de seguridad, escáneres, sistemas anti-intrusión o sistemas de protección antiincendios, que también están conectados a esa central de alarmas.
BUSCAR LA EFICIENCIA "Estas medidas son complementadas, en algunos casos, con los servicios de vigilancia personal contratados con empresas privadas de seguridad. Todos esos recursos, dirigidos a garantizar la seguridad de los centros y oficinas de Correos, son analizados de forma permanente para que cumplan su objetivo con la máxima eficiencia operativa, buscándose la adecuación de los medios disponibles a las necesidades detectadas en este ámbito", explica el Gobierno.
Y, siguiendo este análisis de necesidades, el grupo ha decidido llevar a cabo un "proceso de reestructuración de medios de seguridad" para adaptarlos a las necesidades reales de cada centro de trabajo, lo que "en algunos casos" ha conllevado la "reducción de los recursos prestados por empresas externas y el refuerzo de las medidas electrónicas".
Así, aunque en la respuesta no se incluye información concreta sobre cuántos contratos se han rescindido, a qué centros y oficinas afecta o cuánto dinero se ha ahorrado, el Gobierno sí incide en que pese a los cambios la seguridad de las instalaciones de Correos "queda siempre garantizada".
El Ministerio del Interior podrá obligar a contratar vigilantes en las manifestaciones.
La Ley de Seguridad Privada, aprobada ayer en el Congreso con los votos de PP y CiU -y parcialmente por el PNV-, deja en manos del Gobierno la potestad de obligar a quienes organicen un «evento» a contratar para el mismo seguridad privada.
Así se desprende del artículo 51 de la norma que, a falta de desarrollo reglamentario y definiciones precisas, deja abierta la consideración de «evento», que podría ser, según la oposición, una manifestación,una concentración o un acto deportivo, lúdico o popular.
Éste es uno de los aspectos más polémicos de una ley duramente criticada por PSOE, UPyD, Izquierda Plural, Grupo Mixto e incluso PNV. Todos entienden que la nueva norma amplía muy notablemente las competencias de los agentes de seguridad privada y pone a disposición de las empresas de este sector un negocio goloso adentrándose en un territorio que, mantienen, debería estar exclusivamente reservado a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Desde el Partido Popular y desde el Gobierno se responde que no está «en el espíritu de la norma» ni en el ánimo del Ejecutivo controlar, y en su caso disolver o reprimir, manifestaciones puesto que las mismas constituyen un derecho fundamental. De hecho, aseguran que lo que se pretende tanto con esta ley como con la de Seguridad Ciudadana es «garantizar al máximo el ejercicio pacífico» de dicho derecho.
Definir evento
En todo caso, las precisiones que acoten lo que se entiende por evento deberán esperar a un futuro desarrollo reglamentario. Hoy por hoy, lo que estipula el artículo 51.2 de la ley de Seguridad Privada es que las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas podrán dotarse de medidas de seguridad privada.
Y añade: «Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso».
El apartado tercero establece, además, que «el Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente, podrá ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan».
El PSOE no tiene dudas. De acuerdo con su interpretación al cruzar la Ley de Seguridad Privada -aprobada ayer- con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en fase de consultas en los órganos constitucionales, la posibilidad de que agentes privados controlen y disuelvan manifestaciones o concentraciones está sobre la mesa. Así se deriva del artículo 23.2 del proyecto de Seguridad Ciudadana. En esta lectura coincide también el catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez.
Zonas públicas
Otro de los aspectos especialmente polémicos de la ley es el que hace referencia a la facultad que tendrán los agentes privados paradetener o retener en zonas públicas. Según el Ministerio del Interior, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya habilita a cualquier ciudadano a hacerlo en determinadas circunstancias.
El artículo 41 de la ley ha suscitado enconadas críticas, incluso con la redacción retocada que llegó del Senado y en la que se excluía la posibilidad de que los agentes privados vigilaran zonas peatonales comerciales. Sin embargo, el texto final aprobado precisa que esta actividad sí podrá realizarse en «parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», así como en «recintos o espacios abiertos» también delimitados.
También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes «sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección».
No obstante, los agentes de seguridad privada sólo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las Fuerzas de Seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito «en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección». Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
Publicado en el B.O.E. la modificación del art. 14 (subrogación de servicios) del Convenio Colectivo.
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el período 2012-2014.
Diferentes opiniones sobre la Ley de Seguridad Privada.
El portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Conrado Escobar, señaló hoy que con el Proyecto de Ley de la Seguridad Privada habrá "una mejor y mayor seguridad para todos los españoles", lo que redundará en un reforzamiento de la seguridad pública aprovechando el potencial de la seguridad privada desde la preeminencia del Estado.
En su intervención durante el debate de las enmiendas procedentes del Senado al Proyecto de Ley de seguridad privada, el parlamentario popular señaló que la nueva norma "exige más al sector privado, pero aprovecha todo su potencial: el del personal, el de la información, la tecnología y la innovación". "Constituirá indudablemente una mejor regulación de la labor de la seguridad pública en beneficio de todos con una actividad subordinada y complementaria", apostilló.
La nueva ley, resumió Escobar, "estructura adecuadamente el modelo de colaboración; incorpora las nuevas necesidades de la seguridad solicitadas por las circunstancias en el siglo XXI; propicia una mayor profesionalización y especialización de las empresas y del personal de la seguridad privada; persigue el intrusismo profesional y ofrece mayores oportunidades para la contratación y el empleo en este ámbito".
Escobar rechazó "las soflamas sectarias y los retorcidos argumentos radicales e inmovilistas" lanzados por algunos grupos en "discursos falsamente estereotipados, de clichés electoralistas, que son artificiales cuando no alarmistas y que, desde luego, no se corresponden con la Ley".
Según el PP la ley de seguridad privada mejorará la seguridad de todos.
Escobar hizo una radiografía general de la seguridad privada y pública en nuestro país señalando que España cuenta con las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del mundo, con uno de los mejores ratios internacionales -516 agentes por cada 100.000 personas- y con más de 4.000 empresas de seguridad privada que generan más de 80.000 empleos y, según subrayó, la idea es "aprovecharlos en beneficio de la seguridad de todos".
Escobar hizo una radiografía general de la seguridad privada y pública en nuestro país señalando que España cuenta con las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del mundo, con uno de los mejores ratios internacionales -516 agentes por cada 100.000 personas- y con más de 4.000 empresas de seguridad privada que generan más de 80.000 empleos y, según subrayó, la idea es "aprovecharlos en beneficio de la seguridad de todos".
Con esta ley, explicó Escobar, se contempla una más específica y minuciosa regulación para hacer frente al paso de las nuevas amenazas y al reto de globalizar la seguridad, se dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más y mejores herramientas para supervisar y controlar a las empresas de seguridad y se protege a vigilantes y guardas rurales otorgándoles una mayor condición jurídica ya que, a partir de ahora, auxiliarán a los agentes policiales como colaboradores en los controles de acceso de aeropuertos, los centros de internamiento o las cárceles.
Y gracias a esta ley, añadió Escobar, podrá haber una mayor presencia en las calles porque se aprovecharán los recursos del potencial de la seguridad privada, al tiempo que hizo hincapié en que la intervención en los espacios públicos corresponde a las FyCSE y que la detención practicada por un vigilante será la misma que puede desarrollar cualquier ciudadano en la vía pública.
Con este Proyecto de Ley, finalizó el diputado popular, se incrementan los requerimientos a las empresas de seguridad privada en contra del "falso e injusto cliché" que venían sosteniendo algunos grupos, exigiéndoles "medios formales, medios materiales, capacidad económica y personal, una auditoría permanente y una inspección anual obligatoria e incrementando las sanciones para los casos de incumplimiento de 30.000 a 600.000 euros".
El Psoe critica que "la ley abre la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada"
Antonio Trevín, portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, ha criticado hoy, ante el Pleno de la Cámara, que la Ley de Seguridad Privada abre la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada. “Desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o las maratones populares”, ha asegurado. “Las infracciones serán muy graves, con multas de 30.000 a 600.000 euros. Quien pierde es la ciudadanía,que podrá ser detenida, identificada y cacheada por la seguridad privada”.
Según el portavoz socialista, la ley instaura el principio de que “quien quiera seguridad, que se la pague” en la aprobación definitiva del proyecto de ley de seguridad privada a su vuelta del Senado. Expresión utilizada, ha dicho, por el ex delegado del Gobierno del PP de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui. “Lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes. Acabó de Gerente de la Fundación EULEN, una de las grandes compañías de la seguridad. Todas las importantes del sector hoy estarán encantadas de comprobar, cómo una vez más, este Gobierno ha cumplido lo que les prometió, aumentar considerablemente sus oportunidades de negocio”.
Trevín ha añadido que la Ley coloca a los ciudadanos ante nuevos desafíos, toda vez que en vías o en espacios públicos o de uso común, según el texto que remite el Senado, “vigilantes de la seguridad privada podrán detenernos, identificarnos y cachearnos”. En su opinión, “deberemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de seguridad privada en nuestro día a día. Y sin embargo esta norma carece de mecanismos legales de medios efectivos y transparentes para controlar sus posibles incumplimientos o violaciones de los derechos ciudadanos de forma efectiva”. Además, ha considerado necesario reforzar el control de estas empresas en defensa de los ciudadanos, “pero esta ley no lo hace”.
El diputado socialista ha indicado que la ley deroga el principio que mandataba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como custodios exclusivos de la protección en los espacios públicos. “Entró en la Cámara abriendo la actuación privada a calles comerciales peatonales, como Preciados. Llega hoy ampliándola a ‘espacios de uso común’ que puedan delimitarse, es decir a grandes espacios como Preciados, Callao, Gran Vía y Fuencarral”.
“La reforma laboral del actual Gobierno ha incidido muy negativamente en los trabajadores de este sector”, ha explicado. “Los convenios colectivos han pasado a mejor vida para ser sustituidos por los pactos trabajador y empresario. Este hecho aceleró el intrusismo laboral y con esta ley se convertirá en moneda corriente”.
El portavoz de Interior ha asegurado que no todos los españoles van a tener el mismo nivel de seguridad, ya que el proyecto degrada su concepción como derecho para convertirla en una oportunidad más de negocio, por lo que la equidad vuelve a sacrificarse. El proyecto de ley, al recoger la ampliación de la seguridad privada, indica que “la norma se establece al objeto de contar con la necesaria habilitación legal para ponerla en práctica en función del mayor o menor coste que puedan suponer los efectivos dedicados a la seguridad”, cuando “el rigor del gasto no debería, significar el desmantelamiento de los servicios públicos. Es posible compaginar la austeridad con asegurar su calidad. Algunas falsedades no deberían salir gratis”, ha sostenido.
Por otro lado, se ha referido a que esta ley es “fruto” de un trabajado pacto entre el Grupo Popular y el de Convergencia i Unió. “Para el negocio, siempre se ponen de acuerdo. Pero, de lo que realmente importa ahora, entre Cataluña y España, de eso no son capaces, tan siquiera de hablar. Necesitábamos una nueva Ley de Seguridad Privada, pero no era esta”.
Finalmente, ha afirmado que el Grupo Socialista rechaza esta ley porque “los ciudadanos pierden derechos democráticos y sociales, se precarizan las condiciones laborales de los trabajadores y unas pocas empresas se enriquecerán”.
El PSOE tacha de 'oportunidad de negocio' la recién aprobada Ley de Seguridad Privada
El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en elBoletín Oficial del Estado (BOE).
El texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan de plano la nueva legislación, que consideran que "privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales.
Sin embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.
También, con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
Podrán detener y anotar datos personales
Otro de los puntos de la Ley que ha provocado más debate durante su tramitación parlamentaria es el relativo a la potestad de los vigilantes para detener a ciudadanos que hayan cometido un delito. Tanto elMinisterio del Interior como el PP han defendido que las competencias de los vigilantes de seguridad privada para detener son las mismas con las que cuenta cualquier otro ciudadano desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, según la cual, cualquier ciudadano puede detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido de la Justicia.
El texto final aprobado este jueves por el Congreso mantiene la potestad de los agentes de seguridad privada para practicardetenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averiguar o comprobar estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su tramitación en el Senado.
Pero las modificaciones no satisfacen ni al PSOE, Izquierda Plural, UPyD ni a PNV, que coinciden en que la ley pretende consolidar la seguridad privada en detrimento de la pública y abrir nuevos negocios a este sector en un asunto, la seguridad, que debe únicamente corresponder a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Muy crítico se ha mostrado el portavoz de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, para quien la supuesta modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un "ejercicio de trilerismo gramatical" que no ha supuesto que los "campos de negocio sean cercenados ni limitados", pese a lo que se quiere hacer ver desde el PP.
PSOE: 'Una oportunidad de negocio'
En este sentido, para el diputado socialista Antonio Trevín el hecho de que el texto finalmente incluya la autorización para que los vigilantes presten determinados servicios, como la seguridad en el perímetro de las fronteras o su presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no significa nada porque esos permisos "se darán como churros".
"Necesitábamos una ley, pero no ésta", ha destacado Trevín, para quien el objetivo de la norma es aumentar "considerablemente" las oportunidades de negocio de las empresas privadas y "que el quiera seguridad se la pague".
Tampoco el PNV y CiU se han mostrado satisfechos con el texto, salvo en el punto que reconoce a País Vasco y Cataluña las competencias sobre el control o inspección de las empresas de seguridad y los despachos de detectives que operen en sus territorios.
"Tenemos nuestras reservas severas sobre la configuración de este proyecto que nos acerca peligrosamente a un estado policial", ha advertido el diputado nacionalista vasco Emilio Olabarria, que considera "muy perversa" la "interacción" de la norma hoy aprobada con la futura Ley de Seguridad Ciudadana.
Mientras, el portavoz de CiU Jordi Janè, ha vaticinado que la ley supondrá una "alteración del equilibrio" entre seguridad privada y pública, frente a la preeminencia que siempre debe existir de la segunda con respecto a la primera. En este sentido, se ha mostrado satisfecho que después de las negociaciones con el PP la vigilancia privada en los alrededores de recintos abiertos requerirá de "autorización previa" de los responsables públicos.
Desde UPyD, su portavoz Toni Cantó ha dejado clara su oposición al texto que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.
Frente a las críticas, el diputado del PP Conrado Escobar ha defendido que la norma no solo era necesaria, sino que además regulará el sector de forma más específica y siempre bajo los principios de "complementariedad" y "subsidiaridad" a la seguridad pública.
El Parlamento Vasco rechaza «abiertamente» la Ley de Seguridad Privada
El Parlamento Vasco ha rechazado "abiertamente" el proyecto de ley de seguridad privada , que hoy ha sido aprobado en el Congreso, al estimar que en él "subyace un claro intento de expandir la privatización en este ámbito".
La Cámara de Vitoria ha aprobado en el pleno de hoy un texto transado por PNV, EH Bildu y PSE-EE que ha contado con el voto en contra del PP. UPyD ha respaldado dos puntos de la iniciativa y se ha abstenido en un tercero.
El Parlamento Vasco considera que las políticas de seguridad tienen que seguir en manos de los poderes públicos e insta al Gobierno de Iñigo Urkullu a defender en todos los ámbitos el carácter público de las mismas.
Además solicita a las Cortes que reconozcan que el Ejecutivo vasco es el competente en la autorización, control e inspección de todos los servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.
El Congreso ha aprobado hoy de forma definitiva el proyecto de ley de seguridad privada que permitirá aumentar las competencias de los vigilantes, aunque con límites, y regulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la seguridad pública.
Aprobada la nueva Ley de Seguridad Privada (Articulo de la Augc).
Una vez introducidas algunas leves enmiendas en el Senado, el Proyecto de Ley de Seguridad Privada ha vuelto al Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado con los votos a favor de PP y CIU, tras el debate que ha tenido lugar el día 20 de marzo. Durante toda la tramitación de dicho proyecto normativo AUGC ha mantenido reuniones con varios grupos parlamentarios y contacto permanente con algunos de ellos, emitiendo distintos informes y proponiendo numerosas enmiendas, la mayoría de las cuales han sido asumidas íntegramente y presentadas por Izquierda Unida. Durante dicho debate se reiteraron las posturas que cada grupo parlamentario ya había mantenido durante la sesión del 17 de octubre de 2013.
PNV dijo que “esta ley es mala, en tanto en cuanto interactúa con la ley de protección de la seguridad ciudadana en ámbitos complejos de determinar y que no deben corresponder nunca a agentes privados de seguridad”.
UPyD expuso que “estamos en contra de este proyecto de ley que nos presenta el Partido Popular porque supone una dejación del trabajo que debe hacer el Estado a favor de unas empresas privadas que además no están preparadas para acometerlo… Ahora los agentes de seguridad privada pueden detener, vigilar eventos en la vía pública o vigilar el perímetro de los centros penitenciarios. Lo que debe hacer el Estado es acometer de una vez por todas el aumento de efectivos de las fuerzas de seguridad, en vez de sustituirlos por las empresas privadas”.
IU dijo que “las enmiendas que vienen del Senado no alteran sustancialmente el carácter privatizador de la ley. Ha quedado demostrado que la voluntad del Gobierno y del Partido Popular no era tanto la actualización de un texto que ya tiene más de veinte años, sino sobre todo abrir nuevos espacios de negocio a la seguridad privada… La vigilancia externa de centros penitenciarios, acontecimientos en espacios públicos, la vigilancia de recintos y espacios abiertos, o la participación en servicios encomendados a la seguridad pública, pasa a la esfera de lo privado algo que debe pertenecer exclusivamente al ámbito público”.
Y que “el Gobierno no ha podido esperar a la tramitación final de esta ley, a su entrada en vigor para poner en marcha el contrato de vigilancia privada del perímetro de las instituciones penitenciarias. Al erario público le va a costar casi 7,5 millones de euros esa vigilancia innecesaria porque está encomendada todavía hoy a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sin embargo, el Gobierno ha tenido muchísima prisa en sacar ese contrato. Intereses espurios desde luego existen y nos duele que al final el dinero público se acabe gastando para beneficiar a determinadas empresas privadas que tienen relaciones privilegiadas, presuntamente, con miembros del Partido Popular”.
CIU afirmó que “estamos satisfechos con la modificación que se ha realizado en el ámbito competencial. Esas enmiendas correctivas del ámbito competencial son positivas porque no hacen otra cosa que respetar el bloque de la constitucionalidad”.
PSOE dijo que “el que quiera seguridad que se la pague, este principio es lo que hoy propone esta Cámara, no todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo nivel de seguridad, ya que este proyecto degrada su concepción como derecho para convertirlo en buena medida en una oportunidad más de negocio… Incluso en vías o espacios públicos vigilantes de seguridad privada podrán detenernos o pararnos, si quieren decirlo así, identificarnos y cachearnos… Posibilita obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada, desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o los maratones populares”.
Y que “la patronal de la seguridad privada está hoy de enhorabuena, contarán con nuevos nichos de negocio: los recintos exteriores de las prisiones y de los CIE, la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, incluida la disolución de manifestaciones, las vías y los espacios de uso común de las urbanizaciones y polígonos industriales que se la puedan pagar, cualquier calle o espacio público… Instauran definitivamente el principio tan querido para el Partido Popular, de que el que quiera seguridad que se la pague, expresión de su delegado, Ansuátegui, en Madrid; lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes, porque acabó de gerente de la Fundación Eulen, una de las grandes de la seguridad española”.
PP expuso que “más y mejor seguridad para todos los españoles, esa sería la síntesis del proyecto que ahora traemos en su trámite final al Congreso… Son más de 1.400 empresas de seguridad privada que desarrollan su actividad en nuestro país, y son más de 80.000 empleos los que queremos que se aprovechen en beneficio de la seguridad de todos… Si les vamos a pedir a los agentes privados que trabajen para nosotros es lógico y coherente que también les demos una mayor protección jurídica mediante la incorporación de agente y de autoridad a nivel penal”.
AUGC opina que con esta Ley de Seguridad Privada ya aprobada se pretende privatizar una gran parte de la seguridad pública, como de hecho ya se está haciendo en los centros penitenciarios. Se está contraviniendo el espíritu de la Constitución Española, de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Ley de Seguridad Ciudadana, todas las cuales otorgan al Estado la competencia exclusiva sobre la Seguridad Pública, ejerciéndola únicamente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deben ser las garantes del libre ejercicio de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana.
Por todo ello AUGC ha mantenido durante los últimos meses una ingente actividad, denunciándolo públicamente, reuniéndose con los grupos parlamentarios y emitiendo informes técnicos exhaustivos, pero la mayoría absoluta del PP y la connivencia interesada de CIU han sacado adelante una ley que viene a crear en la práctica una ‘policía privada’, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la Seguridad Pública y Ciudadana en un espacio de negocio privado. Sólo queda esperar que en un futuro no muy lejano, antes de que la situación sea irreversible, esta ley que ahora se aprueba pueda ser modificada para que la seguridad pública recupere el lugar que nunca debió perder.
LEY SEGURIDAD PRIVADA - NOTA EAJ-PNV (Iñaki Anasagasti-Pnv).
Emilio Olabarria, portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha denunciado hoy que “la Ley de Seguridad Privada contribuye, junto a la Ley de Seguridad Ciudadana, a la criminalización de la contestación ciudadana en un momento en el que los movimientos ciudadanos protestan o reivindican los derechos que están siendo vulnerados con mucha frecuencia” a través de diversas leyes de carácter social y económico.
En el último debate antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, Olabarria ha insistido en el “sobredimensionamiento del derecho punitivo” que contiene esta norma y otras, y ha añadido que “se está creando algo que se puede aproximar mucho a lo que podríamos denominar Estado casi policial”.
En este mismo sentido, el Diputado de EAJ se ha mostrado contrario a que “meras campañas informativas puedan ser objeto de disolución o represión” por parte de agentes públicos y “todavía menos que lo hagan agentes privados de seguridad”, y ha criticado la “vinculación perversa entre la Ley de Seguridad Ciudadana”, todavía en fase de Anteproyecto, y “la Ley de Seguridad Privada” que será aprobada definitivamente hoy.
Por ello, debido a que “la filosofía” del Proyecto de Ley de Seguridad Privada “provoca severas reservas al Grupo Vasco”, Olabarria ha anunciado la “negativa” de EAJ-PNV a este Proyecto de Ley.
Por último, Olabarria ha reconocido la satisfacción del Grupo Vasco con el ámbito competencial de esta norma, que “es una de las pocas leyes de esta Legislatura en las que hay respeto escrupuloso a las competencias autonómicas en materia de Seguridad”, y ha señalado que “tanto Cataluña como Euskadi”, por tener título competencial habilitante para ello, “podrán autorizar el funcionamiento de empresas privadas de seguridad, habilitar e inhabilitar a los agentes, formarlos, etc”.
Aprobada la Ley de Seguridad Privada con más atribuciones para los vigilantes de seguridad.
El Congreso ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que permitirá aumentar las competencias de los vigilantes, aunque con límites, y regulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la seguridad pública.
A falta de la votación, que se producirá a final del pleno en torno a las cuatro de la tarde, el texto que ha llegado a la Cámara Baja ha incorporado en el trámite del Senado medio centenar de enmiendas al articulado, la mayoría de carácter técnico.
Entre los retoques dados al proyecto inicial destaca la limitación de los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.
Así, el texto salió de la comisión del Senado con una nueva redacción del artículo 41, el más criticado, para clarificar los trabajos que pueden desempeñar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes.
De este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más polémica: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar en el texto actual que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".
También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
Finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
Unas modificaciones que no satisfacen ni al PSOE, Izquierda Plural, UPyD ni a PNV, que coinciden en que la ley pretende consolidar la seguridad privada en detrimento de la pública y abrir nuevos negocios a este sector en un asunto, la seguridad, que debe únicamente corresponder a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Muy crítico se ha mostrado el portavoz de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, para quien la supuesta modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un "ejercicio de trilerismo gramatical" que no ha supuesto que los "campos de negocio sean cercenados ni limitados", pese a lo que se quiere hacer ver desde el PP.
En este sentido, para el diputado socialista Antonio Trevín el hecho de que el texto finalmente incluya la autorización para que los vigilantes presten determinados servicios, como la seguridad en el perímetro de las fronteras o su presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no significa nada porque esos permisos "se darán como churros".
"Necesitábamos una ley, pero no ésta", ha destacado Trevín, para quien el objetivo de la norma es aumentar "considerablemente" las oportunidades de negocio de las empresas privadas y "que el quiera seguridad se la pague".
Tampoco el PNV y CiU se han mostrado satisfechos con el texto, salvo en el punto que reconoce a País Vasco y Cataluña las competencias sobre el control o inspección de las empresas de seguridad y los despachos de detectives que operen en sus territorios.
"Tenemos nuestras reservas severas sobre la configuración de este proyecto que nos acerca peligrosamente a un estado policial", ha advertido el diputado nacionalista vasco Emilio Olabarria, que considera "muy perversa" la "interacción" de la norma hoy aprobada con la futura Ley de Seguridad Ciudadana.
Mientras, el portavoz de CiU Jordi Janè, ha vaticinado que la ley supondrá una "alteración del equilibrio" entre seguridad privada y pública, frente a la preeminencia que siempre debe existir de la segunda con respecto a la primera.
Y desde UPyD, su portavoz Toni Cantó ha dejado clara su oposición al texto que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.
Frente a las críticas, el diputado del PP Conrado Escobar ha defendido que la norma no solo era necesaria, sino que además regulará el sector de forma más específica y siempre bajo los principios de "complementariedad" y "subsidiaridad" a la seguridad pública.
Respecto a la posibilidad de que los vigilantes puedan detener en la vía pública, Escobar ha sido contundente: "Las detenciones son las mismas que puede desarrollar cualquier ciudadano en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
VÍDEOS
El Pleno del Congreso aprueba de forma definitiva el proyecto de ley de Seguridad Privada,que ha sido retocado en el Senado para limitar los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar servicio, que finalmente no podrán asumir funciones en calles comerciales.
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